La Transición, mal llamada modélica, de la dictadura a la democracia, cambió algo esta cultura de la corrupción, aunque continúa muy acentuada en grandes sectores de la burguesía española (de todas las nacionalidades y regiones de España) como lo atestiguan, entre muchos otros ejemplos, el caso Gürtel y su conexión con la derecha española, y el caso Millet y su conexión con la derecha catalana. La juventud debería saber que durante la dictadura hubo miles y miles de casos Gürtel y casos Millet. La diferencia –una muy importante– es que ahora bastantes terminan en los tribunales, como ha ocurrido en estos casos, mientras que durante la dictadura muy pocos terminaron en ellos. Es interesante señalar, a este respecto, que una de las primeras cosas que hizo Félix Millet cuando llegó la democracia fue transferir parte de sus fondos a cuentas secretas en Suiza. Antes no creía que le hiciera falta. Podía depositar los frutos de su latrocinio en cualquier banco o caja española sin ningún temor. Pero cuando vino la democracia, la burguesía tenía el temor de que las izquierdas pudieran interrumpir aquellas prácticas corruptas. Pero en Catalunya ganó la derecha, que gobernó durante 23 años.
La burguesía catalana –sectores de los cuales se autodefinieron como catalanistas– había tenido relaciones privilegiadas con aquel Estado fascista. Apoyó con todos sus medios el golpe militar que les protegió de las fuerzas democráticas, que probablemente las hubieran encarcelado, y confiscado sus bienes. El padre de Félix Millet, un burgués catalanista de la democracia cristiana catalana (y director del diario católico conservador El Matí) no tuvo ninguna duda, como tampoco la tuvo la mayoría de la burguesía catalana, en anteponer sus intereses de clase a los de la nación catalana apoyando el golpe militar que estableció un genocidio cultural contra Catalunya. Se convirtió en un hombre de confianza del dictador en Catalunya. Fue, también, presidente del Banco Popular. Tal burguesía puso en marcha un proyecto, tolerado por el dictador, de establecer un catalanismo conservador, eliminando cualquier señal de catalanismo laico y progresista. Parte de este proyecto fue el Orfeó Català, el cual dirigió el padre de Millet en 1951.
Se puede ver estos días una interesante exposición en Figueres de cómo los grandes nombres de la burguesía catalana (tales como los dirigentes de la Lliga, así como Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Josep Pella i Morgues y otros) depuraron todos los elementos progresistas del catalanismo progresista y laico. Se silenció así el hecho de que las sociedades corales, por ejemplo, habían sido la voz de la clase obrera en Catalunya, y que los jóvenes republicanos bailaban sardanas con un amplio repertorio de narrativas revolucionarias, escritas por el mayor compositor de sardanas, Pep Ventura, definido por la historia tergiversada del sardanismo (que ha purgado sus orígenes populares y obreros) como un “hombre de origen humilde”, expresión utilizada por la burguesía para definir a una persona de origen obrero. Fue esta visión de un catalanismo burgués y conservador, de carácter esencialista y fundamentalista, la que fue promovido por la derecha catalana, que gobernó en Catalunya durante la mayoría del periodo democrático.
Millet hijo sucedió al padre y mostró no tener ningún conflicto entre ser miembro del consejo director de FAES (el centro aznariano de estudios del pensamiento profundamente conservador nacionalista español) y ser presidente de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, presidente del Orfeó Català, vice-presidente del Consorci del Palau de la Música Catalana y dirigente de muchas otras instituciones catalanistas importantes, estando también en la dirección del Liceo (que todavía tiene una placa en honor del fascismo), el Círculo Ecuestre y muchas otras instituciones del establishment catalán. En definitiva, era uno de los 400 integrantes de las familias que, según había indicado el propio Millet junior, han regido y gobernado Catalunya durante 70 años.
El oasis catalán, durante el periodo democrático, estaba basado en una represión que reproducía el enorme dominio de clase que se perpetuaba a base de un sistema de redes clientelares, del cual CiU era su rama política. Llevaba razón el ex fiscal Jiménez Villarejo, cuando, en una entrevista a El Punt, señalaba que “el caso Millet no es nada más que la continuación de los casos de corrupción de CiU” (23-10-09). El favoritismo a las empresas que pagaban un “impuesto” al partido (caso Caric), las famosas concesiones a la Lotería de la Generalitat (caso Casinos), el caso de la Banca Catalana, el caso Anheuser Busch, el caso del “empresario modélico” Javier de la Rosa, el caso Treball, el caso Turisme, el caso Adigsa, y muchos otros casos son los precedentes del caso Millet. De ahí que los dirigentes de este catalanismo burgués estén preocupados y vean que su Catalunya está siendo cuestionada. No es Catalunya, sin embargo, sino su Catalunya la que lo está.
Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/1671/la-corrupcion-de-las-derechas/
Hay dos intereses contrapuestos los del capital y los de las personas. No existe “profesionalidad neutra” ni “modernización” al margen de estos intereses. Francisco Largo Caballero, Ministro de Trabajo de la República en 1933, del PSOE y de la UGT, lo tenía muy claro cuando dotó de los vigentes Estatutos Jurídicos a las Cajas de Ahorros españolas, lo que las hace únicas entre el resto de Cajas de Ahorros del mundo. Estatuto que ni siquiera la Dictadura de Franco se atrevió a desnaturalizar, buscando en ellas una tercera vía entre capitalismo y comunismo. Aprovechando la actual crisis financiera, provocada por un sistema capitalista agotado y financiarizado aberrantemente, la banca quiere quedarse con el negocio de nuestras Cajas de Ahorros utilizando para ello los 99.000 millones de euros del FROB. Con nuestro dinero público. Francisco Largo Caballero lo habría denunciado, exigiendo la ampliación y fortalecimiento de un sistema financiero al servicio de la ciudadanía y de las pequeñas y medianas empresas (pymes) localizadas en los territorios al margen de la usura y avaricia de los banqueros privados.
El sistema financiero es esencial para el funcionamiento de la economía. Funciona como el sistema sanguíneo de los organismos vivos llevando oxígeno y nutrientes al resto de los órganos del cuerpo. Por eso la prioridad ante la crisis es salvarlo. Pero los países desarrollados no han salvado al sistema financiero, ya que el crédito sigue sin llegar con la cuantía necesaria y el coste adecuado ni a las pymes ni a las familias, sino a los banqueros privados que acumulan riqueza manejando y vendiéndonos nuestros propios depósitos. En aquellos países donde la banca es pública o existe banca pública no hay ni ha habido problemas de financiación de la economía real, de ahí el crecimiento de China, Brasil, India, Venezuela, Ecuador, etc. Incluso países más atrasados como Marruecos no han tenido este problema. Solucionar el problema a los banqueros privados es a la vez destruir y hacer desaparecer el tejido de las pymes y el empleo. O se salva a los banqueros privados o se salva el empleo y el tejido empresarial de la economía real con un sistema financiero público o por lo menos con enfoque social, de banca ética, que muy bien podría sustentarse sobre las actuales Cajas de Ahorros.
La realidad actual de las Cajas de Ahorros españolas
Las Cajas de Ahorros españolas están constituidas con la forma jurídica de fundación de naturaleza privada sin ánimo de lucro y su Estatuto jurídico moderno data de 1933, el Estatuto para las Cajas Generales de Ahorro Popular, que fue defendido en las Cortes de la Segunda República por el entonces ministro de Trabajo del PSOE, Francisco Largo Caballero [1]. No pueden repartir dividendos entre accionistas, que tampoco poseen. Sus principales características son que compiten en el mercado sin abandonar su finalidad social. Desde 2007, con la crisis financiera y la desconfianza hacia la banca privada, han incrementado su importancia en el mercado financiero español pasando a representar del 39% [2] del total a más del 50%, lo que cuestiona la validez de los dogmas neoliberales sobre la competitividad, productividad, eficacia y eficiencia de los agentes económicos basados en el enriquecimiento como motivación fundamental. Un sector social basado en la solidaridad y cooperación es más productivo, eficaz y eficiente que cualquier otro basado en la competitividad y el egoísmo individualista e insolidario.
El verdadero Poder dentro de las Cajas de Ahorros es ejercido por la Presidencia y Gerencia que ostentan un gran nivel de autonomía y discrecionalidad, que unida a la falta de transparencia, la han convertido en un caldo de cultivo ideal para financiación de grandes proyectos faraónicos sin futuro ni rentabilidad social, como es el aeropuerto de Castilla la Mancha con la CCM, pero que satisfacen la vanidad política de sus Presidentes y conllevan grandes contratos a empresas de construcción. Así como para crear redes empresariales locales a su alrededor, llegando a constituirse como el epicentro de un nuevo caciquismo provinciano, de ahí la importancia política que tiene el controlarlas. Las Cajas dieron el 43% del total de préstamo en España en 2008. El préstamo al sector inmobiliario del conjunto de las Cajas se encuentra en torno del 70% de su total, superando en algunas el 80%.
