Ecologistas en Acción y la Plataforma Ciudadana por los Parques y Jardines de Sevilla denunciará al Ayuntamiento de Sevilla por la recalificación y destrucción parcial del parque del Prado de San Sebastián, ideados para dar cabida en su interior a un edificio multiusos para la Universidad Hispalense: despachos, biblioteca, sala de estudio, cafetería, gran aparcamiento, etc.

De construirse dicho edificio las consecuencias para el parque serían considerables: eliminación de 176 árboles y 38 palmeras; alteración del nivel freático, afectando al resto de la arboleda; murallón de más de 130 m. de largo y 25 de alto que disminuiría la ventilación natural tanto de la zona verde como de la residencial aledaña. Además, se menoscabaría el disfrute ciudadano de este espacio libre, al destruir una de sus partes más usadas, por la frondosa vegetación, fuentes y juegos infantiles que posee.

Y también sería un despilfarro de dinero público; sevillano y, sobre todo, europeo. Porque estos jardines costaron cinco millones de euros, de los que un 70% fueron aportados por la Unión Europea dentro de los fondos FEDER y a través del POMAL (Programa Operativo de Medio Ambiente Local), para generar un microclima en el centro urbano combinando fuentes y vegetación frondosa. Ahora quieren eliminar más del 20 % de la masa forestal del parque. Así que EeA estudia informar y denunciar ante la Unión Europea cómo emplea el Ayuntamiento esos fondos comunitarios que con tanta soltura solicita una y otra vez y, como aquí, luego dilapida tan alegremente.

Ecologistas en Acción y la Plataforma Ciudadana por los Parques y Jardines de Sevilla denunciará por vía judicial la vulneración de ley por pretenderse edificar sobre un predio de uso comunal, donación del rey Alfonso X a la ciudad de Sevilla, que ratificaron otros muchos reyes posteriores, incluidos Isabel II y Alfonso XII. El gobierno local puede administrarlo, pero no construirlo ni modificar su uso y carácter a su antojo. Para ello haría falta una ley del Congreso de los Diputados español.

Por otra parte, el nuevo Plan General (PGOU) de Sevilla tiene suspendida cautelarmente parte de sus determinaciones, porque pudieran ser contrarias a la legislación patrimonial. El reciente auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que atiende una demanda de la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (ADEPA), afecta de lleno a la actuación que se pretende realizar en el Parque del Prado. De continuarse adelante, por tanto, los responsables de la Delegación de Urbanismo podrían incurrir en desobediencia grave al máximo tribunal andaluz.

Los ideólogos de esta actuación arboricida, todo un Rector de universidad y políticos que se dicen progresistas, intentan minimizar su gravedad diciendo que “sólo” se ocupará algo de parque y que se trasplantarán los árboles. Estaría por ver. Pero, sobre todo, pretenden desviar la atención sobre la operación especulativa en la que se enmarca: el convenio urbanístico Universidad-Ayuntamiento por el que éste, dentro del nuevo Plan General, ha recalificado terrenos de aquélla (en Los Remedios, Nervión, etc.) para permitir la construcción de viviendas, generando plusvalías multimillonarias.

Ecologistas en Acción y la Plataforma Ciudadana por los Parques y Jardines de Sevilla, y las demás entidades también contrarias a este atentado ambiental, no se oponen a la construcción de cuantos edificios necesite la universidad. Lo que no entienden ni permitirán es que se quiera eliminar parte de un parque existiendo otros muchos terrenos y edificios, algunos aledaños a la zona, que podrían destinarse a dicho fin.

WWF/Adena evalúa las medidas que toman los ayuntamientos españoles de más de 20.000 habitantes para evitar las compras de productos forestales de origen ilegal e insostenible. La organización denuncia el incumplimiento generalizado de la Ley de Montes en esta materia.

El Observatorio “Ciudades por los Bosques” de WWF/Adena sitúa a cinco ayuntamientos en la lista verde, 53 en la lista ámbar y 282 en la roja. Este resultado muestra la ausencia de compromiso con la conservación de los bosques por parte de las Administraciones locales españolas. Por el momento, tan sólo los ayuntamientos de Barcelona, Sant Boi de LLobregat, El Prat de Llobregat, Gavà y Benicarló cuentan con un Programa de Compra Pública Responsable para evitar el consumo de productos forestales de origen ilegal e insostenible.

WWF/Adena constata así el incumplimiento por parte de la gran mayoría de las Administraciones locales de lo que se establece en la Ley de Montes en relación a los procedimientos de contratación pública.

Según Félix Romero, Responsable del Programa de Bosques de WWF/Adena, “A pesar de que la Ley de Montes recogió en 2006 la compra pública responsable de productos forestales, los avances de los ayuntamientos españoles siguen siendo prácticamente inapreciables. Los Ministerios de Administraciones Públicas y de Medio Ambiente deberían tomar las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento de lo que establece a este respecto la Ley de Montes”.

WWF/Adena recuerda que las Administraciones públicas españolas consumen el 18% del total de los productos de madera y papel consumidos en España. Esto representa un gasto anual de más de 2.100 millones de euros. Además, a través de los procedimientos de contratación pública, las Administraciones tienen una gran influencia sobre los patrones de consumo del mercado español.

Según Romero, “El mercado español importa dos tercios de los productos forestales que consume, de los cuales el 16% proceden de regiones donde la probabilidad de talas ilegales es elevada. En este escenario, es imprescindible que las Administraciones públicas apuesten por la gestión forestal sostenible y la conservación de los bosques, dando prioridad en sus compras a los productos certificados por el FSC”.

Como ejemplos positivos, WWF/Adena destaca las políticas de compra responsable de los ayuntamientos de la lista verde, así como el reciente hermanamiento entre Barcelona y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), en el marco de su iniciativa “Ciudades Hermanadas por los Bosques”, para luchar conjuntamente contra las talas ilegales y la gestión insostenible de los bosques. Estas iniciativas son ejemplos que, dado su importante impacto en la conservación de los bosques del planeta, deberían ser replicados por el resto de ayuntamientos.