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MILITARISMO, REPRESIÓN Y DERECHOS HUMANOS / Ponencia del General y Doctor Joé Francisco Gallardo Rodríguez
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Francisco Rodríguez
 
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  MILITARISMO, REPRESIÓN Y DERECHOS HUMANOS / Ponencia del General y Doctor Joé Francisco Gallardo Rodríguez 29/Enero/2008 - 01:14

Foro Social Mundial, 22 de enero de 2008. 
 
 

       Militarismo, represión y derechos humanos.* 

   A Carmen Aristegui, líder de opinión de México y América, tu profesionalismo ha podido socavar los cimientos del poder corrupto que nos gobierna; tu honestidad abrió las rejas que me permitieron la libertad.      

   Compartimos Carmen: “todo lo que vaya contra el orden establecido es un deleite”. Con tu ejemplo de sencillez e inquebrantable dignidad nos sigues dando lecciones cotidianas de cómo no permitir que dicho ente abominable continúe impune e intocable. Fraternalmente. 
 
 

       I.- Fin de la unipolaridad 

       Después del colapso del bloque socialista, aparecen tres fuerzas económicas a nivel internacional: en el sudeste asiático, Japón, seguido de Hong Kong, Singapur, Corea y Taiwán; en Europa, Alemania; y en América, los Estados Unidos (EU), destacando además como la única hegemonía militar. En Asia, surge la naciente y ahora poderosa China. 

       El momento unipolar estadounidense después de la Guerra Fría, que subsistió en tanto fue sutil e indirecto, anuncian los acontecimientos actuales haber llegado a su fin. La realidad innegable es que EU, después de la invasión a Afganistán e Irak, no resulta lo suficientemente fuerte como para constituirse en una potencia imperial y recobrar su condición de potencia hegemónica. Esto significa que EU, para encontrar los balances de poder, tendrá que regresar a los mecanismos propios de la multipolaridad que él mismo aniquiló. 

       En la búsqueda de estos balances, EU ha subordinado la estabilidad del orden internacional a las exigencias de su interés nacional militarizando al mundo.  

        

       Ahora bien, un cambio en el modelo económico implantado en nuestro país desde 1982 en respuesta a los intereses de las transnacionales con la aquiescencia de los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional y del partido Acción Nacional (PRIAN), bajo el concepto de libre mercado, abre la economía nacional y privatiza las funciones del Estado. Así pues se plantea que la inversión privada, priorizando la extranjera, no la pública, son el motor del crecimiento y del desarrollo nacional. 

       En esta lógica, el poder que aparentemente se transforma de acuerdo a circunstancias históricas, adopta formas imperiales o hegemónicas a través de mecanismos consensuales para imponer las reglas del juego aprobadas por la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM); las disposiciones perversas del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLC) y las cláusulas democráticas son algunas de las formas -consensuales- establecidas por las relaciones de dominación. La hegemonía es una de las formas que asume la dominación.  

       Con el debilitamiento del imperialismo no se resuelve el fenómeno de dominación que abarca dimensiones tan complejas como las relaciones de género, de cultura, entre otras.   La lucha de los pueblos no se termina aboliendo las relaciones de explotación, sin duda importante, sino que, paralelamente hay que enfrentar problemas de clase, de discriminación, que tienen que ver con la difícil conformación de un tipo de sociedad impuesta antaño desde el exterior. La colonización no se realizó en el ámbito del trabajo o de la producción, sino en la conquista de las mentes; no sería posible explicar de otro modo la tónica militarista que invade la escena de las libertades, impulsada desde el neoliberalismo como mecanismo privilegiado de reordenamiento social.  

       La modalidad militarizada del capitalismo construye un imaginario social, sustentado en la existencia de un enemigo siempre acechante y legitima la visión de guerra entre las relaciones sociales y políticas. Supone pues, que la militarización de las relaciones sociales es un fenómeno complejo que no se circunscribe a una situación de guerra abierta, sino que incluye acciones de contrainsurgencia diversas, trabajos de inteligencia, control de fronteras, creación de bancos de información, introducción de nuevos estilos en las policías, seguridad interna, modificación de los estatutos de seguridad en el conjunto de responsabilidades y derechos de los Estados. 

       Así las cosas, el momento actual que descansa sobre la base de la militarización desde una visión estratégica hegemónica, no descarta la identificación de la guerra como elemento inmanente, consustancial a las relaciones capitalistas. 

       En esta circunstancia, el mercado no desaparece como rector, sino que la dimensión militar se sobrepone al mercado desplazándolo como eje conductor, es decir, el mundo adopta un contenido particularmente militarizado y es a partir de esta visión que la totalidad no sólo se reordena sino que cobra un nuevo sentido. 

       Este escenario es el telón de fondo que encubre el “Plan México o Mérida” que como se le quiera llamar es lo mismo, que hoy en día debatimos en México, una política de intromisión hacia el orden interno con el fin de apropiarse de los recursos energéticos de nuestro país, una visión de la seguridad nacional estadounidense para poder proyectarse como una fuerza hegemónica internacional.  