Su máximo órgano social de Gobierno se compone de cuatro bloques: Dos mayoritarios (Municipios e impositores) y dos minoritarios (Patronos fundadores y sindicatos que representan al personal) [3]. Las Leyes de Cajas de Ahorros promulgadas por cada Comunidad Autónoma ha traspasado parte de la representatividad de los municipios y Diputaciones a ellas mismas, con diferencias entre Comunidades [4]. La última la de Madrid por la clara pugna entre Aguirre y Gallardón. Pugna que sido aprovechada por la banca a través de sus medios de comunicación de masas para desacreditar el papel representativo de los políticos en su administración. Algunos del PSOE e IU pensando que los contendientes son del PP no se han enterado que las piedras van sobretodo contra ellos en el conjunto de las Cajas de Ahorros. La dispersión y heterogeneidad de sus componentes (los representantes de los impositores se eligen por sorteo con unos niveles de saldos mínimos establecidos por cada Caja lo que garantiza el extracto social del que proceden) unido a que las competencias de estos órganos de Gobierno son prácticamente simbólicas otorga un nivel de autonomía a los ejecutivos excesiva.
Una parte importante de los beneficios obtenidos que oscila entre el 18% y el 22% revierten a la sociedad a través de su obra social, que pretende atender las demandas sociales de la población realizando principalmente labores de integración de los colectivos más desfavorecidos, actividades culturales, restauración y conservación del patrimonio histórico artístico nacional, conservación del medio ambiente, etc. No hay reparto de dividendos entre los patrones de la Fundación. La banca privada reparte dividendos entre sus accionistas oscilando entre el 46% y el 54% de los beneficios, a pesar de las crisis y de las ayudas con fondos públicos y prestamos a más bajo interés (1% del BCE) con los que ellos después prestan esos mismos fondos a los propios Gobiernos (3,25%) para que financien los programas para salvar, entre otras, a estas mismas entidades financieras privadas mediante fondos como el FROB. Ni quieren ni necesitan prestar a pymes y familias que puede incrementar su tasa de morosidad.
En general, y a pesar de la libertad operatoria, están especializadas en la canalización del ahorro popular y en la financiación de las familias y de las pymes. Sin embargo, desde mediados de la década de los noventa del S XX y dirigidas por esos “buenos profesionales financieros” que tanto alaban los neoliberales se han dejado arrastrar por el torbellino de los beneficios de más del 20% en los mercados especulativos, sean estos de derivados financieros o de especulación inmobiliaria, lo que ahora las han puesto en riesgo amenazadas fundamentalmente por la morosidad del sector inmobiliario. Tienen una fuerte raíz local, con una densa red de oficinas de implantación fundamentalmente regional, aunque algunas de las cajas más importantes ya tienen presencia nacional e internacional relevante, incluyendo desde hace una década la constitución de bancos con sede en Paraísos Fiscales desde donde manejan parte de la economía sumergida del sector inmobiliario y pagan sobresueldos a sus directivos políticos y gerenciales al margen de la Agencia Tributaria. ¿Cómo puede justificarse en base a sus Estatutos que posean filiales domiciliadas en Paraísos Fiscales?
Las cajas españolas atienden al 96,3% de la población, con sucursales en su propia localidad. A principios de 2009 existían 45 cajas de ahorro, inmersas en procesos de fusión promovidos por casi todas las Comunidades Autónomas. Desde el Banco de España, que apuesta por unificar el sistema financiero español con el modelo de la banca, se presiona a las Cajas para que reduzcan esta implantación y el empleo que conlleva.
Cajas para el “mal vivir” (capital) o Cajas para el “vivir bien” (personas)
Las cajas de ahorro españolas se encuentran ante una encrucijada: o se mantienen siendo coherentes con su naturaleza jurídica o desnaturalizan esta y se transforman paulatinamente en sociedades mercantiles privadas traspasando su negocio a la banca que terminaría, antes o después, engulléndolas. Dos caminos diferentes con claros beneficiados y perjudicados desde una óptica de clase social.
El 18 de enero de 2007 se presentó en Madrid el Informe “Las Cajas de Ahorros. Modelo de negocio, Estructura de propiedad y Gobierno Corporativo.” de la Fundación de Estudios Financieros en el que se recomiendan determinadas modificaciones y acciones a realizar por el Banco de España con respecto a las Cajas de Ahorros, meses antes de que comenzara oficialmente la crisis financiera de las subprime. Estas recomendaciones en gran parte se han plasmado en el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre Reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito (FROB) para no dejar de aprovechar las grandes oportunidades que ofrece una buena crisis.
La creación del Fondo de Adquisición de Activos Financieros, el programa de avales a la financiación de las entidades de crédito y el aumento del importe máximo garantizado por los Fondos de Garantía de Depósitos fueron medidas coyunturales para socializar las pérdidas o, como dicen, “contener los costes del agravamiento de la crisis sobre el sistema financiero privado.”. El Real Decreto-ley 9/2009 se enfoca al medio y largo plazo con la reestructuración del sistema bancario, con una clara apuesta por los intereses de la banca privada y contra el vigente aún modelo de Cajas de Ahorros españolas.
La nueva regulación refuerza el poder del Banco de España como supervisor. Miguel Ángel Fernández Ordóñez pilotará las crisis bancarias que vayan surgiendo y decidirá a quién se salva y a quién no, qué entidades deben fusionarse y cuáles tienen salud suficiente para absorber competidores con problemas. No admite el poder de veto de las comunidades en las cajas intervenidas, otorgándose a las decisiones del Banco de España la naturaleza jurídica de normativa básica del Estado, por encima de los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas, avanzando en la marginación de los representantes políticos. El Gobierno pone sobre la mesa 9.000 millones de euros, y la capacidad de endeudamiento. El proceso durará años, por lo que el fondo podrá acudir a los mercados de deuda con el permiso del Gobierno hasta un límite de 99.000 millones. Entre las posibles salidas a una situación de crisis se prioriza la privatización. La compra de CCM por Cajastur se hace mediante el traspaso de sus bienes a un banco de su propiedad privatizándola. Las entidades más o menos sanas que acudan al rescate pueden pedir recursos al FROB, a cambio de participaciones preferentes, a devolver en un plazo de cinco años, prorrogables dos años más.
Fortalecer las Cajas de Ahorros para las personas (vivir bien)
Con motivo de la reunión del G20 en Londres, la CSI (Confederación Sindical Internacional, a la que pertenecen CCOO y UGT) emitió una declaración [5] que, entre otras muchas propuestas, plantea que, en relación a los bancos insolventes, “la nacionalización es la única manera de restaurar la confianza, compartir los riesgos de manera justa y garantizar que los contribuyentes salgan también beneficiados una vez se restaure la solvencia”. Ignacio F. Toxo y Cándido Méndez, secretarios generales de CCOO y UGT, hicieron llegar el 23 de marzo una carta al presidente Zapatero, adjuntándole la citada declaración y exhortándole a defender su contenido en la reunión del G20.
De esta declaración son los puntos del 18 al 22 los referidos a un nuevo modelo de sistema financiero. Estos puntos no son trasladados ni exigidos en España ni por CC OO ni por la UGT en sus Congresos de Federación, que eluden hablar de nacionalización de entidades de crédito con problemas.
Aumentar la satisfacción de las necesidades sociales, la seguridad y tranquilidad en el medio y largo plazo, y sentirse cada persona participe en la construcción de su futuro y el de la comunidad en la que vive, que conlleva la plena realización individual en libertad y la tranquilidad interior de las personas, que es a lo que venimos llamando “vivir bien”, requiere de un sistema financiero con otros valores y con otros indicadores. El PIB es una brújula que no nos sirve y que nos desvía del camino que nos conviene socialmente. Altas tasas de crecimiento de los beneficios en las Cajas de Ahorros tampoco.
