Detención de Joseba Alvarez y Oihana Agirre

Un auto evidencia que los arrestos ordenados por Garzón son ilegales

La letrada Ainhoa Baglieto afirmó de manera rotunda que las detenciones de Joseba Alvarez y de Oihana Agirre por parte de la Policía española son, como la de Juan Mari Olano, «totalmente ilegales» de acuerdo a la propia legislación española, al no tener el juez Garzón -en calidad de juez instructor de los sumarios en los que, según la Audiencia Nacional, se encuentran imputados tanto Alvarez como Agirre- ninguna competencia para ello. La representante del movimiento pro-amnistía arrestada, además, no cuenta con ninguna diligencia abierta en su contra ni encausamiento alguno en su actividad política.

Mientras que el mahaikide donostiarra y la representante de Askatasuna continúan en manos de la Policía española a la espera de que comparezcan, según fuentes jurídicas hoy a partir de las 10.00, ante el juez Baltasar Garzón, Baglieto recordó un auto de la sección primera de la Audiencia Nacional que advertía al propio Garzón sobre la imposibilidad de tomar ninguna medida sobre los sumarios que él mismo instruía; tales como los sumarios de Gestoras Pro Amnistía, Askatasuna, Batasuna o Segi, entre otros.

La única competencia con la que cuenta el titular de la Sala Nº5 sería la de decretar la suspensión de actividades de las organizaciones que investiga por un máximo de cinco años; periodo agotado tanto en el caso de Gestoras como de Askatasuna. Otro botón de muestra de la ilegalidad jurídica en la que habría concurrido Madrid, según Baglieto, sería que tras la marcha del pasado 9 de setiembre el Juzgado número 4 de Donostia identificó a Oihana Agirre como una de las participantes, pero no incoaron diligencias ni imputaciones en su contra.

Respuesta: «Más Askatasuna»

El auto de detención emitido por Baltasar Garzón sostiene que tanto Alvarez como Agirre concurrieron en un «delito de reincidencia en integración de organización terrorista». Un delito por el que el mahaikide donostiarra ya se encuentra encausado en el sumario contra Batasuna. No obstante, la letrada añadió que las diligencias aún se desarrollan bajo secreto de sumario.

El portavoz de Askatasuna Julen Larrinaga, en cambio, enfatizó que detrás del sinsentido jurídico que desgranó Baglieto solo cabe considerar la decisión política diseñada por el PSOE de emprender una nueva fase represiva y de persecución contra el independentismo vasco y contra todo aquel que «ponga en cuestión el estatu quo de esta España de Franco».

Subrayó e insistió, a este respecto, en que Madrid se «equivoca» si pretende coartar las aspiraciones democráticas de este país mediante una nueva fase de «involución democrática», y lanzó el siguiente mensaje al partido de Rodríguez Zapatero y «a quienes han diseñado esta fase de represión: A más represión, más «Askatasuna»».

Estado policial en Euskal Herria

También emplazó a la ciudadanía vasca a que participe, pueblo a pueblo, en la organización de la respuesta a la nueva ofensiva represiva diseñada por Madrid en la sede de Ferraz.

Pero Larrinaga fue más allá, y enumeró tres conclusiones que, a su entender, han quedado patentes en estas últimas semanas. Primero, la nula presencia del «Estado de Derecho» en el país con un recorte gradual de libertades que da paso a «la involución democrática» que, a su juicio, impera sobre los derechos de los ciudadanos vascos.

Como segunda conclusión, trajo a colación «el ánimo represivo que se esconde detrás de la decisión política de Madrid»; y que cuando caen «las togas y los decorados» con los que revisten los ánimos políticos solo queda «un policía con una porra», como claro ejemplo del «Estado policial que vive Euskal Herria».

«¿Para qué las instituciones?»

La nula capacidad de las instituciones del país en la defensa de los derechos de los vascos es, a juicio de Larrinaga, la tercera de las evidencias palpables.

Como elemento pedagógico de su exposición empleó, además, las palabras utilizadas por el lehendakari Ibarretxe el pasado domingo en el Alderdi Eguna: «Ibarretxe preguntaba a ver para qué un lehendakari si no puede consultar a los hombres y mujeres de este país; y nosotros le preguntamos ahora: ¿Para qué las instituciones si no pueden defender los intereses políticos de este país?».

Exigió la liberación inmediata de los detenidos y resaltó la endeblez de la democracia española al arrestar y encarcelar -como en el caso de Juan Mari Olano- a militantes vascos por el mero hecho de participar en una manifestación. «Eso ocurre en Birmania y en Guinea Ecuatorial, pero no en una democracia».

Mientras se espera la comparecencia, hoy, de los dos detenidos ante el juez Garzón tras dos días de arresto, ninguna formación política ha denunciado este nuevo operativo policial.

Más de 500 personas se movilizaron ayer por la tarde en Donostia. La Ertzaintza identificó a una persona y limitó los lemas a corear. En Deba fueron 25 las personas que se movilizaron en denuncia de las últimas tres detenciones.