       George Bush, en la Estrategia de Seguridad de los Estados Unidos, 2002 anunció: “Somos una fuerza militar sin paralelo, tenemos el derecho de actuar en todo el mundo para imponer la economía de mercado y garantizar la seguridad energética y podemos atacar a quien consideremos una amenaza o a cualquier país que pueda convertirse en una competencia militar”. El derecho de actuar, para Bush, consiste en eliminar la soberanía de los pueblos; defender los intereses de las transnacionales y de las políticas de Estado estadounidenses; apropiarse de los recursos naturales y eliminar las leyes que impidan la explotación de los mismos; y liberar aún más los mercados. 

       En nuestro caso me pregunto ¿Y los poderes públicos y las fuerzas armadas? bien gracias, cumpliendo a pie juntillas los deseos de Washington, es decir, entregando al país. Viene a cuento el artículo 123 del Código Penal Federal  vigente, aprobado por el Congreso de la Unión en junio de 2007: Comete traición a la patria el mexicano que realice actos contra la independencia, la soberanía o integridad de la nación con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. 
 
 

       II.- Organismos Internacionales, instrumentos de la geopolítica imperiales 

       La globalización, etapa del capitalismo actual, ha generado la conformación de bloques geoeconómicos y geopolítico-militares dirigidos por los países más poderosos del mundo, a la cabeza: Estados Unidos (EU) en América, Alemania en Europa, China y Japón en el sudeste asiático; provocando una relación asimétrica entre los países del Norte y del Sur, que relega a los países de la periferia a dotar de materias primas y mano de obra barata a los líderes de esta nueva conformación mundial en el control de territorios.  Así las cosas, las grandes áreas del mundo están acotadas por acuerdos económicos, políticos y militares. 

       Bajo este escenario globalizador neoliberal, América Latina (AL) y en particular México quedan subordinados y dependientes de los EU, que además de surgir como primera potencia militar en el orbe -necesitan sumarse cinco potencias militares para igualar a la fuerza bélica estadounidense-,  y a diferencia de los bloques europeo y oriental -que se financian desde su lógica interna-, el coloso del Norte, históricamente ha tratado de establecer una relación neocolonial para someter a las soberanías de AL a sus intereses en la batalla por mantener su hegemonía, ahora amenazada por las versiones orientales del capitalismo. 

       Esta relación de corte neocolonial, EU la ha venido articulando a través de la implementación de planes y tratados, bi-trilaterales o multilaterales, maniobras encubiertas diríamos para imponerse a los Estados: el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN); el Área de Libre Comercio para América del Norte (ALCA); el Plan Colombia; el Plan Puebla Panamá (PPP); la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN); el Plan México o Mérida (PM); el Pacto Andino; el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-RD); el Tratado de Libre Comercio Chile-USA; la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA); entre otros, con el fin de  afianzar su influencia y poderío en la región e inducir las decisiones de la vida interna de los países latinoamericanos: seguridad, fuerzas armadas, energía, educación, salud, comercio, el campo, entre otras, es decir, aniquilar las soberanías y la autodeterminación de los pueblos. 

       En el caso mexicano el TLCAN fue planteado por EU como una estrategia, encubierta, para lograr el control absoluto del continente y asegurar un mercado cautivo, así como el suministro de materias primas y mano de obra barata. Situación que le da ventaja sobre sus principales rivales y competidores de los bloques económicos en Europa y Asia. El TLCAN que se extiende hasta la Patagonia a través del ALCA complementado con otros proyectos económicos, responde a una nueva conformación de la geopolítica y geoeconomía internacional para repartir el mundo. Actualmente en un segundo momento que combina intereses económicos relacionados con el acceso a zonas privilegiadas por sus dotaciones materiales, con una acción de control directo sobre las poblaciones y puntos geográficos determinantes estratégicos, es lo que obliga a que la implementación del proyecto económico  se militarice.    

       Además EU cuenta a su favor con instituciones como: La Organización Mundial de Comercio (OMC); el Banco Mundial (BM); el Fondo Monetario Internacional (FMI); la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); la Organización Mundial de Comercio (OMC); el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT); andamiaje que tiene por objeto proponer, implementar y garantizar la puesta en marcha de las políticas neoliberales y apuntalar los intereses de las trasnacionales principalmente estadounidenses para debilitar a los Estado nacionales del hemisferio y consolidar el mercado que según esta visión debe regular las relaciones sociales. 

       En este inicio de siglo XXI, estamos en presencia del asentamiento del sistema capitalista en su fase de globalización neoliberal para profundizar en las relaciones sociales: 1) explotación en lo económico; 2) dominación en lo político-militar, 3) enajenación y alienación en lo ideológico y cultural. Es decir, la implantación de un nuevo colonialismo.  

     Colonialismo: “concepto que hace referencia a los territorios ocupados y administrados por un gobierno anteriormente ajeno a éstos mediante la conquista o asentamiento de sus súbditos, y en el que por lo general se impone una autoridad extranjera. Puede hablarse de colonialismo cuando un pueblo o gobierno extiende su soberanía y establece un control político sobre otro territorio, o pueblo, como fuente de riqueza y de poder. Esta relación concluye cuando el pueblo subyugado alcanza su soberanía o cuando se incorpora a la estructura política de la potencia colonial en igualdad de condiciones”. 

       Escenario que se agrava con la actitud de gobiernos entreguistas, que al llegar ilegítimos al poder, no les importa ceder recursos estratégicos y soberanía para entregar al país. 
 