Desde una clara opción de defensa de los intereses de las personas se debería defender dentro de las Cajas de Ahorros lo siguiente, sin ánimo de ser exhaustivo y pendiente de un necesario y amplio debate:
Notas:[1] Decreto de 14 de Marzo de 1933. Aprueba el Estatuto de las Cajas e introduce una dimensión social y redistribuidora nueva, sustituyendo la dimensión moral y filantrópico-religiosa anterior. [2] "El sistema Financiero Español ante el nuevo entorno financiero". Fundación de Estudios Financieros. Papeles de la Fundación nº 28. 2009[3] LORCA, Ley 317 de 1985, de 2 de agosto, de órganos Rectores de Cajas de Ahorros. [4] Tribunal Constitucional. Sentencia 48/88 de 22 de marzo de 1988 que afecta al nº de representantes por grupos.[5] Texto completo en http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/20090319121200-Microsoft_Word_-_G20_London_Declaration_FINAL-ES.pdf
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Envía esta noticia
El famoso y muy discutido rescate otorgado por la Casa Blanca para salvar a bancos y empresas de la bancarrota por la crisis global que azota a la economía estadounidense ha beneficiado a ejecutivos de las firmas que aumentaron sus ya abultados capitales millonarios mientras en los 50 Estados de la nación la cifra de pobres se eleva a cerca de 40 millones de personas.
Tras nueve meses de investigación, un informe del fiscal general del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo denunció que el pasado año nueve bancos estadounidenses que recibieron ayuda del gobierno, pagaron más de 30 000 millones de dólares en bonificaciones a sus ejecutivos sin que se tuviera en cuenta sus desempeños profesionales.
En total el Departamento del Tesoro entregó a esos bancos de Wall Street, 125 000 millones de dólares del Programa de Rescate de Activos con Problemas (TARP por sus siglas en inglés).
Cuomo señaló que no existe un sentido o una racionalidad en la forma en que los bancos compensan y recompensa a sus empleados, pero la realidad es que el sistema ofrece ventajas a los millonarios para aumentar más aún sus capitales.
Uno de los primeros escándalos conocidos fue el de la aseguradora American Internacional Group (AIG) cuando a finales del 2008, luego de recibir un rescate del gobierno por 85 000 millones de dólares, sus ejecutivos se fueron de vacaciones a un exclusivo balneario de California y gastaron en una semana 440 000 millones de dólares.
La denuncia la formuló el congresista demócrata Henry Waxman al Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes quien agregó que pese al gobierno controlar el 79,9 % de AIG tras el préstamo, sus ejecutivos se fueron a St. Regis, en Monarch Beach, a derrochar el dinero mientras “el estadounidense promedio está sufriendo económicamente, pierde su trabajo, su casa y su seguro de salud. Me pregunto si esto tiene sentido.”
Ahora, en el informe de Coumo aparece el Citigroup que entregó compensaciones por un millón de dólares a 730 empleados y de 3 millones a otros 124 ejecutivos. Citigroup recibió 45 000 millones del TARP y según informe oficial perdió 18 700 millones durante el año. Después del rescate, una tercera parte de la propiedad pertenece al gobierno.
El Bank of America regaló en bonificaciones 3 300 millones a 172 empleados y a 28 ejecutivos los gratificó con más de 3 millones de dólares a cada uno. Este banco recibió un préstamo de 45 000 millones.
Otros bancos que entregaron bonificaciones y aparecen reflejados en el documento de Cuomo son el JP Morgan Chase, 8 690 millones; Goldman Sachs con 4 820 millones; Morgan Stanley, 4 470 millones; Wells fargo & Co. 977 millones; Bank of New York Mellon, 945 millones; State Street Corp, 469 millones.
Al analizar este despilfarro, el periodista Bob Herbert señaló en el The New York Times que en las últimas décadas se ha dado más dinero a los ricos y se han abandonado a los pobres, puesto una llave de estrangulamiento a la clase media y casi se ha llevado a la quiebra al gobierno federal, mientras a los bancos, grandes empresas y a los que están en la cima económica se les ha dado todo lo que han deseado y exigido.
Este episodio es tan lamentable que hasta un condicional del sistema capitalista norteamericano como lo es el director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn lo catalogó de escandaloso durante unas declaraciones al canal televisivo France 24.
Dominique criticó que no se haya podido todavía lograr imponer reglamentaciones para controlar las desmedidas bonificaciones mediante la cual un grupo de hombres y mujeres atraídos por ganar más dinero, “lleven al desastre al conjunto de la economía del planeta”.
En Estados Unidos la tasa de desempleo casi afecta al 16 % de la población si se combina con el subempleo, los pobres según un nuevo informe de la Academia Nacional de Ciencias se cifran en 47, 7 millones, los que carecen de seguro médico son 50 millones y unos 7,5 millones de núcleos familiares están en juicios hipotecarios.
Aunque el presidente Barack Obama ha criticado las compensaciones injustificadas y ha solicitado al Departamento del Tesoro tratar de regularlas, en la práctica el sistema capitalista impide controlarlas.
Si el gobierno interviene en algunos casos, alteraría las condiciones de contratos pre establecidos y se expondría a demandas judiciales que al final le darían la razón a los directivos bancarios y empresariales con el consecuente desgaste económico para el Estado. Además, perturbaría el funcionamiento de las poderosas entidades financieras.
Pero las compañías y bancos también utilizaron dinero de los rescates para comprar votos de influyentes congresistas y senadores.
El Centro para Políticas Responsables (CRP, por su sigla en inglés) que rastrea y estudia las donaciones políticas, afirmó en su informe que las compañías que recibieron ayuda del Gobierno, realizaron fuertes inversiones con fines políticos.
Según CRP, las compañías gastaron 77 millones de dólares en activistas de lobby el año pasado y otros 37 millones en contribuciones para las elecciones generales. Asimismo, 161 compañías aprobadas bajo el programa de TARP donaron 37,5 millones de dólares a candidatos federales, partidos y comités en el ciclo electoral entre 2007 y 2008. El 57 % de los donaciones quedó en manos de candidatos demócratas.
Como explicó Andrew Cuomo en su informe, “Cuando a los bancos les fue bien, se pagó bien a los empleados. Cuando a los bancos les fue mal, se les siguió pagando bien”.
El sistema está en crisis y sus directivos lo saben.
El proceso de cambio de régimen es, a nuestro juicio, muy claro.
Mientras la monarquía pueda defender la injusticia social, la burguesía está afecta por el régimen borbónico; mas cuando crean que el rey con su conducta pone en peligro sus privilegios burgueses, lucharan contra él, pensando que una III República traída por ellos perpetuaría el estado de cosas que les conviene mantener.
Por eso laboran contra el rey, no por destruir sus privilegios, sino por conservar los suyos ; no por hacer la revolución, sino por conjurarla y proseguir en el disfrute de sus prerrogativas burguesas. Y MANTENER AL PUEBLO A RAYA POLÍTICA Y ECONÓMICAMENTE...
SI QUEREMOS SINDICATOS MILITARES NO VOTEMOS PP/PSOE
POR LO MENOS AL PP NO LE VOTEIS...BOTARLO
Estimados amigos:
En el mitin organizado por el PSOE-A, intervino usted, señor Zapatero, junto a los señores Chaves y Griñan y anuncio un nuevo modelo económico para España que empezaría en Andalucía.
Usted tiene la obligación de conocer el balance de la primera y segunda modernización impulsadas por los señores Chaves y Griñan.
Con datos oficiales contamos con un millón de parados/as, con el 31 por ciento de los nueve millones de pobres que hay en España, se ha destruido el litoral con un urbanismo criminal, y los especuladores han hecho el agosto en estos años; los grandes terratenientes se están embolsando el 83 por ciento de las subvenciones agrarias de la UE, se han encendido todas las luces rojas en materia Medio Ambiental, miles de familias Andaluzas están siendo desahuciadas por impago de las hipotecas…
Ustedes, el trío de Dos Hermanas, gobernaban en Andalucia en España y en Europa cuando todo esto estaba sucediendo, por lo que son responsables de este negativo en injusto balance y ni siquiera han hecho la más mínima autocrítica.
Señores Zapatero, Chaves y Griñan no tienen ustedes autoridad moral ni política para vendernos el insecticida porque primero nos han traído la plaga.
¿Qué credibilidad tiene usted, señor Zapatero, y el PSOE cuando el gobierno de España ha estado muchos años en manos de Felipe Gonzalez y actualmente bajo su presidencia y no ha remitido al Parlamento una Ley que module las ayudas de la UE a la agricultura ni tampoco la Junta de Andalucía ha tomado ninguna medida al respecto?