Las formaciones políticas, al igual que con la encarcelación de Olano, han vuelto ha tender un manto de silencio sobre las detenciones. A pesar de tratarse de dos representantes adscritos a las direcciones de sus respectivos organismos políticos.

La Comisión de Euskal Jaiak de Alde Zaharra de Donostia ha emitido una nota en la que confirma que «a la hora de la manifestación y los correspondientes disturbios, Joseba Alvarez se encontraba con nosotros preparando la sardinada que iba a tener lugar a las 14.00 en la Bretxa con motivo de las Euskal Jaiak». Añaden que «Joseba estuvo entre nosotros desde antes de las 13.00 hasta ya avanzada la tarde, por lo que, podemos asegurar, no estuvo en los disturbios que usted cita (Garzón) en el auto de detención». Se prestan, incluso, para dar testimonio de ello.

G.M.

El ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, respondió a las preguntas de los periodistas con una escueta frase: «Es una decisión judicial y respeto al máximo todas las actuaciones judiciales, en este caso del juez Baltasar Garzón».

   

Lakua excluye a los muertos y torturados por las FSE en un informe sobre víctimas

El informe de la Ponencia del Parlamento de Gasteiz redactado en 2000 recogía la existencia de 339 víctimas -en la actualidad esa cifra se elevaría ya a 350- que no corresponderían con acciones de ETA y en el que se agrupaba a los militantes de la organización armada muertos en enfrentamientos armados o por explosión de los artefactos que pretendían colocar, ciudadanos muertos por actuaciones policiales y parapoliciales, accidentes de familiares de presos y refugiados fallecidos en el exilio.

Sin embargo, según confirmó ayer el portavoz de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, Txema Urkijo, los muertos en acciones policiales y torturados por las FSE quedarían fuera del informe que está elaborando en la actualidad el Ejecutivo de Lakua. Urkijo señaló que llevan trabajando varios meses y que pretenden «recoger con rigor» la información sobre las víctimas de la violencia de grupos de extrema derecha y fuerzas parapoliciales como los GAL, Triple A y el Batallón Vasco Español. Pero especificó en las declaraciones realizadas a la agencia EFE que los colectivos afectados por «otros tipo de violencia, legítima o no, como las actuaciones, e incluso, excesos, policiales» quedarán fuera.

Se quedan fuera «por ley»

El argumento utilizado para justificar esta exclusión sería que la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo considera víctimas a aquellas que han sufrido «actos de terrorismo o hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y la seguridad ciudadana».

En este sentido, la nueva iniciativa promovida por el Gobierno de Ibarretxe y que se encuentra todavía en tramitación, hace referencia expresa a las víctimas de los GAL y de los grupos de extrema derecha, pero tampoco tendría en cuenta a las víctimas de la violencia policial.

Según se recoge en el libro «Un mapa (inacabado) del sufrimiento» del periodista de GARA Sabino Ormazabal, al margen de los militantes de ETA muertos en enfrentamientos (76) y de los ciudadanos fallecidos en manifestaciones (34), las FSE han matado a 42 civiles, 20 de ellos en controles, y el resto por disparos de policías de servicio o en altercados en lugares públicos.

Asimismo, se debería de contabilizar la muerte de 19 personas en la cárcel o como fruto de su paso por prisión, sin olvidar que cuatro ciudadanos vascos han muerto en dependencias policiales mientras se les aplicaba la legislación antiterrorista y otros ocho poco después de haber pasado por comisaría, durante registros o en su detención. Al mismo tiempo, habría que añadir que el Parlamento de Gasteiz estimó en 6.000 -más de 7.000 según Torturaren Aurkako Taldea- las personas torturadas, y en unas 25.000 las que han sufrido directamente la represión policial.

El portavoz de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo explicó que el objetivo de este informe es «poner de manifiesto una realidad existente» provocada por «un terrorismo afortunadamente pasado», pero que dejó víctimas «para el presente». Urkijo, en cambio, eludió valorar a cuántas personas podría referirse este estudio, y recalcó que desde la Oficina de Atención a las Víctimas se quiere «detectar» si existen entre este colectivo afectados a los que no se les han reconocido los derechos como víctimas del terrorismo.

Al respecto, habría que recordar que en el «acto institucional de homenaje y reconocimiento a las víctimas del terrorismo» realizado el pasado mes de abril en el palacio Euskalduna, Lakua ignoró deliberadamente a 77 personas que figuran en sus propios archivos y que fallecieron a consecuencia de atentados parapoliciales. El homenaje promovido por el Ejecutivo autonómico se limitó a las víctimas de acciones de ETA y los Comandos Autónomos Anticapitalistas, excluyendo deliberadamente a las víctimas de la extrema derecha, de «incontrolados», del BVE, de la Triple A, del Grupo Anti ETA y de los GAL.

