La sindicación militar es (a día de hoy)  tan necesaria como el aire que respiramos  para que esta sociedad supere definitivamente la etapa psfranquista. El PP/PSOE siguen manteniendo el "santo gria" del golpismo franquista en los cuarteles. Al menos el Psoe si se engañan a si mismo y lo que es más grave esta engañando a  sus bases de votantes y simpatizantes. El ejército sigue siendo franquista en el 98 % de sus generales y en el 99% de sus jefes.

 ¿a quién quiere engañar el PP?.  Hay un camino para terminar con el residuo franquista en los cuarteles y ese debe de ser el SINDICATO MILITAR DE  TROPA PROFESIONAL,SUBOFICILES Y OFICIALES PROCEDENTES DE TROPA. CON LA POSIBILIDAD DE ASCENSO A GENERALES DE ESTE POTENCIAL HUMANO...

Para el GEES, "las mujeres sufren mayores desórdenes psicológicos que los hombres”
Intelectuales muy cercanos al PP menosprecian a las mujeres soldadoEl coronel en la reserva Antonio J. Candil ha publicado un artículo en el órgano ideológico conservador... 

Sigue la batalla jurídica en el caso de mobbing militar Enviado el Domingo, 09 diciembre a las 22:53:39
Radio cable, 25 de noviembre de 2007 El comandante asturiano que denunció por primera vez acoso laboral dentro del Ejército ha presentado una dura queja al Fiscal General del Estado contra la actuación de la Fiscalía militar, informando de la misma al Rey. Además ha pedido aclaraciones al Tribunal Supremo, por considerar que cometió un error al juzgar su caso. El afectado no descarta seguir la batalla jurídica recurriendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo o al Comité de Derechos Humanos de la ONU, si no se atiende su queja. La Sala 5ª de lo Militar del Tribunal Supremo acaba de desestimar el recurso de casación que el comandante presentó contra la absolución del Coronel Gómez Armero por un presunto delito de "deslealtad" en un contexto de mobbing. Pero dos de los cinco magistrados emitieron un voto particular, considerando probado que el Coronel actuó con dolo y que todas sus acciones obedecieron a un designio unitario: intimidar al comandante y tomar represalias. Por ello piden que sea castigado por una falta grave de excederse arbitrariamente en el ejercicio del mando. Esto ha dado alas al denunciante para seguir con su lucha, sobre todo porque los dos magistrados en cuestión no son jurídicos militares, sino que provienen de la carrera civil y están considerados progresistas y más imparciales, en opinión del comandante.   El error del que el comandante se queja, se refiere a que el Tribunal Supremo eludió pronunciarse sobre la petición de que el coronel Armero fuese condenado por el tipo leve del delito de deslealtad. Argumentaron que se trataba de una petición nueva, lo cual no es cierto según el abogado del comandante. También denuncian que, en cuanto al parte falso que dio el coronel, la sentencia simplemente argumenta que el comandante estaba de baja y que por ello el parte nunca podía perjudicar al servicio. Sin embargo el propio Tribunal Supremo condenó a un cabo en una situación idéntica (STS. 18.12.92). La insatisfacción del comandante es compartida por su familia que ha enviado un durísimo alegato al Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, con copia al Rey, en protesta por la actuación del fiscal, que en el tribunal anterior pidió un año y medio de prisión para el coronel y ahora defendió su inocencia quitándole importancia a todo. En el texto se denuncia que "sólo se producen condenas cuando hay violaciones, golpes, robos escandalosos o cuando son muchas las personas que tienen que retirarse por el abuso de un superior" y lamenta que a las personas implicadas en lo ocurrido "se les han otorgado cargos importantes, mientras a las víctimas se les tacha de conflictivos, vagos o criminales". Además la familia del comandante se pregunta por qué no se ha acusado de falso testimonio a una de las partes, ya que dos tenientes coroneles y los testigos del comandante defendieron versiones opuestas. El escrito dice textualmente: "Apostamos fuerte porque una de las dos partes faltó a la verdad y nos dan "café para todos". Sean valientes, métannos a nosotros en la cárcel si están convencidos de que fuímos los que faltamos a la verdad." Finalmente, y como ejemplo de la desmoralización en que se han visto sumidos, consideran que la actuación de las instituciones en este caso les " libera de cualquier compromiso futuro con el Ministerio Público como testigos y como denunciantes, aceptando las posibles responsabilidades futuras que esa conducta pueda conllevar. Sobre todo si quienes nos la han de exigir son las mismas personas que hemos visto actuar que, sin lugar a dudas, no se pararán un instante a comparar una cosa con la otra. No olvide nunca D. Fernando Herrero-Tejedor Algar (fiscal civil que representó en la vista en el TS. al Fiscal Togado militar) que no ha protegido a los testigos que han resultado perjudicados ni a la víctima del acoso". El comandante ha denunciado además represalias contra algunos de sus testigos y el hecho de que sigan produciéndose "persecuciones" veladas contra él. Por ejemplo, cuando no se borraron sanciones de SIPERDEF, anuladas por los tribunales.