De que cohesión social hablan ustedes cuando los siete magníficos reciben las siguientes subvenciones anuales de la UE:
Hermanos –Figueroa Domec:……… 3.608.000€
Hermanos-Hernandez Barrera…… 2.264.000€
Nicolás Osuna……………………… 2.291.000€
Duquesa de Alba e hijos………….. 1.885.000 €
Iñigo Arteaga……………………….. 1.752.000€
Hermanos Lopez de la Puerta……… 1.457.000€
Samuel Flores……………………….. 1.110.000€
Estos siete magníficos españoles se llevan 14,5 millones de euros, la misma cantidad que la destinada a 12.700 explotaciones agrarias pequeñas y medianas de España. 304 grandes terratenientes y grandes empresas de nuestro país reciben cada año 398 millones de euros.
El nuevo modelo económico es, señor Zapatero, condecorar a la condesa de Alba nombrándola hija de Andalucía como ha hecho el señor Chaves.
El nuevo modelo económico mantendrá la actual estructura de la propiedad de la tierra que esta más concentrada en menos manos que en los años 1930; entonces los grandes propietarios poseían el 47 por ciento de la tierra. Hoy, en 2009, tienen el 53por ciento de las tierras en Andalucía.
Para IULVCA es necesaria la Reforma Agraria Integral, la Soberanía Alimentaria y un reparto justo de las subvenciones, que, no olvidemos, proceden de los impuestos de los trabajadores/as europeos.
A usted, señor Zapatero, le sucede como aquel hojalatero que estando arreglando cacerolas, casos y sartenes vio un avión y mirando hacia el cielo dijo lo que hacemos los mecánicos.
Antonio Romero ex Parlamentario de IULV-CA y secretario Político del PCA-Málaga
Carta abierta a Rodriguez Zapatero, Chaves y Griñan (el trío de Dos Hermanas)
¿Quiénes han asesorado al Presidente Zapatero?
Una característica del gobierno Zapatero ha sido el de haber propuesto cambios importantes en las áreas sociales, siguiendo la tradición socialdemócrata bien establecida en Europa (y en la cual España sufría un retraso considerable), ganándose un aplauso bien merecido en áreas importantes que afectan a la calidad de vida de la ciudadanía española. Reformas tales como las del Cuarto Pilar del Bienestar (con la aprobación de la Ley de Dependencia, entre otras medidas) han merecido un reconocimiento nacional e internacional. Ahora bien, esta faceta positiva de su mandato se ha visto limitada por su política económica y fiscal, que ha disminuido el potencial que tienen aquellas medidas sociales adoptadas por el gobierno. Y ello se debe al pensamiento económico que ha guiado gran parte de estas políticas económicas y fiscales, el cual queda bien definido en el libro de Jordi Sevilla (el economista más influyente en el nacimiento de la sensibilidad conocida como Nueva Vía), titulado El nuevo socialismo, prologado por el entonces candidato José Luis Rodríguez Zapatero. En este libro, Jordi Sevilla escribía (p. 73) que “¿Alguien puede defender a estas alturas del siglo que un programa socialdemócrata debe estar a favor de más impuestos y más gasto público e introducir rigideces normativas en la economía?” (para ver una crítica del libro de Jordi Sevilla, ver el capítulo “El debate sobre la estrategia socialista: el nuevo socialismo” en mi libro El subdesarrollo social de España: causas y consecuencias, Editorial Anagrama, 2002). Considero sorprendente que esta postura sea promovida por un autor que se define como socialdemócrata y que escribe sobre el país de Europa que tenía, en el momento en que tal libro se escribió (2002), los ingresos al Estado más bajos de la UE-15, el gasto público más deficiente de la UE-15, y el gasto público social más insuficiente de la UE-15. Una consecuencia de esta austeridad de gasto público es que el tiempo promedio de visita al médico de la sanidad pública era en el año 2002 de cuatro minutos, la más baja con mucha diferencia, de la UE-15. De esta filosofía se deriva la expresión utilizada por el candidato Zapatero de que “bajar los impuestos es ser de izquierdas”. Era, hablando claro, la incorporación del ideario liberal en el partido socialdemócrata mayoritario del país. La sensibilidad de Nueva Vía, en el campo económico, era la versión española del socioliberalismo.
Una vez Presidente, Zapatero nombró ministro de Economía al Sr. Solbes, que fue durante la época 1993-1996, el responsable de que España viera las mayores reducciones del gasto público (incluyendo gasto público social) conocidas en la época democrática. Solbes fue responsable, más tarde, cuando fue Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios de la Unión Europea, de garantizar la aplicación de las políticas de austeridad del gasto público (mandadas en el Pacto de Estabilidad) en la UE-15, reduciendo la tasa de crecimiento de tal gasto público social en el promedio de los países miembros de la UE-15 durante el periodo de su mandato en la Comisión Europea (1996-2004).
Solbes, nombrado Ministro de Economía del Sr. Zapatero, indicó, al final de su primer mandato, que la medida de la cual él estaba más orgulloso era “la de no haber aumentado el gasto público”, El País (22 de julio de 2007), todo ello, dicho y hecho, en el país que continuaba teniendo el gasto público más bajo de la UE-15, lo cual daba gran satisfacción al mundo financiero y empresarial que le canonizó como el mejor Ministro de Economía que España había tenido. Su compromiso con el ideario socioliberal, sin embargo, le imposibilitó que respondiera a la enorme crisis económica y financiera que golpeó España y su énfasis en no rebasar el 3% del PIB, como límite máximo del déficit del estado, fue causa de su inoperancia frente a la crisis y su dimisión.
Como director de la oficina económica de La Moncloa, Zapatero nombró al economista Miguel de Sebastián, que había sido director del gabinete de estudios del BBVA, y que en un artículo en El País (14 de mayo de 2003) titulado “Bajar los impuestos y de verdad”, afirmaba que no debía aumentarse el gasto público como porcentaje del PIB. Es más, a la pregunta que le hizo un corresponsal de El País sobre si confiaba en el intervencionismo público, Miguel de Sebastián respondió “En absoluto. Soy defensor de esta idea de los demócratas estadounidenses, de un estado dinamizador frente a un estado del bienestar”. EEUU, por cierto, tiene el gasto público y el gasto público social más bajo del club de países ricos, la OECD (para ver una crítica del pensamiento económico de Miguel de Sebastián, ver mi capítulo “El modelo del Partido Demócrata como propuesta para la izquierda española. Debate con Miguel de Sebastián”, en mi libro citado anteriormente).
Más tarde, cuando Miguel de Sebastián dejó de ejercer la dirección de la oficina económica, pasó a ocupar su cargo (a sugerencia suya), el economista David Taguas, también procedente del gabinete de estudios del BBVA, que había escrito en la revista de las Cajas de Ahorro, que la seguridad social era inviable, y que lo que tenía que hacerse era privatizar toda la seguridad social, tal como hizo en su día el General Pinochet en Chile (para ver una crítica de las posturas privatizadoras de la Seguridad Social, de David Taguas, ver mi artículo “¿La seguridad social es España es inviable? Respuesta a David Taguas, Director de la Oficina Económica en el Palacio de la Moncloa”, publicado en la revista Temas para el debate, nº 151, Junio 2007).
Como sucesor de Solbes, Zapatero ha nombrado a Elena Salgado, que tiene fama de buena gestora, pero que ha nombrado como su mano derecha al economista Jose Manuel Campa, economista liberal reconocido, uno de los firmantes del manifiesto a favor de la transformación de los contratos fijos en temporales con descenso de la indemnización por despido, quien, en un artículo reciente, escribió que “la reducción de los salarios es la medida más eficaz para mejorar el bienestar social en esta crisis” (véase artículo del 15 de Mayo de 2009, EL PAÍS, sección de ECONOMÍA).
¿Economistas liberales para fines socialdemócratas?
De esta larga lista de nombramientos puede deducirse que el Presidente ha estado recibiendo un asesoramiento económico liberal, que no ha facilitado el desarrollo de las políticas sociales socialdemócratas que ha propuesto. El mejor ejemplo es la enorme subfinanciacion de la Ley de Dependencia. En realidad, la lista de excelentes programas sociales iniciados por el gobierno Zapatero que están subfinanciados es muy larga. Por lo visto, el Presidente (de cuyo compromiso social no dudo un instante) no es consciente de que no pueden llevarse a cabo programas socialdemócratas financiados por políticas públicas de corte liberal. La economía no es un área de conocimiento neutro, que pueda ser utilizada por dirigentes de izquierda o de derechas indistintamente. Hay economistas liberales y economistas keynesianos de izquierdas. No hay economistas neutros. Creer que economistas liberales pueden utilizarse para fines socialistas (la social democracia es el proyecto que aspira al socialismo a través de la democracia) es erróneo, y la experiencia en la UE y en España así lo confirma. Hoy España continúa con el gasto público social por habitante más bajo de la UE.