 

      III.- Qué hay detrás de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte  

       En Cancún, México, en marzo de 2006, se anuncia la formación del Consejo de Competitividad de América del Norte (CCAN), como uno de los ejes operativos de la ASPAN formalizada por los ejecutivos de Canadá, EU y México en marzo de 2005 en Waco, Texas; decisión unilateral que se hace en total hermetismo, sin la aprobación de sus legislativos, a espaldas de la sociedad y en colusión con el gran capital para fortalecer sus intereses en el marco del TLCAN. Este documento fue clasificado como reservado por el término de ocho años por Calderón-Muriño en decreto del 4 de diciembre de 2006.   

       El CCAN impulsado a partir del 15 de junio de 2006, tiene como antecedente una reunión que convino la cúpula empresarial de la región de Louisville, Kentucky, EU que incluye a la Coalición Norteamérica del súper-corredor -puerto multimodal terrestre- con una débil presencia de empresarios de Canadá y México. 

       Así las cosas, la cúpula empresarial que representa el CCAN, en la que EU tiene el mayor peso en términos estratégicos tanto en el mercado mundial como regional, está ligada al sector energía, a la explotación de minerales, biodiversidad, hidroelectricidad y recursos forestales. Ello supone profundizar en el saqueo de recursos naturales de la región, es decir, del despojo integrado en nombre de la “competitividad”, la “prosperidad” y la “seguridad”, pero de EU, líneas de acción trazadas en la ASPAN. 

       El CCAN previene que, “la prosperidad de EU depende fuertemente del suministro de energía importada”, por lo que Canadá y sobre todo México, quedarían subordinados a los intereses estadounidenses en nombre de la “prosperidad regional”.

       

       Así, “dada la importancia estratégica y la naturaleza del sector energético mexicano”, dice el CCAN, “México debe establecer y encabezar las iniciativas que aumentarán la competitividad en su sector”. Lo que se traduce en: abrir, desregular y desnacionalizar masivamente Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luz y Fuerzas del Centro y otras fuentes energéticas del país. Dicho de otra forma, entregar los recursos energéticos al extranjero. 

       Esta pretensión es recogida a pie juntillas por la oligarquía económica mexicana al asumir que la “competitividad”: es la capacidad de atraer y retener inversiones. Este concepto así concebido, está muy lejos de garantizar la seguridad nacional del país, si ésta es entendida dentro de la dimensión de soberanía. En concreto, el discurso imperial de la “competitividad” promueve mantener intocadas las políticas neoliberales, las condiciones de saqueo y profunda dependencia de la periferia y la brecha creciente entre ricos y pobres. 

       No sobra precisar que el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) incluye entre sus consejeros a representantes de empresas como Grupo Posadas, Peñoles, Grupo Imsa, Alfa Corporativo, Kimberly-Clark (EU) o Carlyle Group (EU), con Luis Téllez, actual Secretario de Comunicaciones y Transportes como representante clave y otros funcionarios incrustados en el gabinete que velan por intereses extranjeros.  

       Lo que implica un retroceso histórico del tal orden que nos coloca a finales del siglo XIX -época del porfiriato-, cuando la extracción de recursos naturales estratégicos estaba abrumadoramente controlada por el capital extranjero. Con la diferencia grave que en el siglo XXI, nuestro país es encausado a  un escenario de saqueo y subordinación más agudo, dado los inusitados ritmos actuales de extracción y consumo de recursos naturales; situación que se agrava frente a los límites ecosistémicos.  

       El histórico saqueo de recursos, de explotación de la fuerza de trabajo y de transferencia masiva de excedentes desde México a favor del gran empresario, en particular de EU, se agudiza con la política de “integración profunda” cuyo origen data de 2001, materializada de modo más elaborado desde la ASPAN y su CCAN a través de corredores productivos multimodales altamente vinculados al gran capital, daría cuerpo a la mencionada consolidación del país como centro multidireccional de transporte. 

       La urgente necesidad estadunidense de transformar “competitivo” a México a través de la construcción de infraestructura multimodal, estimula el incremento de la deuda público-privada y de los flujos de inversión extranjera directa con el consecuente aumento de la transferencia de materias primas y excedentes hacia el exterior (EU, BM-BID).  En el caso, las transferencias no sólo son en términos dinerarios, sino de manera excesiva de exportación masiva de recursos naturales a granel; un escenario en el que el uso y control asegurado de los recursos estratégicos para el desarrollo, se torna esencial de cara a las condiciones socioeconómicas nacionales frente a la vorágine mundial donde EU busca desesperadamente mantener su hegemonía. 

       A la resistencia del pueblo para que el gobierno ceda recursos energéticos a las trasnacionales y a las pretensiones hegemónicas de EU, tras el velo de la lucha antiterrorista,   México se militariza para inhibir la protesta social y controlar a la población a través del miedo. Luego la militarización es otra de las vertientes que anida la ASPAN. 
 

