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Clases de democracia para el PP
Decididamente, el PP necesita un curso acelerado e intensivo sobre los conceptos básicos de la democracia, sobre la esencia misma de lo que es un Estado democrático de derecho. Llevamos ya muchos años, por suerte, con un sistema democrático consolidado en nuestro país, pero buen número de dirigentes del PP parecen seguir empeñados en desconocer los rudimentos de un sistema de estas características. Tal vez sea porque algunos de ellos crecieron, se educaron y actuaron a su absoluta satisfacción con la dictadura franquista, pero lo cierto es que muchas de las conductas de gran parte de los dirigentes actuales del PP siguen estando marcadas por unos criterios que en nada se asemejan con los propios de un Estado democrático de derecho.
La reacción que el ex ministro de Defensa Federico Trillo tuvo ayer al conocer la sentencia condenatoria del general Vicente Navarro y otros dos oficiales, José Ramírez y Miguel Sáez, culpables de falsificación dolosa de los certificados de defunción de cerca de la mitad de los militares españoles muertos en el trágico accidente aéreo del Yak-42 en Turquía, es un buen ejemplo de ello. ¿Dónde está aquel tronante Federico Trillo que, como en sus tiempos de fiscal militar, arremetía a diestro y sobre todo a siniestro contra cualquier dirigente o militante socialista? ¿Por qué no se aplica a él mismo la exigencia de dimisión que requería entonces para sus adversarios políticos? Claro está que tuvo en José Mª Aznar un maestro excelente, puesto que inició su fulgurante carrera política con la exigencia de una dimisión, la de por aquel entonces presidente de Castilla y León, el socialista Demetrio Madrid, por una simple acusación de la que a la postre fue declarado inocente, eso sí, tras haber sido obligado a renunciar a su cargo.El escandaloso caso Gürtel de corrupción y sobornos en el entorno del PP, en especial en las comunidades autónomas de Valencia y Madrid pero con evidentes ramificaciones en otras autonomías, el más que sospechoso y sobre todo tan turbio asunto del espionaje político urdido entre facciones opuestas del PP madrileño, el nunca esclarecido y aún mucho más turbio caso del tamayazo que llevó a Esperanza Aguirre a su actual posición de lideresa… Son numerosos los asuntos en los que importantes cargos públicos del PP aparecen presuntamente implicados en delitos muy graves, sin que por ahora se sepa que ninguno de sus más altos dirigentes, comenzando por su presidente, Mariano Rajoy, hayan adoptado aún ninguna decisión como la que hubiesen tomado, sin duda alguna, sus homólogos de cualquier otro país democrático de nuestro entorno, o como el propio Rajoy, con todo el PP tras él, hubiese exigido que adoptase el PSOE si hubiesen sido socialistas los implicados.Jordi García-Soler es periodista y analista político
EXIJAMOS AL TS LA ILEGALIZACIÓN DEL PP-PSOE POR ENCUBRIR
ELECCIONES EUROPEAS
Durante los últimos años hemos asistido a un constante goteo de detenciones, de ilegalizaciones, de presuntos colaboradores, de encubiertos y de aclarados. El famosos Estado de Derecho y su lucha contra E.T.A. está generando un día si y otro también las portadas de los miles de medios de comunicación que copan el Estado. Esta situación me genera una serie de preguntas. ¿Es la política correcta la que se ha emprendido?, y lo que es más importante, ¿Son culpables todos aquellos que son detenidos?
Vivimos en un mundo donde se nos dice lo que es y lo que no es; quién es presunto y quien no, o quién es victima o quién verdugo. Un mundo masticado y dirigido de antemano para los ciudadanos. No nos dejan ni siquiera discrepar de las decisiones políticas que se toman, sin que con ello estemos situados en el punto de mira de la sospecha.La maldita Ley de Partidos Políticos, 6/2002, aunque bien podríamos denominarla “Ley contra la ideología de E.T.A.”, ya que por mucho que unos se empeñen, esta ley sólo ha servido para ilegalizar a Batasuna, y sus derivadas siglas políticas, dejando de lado a otros partidos políticos que defienden actos e ideologías “prohibidas” tipificadas en la ley como pueden ser los partidos de ultraderecha afincados por cada rincón del Estado Español. Por si alguien duda de mis palabras cito textualmente la ley: “Esta ley tiene por objeto garantizar el sistema democrático [...]impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de las bandas terroristas". Esta ley, aberrante para mis ojos, y antidemocrática para mis postulados, bien podría ser utilizada en el futuro para criminalizar e ilegalizar a partidos políticos que cuestionen el actual sistema político, buscando la gestación de otro modelo que conlleve la derogación de la actual constitución (dicho por Amnistía Internacional). Además he de confesar que considero que las ideologías, las ideas, la forma de pensar no se pueden criminalizar y mucho menos ilegalizar. La violencia es otro tema, y para eso están los Cuerpos de Seguridad y el Código Penal. Esta ley roza la delgada línea que separa la democracia de la dictadura. Una vez rota la cuerda y abierta la Caja de Pandora, sálvese quien pueda. Criminalizar e ilegalizar todo un sector de la población vasca por sus ideas supone un elevado riesgo democrático. El riesgo de que esas personas que conforman el espacio ideológico y que actúan bajo el paraguas que posibilita la democracia, acogiéndose a las elecciones, a los partidos políticos, a las organizaciones, a las asociaciones y demás derivados previstos en la Constitución Española, vean como único camino posible su incursión en E.T.A. y en la lucha armada. Sin duda seria la peor de las catástrofes para la sociedad vasca que aquellas personas que hoy se dedican a hablar y a “escupir” sobre los micrófonos sus discursos, dejen de hacerlo y opten por la lucha armada como único referente para conseguir sus objetivos políticos. Y como la propia frase dice, conseguir objetivos políticos SOLAMENTE puede conseguirse a través del dialogo y de los cauces democráticos. El problema es cortar esa correa de trasmisión llamada diálogo, el problema es ilegalizar unas ideas.