El Gobierno quiere evitar cualquier tipo de intromisión de los tribunales de justicia en la polémica que mantiene con los militares sobre los criterios que aplica a la hora de repartir en las nóminas el denominado componente singular del complemento específico, una cantidad económica que se asigna a cada profesional en función del puesto de trabajo que desempeña. Para su contestación a la petición de información que han hecho muchos de los afectados, ha decidido utilizar la fórmula del oficios, y no de resoluciones administrativas. Con esta medida, los interesados no pueden impugnar las decisiones en los tribunales y por tanto el Gobierno evita que éstos le puedan en su caso obligar a atender sus peticiones.

Esta es la versión que sostiene la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), a la hora de valorar la forma en que el Gobierno está empezando a contestar a las instancias que los militares comenzaron a enviar el pasado mes de marzo al director general de Personal, para que les informara de la forma de aplicación del nuevo reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas.

La polémica que aún mantienen militares y Gobierno se remonta a enero de este año, cuando comenzaron a cobrarse las primeras nóminas, elaboradas en función del Real Decreto 1314/2005 de 4 de noviembre de 2005 donde se aprueba el nuevo reglamento de retribuciones, que reduce a cuatro complementos los treinta y cinco que existían con anterioridad.

El problema, tal como informó ABC en su momento, comenzó cuando los militares no tenían claro en función de qué criterios se cobraban una serie de complementos y comenzaron a enviar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cartas en las que expresaban su malestar y pedían una aclaración a cada caso.

La mayor parte de estas cartas quedaron retenidas en las diferentes unidades y fue el director general de personal del Ministerio de Defensa quien las contestó. Sin embargo, estas respuestas no satisficieron a los afectados y optaron por enviar instancias, en las que pedían una resolución administrativa a cada caso particular, ya que, en en el supuesto de no estar de acuerdo con la decisión tomada, advertían que utilizarían «las vías de revisión y/o impugnación previstas en el ordenamiento jurídico, en defensa de sus legítimos intereses».

Las respuestas a estas instancias, por parte del Ministerio de Defensa, están comenzando a llegar ahora pero, en esta ocasión, el encargado de contestar a los militares ha sido el subdirector general de Personal.

Polémica
Unas cartas que han vuelto a levantar la polémica, ya que el formato utilizado ha sido el oficio y no una resolución administrativa. Esta circunstancia, a juicio de la AUME, trata de evitar que los afectados impugnen la respuesta gubernamental ante los tribunales.

«El Ministerio de Defensa se ha salido por la tangente -dice Mariano Casado, secretario general de esta asociación militar, en declaraciones a ABC-, porque al dictar un acto administrativo evitan que se pueda interponer un recurso por el conducto judicial». Desde la AUME se llega a afirmar asimismo que el Gobierno está «utilizando un fraude de ley y puede entenderse que quieren evitar una resolución judicial que ponga en evidencia que el reparto salarial se ha hecho mal».

Junto a las críticas por el procedimiento utilizado por el Ministerio de Defensa, esta asociación militar afirma que tampoco se ha dado respuesta a las cuestiones que se habían solicitado» y que las respuestas vuelven a ser, como en otras ocasiones, vagas e imprecisas.