Que se lo pregunten a AME y a su general MENA.  y a Bono también... "las asociaciones deben de estar muy dirigidas y reguladas"... Mi pregunta es:

¿QUÉ PELIGRO PUEDEN EJERCER LAS ASOCIACIONES PARA LA SUPERVIVENCIA DEL ESTADO QUE NO HAYAN PUESTO YA EN ENTRE DICHO LOS GENERALES DE LA PATRIA ,,,MENA?

LAS ASOCIACIONES EJERCEN UN DERECHO FUNDAMENTAL Y SIRVEN PARA VERTEBRAR LA SOCIEDAD...

LOS GENERALES DE LA PATRIA ENTRE ELLOS MENA SÓLO DESVERTEBRAN LA SOCIEDAD. ES MÁS LA ARRUINAN

El PSOE dice que las leyes aprobadas para la Guardia Civil «la modernizarán»

09.10.07 - www.elcorreodigital.com M. MUÑOZ     getEstrellas() getVotos() if (window.document.getElementById('num-comentarios')) getNumComentarios('4.0.246128165') Aldama, Martínez Sanjuán y Elías, con miembros de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. / M. HERREROS   El diputado nacional por La Rioja Ángel Martínez Sanjuán, manifestó ayer que las dos leyes aprobadas el pasado jueves en el Congreso para regular los derechos de la Guardia Civil «modernizarán el Cuerpo y pagarán una deuda histórica» de la sociedad hacia este colectivo. Martínez Sanjuán, ponente de la Ley Reguladora de los Derechos y Deberes de la Guardia Civil, recordó que con esta norma y la de Régimen Disciplinario del Cuerpo «se cumple una promesa electoral del PSOE en 2004». Martínez Sanjuán participó ayer en una reunión con representantes de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), a quienes entregó ambos textos legales. También asistieron el secretario general del PSOE en La Rioja, Francisco Martínez Aldama, y la también diputada socialista Remedios Elías. Ángel Martínez Sanjuán recalcó que las dos leyes vienen «ampliamente consensuadas y traerán una Guardia Civil del siglo XXI». Sin embargo, el diputado socialista ha lamentado la postura del PP, por querer una Guardia Civil «del siglo XIX, con menos derechos». La Ley de Régimen Disciplinario sustituye a otra norma de 1991. Las principales novedades que ha destacado Ángel Martínez Sanjuán son la eliminación de la sanción de arresto, la revisión del catálogo de infracciones y sanciones y, en definitiva, el acercamiento entre el modo de funcionar de la Guardia Civil y la Policía, con la correspondiente lejanía del ámbito militar y el Ministerio de Defensa. Libre asociación En cuanto a la Ley de Derechos y Deberes, el diputado socialista ha detallado derechos básicos como la igualdad o la intimidad, pero ha puesto especial énfasis en el derecho de los guardias civiles «a asociarse libremente». No se recogen derechos afines como el de huelga o sindicación, pero Ángel Martínez Sanjuán recordó que hasta ahora «existían una nebulosa legal y un paripé de representatividad» que se actualizarán. En el trasfondo de esta Ley se encuentran las sanciones impuestas a guardias civiles tras la concentración del pasado 20 de enero en Madrid. Martínez Sanjuán ha puntualizado que, aunque la Ley no es retroactiva, «cuando se juzguen determinados problemas, la percepción será distinta».

