Trabajo de los proyestos de clase

material de trabajo para clase

Trabajo de los proyestos de clase
LAS DICTADURAS MILITARES EN EL CONO SUR Y LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN CON LAS VIOLACI
* E-mail:
* Password:
Registrarse Presentación Miembros Imágenes
¿Has olvidado tu Password?

Autor Mensaje
Franklin
 
Mensajes: 10
Registrado: Septiembre/2009
Estado: Off-line
Grupo: Administrador del foro
 
 
  LAS DICTADURAS MILITARES EN EL CONO SUR Y LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN CON LAS VIOLACI 19/Septiembre/2009 - 05:11

La instauración de regímenes militares en el Cono Sur, a partir de 1964 determinó una profunda transformación de su historia política. Se puso fin al periodo de movilizaciones sociales que le antecedieron y que significaron un crecimiento inusitado de sectores sociales y populares. Crecimiento que derivó en algunos países como Uruguay y Argentina en movimientos de guerrilla urbana cuyo objetivo era impulsar una revolución social por esa vía(5).

Estos regímenes, apoyados por las Fuerzas Armadas se caracterizaron por su afán desmovilizador y su represión exacerbada en contra de la disidencia política. En Argentina, Chile y Uruguay esta represión comenzó inmediatamente a la usurpación violenta del poder y el derrocamiento de los gobiernos constitucionales. Brasil tuvo su represión más cruda al finalizar la década de los años sesenta cuyo objetivo era aplastar los focos guerrilleros que se habían logrado levantar durante los cuatro años anteriores de dictadura. Argentina y Chile fueron los países en los que se vivió la represión clandestina de manera más violenta. En Uruguay la represión se caracterizó por ser más selectiva y dirigirse principalmente a un control de la sociedad civil impidiendo la apertura de canales de participación. Pero fue la dictadura del General Stroessner en Paraguay (1954-1989) el modelo articulador para el resto de las dictaduras latinoamericanas. Éste fue elogiado por sus análogos y por el gobierno norteamericano, al resaltar su capacidad para mantener la "paz social a cualquier costo", en otras palabras, por su eficacia en el control de la subversión.(6)

Pese a esta diferencia en el mayor o menor grado de represión, lo cierto es que todos ellos redundaban en ciertas características comunes: Primero, su incapacidad política para dotarse de bases de legitimidad que les permitiera crear una forma de Estado diferente de la democracia política(7). Segundo, sus violaciones reiteradas y persistentes a los derechos humanos producto de la implementación de una metodología represiva sistemática y a gran escala. Estas violaciones a los derechos fundamentales teñidas del carácter ideológico que imponía la eliminación de toda disidencia política, y se materializaron a través de diferentes figuras delictivas tales como detenciones ilegales y secuestros, seguidas en la mayoría de las ocasiones de homicidios, asesinatos y desapariciones forzadas, previa tortura de las víctimas, todas ellas propias de las prácticas del terrorismo de Estado. Tercero, una marcada cooperación a nivel internacional en el control y en la eliminación de la disidencia política, cuyo blanco principal era la izquierda política, en especial los Partidos Comunistas y Socialistas, amén de los focos guerrilleros.

1.1. La organización criminal internacional de represión: "El Plan Cóndor"

Las relaciones internacionales entre los oficiales de las fuerzas armadas sudamericanas se habían estrechado desde fines de la década de los sesenta producto de una especialización contrainsurgente conjunta en las academias militares norteamericanas(8). Esta especialización se enmarcó dentro de la "Doctrina de Seguridad Nacional", cuya esencia era la de lograr el "orden" en la sociedad civil y la eliminación física de los disidentes. Estas relaciones de militares argentinos con sus similares uruguayos, paraguayos, brasileños, chilenos, bolivianos y peruanos, tendrían sus frutos en los años de las dictaduras(9).

