El martes se cumplen 32 años de la muerte del dictador Francisco Franco...
26/09/2007
El PP, el único grupo que no votó a favor
El Congreso aprueba una proposición para iniciar acciones de expropiación de los bienes de los Franco
V.V.
El Congreso de los Diputados aprobó ayer una iniciativa del grupo parlamentario de IU-ICV en la que se emplazaba al Gobierno a abordar “todo tipo de actuaciones administrativas con el fin de recuperar para el Patrimonio Nacional todas y cada una de las propiedades que recibiera el anterior Jefe del Estado durante la dictadura con independencia de que hoy se encuentre en manos de sus herederos". El grupo socialista ha presentado una enmienda a la proposición original, por lo que se ha rechazado elaborar un inventario sobre los bienes patrimoniales en manos de la familia del dictador.
La iniciativa, recortada por la enmienda del PSOE y aprobada por unanimidad de todos los grupos excepto el PP, que se posicionó en contra, surgió después de que la familia del dictador prohibiera el acceso de la Xunta de Galicia al Pazo de Meirás, pese a que el Gobierno regional había acordado dar uso público al palacio. "No es un caso aislado"El portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, afirmó que es “chocante” que el Pazo de Meirás siga en manos de los Franco 31 años después de que acabara la dictadura, y lamentó “la actitud de la familia”, que consideró “impresentable e intolerable”. Además, criticó que el caso del palacio gallego “no es un caso aislado”, ya que los descendientes del dictador y la Fundación Francisco Franco llegaron a acumular “60.000 millones de las antiguas pesetas”. "Un país mínimamente normalizado"A su juicio, “sería síntoma de un país mínimamente normalizado” que se pudiera recuperar legalmente lo que fue patrimonio del Estado, motivo por el que la proposición no de ley emplazaba al Ejecutivo central a hacer “un inventario de las propiedades patrimoniales de toda índole que a través de adquisiciones, requisas, cuestaciones, donaciones o adjudicaciones, desde 1936 hasta 1975 se incorporaron a la Jefatura del Estado durante la dictadura del general Franco y de las enajenaciones del mismo que se haya producido”. Sin hacer inventarioSin embargo, el diputado socialista José Andrés Torres Mora, encargado de presentar las enmiendas, aseguró que el PSOE apoyaría solo la idea de apoyar a la Xunta para llevar a cabo todas las labores administrativas pertinentes para recuperar como patrimonio nacional las posesiones que en su día expropió Franco y que hoy continúan en manos de su familia. "Ley de víctimas"“Sobre el resto, ya sabe que nuestra posición es la ley de víctimas, ojalá cuanto antes la saquemos adelante y sea una alegría para todos los antifranquistas”, apuntó, y lamentó que la iniciativa “llega tres décadas tarde y además se queda corta”, ya que una dictadura levanta dudas “no sólo sobre el dictador, sino sobre el patrimonio de todos los políticos de la dictadura”. "No quieren ver"Por su parte, el portavoz de ERC, Joan Tardá, reprochó a los socialistas que “no quieren ver” que familias como la de los Franco aprovecharon la dictadura para recaudar “grandes fortunas” y señaló que, además de expropiar los bienes patrimoniales, “hay que preguntarse a quién fueron arrebatados” ya que, según dijo, en muchos casos provenía de líderes republicanos y socialistas. Excepto el PPEl Grupo Popular ha sido el único en no apoyar la proposición. Su secretario general, Jorge Fernández Díaz, consideró que la iniciativa es como “matar moscas a cañonazos” y que se utiliza como una forma de “presión al Gobierno por parte de los partidos de izquierda.
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Santiago de Compostela. (EUROPA PRESS).-
La Consellería de Cultura prevé abrir a la familia de Francisco Franco un expediente sancionador, que podría suponer el pago de una multa de hasta 60.000 euros, por no autorizar el acceso de técnicos de la Dirección Xeral de Patrimonio al Pazo de Meirás, en Sada (A Coruña), quienes pretendían determinar su estado.
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PALABRAS CLAVE
Franco, Xunta, Compostela, A Coruña, Francisco Franco, Galicia
Fuentes próximas al departamento de Cultura confirmaron que hoy estaba previsto un nuevo intento de visita del pazo, de propiedad privada, y que el abogado de la familia lo impidió. Sin embargo, la consellería defiende que este inmueble forma parte "del patrimonio" de Galicia, por lo que abogan por su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), y hace diez días comunicó por burofax el derecho a una inspección técnica para conocer su estado. Precisamente, el hecho de que hoy, al igual que en otros intentos anteriores, la familia Franco no permitiese la inspección técnica hace que la Consellería de Cultura plantee la apertura de un expediente sancionador por "obstacularizar" del trabajo de los técnicos, que nuevamente no pudieron entrar en el pazo. El Pazo de Meirás, rodeado por diez hectáreas de jardines, es el centro de una polémica porque el Ayuntamiento de Sada y la Xunta promueven su declaración como BIC, una figura jurídica que obligaría a la familia a abrir el pazo al público para permitir visitas gratuitas al menos cuatro días cada mes. Precisamente, la Consellería de Cultura tramita desde hace más de un año la apertura del expediente para declarar el pazo como BIC, pero la familia Franco se resiste y ha aplazado en reiteradas ocasiones las visitas de los técnicos de la Xunta a la propiedad para determinar su estado. La declaración BIC obligaría, además de su apertura al público un mínimo de cuatro días al mes, a adoptar medidas de conservación y protección del pazo y sus jardines. Asimismo, otorga a la Xunta una posición preferente, con derecho de tanteo y retracto, en caso de que la propiedad sea puesta a la venta. El pazo de Meirás fue en su día propiedad de la escritora Emilia Pardo Bazán, pero en 1939 un grupo de ciudadanos de renombre promovió su compra a sus herederos y obtuvo más terrenos contiguos para ofrecérselo como regalo del pueblo al general Franco que, a partir de entonces, hizo de Meirás su residencia para las vacaciones de agosto. La ampliación de la finca y el acondicionamiento del pazo se costeó con donaciones supuestamente voluntarias de los ciudadanos, donativos fijados previamente por las autoridades.