Las limitaciones de llevar a cabo políticas progresistas con economistas liberales se vieron claramente en la Administración Clinton. Como bien ha dicho el que fue Ministro de Trabajo en aquella administración, el Sr. Robert Reich, “el talón de Aquiles de la Administración Clinton fue la excesiva proximidad de su equipo económico al capital financiero de Wall Street. Esta fue una de las causas más importantes de que no se desarrollaran un gran número de promesas progresistas electorales.”. De ahí que cuando el Presidente Obama nombró al Sr. Lawrence H. Summers (que había sido Ministro de Economía y Hacienda durante el gobierno Clinton, y muy próximo a la banca) como asesor económico suyo, hubo una protesta generalizada entre las bases del Partido Demócrata y muy en especial entre los sindicatos, que forzó al Presidente Obama a nombrar al economista keynesiano Jared Bernstein, del Economic Policy Institute (próximo a los sindicatos), como director de su equipo encargado de desarrollar el programa de estímulo económico de la Administración Obama, un programa altamente popular de claro contenido keynesiano. ¿Por qué los sindicatos y las bases progresistas del PSOE no le exigen a Zapatero que nombre a economistas keynesianos de izquierda, que posibiliten los cambios que desea?
Es más, la orientación socioliberal del equipo económico del gobierno socialista, facilita que la derecha española, el PP, marque el territorio donde se desarrolla el debate económico, hecho facilitado en gran manera por el dominio liberal en los medios (ver mi artículo “La avalancha mediática liberal”, Público, 14.05.09). De ahí que frente a la avalancha liberal de bajar los impuestos y reducir el gasto público, la respuesta del gobierno socialista ha sido, en ocasiones coincidente (en las bajadas de impuestos) y en otras resistente (como en la bajada del gasto público). Pero no ha propuesto lo que claramente se necesita, es decir, un aumento de los impuestos de las rentas superiores (con corrección del escandalosamente alto fraude fiscal) y una subida muy marcada del gasto público. Es muy importante que el Sr. Zapatero se asesore por economistas socialdemócratas de clara formación keynesiana, que han estado continuamente marginados por este gobierno. Espero y deseo que el Sr. Zapatero sea tan educable (y sensible a la presión a su izquierda) como lo ha sido el Sr. Obama. Pero para ello es necesario que haya una presión por parte de la izquierda de la comunidad socialista. ¿Dónde está esta izquierda y dónde está su presión?
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
Los asesores económicos del presidente Zapatero
El PP ya se ha apuntado con entusiasmo a las propuestas y el PSOE por el momento resiste la presión que desde los ámbitos del poder económico y la derecha conservadora se ejerce.
Si en el futuro hubiese un razonable crecimiento, suficiente para absorber el paro acumulado y mantenerlo en cotas soportables, está contundentemente demostrado que no hay problema de las pensiones a pesar del envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida. En lo único que hay que darle la razón al Banco de España es que si la crisis sigue provocando un aumento del paro tan agudo como hasta ahora y la economía permanece largo tiempo postrada, como es probable, habrá un problema en la Seguridad Social, tal como está concebida en la actualidad.
Pero fuera de esta obviedad, empiezan las sinrazones de todos los que propugnan en estos momentos la reforma de las pensiones.
No se debe hablar de una crisis financiera de la Seguridad Social aisladamente. Si llegara a producirse se trataría de una crisis financiera del Estado, del cual la Seguridad Social es una parte. Desde el Pacto de Toledo se impuso la división de fuentes, haciendo de la caja de la Seguridad Social un compartimiento estanco engañoso que no debe confundir. Al crearse cuentas separadas de las distintas parcelas del Estado se ponen las condiciones para que cuando una de ellas es deficitaria se alienten los recortes del gasto, y cuando tiene superávit se estimulen reducciones de impuestos. O reducción de las cotizaciones sociales si se trata de la Seguridad Social como ha ocurrido. O como en el caso del INEM donde los fondos sirvieron de fuente de subvenciones a los empresarios para determinados tipos de contratación.
El Estado es único y hay que contemplar conjuntamente todos sus ingresos y todos sus gastos. Las pensiones pueden cubrirse con las cotizaciones pero también con otros ingresos, incluso con impuestos progresivos. En sentido contrario, las cotizaciones a la Seguridad Social cubrían en el pasado otros gastos del Estado, como la sanidad pública, o el régimen general de la Seguridad Social "sostenía" al régimen agrario deficitario. En realidad, sólo en 8 de los 27 países de la UE se financian exclusivamente las pensiones mediante cotizaciones
Por su naturaleza, la "sostenibilidad" del sistema de pensiones es un tema a largo plazo pues los efectos de los cambios sólo se dejan ver con mucho tiempo. Por ello resulta de una inoportunidad extrema airearlo ahora, en pleno huracán de la crisis económica, que ha desatado una ola de desconfianza y una inseguridad general que está agudizando la depresión. Con el paro superando la cifra de 4 millones, cabe preguntarse si lo que reclama la situación es prolongar la vida laboral o reducirla para dar encaje a la juventud desempleada,
Y no es precisamente el Banco de España el que debería haber sacado el tema a relucir, cuando es uno de los máximos responsables de al actual crisis: nunca se enteró de los problemas que acarrearía la entrada en el euro, miró para otro lado ante la expansión disparata del crédito y la actividad financiera, nunca intentó corregir el desenfreno inmobiliario y ha gestado por su falta de control una crisis financiera cuyas consecuencia apenas hemos empezado a conocer y padecer. El Banco de España, callado y ocupándose de lo que debe, estaría mucho mejor. El gobernador pensará que mientras distrae con las pensiones o el mercado de trabajo olvidaremos las graves irresponsabilidades cometidas por el Banco de España y las sumas que habrá que movilizar para recuperar al sistema financiero, quizás cientos de miles de millones de euros, cifras muy superiores a las que serían necesarias para garantizar el futuro de las pensiones. El dinero, por lo que se ve, no vale igual según se trate de salvar la Banca o asegurar la vida de los trabajadores.
Por lo demás, no cabe sino sorprenderse de la preocupación existente a largo plazo por las pensiones, en una economía en que todo es improvisación, no hay planificación alguna y todo se rige por el albur del mercado. Ya hay estudios sobre las pensiones para el 2025, el 2050 y hasta para el 2060, ....todo lo que haga falta para demostrar que el sistema es "insostenible".
No se indaga en el corazón del problema: que en nuestro país hay muchas pensiones, millones, manifiestamente insuficientes, que el gasto en pensiones es considerablemente mas bajo que en la media europea y que en la peor de las previsiones, si no sobreviene un desastre total, las pensiones requerirían a lo sumo el porcentaje del PIB que dedican a ellas algunos países de la UE. Algunos datos: en países europeos el gasto en pensiones representa el 13% del PIB (Francia, Holanda o Alemania) el 14% (Austria) o cerca del 15% (Italia) y en torno al 12%, de media, en el conjunto de la UE. En España, en cambio, no llega al 9%. Cabe complementar esta información con el hecho de que gasto público total en España es inferior al 39% del PIB mientras que en Suecia, por ejemplo, es superior al 52%. Y en la Europa-15 es del 46%, unas diferencias que se concentran sobre todo en los gastos sociales.
Los "expertos" y los numerosos políticos que echaron sobre sus hombros la responsabilidad del futuro de las pensiones aconsejaron los planes de pensiones privados complementarios: la crisis financiara ha causado estragos en el valor de estos fondos, pero nadie de ellos se hace responsable.
El denigrado sistema publico, de reparto y solidario, emerge como la única vía de garantía real de las pensiones, siempre acosado por los neoliberales. La guinda ahora también la pone el Banco de España con la propuesta que estas también se revisen a al baja si deflación toma carta de naturaleza en la actual situación. Las pensiones desde la Reforma de 1985 y como consecuencia de la Huelga General del 20 de junio del mismo año convocada por CCOO y la izquierda sindical han recuperado el poder adquisitivo con la cláusula de revisión, pero los pensionistas no has disfrutado de mejora real alguna durante los trece años de expansión económica que han tenido lugar. Y ha bastado que por primera vez en la historia se haya producido un dato anual negativo de inflación para que el Banco de España, ojo avizor, ya haya avanzado que las pensiones deben también revisarse a la baja. Una propuesta que más que resaltar el rigor con el que trata el Banco de España los asuntos económicos pone de manifiesto la persecución a que somete a los trabajadores y pensionistas. ¿Cabe imaginar detraerle a pensionistas que no llegan a los 600 euros unos 20 euros a fin de año por desviación de los precios? Si se trata de ser escrupulosos, más le valdría al Banco de España levantar una propuesta para resarcir a los inmigrantes por las cotizaciones pagadas sin haber generado ningún derecho cuando desesperados, sin empleo ni recursos, deciden regresar a sus países de origen.