Dentro de este marco de cooperación, los dictadores sudamericanos forman una organización criminal de alcance hemisférico, "Operación Cóndor", cuyo objetivo era la consecución de los objetivos políticos y económicos de la conspiración y la neutralización o eliminación de la oposición política y múltiples personas por razones ideológicas(10). Fue así como esta organización aprovechándose de la usurpación violenta del poder que subvirtió el orden constitucional, que le garantizaba la impunidad, y profitando de la estructura militar, concibió, desarrolló y ejecutó un plan sistemático de detenciones ilegales seguidas de secuestros prolongados, que derivaron en desapariciones forzadas de personas o en asesinatos, precedidos de torturas en la mayoría de los casos. En su accionar no establecieron diferencia entre la oposición violenta y la no violenta. Estas acciones afectaron a ciudadanos de Argentina, España, Reino Unido, Estados Unidos, Chile, Suiza y Francia, entre otros.

La organización criminal "Cóndor" nació a instancia de la dictadura militar de Chile, y de hecho su sede estuvo en Santiago. Numerosos documentos acreditan que sus orígenes se remontan al "Primer Encuentro de Trabajo de Inteligencia Nacional", en el que participaron, entre otros, el general chileno Manuel Contreras, acusado y condenado posteriormente por el asesinato del ex - ministro del presidente Allende, Orlando Letelier(11), y el general paraguayo Guanes Serrano. Allí, Contreras ofreció las instalaciones de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional chilena) como el cuartel general para "la centralización de la información sobre los antecedentes de personas, organizaciones y otras actividades conectadas directa o indirectamente con la subversión"(12).

Este cuartel sirvió entonces para que en octubre de 1975 se reunieran los jefes de la inteligencia militar de Argentina (SIDE), Brasil, Paraguay y Uruguay, y tan solo un mes después, se reunieron en el cuartel general de la DINA, Contreras, Guanes Serrano y el jefe de la policía paraguaya, Francisco Brites, y se procuraron "un banco de datos, un centro de información y talleres". Ocultando el verdadero nombre y disfrazándolas con el término "talleres" se llevaron a cabo las sesiones de planificación de los grupos multilaterales de agentes encargados de vigilar, arrestar, encarcelar, torturar y "repatriar" a opositores de los diferentes regímenes.

Los primeros objetivos de persecución y atentados fueron altos dirigentes y líderes opositores a las dictaduras latinoamericanas, entre ellos, los ex - ministros de la Unidad popular Carlos Prats, asesinado en Buenos Aires, Orlando Letelier, asesinado en Washington, y Bernardo Leighton, que logró sobrevivir luego de un atentado contra su vida en Roma(13).

Los blancos de la Operación Cóndor fueron extendiéndose hacia otros militantes y simpatizantes de izquierda. Chilenos, uruguayos, paraguayos, brasileños, y bolivianos fueron objeto de detenciones ilegales y secuestros en Argentina y Paraguay, por agentes policiales de sus respectivos países. Los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile (MIR) fueron los más perseguidos en Argentina, igualmente se llevó a cabo una represión coordinada y sistemática contra ciudadanos alemanes, españoles, judíos y peruanos, entre otros, que figuran entre los miles de desaparecidos. Para la realización de este tipo de crímenes utilizaban el manto de impunidad que les otorgaban los respectivos gobiernos dictatoriales, quienes proporcionaban la infraestructura adecuada. (14)

La acción de la DINA encontró en Argentina, un lugar en el que llevar a cabo impunemente sus acciones. Ya desde 1974, antes de la dictadura del general Videla (1976-1983), los lazos de colaboración se estrecharon con su análogo, SIDE. Desde mayo de 1975 numerosos activistas políticos chilenos fueron detenidos por la policía de este país y Paraguay para ser entregados a la DINA(15), quien les trasladaba a los campos de concentración que mantenían en Chile (Villa Grimaldi, Tejas Verdes, Colonia Dignidad, etc.). Muchos de ellos fueron ejecutados, otros simplemente desaparecieron.

Es indudable que estas y otras desapariciones culminaron con el asesinato de las víctimas. Por ejemplo, en Chile en el año 1990 fueron descubiertas fosas comunes en la ciudad de Pisagua, al Norte del país, con los cuerpos de varios desaparecidos en 1976. La cal propia del suelo desértico se encargó de mantener casi intactos los cuerpos de las víctimas(16). En Argentina, el general Ramón Campos, Jefe de la Policía de Buenos Aires, declaró que: "en Argentina no quedan desaparecidos con vida. Asumo toda la responsabilidad y me siento orgulloso". No solo militantes activos de los movimientos opositores de izquierda fueron objeto de torturas, secuestros, detenciones ilegales, ejecuciones y desapariciones forzadas, sino asimismo sus familiares y amigos. El general Saint Jeant, Interventor de la Provincia de Buenos Aires igualmente dijo en la época de la dictadura militar: "Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, luego a sus simpatizantes, luego a quienes permanezcan indiferentes, y por último, a los indecisos."(17).

