La promulgación de una norma que obliga a contratar maestros cuyas calificaciones se encuentra dentro del tercio superior, aparentemente beneficia la calidad de la educación en el país. Sin embargo, no sólo los docentes y gobiernos regionales, sino los expertos en el tema han señalado que esta norma no sólo es discriminatoria, sino que no garantiza –contra todas las apariencias– tal mejora en la educación pública. Como lo han señalado educadores de reconocida trayectoria –como León Trahtemberg, Constantino Carvallo, Manuel Bello, Manuel Iguiñiz, por citar a algunos–, la norma no es parte de una estrategia integrada para lograr una educación de calidad, por lo que sus presuntos beneficios resultan ineficaces.

Entre los principales absurdos está que muchos de los certificados de tercio superior no van a poder ser verificados porque el propio gobierno ha cerrado muchos de los institutos pedagógicos que los expiden, aparte de que el propio gobierno conoce que allí no se ha brindado una formación sólida. Además, se dicta una directiva adicional que da mucho más peso a la acreditación documentaria que a una prueba de conocimientos (la cual, dicho sea de paso, haría innecesaria alguna presunta constancia de tercio superior). En suma, esta medida tiene todas las trazas de ser una medida aislada e improvisada, con el agravante de generar más confrontación con el magisterio nacional.

http://enlacenacional.com/2008/02/16/ley-del-tercio-superior-en-controversia/