La guardia civil

Las leyes aprobadas en el Congreso constituyen un avance hacia la existencia de una Guardia Civil integrada solo en las Fuerzas de Seguridad, pero no contemplan el archivo de sanciones.

10/10/2007 ANTONIO Aramayona

La semana pasada el Congreso de los Diputados aprobó dos leyes que reconocen el derecho de asociación profesional y regulan el Estatuto de Derechos y Deberes, así como el régimen sancionador de la Guardia Civil. Sin haber llegado aún al derecho de sindicación propiamente dicho ni haberle reconocido una identidad netamente civil, en lugar de militar, ambas leyes constituyen un avance hacia la existencia de una Guardia Civil integrada solo en las Fuerzas de Seguridad del Estado, dependiente únicamente del Ministerio del Interior.

Sin embargo, estos logros no han llegado venidos del cielo, sino que son fruto de la constante brega de los más de 25.000 guardias civiles que integran la AUGC (Asociación Unificada de la Guardia Civil) y muy especialmente de sus dirigentes, algunos de los cuales llevan aún bien abiertas las heridas que les ha reportado encabezar las reivindicaciones de sus compañeros. Osar cambiar o criticar algo en cualquier institución vetusta es una misión ardua y llena de dificultades, pero hacerlo dentro de la Guardia Civil, con su historia secular y su aura de institución cuasi sacra e intocable, debe de ser todavía más duro y complicado.

COMO LAS DOS leyes recién aprobadas en el Congreso no contemplan el archivo de los expedientes abiertos, sobre algunos guardias civiles penden aún durísimas sanciones. Por ejemplo, a nivel nacional, J.M. Perpinyá y J.A. Delgado, secretario general y de comunicación de la AUGC, respectivamente, tienen acumulados, entre otros, sendos expedientes de expulsión de la Guardia Civil. Y sin salir de Aragón, entre otros, al secretario general, Jesús Molins, desde el último año y medio tiene abiertos cinco expedientes de falta grave y uno de falta muy grave. Resulta discutible, por ejemplo, si la presencia y la actuación de los 3.000 agentes uniformados presentes en la Plaza Mayor de Madrid el 20 de enero fueron totalmente plausibles en todos sus aspectos, pero caben pocas dudas de que los dirigentes de la AUGC han sufrido el acoso y la persecución constantes, en algunos casos por nimiedades, por parte de las instancias más refractarias a cualquier cambio de los ministerios de Defensa e Interior y, muy particularmente, de algunos generales de la propia Guardia Civil y de Defensa.

Más allá de cualquier valoración política del asunto, es de justicia reconocer que en los últimos años ha habido en España unos cuantos ciudadanos que han luchado a pecho descubierto y han arriesgado generosamente su bienestar familiar, económico y profesional por llevar a cabo un ideal: que la Guardia Civil sea un cuerpo de seguridad civil, fuera de las instituciones y las normas militares, y compuesto por unos agentes que gozan de los mismos derechos y obligaciones contemplados en la Constitución que los demás ciudadanos españoles. Ese grupo de ciudadanos ha logrado presionar al poder constituido mediante fórmulas adecuadas y efectivas, y finalmente el 5 de octubre de 2007 ha visto que sus esfuerzos han fructificado parcialmente en las dos leyes aprobadas en el Congreso. Esos ciudadanos y los 25.000 ciudadanos, también guardias civiles, que los secundan y apoyan, han conseguido que otra parcela más de España, la Guardia Civil, sea algo más democrática, abierta y acorde con la actualidad. Todos ellos celebran también que en el seno del Cuerpo se puede evitar definitivamente la dolorosa experiencia de los más de 225 agentes suicidados en la última década y de otros 300 más que lo han intentado, o la del millar y medio de bajas por causas psiquiátricas y psicológicas.