      III.- La Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, maniobra para apropiarse de nuestros recursos energéticos 

        Cuando se discutía la despenalización del aborto en México, curiosamente la diputación del Partido Acción Nacional (PAN) se apresuraba a anular la “Ley para Conservar la Neutralidad del País”, promulgada por   Lázaro Cárdenas en 1939: No será admitido ni podrá permanecer en puerto, fondeaderos o aguas territoriales mexicanos, ningún barco destinado o armado para la guerra de corso.  No será admitido sobre territorio mexicano, ni podrá permanecer en el mismo o sobre aguas territoriales, ningún aeroplano o nave aérea militares de país beligerante. La pretensión de anular esta ley tiene sus antecedentes en un diseño impulsado conjuntamente por el  aparato de seguridad estadounidense con empresarios y banqueros, funcionarios civiles y militares de Canadá, EU y México, discutido en septiembre de 2006 en una junta secreta realizada en Alberta, Canadá. 

       A pesar del secreto, documentos filtrados a la prensa permitieron ofrecer la lista de los participantes y una síntesis de los aspectos generales sobre los asuntos de seguridad;  es decir, la agenda de seguridad que Washington había trazado para México y Canadá por medio de la Alianza para la Prosperidad y Seguridad de la América del Norte (ASPAN), un dispositivo puesto en marcha por George Bush sin aprobación legislativa y refrendado por  los ejecutivos de Canadá y México en 2005, igual sin la aprobación legislativa, diría la canciller mexicana “es un acuerdo político”, por tanto el Congreso no puede meter la mano. 

       Por lo que toca a México, a los potentados del poder económico y la derecha, les estorba cualquier legislación que impida disponer de los recursos naturales y energéticos de la nación y ponerlos a disposición del capital extranjero, por ello la iniciativa de anular la “Ley para Conservar la Neutralidad del País, 1939”. Y lo más grave la iniciativa fue presentada por la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados presidida por militares: Generales Diplomados de Estado Mayor Jorge Justiniano González Betancourt (PAN), Roberto Badillo Martínez (PRI), y el Oficial de la Marina Marco Antonio Peyrot Solís (PAN). 

       Complacientes -la oligarquía y la derecha- con la política de Washington, a pie juntillas aceptan su agenda policiaco-militar encaminada a desmantelar el aparato judicial y al poder armado del Estado, no sólo  adoptando medidas de un “Estado de excepción” criminalizando la protesta social e inhibiendo a la sociedad a través del miedo, sino también proyectando el complejo militar estadunidense (aéreo, naval y terrestre), dentro del territorio nacional; incluyendo a las fuerzas especiales, por medio de mecanismos como el Comando Norte  establecido por el Pentágono en 2002, y el Comando Aéreo existente desde la Guerra Fría con programas de “ayuda y asistencia militar” y ejercicios conjuntos.  

       Es un desbordamiento sin precedente de la fuerza militar de EU que deroga, mediante la desarticulación de los instrumentos para el ejercicio de la violencia legítima, la jurisdicción del Estado-nación mexicano y canadiense. Se lleva a cabo gradualmente, bajo el concepto y proceso “post wesfaliano”, de una “integración profunda”, un eufemismo de ocupación o anexión que aniquila la noción de igualdad jurídica de los estados a favor del coloso del Norte. 

       Apunta la Dra. Ana Esther Ceceña en su libro “Hegemonías y Emancipaciones en el siglo XXI”: los asuntos militares constituyen uno de los campos de expresión de las relaciones de poder y de competencia que rigen la sociedad capitalista. Con un estatuto diferente pero con una lógica común de competencia, de sumisión del otro y de imposición de las reglas del juego, las políticas militares transcurren a la par con las políticas empresariales. 

       Particularmente, la visión de totalidad implícita en la misión militar, coincide con la de las grandes empresas trasnacionales que impulsan procesos de producción o comercialización en dimensión planetaria y que se posicionan en el mercado o en la competencia a través de estrategias de ocupación, dominación o control trazadas deliberadamente. En ambos casos, hay un estudio del campo de batalla y una planeación de acuerdo con los escenarios probables, con el objetivo a alcanzar y con el enemigo a vencer, que puede ser, indistintamente, preciso o difuso. 

       Así, el ASPAN es una maniobra encubierta de EU -actividades destinadas a influir en las condiciones políticas, económicas o militares de un país, procurando que la intención no sea evidente o reconocida públicamente- para apropiarse de los recursos energéticos, motor que garantiza la producción, el entretenimiento, la provisión de servicios y la mayor parte de las actividades cotidianas de la sociedad moderna. Su control, por supuesto a través de la militarización, permite tener una plataforma segura de despliegue y una capacidad de negociación privilegiada con el resto del mundo. La esencia de los energéticos y su carácter no renovable, colocan a  EU en el centro de la lucha hegemónica y, en la medida que su uso es creciente, conducen a una carrera desenfrenada por su monopolización. 

       La seguridad nacional de EU se construye a partir de su posición de carácter hegemónica. Es por eso que su ámbito de seguridad está planteado desde la perspectiva planetaria en vez de ceñirse a su propio territorio; así, la seguridad de EU depende de su capacidad de control y dirigencia sobre el resto del orbe. Su planeación estratégica depende del reforzamiento de su solidez interna, a la vez que del ordenamiento de los recursos, población y territoritos de acuerdo con su concepción hegemónica. 