Y es que según pudo comprobar en su día GARA, ningún representante de la organización del acto se puso en contacto con ellos y trascendió públicamente que la directora de atención a las víctimas, Marixabel Lasa, tan sólo invitó al homenaje a Laura Martín, viuda de Juan Carlos García Goena, que rechazó sumarse al mismo al conocer que fue convocada por haber mostrado «su empatía con las víctimas de ETA». Martín es miembro de Covite y denunció en aquellas fechas que «sólo se acuerdan de ella en este tipo de ocasiones para plantarme como un florero».

   

Documentales políticos, de estreno

Dos testimonios de tiempos difíciles

 

Dos novedades documentales ocuparán desde pasado mañana una de las salas del Complejo Tita Merello (Suipacha 442), presentadas por la Asociación de Documentalistas Argentinos (Doca), referidas a dos momentos claves de la historia política argentina.

La más extensa es Gaviotas blindadas: Historias del PRT-ERP, que reconstruye en poco más de tres horas (repartidas en dos partes) la historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores y el que fue su brazo armado, el grupo guerrillero conocido como Ejército Revolucionario del Pueblo, que operó en la clandestinidad hasta su desactivación tras el golpe militar de 1976.

La primera parte de Gaviotas blindadas , cuyo título recuerda al de una publicación interna del grupo en el paso de algunos de sus militantes por el penal de Rawson (inspirado a su vez en el poema "La rosa blindada", de Raúl González Tuñón), fue presentada por primera vez en el Festival Internacional de Derechos Humanos realizado en Buenos Aires en octubre de 2006. En ese primer capítulo, el trabajo repasa la historia del PRT entre 1961 y 1973, su actividad junto con los hacheros santiagueños y entre los zafreros de Tucumán, así como en establecimientos fabriles y como parte de frentes sindicales, tareas que en principio se ajustaron a la legalidad y luego devinieron clandestinas. La segunda parte, que arranca en 1973 y termina en 1976, incluye la creación del Frente Antiimperialista y por el Socialismo, una estructura que reunió al Movimiento Sindical de Base (MBS), impulsando diferentes sindicatos clasistas y la Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR), que compartía con el MIR de Chile, el MNL del Uruguay (Tupamaros), y el PRT-B de Bolivia, así como la participación en el Frente Sandinista de Nicaragua.

La investigación, guión, producción y dirección estuvo a cargo del Grupo Mascaró Cine Americano, formado por Aldo Getino, Laura Lagar, Mónica Simoncini, Omar Neri y Susana Vázquez, egresados 2002 de la Carrera de Investigación Periodística de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. El trabajo, que abunda en entrevistas -60 en total-, a integrantes de dicha organización, como el ya fallecido Enrique Gorriarán Merlo, Cacho Ledesma, Nelly Llorens, Néstor Pot y Humberto Pedregoza, entre otros, también incluye filmaciones de noticieros de la época, entre ellos un extenso testimonio de su líder, Mario Roberto Santucho de la televisión cubana, fragmentos en los que se ven numerosas coberturas de secuestros, atentados y operativos, y material de archivo de canales de televisión que sirven para ilustrar muchos de los relatos, y que requirieron seis años de búsqueda y edición.

El otro documental es La crisis causó dos nuevas muertes , con el que Patricio Escobar y Damián Finvarb reconstruyen los crímenes cometidos por fuerzas policiales en la represión de un piquete en el Puente Pueyrredón, el 26 de junio de 2002, siete meses después del trágico diciembre de 2001, que terminó con el alejamiento de Fernando de la Rúa de la presidencia. En ese corte, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron ultimados por policías uniformados: una secuencia fotográfica mostró poco después el instante anterior y posterior, en la que uno de ellos recibe un balazo por la espalda. Como se recordará, los crímenes aceleraron el calendario electoral propuesto tras las crisis. La investigación de sus autores y Marcel Gonnet Wainmayer aporta datos acerca de cómo los diferentes medios periodísticos habrían retaceado primero y expuesto después las pruebas que desenmascaraban a los policías comprometidos, que finalmente ayudaron a condenar a los culpables con todo el peso de la ley. La crisis causó dos nuevas muertes fue exhibida en el último Festival de Cine de Mar del Plata.

Las proyecciones de estos dos trabajos continuarán hasta el próximo 22 de agosto, fecha en la que se conmemorará el 35° aniversario de los fusilamientos de Trelew, en los que cayeron 16 reclusos de las agrupaciones Montoneros, FAR y ERP.

Claudio D. Minghetti

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07.08.2007 | carlazbal  

 

Cuando se van a animar a hacer justicia a sus militantes?' El país está lleno de homenajes y recuerdos a los terroristas desaparecidos, eran muchos y organizados y no eran monjas de clausura, recuerden el ataque a al cuartel de Monte Chingolo o el ASAalto al cuartel de Formosa,o al cuartel de Azul TODOS EN GOBIERNOS CONSTITUCIONALES ,operaciones con cientos de miltantes y de apoyo, aviones autos etc.Esta historia lentamente se va conociendo y quizas algún dia se recuerde a TODOS los que murieron en esas triste épocas SIN DISCRIMINAR EN CRIMENES BUENOS Y MALOS.

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