TODOS LOS ciudadanos españoles debemos estar contentos y agradecidos por haberse elevado el grado de democracia, de libertad y de civilidad en un cuerpo de seguridad que nos concierne y nos afecta directamente a todos. Precisamente por ello, existiendo ya un nuevo estatuto jurídico con las dos leyes aprobadas, sería justo el archivo de los expedientes disciplinarios aún existentes para algunos dirigentes de la AUGC. De hecho, sería, además de injusto, muy frustrante que la llegada a una meta conllevara innecesariamente la permanencia de graves damnificados en la cuneta. Toca principalmente al Gobierno socialista tomar una decisión que atienda las peticiones de generosidad y justicia que numerosos grupos políticos, sindicales y culturales han hecho al respecto.

Cercana ya la festividad de la patrona de la Guardia Civil, sería estupendo que no sólo relucieran ese día los charoles y las galas de los uniformes, sino también y sobre todo el homenaje a todo el colectivo de guardias civiles, y muy especialmente a sus dirigentes, que han luchado por su estatuto y su dignidad como ciudadanos de pleno derecho.

Profesor de Filosofía

La Unión Federal de Guardias Civiles cree que la nueva ley de derechos "abre una puerta" a la democratización del Cuerpo

Noticia publicada a las 14:26
domingo, 07 de octubre de 2007


SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 (EUROPA PRESS)

La Unión Federal de Guardias Civiles (UFGCS) manifestó hoy su satisfacción por la aprobación de las nueves leyes de Derechos y Deberes y de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil que, en su opinión, "abre una puerta de esperanza" para la "transición a la democracia" del Cuerpo que, "durante decenios", ha "padecido una grave falta de derechos y libertades".

Según informó hoy la UFGCS en un comunicado, la aprobación de estas dos leyes es "sólo el punto de partida de una nueva andadura" que "reconozca definitivamente el derecho a la sindicación y a la negociación colectiva".

Asimismo, la UFGCS señaló que la exclusión del código penal militar como norma de aplicación a los Guardias Civiles supone "un duro golpe para una Institución en la que el miedo al Mando era una constante" y en la que "protestar levantar la voz era duramente castigado".

Los miembros de la Unión mostraron su "agradecimiento a los diferentes partidos políticos" que participaron en la norma y destacaron el papel jugado por el BNG, que "hizo una firme defensa de los intereses de los Guardias Civiles" y cuyo papel calificaron de "muy importante".

La monarquía, como no puede ser de otra manera, se rodea de una numerosa colonia de cortesanos. Es esta  colonia  de cortesanos los que van arrebatando los derechos al pueblo. Se escandalizan los  políticos si se  critica cuál otro mortal a la monarquía. Llaman analfabetos constitucionales y otras lindeces parecidas a los que proponen (CON ACIERTO) que el JEFE DE LAS FAS SEA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO. Es acaso mucho pedir??? Si sólo fuese eso, la cosa podía quedar ahí. Pero no, estos monárquicos socialistas no se conforman con la crítica  DESTRUCTIVA sino que promueven leyes para ENCARCELAR a los CIUDADANOS que de alguna forman se atreven a cuestionar y discrepar abiertamente de  la monarquía. ¿Pero es que los sociatas son monárquicos?

EL PSOE con su actuación  está cuestionando al pueblo soberano.

La monarquía nos la impuso FRANCO y ya es hora de ir quitando los privilegios  que estan disfrutando los ganadores de la guerra civil. Ese es el papel que debería jugar el PSOE. Pero el PSOE es todo menos obrero y republicano.

EL PSOE Tiene o debe tener los días contados como fuerza mayoritaria dentro del estado. Por una sola cuestión:

 ¡¡¡HA ARREBATADO Y NINGUNEADO LA SOBERANIA AL PUEBLO!!!...

El verdadero soberano es el pueblo . aunque la constitución diga lo contrario. LA CONSTITUCIÓN ES UNA CARTA MAGNA A LA QUE SIGUIENDO DETERMINADO PROTOCOLO SE PUEDE Y DEBE CAMBIAR...¿ACASO EL PSOE NO LA QUIERE REFORMAR PARA ASEGURAR LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES REINABLES?

¡ESO SI QUE ES UN ANACRONISMO ! SE DEBE CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN PARA DAR PASO DIRECTAMENTE A LA III REPÚBLICA...ESE DEBE SER EL CAMINO....