El gobierno hasta ahora ha sostenido que no aplicará medidas restrictivas sobre los derechos de los trabajadores. Pero no es de fiar, aunque se admita que lo afirma con buena fe, porque su desconocimiento de la crisis es tan profundo que el brusco choque con la realidad puede llevarle a giros abruptos y sonadas renuncias, y porque está desarmado y sin fuerza política para resistir una dura ofensiva de la derecha. Otro tanto puede decirse de las direcciones sindicales: no son fiables, aunque ellas se juegan la credibilidad de los sindicatos si consienten las agresiones. En todo caso, corresponde a los trabajadores y a los sectores anticapitalistas estar alerta y prepararse para evitar con sus luchas y movilizaciones una nueva "contrarreforma" que empeore las pensiones.
Ana Gabarró, Antonio Gil, José González, Pedro Jiménez, Juan Montero y Diosdado Toledano son miembros de la Asociación Socialismo XXI
Notas:
http://www.abc.es/20090429/economia-banca/almunia-gobernador-banco-espana-20090429.html
(2) Ver informe del Gobernador del Banco de España Miguel Angel Fernández Ordoñez en su comparecencia ante la "Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del pacto de Toledo" del Congreso de los Diputados de 15 de abril de 2009. http://www.bde.es/prensa/intervenpub/gobernador/mfo150409.pdf
HUELGA GENERAL
Eguneraketa: 11 ordu eta 33 min.
ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e Hiru han denunciado los servicios mínimos "abusivos y regresivos" fijados por la Orden de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales de Lakua que, a su juicio, "persigue limitar el derecho fundamental de huelga".
CRISIS ECONÓMICA
Eguneraketa: 15 ordu eta 36 min.
ELA ha pedido la intervención pública en las entidades financieras, "incluso la nacionalización", para evitar la práctica "de usura" de bancos y cajas, "campeones de la especulación".
¿DE QUE UNIDAD DE ESPAÑA HABLAN ? LA SUYA, LA DEL CAPITAL Y LA FE CATÓLICA QUE NOS QUIEREN IMPONER LOS PRELADOS FASCISTAS... POR ELLOS ESTÁMOS AQUÍ Y AHORA...
Felipe González
González, un hombre lobby en América
Amistades provechosas La afinidad personal entre Felipe González y Carlos Slim es reconocida públicamente por ambos. Slim se hizo con el control de Telmex a un precio sustancialmente inferior a su valor de mercado tras la privatización de la telefonía mexicana por parte del presidente Carlos Salinas de Gortari. Después de la operación, Slim trata de situarse cerca del poder político internacional. González, con un pasado de 14 años en el poder, le sirve como relaciones públicas. En enero de 2005, por ejemplo, los deseos de Telmex por entrar en el mercado marroquí se concretaron en un encuentro entre González, Mohammed VI y Carlos Slim. Todavía hoy, Marruecos da un trato privilegiado a González después de que en su presidencia el PSOE diera un giro de 180 grados en sus posiciones respecto al Sahara occidental. Un giro que, para la revista Más, puede tener relación con la lujosa residencia que Felipe posee en Cabo Espartel, cerca de Tánger.
El PSOE era casi completamente inexistente en el momento en el que Franco muere. Carecía casi completamente de una estructura clandestina y de militancia. Su sindicato y sus juventudes estaban reducidos a la mínima expresión. El congreso de Suresnes no había logrado sacar de ese hoyo al socialismo español. En las reuniones de la Coordinadora Democrática, los delegados socialistas, prácticamente, hablaban en nombre propio. No había organización, ni partido, ni sigla.
Pero, en cambio, existía la Fundación Friedrich Ebert, dependiente del Partido Social-Demócrata alemán (SPD) que financió la implantación del PSOE hasta que llegó al poder, canalizando fondos y apoyos políticos. El SPD, tras el congreso de Bad-Godesberg, había abandonado el marxismo y transformado en un partido neo-capitalista, ligado al Club de Bilderberg. Aznar recupera el GAL y acusa al PSOE de no creer en el Estado de Derecho Aznar, máquina de hacer euros Nunca ordené matar a nadie, ni siquiera a un hijo de perra”Felipe González califica a Losantos y a Pedro J. de “basura mediática”http://www.elmundo.es/nacional/gal/investigacion/5.html http://es.wikipedia.org/wiki/Grupos_Antiterroristas_de_Liberaci%C3%B3n CMI-Gz, 24.09.2008 Editado por: vasco (15/Mayo/2009 - 17:35)
Aznar recupera el GAL y acusa al PSOE de no creer en el Estado de Derecho
Aznar, máquina de hacer euros
Nunca ordené matar a nadie, ni siquiera a un hijo de perra”Felipe González califica a Losantos y a Pedro J. de “basura mediática”http://www.elmundo.es/nacional/gal/investigacion/5.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupos_Antiterroristas_de_Liberaci%C3%B3n
La avalancha liberal en contra de las pensiones
Como era previsible, las voces conservadoras y liberales (desde el Partido Popular Europeo, del cual el PP español forma parte, al Sr. Almunia, Comisario de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, y el Sr. Miguel Angel Fernández Ordóñez, Gobernador del Banco de España) han propuesto, una vez más, la reducción de las pensiones en España para garantizar su solvencia. Y los medios de información y persuasión del país han promovido tal mensaje, haciendo suyas tales propuestas. Así, El País, en su editorial del 23 de Abril de 2009 titulado “Pensiones en Conflicto”, apoyaba las propuestas del Gobernador del Banco de España escribiendo “Sobre la viabilidad de las pensiones, el gobernador tiene razón… Nada más lógico (para salvar la viabilidad de las pensiones) que subir la edad de la jubilación y aumentar el número de años de cotización para calcular la pensión…”. Y editoriales semejantes se han escrito en La Vanguardia, El Periódico, El Mundo, ABC, y en la gran mayoría de rotativos del país. La única diferencia es el énfasis que se da a cada una de estas recomendaciones, en la intensidad del apoyo al gobernador del Banco de España (y crítica, no carente de insultos, al Ministro Corbacho del gobierno español que ha cuestionado tanto el diagnóstico de inviabilidad de las pensiones como las recomendaciones hechas por el Gobernador) y a las propuestas parecidas del Sr. Almunia, y en la rapidez con que se pronostica el colapso del sistema de Seguridad Social en caso de que no se lleven a cabo las reformas que unánimemente se están proponiendo. Hay una avalancha ideológica muy acentuada para, aprovechando las crisis financiera y económica, hacer los cambios que las fuerzas conservadoras y liberales han deseado desde hace años. En realidad, en cada crisis económica, aparece una situación semejante, utilizando los mismos argumentos y en ocasiones incluso los mismos datos y cifras. El informe que la Comisión Europea ha hecho sobre la viabilidad de las pensiones en España, y que el Sr. Almunia utiliza en alguna de sus propuestas, es casi una copia del informe escrito por el Sr. David Taguas, entonces subdirector de estudios del Banco BBVA (y más tarde director de la oficina económica de La Moncloa durante el primer gobierno Zapatero), publicado en la revista Panorama Social de la Fundación de Cajas de Ahorro. Tal informe, que utiliza los mismos argumentos y casi los mismos datos que los que aparecen en el informe de la Comisión Europea, motivó también una editorial favorable de El País, titulado entonces (12.02.07) “Augurio de crisis”.
Un análisis detallado y riguroso de la evidencia empírica que tales informes y artículos presentan en apoyo de sus tesis y propuestas muestra que tienen problemas metodológicos serios que cuestionan su credibilidad. En realidad, es sorprendente la pobreza intelectual de su contenido y laxitud y flexibilidad en la interpretación de los datos. El hecho de que algunos de los errores que reproducen estos informes, artículos y editoriales estén ampliamente generalizados en el debate actual sobre las pensiones no excusa su aparición en tales documentos. Veamos algunos errores que centran tales informes y argumentos.
No conocen como se calcula la esperanza de vida.
