«Me cuesta creer que haya muchas denuncias falsas de mujeres agredidas»

Lleva seis meses como fiscal de la comunidad autónoma de Castilla y León en Valladolid, una plaza creada recientemente tras la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y entre cuyas funciones está la inspección del trabajo en varias fiscalías provinciales en estrecha dependencia del Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma. Cándido Vázquez de Prada (Valladolid, 1952) ingresó en la carrera fiscal en 1978 y su primer puesto fue Arévalo. En su historial figuran destinos en Ponferrada, Palma de Mallorca y en 1988 ocupó una plaza como fiscal jefe en funciones en Segovia. Desde 1989 hasta el pasado año ha desempeñado la defensa del Ministerio Público en la Fiscalía de Valladolid.

-La labor principal será encargarse de los asuntos contencioso-administrativos y sociales de las dos Salas que hay aquí, en lo que a la intervención del Ministerio Fiscal se refiere. También corresponde a la Fiscalía de la Comunidad la inspección ordinaria de las fiscalías provinciales. Hasta ahora estos órganos no estaban inspeccionados por la Fiscalía del TSJ sino por la Inspección de la Fiscalía General del Estado y esto es una novedad. En el Orden Social se notifican actualmente en Valladolid alrededor de 250 sentencias al mes, sobre todo las relacionadas con despidos e incapacidades permanentes. El objetivo es conocerlas para interponer en su caso recursos de casación de unificación de doctrina. En la jurisdicción Contencioso-administrativa, en los últimos meses hemos tenido un volumen muy importante de recursos, más de 400, relacionados con la asignatura de Educación para la Ciudadanía, de casi toda Castilla y León.

-La Fiscalía entiende que no existe vulneración de este derecho fundamental en contra del criterio de algunos padres. Creemos que no hay vulneración del derecho a la libertad religiosa o ideológica, ni del derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación que estimen más conveniente. En este sentido, la alusión a la objeción de conciencia que alegan los padres, de acuerdo con el artículo 30 de la Constitución Española se refiere a la prestación del servicio militar y no se puede hacer extensiva a otros supuestos. No obstante, el TSJ ha concedido, aunque la Fiscalía no esté de acuerdo, la suspensión cautelar para aquellos alumnos que tienen que estudiar la asignatura este año, hasta que no haya una resolución firme, que podrá ser del Tribunal Supremo.

-Pues que no es cierto. En Valladolid, en concreto, cada vez se ha ido defendiendo más el interés de la ley y actuando con objetividad. Y a nivel público, las fiscalías están abiertas para todos aquellos ciudadanos que quieran poner una denuncia.

-Está claro que el trabajo está yendo a más en estos órganos, sobre todo por el incremento de las especialidades nuevas como puede ser la violencia doméstica o la defensa del medio ambiente.

-Creo que las mujeres denuncian más y cosas que antes se callaban en una familia, ahora se denuncian. Se denuncia cualquier infracción por leve que sea y eso aumenta el trabajo judicial. Además se está concienciando públicamente a las mujeres. También existe una idea de que por presentar una denuncia por vía penal se consiguen más rápidamente las medidas civiles, ya que los juzgados de Violencia sobre la Mujer también resuelven divorcios y medidas relacionadas con los hijos.

-Me cuesta creer que haya muchas. Pueden existir algunas que no se ajusten a la realidad y otras que se revistan de exageración para resaltar la gravedad de los hechos. Pero para eso están las pruebas que deben de valorar el juez y el fiscal.

-Lo que está claro es que la ley es diferente y trata de proteger a un determinado sexo más que otro, por las circunstancias que todos conocemos.