A nadie se le escapa que en unos locales donde montones de dinero se mueven en efectivo resulta muy difícil controlar los flujos de ese dinero. Así, algunos de esos macro clubs pueden ser blanco de organizaciones delictivas para el blanqueo de dinero.

A pesar de ello, desde Cataluña, ayuntamientos como los de Barcelona y Reus parecen más dispuestos a fomentar los prostíbulos que a ponerles freno.

Cabe recordar también que más de 18.000 extranjeras son víctimas de la explotación sexual cada año en España, según denunciaba recientemente la Federación de Mujeres Progresistas (FMP).

La FMP asegura que “España constituye uno de los países principales de destino de estas mujeres”, y denuncia también que la legislación española protege a las mujeres maltratadas por sus parejas, pero omite que “la explotación sexual es también violencia machista”.

Marcha atrás en Barcelona

En Barcelona, el Ayuntamiento ha dado marcha atrás en la ordenanza que limitaba las licencias de locales donde se ejerce la prostitución. La normativa, aprobada en diciembre de 2003, imponía severos límites a estos locales.

La ordenanza municipal prohibía ese tipo de negocios si estaban en edificios de viviendas o colindantes con ellos, si estaban a menos de 200 metros de otros locales de alterne, o si a esa misma distancia se hallaban escuelas, entre otros usos protegidos.

Saunas, bares de alterne, sex shops y otros locales parecidos relacionados con la prostitución, hasta un total de unos 300, siguen incumpliendo esas condiciones en la Ciudad Condal.

En todo el tiempo transcurrido desde que se aprobó la normativa, el Ayuntamiento se ha mostrado incapaz de hacerla cumplir, por lo que ha optado por la vía más fácil: modificar la ordenanza.

“Este año hemos mantenido contactos con las empresas [...] Al final, creemos que la opción mejor es modificar la ordenanza porque el impacto de su aplicación iba a ser muy negativo”, concretó el pasado 22 de diciembre el concejal de Urbanismo, Ramón García-Bragado. O sea, los empresarios del sexo ya no recibirán un “impacto negativo”.

Reus: más sexo por terrenos

Por su parte, el Ayuntamiento de Reus también apuesta por fomentar la prostitución, al aprobar la ampliación de un club de alterne a cambio de que sus propietarios cedan terrenos de su propiedad a la ciudad para zona verde y servicios.

La operación urbanística permitirá al club Privée, situado junto a la autovía de Salou, ampliar sus instalaciones con un nuevo edificio de tres plantas y 3.500 metros cuadrados en un terreno que hasta ahora estaba clasificado como no urbanizable.

A cambio, los propietarios del prostíbulo han cedido otro terreno de su propiedad junto al cementerio, que el Ayuntamiento destinará a equipamientos y zona verde. Todo ello incluido en un plan de mejora urbana que está pendiente de aprobarse definitivamente.

Según la documentación oficial, la modificación queda justificada por varios motivos: permite la creación de un nuevo vial de acceso al club, “que actualmente es insuficiente por la actividad en la zona”; “define una zona de equipamientos privado –un prostíbulo- con usos y parámetros de edificabilidad limitados” y permite legalizar la actividad existente, “actualmente legalizada parcialmente”.

Objetivo de los ‘blanqueadores’

Es, precisamente, ese aspecto de legalidad ‘en el limbo’ en la que actualmente se encuentra la prostitución la que convierte a los grandes prostíbulos en objetivo del blanqueo de dinero.

En ese sentido, cabe recordar que, por ejemplo, Hacienda reconoce las grandes dificultades que tiene para controlar el fraude en algunos de los negocios de ocio nocturno, como es el caso de las discotecas.

La compleja red de sociedades interpuestas, los ingresos de origen desconocido, las facturas irregulares, los pagos dudosos del IVA y la defraudación del impuesto sobre el alcohol, entre otras posibles anomalías que detectan en las grandes discotecas, son motivo de preocupación para el erario público.

Y es que Hacienda tiene muy claro que el negocio de la diversión nocturna es uno de los que más se presta al fraude y que muchas grandes discotecas son auténticos viveros para el blanqueo de dinero, en la mayoría de ocasiones procedente del narcotráfico, entre otros delitos de lo más diverso.

“Una discoteca lo cobra casi todo en efectivo y es prácticamente imposible controlar los flujos de dinero”, asegura el portavoz de inspectores de Hacienda del Estado, Francisco de la Torre.

Normalmente, el blanqueador contacta con el local de ocio o crea él mismo la empresa. A partir de ese momento, tiene a su disposición una sociedad legalmente constituida que le permite ocultar su delictiva fuente de ingresos.

Ante esta realidad y teniendo en cuenta que las discotecas están reguladas por la ley, cabe preguntarse qué no podrá hacer la máquina de blanquear dinero en los grandes prostíbulos de nuestro país, que se hallan en un auténtico ‘limbo’ legal.