En todos estos informes se asume erróneamente que el hecho de que la esperanza de vida promedio de España haya pasado de ser 76 años a 80 años en veinticinco años (1980-2005) quiere decir que el promedio español vive ahora cuatro años más. Ello no es cierto. Hay que saber qué quiere decir esperanza de vida y cómo se calcula. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes. Uno, Pepito, que muere al día siguiente de nacer, y el otro, la Sra. María que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España sería 0 años más 80 años, dividido entre dos, es decir, cuarenta años. Pero supongamos que en un país imaginario vecino, hay también dos ciudadanos, uno, Juan, que en lugar de morir al día siguiente de nacer, como Pepito en España, vive veinte años, y la otra persona es la Sra. Victoria que tiene también 80 años como la Sra. María. En este país imaginario, la esperanza promedio de vida es de 20 más 80, dividido entre dos, es decir 50 años, diez años más que en España. Ello no quiere decir (como constantemente se malinterpreta este dato) que el ciudadano promedio de aquel país viva diez años más que en España: lo que el dato dice es que hay diez años de vida más en el promedio de aquel colectivo de dos personas sin clarificar que ello se deba a que la Sra. Victoria viva diez años más que la Sra. María (lo cual no es cierto), o que sea Juan el que vive veinte años más que Pepito. Todos los documentos que favorecen la reducción de las pensiones concluyen que la Sra. María vive diez años más, lo cual, repito, no es así. Quiero aclarar que cuando digo no es cierto, no quiero decir que estén mintiendo. Para mentir hay que saber la verdad. Y es obvio que no la conocen. Son ignorantes, no mentirosos. No saben cómo se calcula la esperanza de vida e interpretan mal su significado.
Lo que ha estado ocurriendo en España (y en Europa) es que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de una manera muy marcada, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando, pasando de 76 años a 80 años. Ello no quiere decir, como habitualmente se asume, que el ciudadano español medio viva cuatro años más ahora que hace veinticinco años. La mortalidad por cada grupo etario ha ido descendiendo (incluyendo entre los ancianos), pero los años de vida que el ciudadano medio vive ahora no es de cuatro años más que en 1980. Calcular las pensiones en base a esta lectura errónea de los datos penaliza a la población pues asume que la gente vive más años de lo que en realidad vive.
Los promedios no son sensibles a las diferencias por clase social
Otro gran error es malinterpretar el significado de promedio Tenga en cuenta el lector que una persona se puede ahogar en un río que tiene como promedio sólo diez centímetros de profundidad. Tal río puede ir seco a lo largo de muchos kilómetros pero en algunas zonas éste puede tener tres metros de profundidad, y es ahí donde el lector se puede ahogar. Un promedio en sí no nos dice mucho si no sabemos también las variaciones del promedio. Lo dicho tiene especial importancia en el cálculo de la esperanza de vida y en la estimación de la longevidad (los años que una persona vive). Las diferencias en longevidad por clase social son enormes. Así, la diferencia en los años de vida existente entre una persona perteneciente a la decila de renta más baja del país (los más pobres) y la decila superior (los más ricos) en España es nada menos que de diez años (ha leído bien, diez años). En EE.UU. son quince y en el promedio de los países de la UE-15 son siete. Estas diferencias en longevidad se deben a que el nivel de salud de la población depende, sobre todo, de la clase social a la cual se pertenece. Un trabajador no cualificado (en paro frecuente durante más de cinco años) tiene, a los sesenta años, el nivel de salud que un banquero tiene a los setenta años. Este último sobrevivirá al primero diez años. Es profundamente injusto pedirle al primero que continúe trabajando dos (y algunos piden cinco) años más para pagar las pensiones del segundo que le sobrevivirá diez años. La insensibilidad hacia esta realidad mostrada por estos informes es abrumadora. Retrasar la edad de jubilación a toda la población trabajadora sin más, es una medida que perjudica a las clases populares para beneficiar a las clases de mayores rentas que viven más años.
El error del argumento alarmista: el crecimiento del porcentaje del PIB gastado en pensiones es excesivo
Este es uno de los errores metodológicos más importantes y frecuentes que aparece en el informe Taguas y en el informe de la Comisión Europea, y que ha sido reproducido en gran número de artículos y editoriales. Tal argumento indica que el porcentaje del PIB en pensiones subirá de un 8,4% en el año 2007 a un 15,1% del PIB en el año 2060, un porcentaje que estos informes señalan como excesivo, pues la sociedad en el año 2060 no podrá absorber tales gastos pues restarán recursos necesarios para otras actividades, programas o servicios a la población no pensionista. El hecho de que el porcentaje de gasto en pensiones públicas alcanzará el 15,1% en el 2060 se considera una noticia alarmante que requiere una intervención ya ahora, disminuyendo los beneficios de los pensionistas.
En este argumento se ignora el impacto del crecimiento de la productividad sobre el PIB del año 2060. Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español será 2,25 veces mayor que el PIB del año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (8,4 es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas), es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 15,1% de 223, es decir 33, y para los no pensionistas será 223 menos 33, es decir, 192, una cantidad que es más del doble de la existente en el año 2007, 91,6. Debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones sea mucho mayor ahora que entonces.
El Ministro Corbacho y el Secretario General Octavio Granados llevan razón
Quisiera señalar que estos errores son mayores. Si los hace un estudiante en el programa de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra que yo dirijo, se le suspende. Pues bien, grandes instituciones como el Banco de España o la Comisión Europea los cometen y tienen una gran resonancia, convirtiéndose inmediatamente en dogmas de la nueva sabiduría convencional liberal. El problema es que, como cualquier dogma, se reproduce más por fe (la fe en la doctrina liberal) que no en la evidencia científica. El Sr. Almunia, el Sr. Fernández Ordóñez, el Banco de España, el BBVA, la Comisión Europea, El País, La Vanguardia, El Periódico, El Mundo, o el ABC están equivocados, y el Sr. Corbacho, Ministro de Trabajo y el Sr. Octavio Granados (que han negado que la Seguridad Social esté en peligro), llevan razón. No hay un problema grave de viabilidad en el sistema de pensiones en España, lo cual no quiere decir que no haga falta hacer cambios (como la flexibilización voluntaria en la edad de jubilación) que mejoren no sólo las cuentas sino la equidad del sistema. Pero, entre estos cambios, no debieran incluirse los sugeridos por la sabiduría convencional liberal que ha mostrado ser lo que es: la mera defensa de intereses de clase.
La causa mayor por la que varios países hayan retrasado la edad de jubilación a los 67 años no ha sido tanto el intento de retrasar tal edad legal, sino la de retrasar la edad real de jubilación, edad que en España es ya, 62,5 años, la más alta existente en la UE. Lo que debe hacerse es precisamente acercar la real a la legal, imposibilitando la práctica generalizada del mundo empresarial de utilizar las prejubilaciones como mecanismo de reducir las plantillas, hecho que afecta negativamente el tamaño de las pensiones de las personas prejubiladas. Este debiera ser el centro del debate sobre las pensiones; la utilización por el mundo empresarial (incluido en un lugar destacado la banca, la mayor promotora de que se recorten las pensiones en España) de la temprana jubilación como manera de aumentar sus beneficios. El hecho de que los medios de información y persuasión estén enfatizando lo primero –la reducción de las pensiones- y no lo segundo –el perjuicio que se hace a los trabajadores para mejorar los beneficios de empresarios- es un indicador más de que ciertos grupos y clases sociales en España tienen una influencia dominante en tales medios de persuasión.
Una última observación. Voces críticas tienen escasa accesibilidad a tales medios. De ahí que le ruego al lector que me ayude a distribuir ampliamente este artículo para que la población conozca que lo que se le dice por aquellos medios no se basa en evidencia empírica, sino en mera ideología, la ideología liberal que asfixia a nuestro país y domina el debate, dominio que se explica no por la fortaleza de los argumentos (que es muy floja y fácilmente demostrable que es errónea) sino por las enormes cajas de resonancia que tales voces tienen en unos forums que se caracterizan por su escasa diversidad en los puntos de vista expuestos. La democracia en España es muy, muy limitada. Y el debate sobre las pensiones lo demuestra.
El Partido Comunista de Venezuela (PCV), como organización de vanguardia revolucionaria en el país, ha propuesto la nacionalización de la banca como medida clave para enfrentar las consecuencias que, en el transcurso de los próximos meses, traerá la grave crisis financiera mundial.
EEUU y la Unión Europea han caído en una recesión caracterizada por la fuerte contracción de las actividades económicas con consecuencias negativas para el empleo, los salarios, las utilidades y los niveles de bienestar social. Es decir, las consecuencias de la crisis afectan directamente a la población.