Es así como se investigan casos de cientos de niños desaparecidos, hijos de detenidos desaparecidos, bajo el régimen militar en Argentina(18). La Comisión de Verdad y Reconciliación de Chile, en su Informe Final, denominado "Informe Rettig", acredita con documentos los casos de 33 ciudadanos chilenos desaparecidos tras ser capturados por agentes argentinos y paraguayos y entregados a la DINA, entre 1975 y 1976.

En 1992 el Juez José Agustín Fernández, en el marco de la investigación de una detención ilegal precedida de tortura, descubrió casualmente el archivo secreto de la inteligencia paraguaya, en una oficina de la "Sección Política y Afines" de la Policía de Investigaciones de Asunción, archivos en los que se encontraron numerosos documentos relacionados con casos de detenidos y desaparecidos paraguayos que el gobierno siempre negó tenerlos(19). Estos documentos han permitido asimismo establecer que en este contexto de cooperación militar entre los países sudamericanos, fueron asesinados el ex - presidente de Bolivia, general Juan José Torres, en Argentina; los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, así como del doctor Agustín Goyburú, dirigente del Movimiento Popular Colorado, de Paraguay, y cientos de activistas políticos chilenos, argentinos, paraguayos, y brasileños(20).

La operación "Cóndor" costó la vida y la desaparición también de ciudadanos españoles, lo que llevó a que durante el primer semestre de 1996 se iniciaran ante la Audiencia Nacional Española las causas contra los integrantes de la Junta Militar Argentina (1976 -1983) y Chilena (1973-1990) por delitos de genocidio, terrorismo internacional y tortura(21), figuras delictivas que se materializaron mediante detenciones ilegales, torturas, secuestros, desplazamientos forzosos de miles de personas y desaparición selectiva de un mínimo de 3.178 víctimas, actividades todas que fueron desarrolladas dentro del marco de la actividad represiva violenta que se inició con la toma del poder en Chile mediante el golpe de Estado de 11 de septiembre de 1973.

De manera clara observamos, que lo ocurrido en estos países durante las dictaduras militares -aniquilamiento sistemático de sectores de población (mediante asesinatos, secuestros, torturas masivas, desapariciones forzadas, detenciones ilegales, lanzamiento de cadáveres al mar)- constituyen conductas proscritas por la normatividad internacional, ya sea mediante la formulación prohibitiva hacía los Estados consagradas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, o de conductas concretas que como la Tortura, el Genocidio o la Desaparición Forzada se encuentran descritas en instrumentos específicos que las consagran, desarrollan y prohíben.

Así las cosas y previo al estudio de estos instrumentos internacionales en relación a los casos concretos de las dictaduras Argentina y chilena, realizaremos a continuación una ubicación sistemática de los fundamentos jurídicos y filosóficos, que sustentan el andamiaje y permiten, la posible persecución penal de responsables de tan execrables hechos.


2.LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN CON LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE LAS DICTADURAS MILITARES.


Abordar la reflexión sobre los graves hechos que hemos venido relatando, implica, de una parte, remitirnos al concepto nuclear de los derechos humanos como eje central de la posible fundamentación y juzgamiento de los responsables.(22)

Actualmente es difícil e incluso comprometido aventurarse a dar una definición de qué son los derechos humanos, sin embargo, existe consenso en determinar categóricamente que la expresión "Derechos Humanos" se reserva a aquellos derechos positivizados y recogidos en las normas de carácter internacional (las Declaraciones y los Tratados Internacionales) que acompañadas de exigencias básicas desde la fundamentación, ya sea iusnaturalista, monista o dualista, reconocen el principio de la dignidad humana como eje central de su objeto.