       En México parece que los órganos de inteligencia no perciben esta situación; por tanto los aparatos de seguridad ubican al “enemigo” dentro de las fronteras nacionales; por ello las declaraciones de Felipe Calderón a raíz de los ataques contra instalaciones petroleras en los estados de Querétaro y Guanajuato en julio, y Veracruz y Tlaxcala en septiembre de 2007: “Hago un llamado a la unidad nacional y a condenar a los enemigos de México que buscan dañar con actos criminales el desarrollo del país y amenazan la seguridad y la paz”. También exigió un deslinde de todos los actores sociales y políticos para que se sepa de una vez quiénes apoyan o toleran, así sea veladamente, actos violentos; cuando Calderón debería reconocer que las amenazas a la seguridad y a la paz provienen del exterior y de la ineficacia de su gobierno para resolver asuntos añejos de justicia y de carácter social.  
 

       IV.-  Ejército, Justicia y Derechos Humanos 

       ¿Qué creen ustedes que esperábamos los mexicanos cuando Felipe Calderón tomó posesión de la presidencia apoyado en los militares? Una persistente y sistemática violación a los derechos humanos, el desconocimiento del Estado de derecho, la utilización indiscriminada del ejército para dirimir conflictos sociales, el auspicio de la corrupción y de la impunidad; y el uso de la tortura como práctica de investigación policiaca tal cual lo han denunciado organismos internacionales de derechos humanos, desde su prestigiada y alta autoridad moral, en su visita a México en 2007: La Relatoría de la Organización de las Naciones Unidas; La Cruz Roja Internacional; la Comisión Interamericana de Derechos; el Observatorio Civil Internacional de los Derechos Humanos; Amnistía Internacional y los señalamientos de Human Rights Watch (HRW) en el Informe Avances y Desaciertos en Derechos Humanos, 2006.

       

       Y bien dice Irene Khan Secretaria General de Amnistía Internacional, “la política en materia de derechos humanos del gobierno mexicano es ‘esquizofrénica’, pues mientras en el ámbito internacional México es ‘un campeón’ en la promoción de esas garantías, en lo interno se continúan violando los derechos humanos de la población”. 

       Cierto, en México tenemos más de 240 leyes federales, tres veces más de locales y enésimos tratados internacionales que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, todos han sido celebrados por el presidente de la República y aprobados por el Senado, ninguno se contrapone a nuestra Constitución, sin embargo, no se cumplen; pero el asunto es endémico, tampoco se cumple la Constitución, tal cual lo señalan los monitores sobre derechos humanos.  

       Por tanto, los representantes de los organismos de derechos humanos no se deben preocupar por lo que respondan los funcionarios -políticos y militares, ministro, jueces y congresistas- a los sus señalamientos y tribulaciones, esto se entenderá si se parte de que están ante una caterva de cínicos y criminales, que a nadie representan y llegaron al poder para enriquecerse. El prestigio y honra de las instituciones de derechos humanos que dignamente son presididas están a salvo; así lo aprecia la comunidad internacional y la sociedad mexicana.

        

       Por otra parte, la propuesta de reforma al sistema de justicia enviada por el presidente Calderón al Congreso de la Unión, sobrepone la seguridad del Estado a la seguridad humana, cuando en una democracia la seguridad del Estado gira en torno al respeto a los derechos humanos. La administración de justicia en México se distingue por su carácter venal, en que todo está sujeto a precios y tarifas; y por sus rasgos autoritarios en donde la verdad se tuerce y se establece no conforme a los principios de la ley y menos de la justicia, sino en función del interés del poder.

       

       Quiero decirles, honorabilísimos defensores de los derechos humanos, que aciertan en sus cometarios en sus entrevistas con el primer mandatario “la estrategia del sistema de justicia y seguridad pública debe estar basada en el apego y garantía de los derechos humanos, pues la actual propuesta sobre esas temáticas no incluyen: Primero, mecanismos independientes e imparciales de rendición de cuentas para policías y agentes del Ministerio Público, lo cual permitiría, dijeron ustedes, garantizar que el poder con que éstos cuentan no sea excesivo.

       

       Segundo, la iniciativa presidencial no garantiza que los procedimientos judiciales se apeguen ‘de manera efectiva’ a los derechos de defensa, lo que sería ‘la mejor manera de prevenir errores en la justicia, garantizar los derechos tanto de aquellos de los que se sospecha como de los que acusan, y así lograr que los que son culpables sean castigados adecuadamente, con lo que se obtendría justicia para las víctimas del crimen. Tercero, debe analizarse la supervisión judicial de policías y agentes del Ministerio Público para prevenir prácticas abusivas, como la tortura y malos tratos a los sospechosos de cometer algún delito durante el proceso de investigación”.  No obstante que Calderón asintió y coincidió con ustedes, como les comenté en pláticas que sostuvimos, falta que Calderón lo demuestre con hechos concretos.

       

       El asunto de la jurisdicción militar ha sido un tema recurrente, el mismo diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos elaborado en 2004 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, señala: “El personal militar parece ser inmune a la justicia civil y generalmente protegidos por la justicia militar”. Y en base al Relator especial sobre la tortura, Nigel Rodley, recomienda que “en los casos de delitos graves cometidos por el personal militar en contra de civiles, en particular tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, deberían, independientemente de que tuvieran lugar en actos del servicio, ser conocidos y ventilados por la justicia civil”. 