En algún momento la crisis financiera global va a afectar el sistema financiero nacional y tenemos que romper las cadenas de la dominación del capital internacional para poder continuar con el proyecto socialista venezolano.
La banca en manos del Estado asegurará que los recursos financieros se empleen en la reactivación del sector productivo para garantizar el suministro interno de productos y así reducir las importaciones, garantizar empleo y seguridad social para todas y todos.
En Francia, primer ministro François Fillon, ha dicho públicamente que no descarta la nacionalización de los bancos galos si éstos no conceden préstamos a las empresas para estimular la economía real. El ministro de Economía de Gran Bretaña, Alistair Darling, al anunciar la nacionalización parcial de la banca inglesa comentó: «Haremos lo que haga falta…Creo que es muy importante que los gobiernos de todo el mundo hagan eso».
Los países del primer mundo tratan de salvaguardar la producción. La nueva «gobernaza financiera mundial» que se discute en la cumbre del G-20 plantea una «Estrategia de Regulación Global» para poner fin a las «burbujas» financieras que han ocasionado la crisis internacional. Pero esta estrategia, sólo contempla el resguardo de los intereses de los grandes capitales, en defensa del juego impuesto por el libre mercado.
Los gobiernos neoliberales del primer mundo apelan a una estatización parcial de la banca que consiste en inyectar fondos a las entidades más fuertes. Son medidas para salvar a grupos económicos específicos. Para quienes creemos en la propuesta socialista, la petición de nacionalizar la banca va más allá del resguardo de los intereses financieros de unos poco. Tiene que ver con salvar el proyecto revolucionario.
La fluctuación en los precios de la cesta petrolera, la incertidumbre en el mercado energético mundial, conjuntamente con el recorte de las importaciones en los países desarrollados y el aumento del desempleo, traerá una lógica consecuencia: los países deben aumentar su producción interna para satisfacer sus necesidades y protegerse de los vaivenes de los mercados mundiales controlados por las trasnacionales.
En estos momentos, más que nunca, Venezuela debe emprender una política económica de reactivación de su aparato productivo. Debemos empezar a producir nuestros propios alimentos y productos para evitar la dependencia de las importaciones. Y sólo a través de los recursos que el Estado maneja eso será posible, pues conocemos que la «burguesía empresarial» criolla, lejos de contribuir a este hecho, se empeña en continuar obteniendo dádivas, préstamos y concesiones por parte del Estado para enriquecerse cada día más. Esta burguesía apátrida y desclasada, jamás pensará en el bienestar de la población, en la seguridad social de los trabajadores y trabajadoras, en las escuelas, en los centros de salud.
Sólo el pueblo puede salvar al pueblo y por ello ante esta crisis resulta fundamental que la banca esté en manos del Estado, en manos del proyecto socialista.
El Partido Comunista de Venezuela eleva nuevamente su petición al Ejecutivo Nacional de nacionalizar la banca para asegurar la reactivación del aparato productivo y garantizar el bienestar del pueblo y la marcha hacia el socialismo.
http://www.kaosenlared.net/noticia/gobernador-banco-espana-vuelve-proponer-rebajar-pensiones-aumentar-eda
Recuerda el alza del déficit público
Fin del superávit de la Seguridad Social en 2009
El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, asegura que el impacto de la crisis económica se ha dejado sentir en las cuentas de la Seguridad Social. (Vídeo: A3N | Foto: EFE)
Madrid, 16.04.2009 | 09:29 h.
El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, asegura que la estrategia para mantener la sostenibilidad del sistema público de pensiones pasa por unas finanzas saneadas. Además, asegura que la crisis podría acabar con el superávit de la Seguridad Social.
En una comparecencia ante la Comisión no permanente del Pacto de Toledo, Fernández Ordóñez ha advertido de que esta estrategia tiene que tener en cuenta que el alza del déficit público "no puede ser ilimitado en la situación actual con el fin de evitar que se genere un fuerte aumento de la deuda pública".
La razón que da es que conllevaría una "carga excesiva sobre las generaciones futuras".
Fernández Ordóñez ha comenzado su intervención recordando que el sistema de pensiones y su reforma no entra dentro de las competencias que tiene atribuidas el Banco de España.
Según ha explicado, la definición de las reformas concretas del sistema de pensiones es una cuestión "eminentemente política".
Al respecto, ha afirmado que las reformas del sistema aplicadas desde la firma del Pacto de Toledo (1995) han ido en la dirección "adecuada", caso de la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social -no está completada-, la unificación de las bases de cotización, la creación del Fondo de Reserva o la progresiva simplificación de los regímenes.
Fin del superávit de la Seguridad Social
Según el gobernador, el crecimiento de los afiliados ha sido en estos años "muy superior" al de las pensiones, lo que ha explicado los superávit crecientes de la Seguridad Social y que en 2007 alcanzó el 1,3% del PIB en 2007.
Al respecto, ha recordado que esos cierres positivos se destinaron, en parte, al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, lo que le ha permitido alcanzar una "magnitud significativa" y que en 2008 estuvo cercana al 5% del Producto Interior Bruto (PIB).
A los chicos de mi generación nuestra madres siempre nos decían que estudiáramos bien los números ya que eso nos podría llevar a trabajar en un banco. En aquellos momentos, principios de los años sesenta, el trabajar en una entidad bancaria era una garantía de futuro y de ir siempre con las manos y el traje limpio. Mientras nuestros padres llegaban cada noche a casa agotados de trabajar en el taller o en la obra en construcción y con las ropas y el cuerpo sucio, nosotros seriamos unos privilegiados que trabajaríamos sin tener ningún tipo de contacto con la sucia grasa o el pegajoso cemento. Pero todo era una mentira, llegaron los tiempos de la reconversión y hoy aquellos de nuestros compañeros de pupitre que fueron buenos chicos y obedecieron a sus madres llegando a ser hasta directores de sucursal, vulgo oficialillos de segunda administrativos según el convenio colectivo sindical del sector, son unos prejubilados, eso si de lujo, vagueando por calles y alamedas de las grandes ciudades.
Y es que el negocio de la banca no se casa con nadie. Ni siquiera con sus mejores empleados, aquellos que han ofrendado a la entidad los mejores años de su vida y que, en muchas ocasiones, han preferido el frío mostrador de la sucursal bancaria al cálido y acogedor hogar, eso si, pagado con la hipoteca concedida por el mismo banco que les empleaba. Y claro si la entidad bancaria no tiene la mínima distinción con aquellos que han dejado algo más que el sudor de su frente entre sus frías paredes no podemos pedirle que sea complaciente con los clientes. Hasta ahora estábamos acostumbrados a que los bancos nos atracaran mediante las hipotecas y despojaran a aquellos que, por circunstancias de la vida, no podían hacer frente a los abusivos gastos de las mismas, de su vivienda dejándoles en plena calle. Pero ahora hemos llegado al punto de ser atracados, casi a punta de navaja, en cualquier movimiento bancario que efectuemos. Es conocido que las empresas suministradoras de servicios, luz, agua, gas y teléfono, sin saber en qué ley se amparan nos obligan a tener una cuenta bancaria para pagar mensualmente sus recibos. Esta domiciliación bancaria tan sólo produce beneficios a dos partes, a la entidad bancaria y a la entidad suministradora del servicio. El sufrido ciudadano se encuentra desamparado ante este hecho y no tiene más remedio si quiere tener en casa cualquiera de estos servicios básicos que mantener una cuenta corriente bancaria donde le sean cargados los recibos. Por este hecho, navaja en mano la entidad bancaria le cobrará cada mes una cantidad que en la mayoría de los casos se aproxima o sobrepasa los dos euros.Antes los bancos, ya lo dije, nos atracaban a gran escala, con las hipotecas. Ahora han descendido al nivel de los asaltantes de cajeros automáticos y en vez de utilizar la navaja como esos pobres marginados utilizan las disposiciones legales y, mes a mes, van robándonos de nuestra cuenta los pocos euros de los que disponemos sin que los poderes políticos se atrevan a poner coto a esta asalto cotidiano. Si el poder político, sea del color que sea, ha puesto firmes y en vereda a instituciones tan poderosas como la Iglesia y el Ejercito a qué están esperando para meter mano a la Banca. Quizás todo sea debido a aquel adagio latino del “doy para que des”. Es decir, yo, en época electoral, te daré créditos que nunca te reclamaré y tú, si mandas o eres oposición, nunca regularizarás mis pequeños expolios a los clientes. Y yo me pregunto ¿qué pasaría si algún día todos dejáramos de tener cuentas corrientes y devolviéramos los recibos de las entidades de servicios? Quizás seria una buena solución.