Sobre esta base observamos que Luis PRIETO SANCHÍS nos acerca a una definición sobre el interrogante planteado: Los derechos humanos son el conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional.(23)

El concepto de "universalidad" se debe inferir del objeto de protección de los derechos humanos, pues implica un grado de homogeneidad del catálogo de conductas y derechos que se avienen como una meta a aspirar y un esfuerzo de unificación gradual, lento y difícil, que ha sido definido como un proceso de mínimos que se han logrado establecer entre la comunidad internacional y los Estados. (24) Esto no se debe confundir con la denominada "internacionalización". Como apunta MARTÍNEZ DE VALLEJO " es evidente que, junto a los procesos de positivación y el más reciente de especificación, estamos inmersos en una época de creciente internacionalización de los derechos, pero ello no debe conducir a confundirlo con el carácter universal de los mismos." (25)

Así concebidos, los derechos humanos son universales e indivisibles o absolutos: lo primero, porque se predican del hombre; lo segundo, porque los derechos civiles y políticos han de ser efectivos, del mismo modo que los derechos económicos, sociales y culturales han de ser libremente definidos y garantizados por los Estados. (26) Lo que significa que a través de la Constitución se configuran como límites frente al poder del Estado y que su fuente originaria radica en el titular del poder constituyente, el pueblo.

Es evidente que estas consideraciones conllevan importantes consecuencias prácticas, a nivel jurídico como teórico conceptual.

Algunos autores denominan este proceso como "internacionalización", pues los derechos humanos interesan hoy no sólo en el plano de las Constituciones de los Estados sino también en el del Derecho internacional, ya que la protección de los derechos humanos, en cuanto garantía de la integridad moral y física de toda persona, ha quedado recogida tanto en los ordenamientos constitucionales estatales como en el orden jurídico internacional. (27)

JHON RAWLS, teórico del contractualismo moderno y uno de los filósofos más importantes de la segunda mitad de este siglo, considera que los derechos humanos son un tipo especial de derechos diseñados para jugar un papel esencial en un derecho de los pueblos razonables en nuestros días. Uno de los papeles de los derechos humanos es precisamente imponer límites a la soberanía de los Estados. Los derechos humanos, por tanto, difieren de los derechos constitucionales, de los derechos propios de la ciudadanía democrática, o de otros tipos de derechos que pertenecen a ciertas instituciones políticas, tanto individualistas como asociativas. Los derechos humanos son una variedad especial de derechos de aplicación universal cuya intención general no es discutible. Forman parte de un derecho de los pueblos razonable y marcan límites a las instituciones domésticas que tal derecho requiere para cada sociedad miembro. (28)

2.1. ¿Cómo se fundamenta la Responsabilidad Internacional de los Estados en materia de violación a los Derechos Humanos?

El término violación a los Derechos Humanos se refiere exclusivamente como sujeto activo a los Estados. (29) Entendiendo aquí que la referencia de responsabilidad se dirige hacia sujetos que ostentan la capacidad y el poder de actuar en nombre de instituciones legítimamente constituidas o como en el caso de las dictaduras militares, aquellos miembros y componentes de toda la estructura funcional del aparato de Estado, representado por los agentes públicos en su amplio concepto, o por los particulares que con la colaboración o aquiescencia del Estado acuden a practicas atentatorias de las normas internas, y por ende de la normatividad internacional de protección de derechos fundamentales.

A partir del holocausto de la segunda guerra mundial ha venido instaurándose progresivamente el régimen internacional de protección de los derechos humanos. De la reacción colectiva de ese entonces frente al exterminio masivo y sistemático de seres humanos ejecutado por el nazismo a la situación actual se ha cumplido un amplio desarrollo de instituciones internacionales, cuyo propósito es brindar recursos para auxiliar y proteger la dignidad de la persona humana frente al Estado, en la conciencia de que, precisamente, cuando el poder de éste se ejerce de modo arbitrario e injusto, como lo hemos observado en el caso de las dictaduras del cono sur de América Latina, los recursos de la jurisdicción interna son a menudo ilusorios para salvaguardar los derechos de la víctima indefensa por su propio Estado. (30)

Se da el nombre de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al conjunto de instrumentos internacionales aprobados y suscritos por las colectividades estatales para reconocer los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana y adoptar mecanismos destinados a otorgarles protección en el ámbito supraestatal. La finalidad primordial de este ordenamiento jurídico es amparar los derechos universales de la persona frente al ejercicio de las competencias del Estado.(31) En efecto, la protección de la persona humana tanto en su dimensión individual como en el ámbito de sus derechos económicos, sociales y culturales, ha irrumpido en el Derecho Internacional y en las relaciones internacionales entrando en contradicción con numerosas tradiciones, especialmente en lo que toca al papel que reconoce al ser humano individual en las relaciones jurídicas y políticas internacionales.