       Ustedes subrayaron, que “cualquier abuso a las garantías ciudadanas cometido por militares debe ser investigado por la justicia civil y no por la militar, moción con la que igualmente coincidió el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas”. En el mismo sentido les reiteré, Calderón miente, que nos lo demuestre con hechos. En los 13 meses que van de su administración, los militares, uniformados de verde olivo, con camuflaje de gris -Policía Federal Preventiva- o de cualquier vestimenta policiaca, han abusado de la población impunemente, ha habido cientos de encarcelados, desaparecidos, torturados, ejecutados; niñas, mujeres y ancianas violadas. Lo que deja ver que entre el presidente y el ejército hay un pacto antidemocrático perverso: “lealtad institucional” a cambio de impunidad.  

       En México, como en cualquier democracia incipiente, los poderes públicos todavía confunden a la defensa nacional con la seguridad interior; por ello, en colusión involucran al ejército en las labores policiacas donde tiene como misión fundamental la prevención y lucha contra las alteraciones del orden interno; el control de la disidencia política y de los conflictos sociales; y la lucha contra el narcotráfico. Es decir, para las fuerzas armadas el “enemigo” está dentro de las fronteras nacionales. Además, esta confusión se caracteriza por la carencia de organismos eficientes de inteligencia civiles y por la supremacía de los organismos de inteligencia militar, con competencia ampliada a la inteligencia interior, incluyendo la inteligencia política y policial que por eso mismo es deficiente y menos cumple con los requerimientos de Estado y de seguridad nacional. Por ello se ha dado la infiltración del narcotráfico y del crimen organizado a las instituciones.  

       

       Así las cosas, nuevamente los organismos de derechos humanos atinan en su comentario, en uno de los males endémicos que laceran la conciencia ciudadana: las funciones del ejército como policía. Bien le decían a Calderón “las labores de militares en tareas de seguridad pública, propician que se incrementen las violaciones a los derechos humanos, por lo que tendrían que basarse en lineamientos de las policía internacional”.  Al respecto  comentaba a los defensores de los derechos humanos que,  la presencia militar en labores policiacas demuestra la ineficiencia de la autoridad civil para cumplir con una responsabilidad constitucional principalísima: la seguridad pública cuyo primer responsable es el poder ejecutivo federal tal cual lo marca nuestra Constitución en su artículo 21; esa ineficiencia se arropa o se justifica en la corrupción policiaca, pero creo que a casi doscientos años de que México es independiente ya deberíamos tener una policía profesional honesta con alto reconocimiento social y capaz de cumplir con las funciones de seguridad pública, que es responsabilidad única y exclusiva de las autoridades civiles y no de las militares. 
 
 
 

       Sé que al concluir la visita a México de los organismos defensores de los derechos humanos se van con un mal sabor de boca; a los que luchamos por los derechos humanos nos dejan un gran legado de fortaleza y honestidad para no claudicar en la brega; a las autoridades un reto “la prueba verdadera para la actual administración federal acerca de las garantías fundamentales, será poner fin a la impunidad que prevalece en México, establecer un sistema adecuado de rendición de cuentas para policías, militares y agentes del ministerio público e incluir en la Constitución las garantías de los derechos humanos plasmados en tratados internacionales”. Pues bien subrayan, “en México persisten violaciones a las garantías fundamentales, como tortura, malos tratos, detención arbitraria, juicios injustos y violencia contra grupos vulnerables, incluidas mujeres e indígenas”. 

       La tesis “Ejército y Sociedad en México.  Reforma de las Fuerzas Armadas” que puse en manos de los defensores de derechos humanos, de la sociedad, de la comunidad universitaria y científica, del alto mando militar y del Congreso de la Unión, dará luz sobre la militarización que vive nuestro país, de cómo hacer responsable a la autoridad civil de sus obligaciones constitucionales y de cómo transformar a las fuerzas armadas en una institución de Estado al servicio de la patria. 
 

       V.- Misiones y funciones de las Fuerzas Armadas 

       El tema de qué papel corresponde desempeñar a las fuerzas armadas dentro del Estado, es tan antiguo como su misma organización y ha merecido la atención de los pensadores más ilustres, desde Maquiavelo, y Clausewitz, hasta Tocqueville, Weber y Huntington. 

       Pese a no ser nada nueva la cuestión del control civil sobre los militares, después de la primera mitad del siglo XX, adquirió una amplitud y derivaciones sin precedentes. Por primera vez en la historia moderna las democracias del mundo occidental se ven en la necesidad, en tiempo de paz, de saber, conocer y tener un control más firme sobre sus fuerzas armadas. De todas partes llegan advertencias sobre los riesgos que corren las instituciones democráticas por el surgimiento e influencia de la élite militar. 

       El verdadero problema del control civil sobre el poder militar no es tanto la recuperación del principio de primacía de la política, en cuanto a su modificación y adaptación a las circunstancias; ni tampoco de la preeminencia de lo civil sobre lo militar, sino que la relación civil-militar que se da en un Estado, es un asunto de seguridad nacional.  

       La relación civil-militar, aun en tiempos de gran tensión, refleja la característica subyacente más difundida de la totalidad del sistema político de un país. La fuerza y debilidad de la relación civil-militar, manifiesta por tanto, la condición del conjunto del Estado y es un componente crucial en la definición de la democracia.  