Acorde con la fundamentación internacional y su normativa, se ha venido desarrollando el denominado Derecho Penal Internacional (32) contemplando conductas que tradicionalmente han sido aceptadas por la comunidad internacional como delitos internacionales- Crímenes contra la paz, crímenes de guerra o infracciones al Derecho Internacional Humanitario y delitos en contra de la humanidad o de "lesa humanidad"- todos estos intentando proteger bienes jurídicos individuales o colectivos fundados en la seguridad de la comunidad internacional.

Es evidente que el contexto internacional se encuentra protagonizado por los Estados como sujetos principales de Derecho internacional, sin embargo, y de aquí la importancia de la fundamentación de los derechos humanos que queremos resaltar, el orden internacional no se limita únicamente a las relaciones entre Estados, se trata de un orden jerárquicamente superior al Estado puesto que éste no es sino un instrumento al servicio del individuo.

Según lo anterior, debemos aceptar como conclusión inicial que el Derecho penal internacional pretende proteger bienes jurídicos individuales como la vida, la salud o la integridad física, sin los cuales no es posible la existencia de ningún sistema social que pueda ser aceptado por la comunidad internacional. Pues, dado que la comunidad internacional se organiza mediante la existencia de los Estados, el Derecho Penal Internacional podría proteger los anteriores bienes jurídicos fundamentales que son propios del ámbito internacional y que en el orden interno han venido siendo reconocidos, aunque únicamente le es dado a la comunidad de naciones intervenir cuando al ciudadano su propio Estado le ha negado la protección o el derecho a la justicia, como es el caso de las víctimas de las dictaduras argentinas y chilenas.

Derivado de esta primera conclusión, llegaremos a determinar que en el orden internacional el Estado, representado por sus agentes, es responsable internacionalmente, no solamente por la comisión de actos ilícitos, sino también por la omisión en la protección de sus ciudadanos; en efecto, se es responsable por comisión cuando sus agentes cometen actos que atentan contra derechos esenciales de la persona humana. Estos son derechos que tienen el status de ius cogen, es decir, normas perentorias de Derecho internacional. Actos como el Genocidio, la Tortura o la Desaparición Forzada de Personas constituyen violaciones de normas que son consideradas por toda la comunidad internacional como normas de ius cogens(33) y por tanto dichos actos entrañan la responsabilidad internacional de los Estados, aunque el Estado en cuestión no sea parte de los convenios.(34)

De manera concreta y conforme con el planteamiento anterior, el profesor Pedro Nikken destaca que en el marco del desarrollo progresivo de los derechos humanos, lo atinente al respeto por los derechos fundamentales o del "noyeau dur" de los derechos de la persona humana no son - como algunos lo pretenden- ni pueden considerarse carentes de contenido y cumplimiento inmediato, puesto que cuando un Estado se compromete a través de un tratado a garantizar derechos a las personas bajo su jurisdicción, está asumiendo una obligación inmediatamente exigible, de manera que si esos derechos son violados por un hecho imputable al Estado, también se está violando el tratado(35).

En este nivel de argumentación jurídica las agresiones a los derechos humanos cometidas por las dictaduras militares, es decir aquellos actos reconocidos como graves crímenes contra la humanidad tendrían una doble responsabilidad: de un lado y ante la normativa interna de los Estados en donde se desplegó toda la horda represiva, serían hechos delictivos y de otro, ante la normativa internacional, la evidente transgresión a las normas internacionales de los compromisos adquiridos por aquellos Estados, constituiría una flagrante violación al ordenamiento internacional de protección de los derechos humanos.