       Así las cosas, a casi doscientos años de ser México independiente, a un siglo de la revolución de 1910, y noventa de la Constitución de 1917, México ha sido proclive a una transformación democrática: se definieron los ámbitos del Estado y de la iglesia; se formaron las instituciones y el sistema de partidos; el poder civil tomó las riendas del gobierno; se fortaleció la universidad pública y el sindicalismo; se crearon organismos autónomos del gobierno; la política exterior ha sido digna de alabanza; se ha consolidado el parlamentarismo y la participación ciudadana; se han acotado los poderes presidenciales; se ha renovado el sistema político y electoral. Sin embargo, las fuerzas armadas, enclaustradas en el tradicionalismo, se encuentran ajenas a este impulso renovador democrático. 

       Los acontecimientos actuales en nuestro país, nos llevan a examinar la permanencia de un viejo arreglo entre civiles y militares, pacto no escrito de prebendas y concesiones, es decir, la relación civil-militar que corresponde al  México  militarizado  de  principios  del  siglo XX cuando se daba la  lucha de facciones. Claro, hoy estamos en otro contexto, aun cuando el país se encuentra inmerso en una transformación política, económica y social, de la cual las fuerza armadas se han mantenido exentas. 

       Actualmente las fuerzas armadas son los únicos organismos que se encuentran al margen de la rendición de cuenta, son las instituciones que menos transparencia tienen en relación con el poder que ostentan, y además  se han insertado en importantes espacios de seguridad pública, inteligencia, y justicia en una coyuntura de crisis institucional en donde su principal misión, abandonando su función constitucional: defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación,  ha sido la de sustituir a los cuerpos  policiacos en la lucha anticrimen. Asentaba Felipe Calderón en la reunión de gobernadores en Tlaxcala: "o restablecemos el orden y las condiciones mínimas de seguridad, o México no saldrá adelante. Las condiciones de seguridad del país llegaron a un deterioro insostenible”.

       

       Ante la severa carencia de instituciones de seguridad y justicia, a la par de la  de corrupción e impunidad que permea a dichas agencias del Estado, la élite política ha decidido atemperar este problema abriendo  éstos espacios a la participación activa de las fuerzas armadas. Con los consecuentes fracasos, las violaciones a los derechos humanos y la contaminación del cuerpo militar.  

       Tal cual responde el gobierno calderonista a las indicaciones de Washington en el informe ante el Congreso sobre la evaluación del panorama mundial, Condoleezza Rice indicó: “el gobierno mexicano debería hablar y actuar en el sentido que las leyes de Estados Unidos deben ser respetadas”, y consideró: “que el gobierno de México entiende que así debe ser”. ¡Claro, y así es! 

       La política estadounidense hace ya más de una década, ha sido la de involucrar a las fuerzas armadas en asuntos de carácter  policiacos y de lucha antidrogas. La hegemonía militar en el continente únicamente corresponde a la fuerza militar de EU por ello la creación del Comando Norte en abril de 2002. Ello tiene un fin, debilitar el poder armado del Estado mexicano y por tanto, la protección de los recursos estratégicos del país que están bajo el acecho permanente de Washington. 

       La inseguridad en México no tiene su origen en la amenaza armada procedentes del exterior, ni en grupos de poder que quieran derrocar al gobierno. Más bien provienen de añejos problemas sociales y de injusticia irresueltos, de la ilegitimidad de los gobiernos, de la impunidad, de los poderes de facto; es decir, las amenazas a la seguridad interna -léase seguridad pública-, tienen su origen en la cúpulas del poder y en la insaciable obtención de riqueza de la oligarquía económica que hoy gobierna a México.  

       Preguntamos ¿cuándo terminará esta lucha, si se combate desde un  ámbito diferente? Dicho de otra forma, cuándo se van a atender los problemas sociales y de justicia si el gobierno ha decidido atacarlos con la fuerza militar. 

       Así las cosas, cuando desde una visión de izquierda -no digo de partidos- hablamos de Estado de derecho, tiene que ver con la legitimidad, no con la legalidad; con la justicia, no con el derecho; con la seguridad humana, no con la seguridad del Estado; con el bienestar común y el reparto de la riqueza, no con el consumismo y despilfarro de la clase adinerada. 

       Claro, desde una visión de derecha, los asuntos de inseguridad se resuelven con más militares, más policías, más cárceles y con leyes más duras. Desde la izquierda, se solucionan con más escuelas, más hospitales, más centros culturales, más justicia, más empleos, más investigación, es decir, educando y cultivando a la población para construir un sólido tejido social que es donde radica el poder de una nación.  

       Decía Clausewitz: la superioridad de los pueblos en virtud de sus fuerzas espirituales, de sus valores morales, cuya estrecha vinculación con los medios materiales los hacen invencibles. 

       Este impulso para construir el tejido social que queremos erigir  desde los espacios democráticos, será ahogado por la participación militar en los asuntos que no les competen. 

       Siendo reiterativo “la activa participación de los militares en los asuntos de carácter civil, trastoca el orden constitucional y jurídico del Estado”. Finalmente en tanto más permanezcan los militares fuera de sus cuarteles y del cauce constitucional; más tardaremos en solucionar los problemas de inseguridad, alcanzar la justicia y la democracia en México.      
 