Al efecto de este trabajo, con miras a identificar una posición coherente con la doctrina mayoritaria se podrá concluir que a cualquier Estado le son atribuibles los actos propios y no los ajenos. El Estado deberá asumir, por lo tanto, los actos de quienes actúan en su nombre o por su cuenta, tanto de iure como de facto, tanto si tienen una existencia autónoma, como si se encuentran relacionados con el comportamiento de particulares. " Es evidente que los comportamientos de los órganos del Estado se consideran en general, como hechos del Estado y por la tanto le son atribuibles al mismo, dando lugar a su responsabilidad internacional"(36)

2.2. ¿Es la soberanía estatal un límite que permite la vulneración de los derechos humanos?

Sin duda alguna, surgen ciertos interrogantes respecto del llamado principio de soberanía estatal (37), del cual ya hemos referido algunos comentarios, sin embargo, y respecto del tema en concreto es pertinente reiterar que existen límites al principio de autoorganización estatal, los cuales vienen dados por los compromisos aceptados internacionalmente por éste o bien por las denominadas normas del ius cogens.

En materia de respeto y responsabilidad internacional por la violación a los derechos humanos se ha reiterado que los modernos Estados no podrán trascender ni soslayar principios básicos aceptados por toda la comunidad internacional, no tanto como imposiciones de ésta, sino como normas básicas o principios éticos que delimitan el poder estatal. Existen algunos sectores en el Derecho internacional en los que éste impone obligaciones a los Estados que para poder ser cumplidas han de reflejarse en los ordenamientos internos y afirmar, que el principio según el cual " la organización del Estado es ámbito reservado" tiene excepciones y tiende a aumentar a medida que aumenta el número de normas internacionales que exigen de los Estados determinados resultados, cuyo logro depende de como sea su Derecho interno, que, a menudo deberá ser modificado y adaptado a las exigencias internacionales. (38)

La intervención del Derecho penal internacional se producirá, sin vulnerar la soberanía estatal, cuando la protección de bienes jurídicos no puede ser garantizada por los ordenamientos internos, toda vez que como en el caso de las dictaduras militares, las agresiones del poder militar contra los ciudadanos aparejó un control total de la administración de justicia estando los autores de los hechos fuera de su alcance o amparados en leyes de impunidad, situación ante la que nada se opone que la comunidad internacional, mediante tribunales especiales o terceros Estados puedan intervenir en virtud del principio de Jurisdicción Universal, aplicable a la persecución y sanción de los denominados "crímenes de Lesa Humanidad". Situación que estudiaremos más adelante. (39)

Sin embargo, previo a ello, es de resaltar la consideración al respecto por parte de la Audiencia Nacional española al pronunciarse sobre la competencia para el juzgamiento de las dictaduras militares por parte del órgano judicial español: "los órganos judiciales españoles están investidos de jurisdicción para el conocimiento de los hechos objeto del presente procedimiento. El artículo 2, apartado uno, de la Carta de las Naciones Unidas ("La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros") no es norma jurídica que permitiese neutralizar la proclamación jurisdiccional del artículo 23, apartado cuatro (LOPJ) tantas veces aludido en esta resolución. Cuando los órganos judiciales españoles aplican dicho último precepto, no invaden ni se inmiscuyen en la soberanía del Estado donde se cometió el delito, sino que hacen ejercicio de la propia soberanía española en relación con delitos internacionales. España tiene jurisdicción para conocer de los hechos, derivada del principio de persecución universal de determinados delitos - categoría de Derecho internacional - acogida por nuestra legislación interna. Tiene también un interés legítimo en el ejercicio de esa jurisdicción, al ser más de quinientos los españoles muertos o desaparecidos en Argentina, víctimas de la represión denunciada en los autos." (40)

Usuarios activos
9 usuarios activos: 0 miembros y 9 huespedes en el foro.
 Reglas de mensaje
puedes escribir nuevos temas
puedes responder a los temas
puedes adjuntar archivos
no puedes editar tus mensajes
Contactar con el Administrador del foro.



La utilización del servicio vendrá condicionada por la previa aceptación de las Condiciones Generales de Uso del Servicio.

Foro gratis creado en ForosWebGratis.com. Crea tu propio foro aquí.