 

       VI.- Conocimiento de la institución militar 

       Para saber cuál es el papel que corresponde a las fuerzas armadas en los tiempos modernos, que no es nada nuevo: es, en realidad, tan antiguo como la propia organización del Estado, se necesita conocer a la institución.  

       El ejército, por su tamaño y naturaleza, es una organización social compleja; tiene carácter público y está altamente diferenciada en su interior respecto a las demás organizaciones estatales. El núcleo profesional que adopta las decisiones en su seno, es a su vez un grupo social de gran influencia en el conjunto de la sociedad. Ello se debe a la importancia, cualitativa y cuantitativa, de sus recursos organizativos, sin hacer mención de su condición de administrador de los medios de violencia, de sus elevada cohesión en comparación con otros grupos decisores, y de su posesión de diversas tecnologías no exclusivamente militares. No hay otra organización social, dentro del Estado, que disponga de expertos en áreas tan disímbolas como la administración, la logística, la ingeniería, el derecho, la medicina, los sistemas de comunicación, la educación el aprovisionamiento, etc. 

       Desde otra perspectiva, hay pocas organizaciones con una capacidad de control sobre las decisiones individuales de sus miembros, comparable, en ámbito y en profundidad, a la  ejercida por la organización militar. 

       Decía Maquiavelo: “El jefe de Estado debe ser un estudioso  de las empresas militares; no debe reposar ni dar tregua hasta alcanzar el desarrollo profesional del ejército. La experiencia en el manejo de la milicia, es una forma que permite no incurrir en errores y desaciertos que, en otras latitudes, han significado la caída de gobernantes. Retener la autoridad del Estado con bases seguras, es condición innegociable de sobrevivencia y soberanía”. Esta concepción adquiere gran valor en la actualidad. 

       Así las cosas, desde el inicio de esta administración de Calderón se insiste en el respeto al Estado de derecho, con lo que se quiere significar, desde los orígenes del Estado constitucional, que la organización política de la vida social, las instituciones y el gobierno, debe estar sujeta a procedimientos regulados por la ley. Últimamente el concepto pasó a incluir la legitimación democrática del poder del Estado, que también tiene que estar sometido a la norma jurídica. Por tanto, el Estado de derecho supone el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, la responsabilidad del Estado y la legitimación democrática del mismo. 

       Durante estos primeros trece meses que corren del gobierno calderonista, los problemas sociales han sido interpretados -y aún más grave- desde una visión de  Estado de derecha, lo que toma mayor relevancia si se trata de una venganza política en contra de aquellos sectores que votaron contra el régimen. 

       Esta actitud se ve reflejada en el presupuesto enviado al Congreso recientemente por el ejecutivo federal. En el proyecto se da prioridad a la seguridad destinándole un gasto exorbitante. Por otra parte se reduce drásticamente el de cultura y educación, cuando las amenazas a la seguridad nacional pueden provenir de los aspectos sociales desatendidos y de la confrontación política que actualmente vive el país que es soslayada por el gobierno.  

       Por otra parte, si bien el presidente constitucional debe recurrir a toda la fuerza del Estado para preservar la seguridad nacional y para ello tiene que disponer del ejército (art. 89), como en los casos de Oaxaca, Michoacán y Baja California, lo cierto es que no se decretó el estado de excepción que previene la Constitución (art.29) para que pudieran actuar las fuerzas armadas fuera de sus cuarteles; pero además dentro de un marco jurídico que es necesario para evitar los abusos de poder y garantizar la rendición de cuentas. De esta manera, el ejército está operando fuera del cauce constitucional, cuando tiene la encomienda de tutelar la soberanía nacional. Dicho de otra forma, gobierno y ejército conspiran contra la Constitución. 

       Ya adelantaba que, desde la toma de posesión de la actual administración se iba a trazar el nuevo tipo de relación civil-militar que se tendría en este sexenio. Desgraciadamente para nuestra incipiente democracia, Calderón toma posesión apoyado en el ejército, lo que de entrada establece una supremacía del poder militar sobre el poder civil; relación ésta, contraria a todo intento de democratizar al país. Tal situación fortalece la impunidad en la que se han mantenido los militares desde hace varias décadas; además acrecienta las prerrogativas del alto mando y el gasto de defensa, cuando el país requiere urgentemente la atención de programas sociales. 

       Decía Calderón en su campaña por la presidencia: “Vamos a rebasar a la izquierda por la izquierda”. Si ello fuera así, ya hubiera decretado una ley de amnistía para liberar a los más de mil doscientos presos políticos que se retienen hasta en cárceles clandestinas; hubiera recortado el presupuesto reservado a la seguridad y fortalecido el de educación, salud y el destinado a atacar la pobreza; además hubiera encarcelado a todos aquellos criminales por actos de corrupción y por violaciones a los derechos humanos; debiera resolver las cuentas pendientes con el pasado, que impiden una reconciliación nacional y que México avance realmente en la democracia.  
 
 
 
 
 

        * Por: José Francisco Gallardo Rodríguez. General Brigadier del Ejército Mexicano y Doctor en Administración Pública (Mención Honorífica), por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Correo: generalgallardo@yahoo.com.mx  

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