Fascismos Paralelos. A treinta años del golpe de Estado en Chile
Jorge Timossi
Sobre relatos, testimonios, intervenciones públicas y fundamentación jurídica está basado el mensaje que presenta al lector Fascismos Paralelos. A treinta años del golpe de Estado en Chile. En esta obra, compilada por el destacado periodista y escritor Jorge Timossi, testigo de aquellos sangrientos hechos, se presenta la entraña sanguinaria del fascismo, resurgido el 11 de septiembre de 1973, que echará por tierra a un gobierno constitucional.
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El nazismo de Bush y el servilismo de Zapatero
2007-08-29
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Bush utiliza el fantasma de Al Qaeda para no perder la guerra de Iraq, y Zapatero el de ETA para perder la Paz en Euskadi
Antonio Maira
inSurGente
Bush trata de encubrir el desastre militar, y negociar con el partido demócrata una “derrota patriótica” que encubra la realidad criminal -violadora de todas las leyes internacionales, y genocida- de la guerra y ocupación de Iraq. Bush grita ¡Que viene Al Qaeda!, por última vez y lleno de pánico, como el pastor del cuento, porque el desmorone es inevitable. En el Estado Español -nada más que una provincia subordinada al Imperio-, la política exterior e interior es una pieza de que encaja, sin huelgo alguno, en la estrategia imperial. Pasito a pasito, Zapatero –ignorante y cándido, primero; cobarde y cínico, más tarde-, avanzó hacia la implicación total en la de Bush y en la estrategia global de los EEUU. Todo eso es incompatible con un enfrentamiento serio con el partido de Aznar (el preferido del Cesar); y con el final, negociado y democrático, del proceso de Paz en Euskadi. Zapatero necesita encubrir el enorme atentado contra las libertades políticas del pueblo vasco, realizado en las últimas elecciones autonómicas y municipales. Por eso, Zapatero grita ¡Que viene ETA! Pero no sólo se trata de dependencias imperiales. Hay una nueva y poderosísima razón para el de la oligarquía española: la crisis económica catastrófica que se ha venido encima a velocidad de misil, y que va a estallar como una Bomba. El sistema antidemocrático y represivo va a ser, para las élites que nos gobiernan, una necesidad de supervivencia.
En el Imperio
El pacto de hierro de la oligarquía estadounidense -podría llamarse pacto del petróleo-, asume el proyecto imperial que comparten las élites gobernantes de los dos partidos: demócrata y republicano. Se formalizó como la Patriot Act aprobada por el Congreso de los EEUU.
Antes de Bush lo había desarrollado, en sus componentes de “nuevo orden internacional”, estratégicos, económicos, militares, e ideológicos, Bill Clinton. En resumen, negación de toda la legalidad internacional que representase una limitación de la “voluntad soberana de Washington para gobernar el mundo”; utilización de una fuerza militar arrasadora, de gigantesco poder de destrucción y de matanza (código Hiroshima, la doctrina del Pentágono impulsada por Colin Powell); definición de la doctrina de los rogue states, y de la criminalidad internacional según voluntad soberana y señalamiento del Imperio.
El ex presidente demócrata había identificando a la OTAN como “comunidad internacional”; y el ataque ilegal e ilegítimo a Yugoslavia -sin autorización de la ONU- como “una acción realizada sin permiso del Consejo de Seguridad pero siguiendo el espíritu de las Naciones Unidas”.
El pacto imperial sigue vigente; aunque su fase neofascista que implicó la “Guerra Mundial Antiterrorista”, la doctrina de la “guerra preventiva”, las invasiones y ocupaciones permanentes de Iraq y Afganistán, y los proyectos de invasión de Irán, de Siria y el Líbano, ha fracasado.
La oligarquía asume también que la intervención en Afganistán está legitimada por la ONU, y que la “Guerra Mundial Antiterrorista” continúa siendo la estrategia del Consejo de Seguridad Nacional y del Pentágono: las instituciones permanentes –al margen de resultados electorales-, comunes a demócratas y republicanos.
El terrorismo pasa a ser un enemigo global cuya sustancia real es la oposición al Imperio, es decir al proyecto de dominio por la fuerza militar, a la liquidación de las soberanías estatales, y a la imposición vía militar y represiva del modelo de Democracia y Libertad según el consenso de Washington.
En Hispania, provincia del Imperio
En la provincia del Imperio en la que ejerce de procónsul José Luis Zapatero, el terrorismo pasa a identificarse con toda oposición al sistema oligárquico de “democracia representativa”, de mercadeo electoral, de partitocracia institucional, monarquía antipopular; constitución no sólo pactada con el franquismo y contra el pueblo, sino desarrollada como sistema cerrado y deformada hasta el esperpento; unidad de poderes bajo control de una minoría económicamente poderosísima y de un sistema social enormemente desigualitario; negación de todos los derechos sociales y políticos fundamentales de los trabajadores, que han pasado a depender del mercado y a subordinarse a la “competitividad capitalista”; exclusión política, social y económica, de la casi totalidad de los jóvenes de ambos sexos; institucionalización e integración de los aparatos sindicales y de la izquierda del y en el sistema; corrupción política y económica como elemento de cohesión de las élites.
En Euskadi, el pueblo ha sido obligado a aceptar la “doctrina Kissinger” de “vota a quién nosotros consideremos conveniente”, que le han impuesto las élites nacionales y estatales.
Durante el largo proceso de la ilegalización de Batasuna, establecida mediante la Ley Especial de Partidos -y en el marco del bochornoso Pacto Antiterrorista con el que se quiso criminalizar a todo un pueblo-; Aznar creo la doctrina del “entorno terrorista”, de raíz fascista e idéntica a la doctrina Bush de los rogue states y de la “interminable guerra mundial antiterrorista”.
La izquierda abertzale ha demostrado la enorme capacidad para articular la resistencia democrática del pueblo vasco, con la presentación de cientos de listas electorales y decenas de miles de candidatos durante las últimas elecciones municipales.
Es la fuerza social y democrática de esa izquierda que propugna un cambio constitucional, el ejercicio del derecho de autodeterminación en un referéndum sobre el vínculo que desean con un nuevo estado, y practica una democracia participativa, la que ha despertado todas las alarmas. También ha restablecido el eslabón represivo que enlaza a Aznar con Zapatero, a través de la progresiva integración de éste último en la disciplina del Imperio.
Del largo viaje de Zapatero hablaré en otro momento.
Basta ahora con recordar la nueva experiencia del “golpe blando” que se intenta, una y otra vez, contra la Venezuela de Chávez.
No se trata de comparar el sistema de participación directa, de democracia participativa, y de sanción popular continua que ha hecho al sistema político bolivariano el más democrático y legítimo del mundo; con el sistema antidemocrático de la “democracia representativa” española.
Señalaré, para marcar el itinerario general que ha llevado a Zapatero desde el inicio hasta la derrota del Proceso de Paz, que el Imperio ha desarrollado toda una teoría de “respuesta flexible” en todos los ámbitos de relación internacional de los EEUU, desde el militar hasta el diplomático o el económico.
Zapatero ha recibido un “empujón duro”, irresistible, del gobierno de los EEUU. En ese modelo de coacción brutal –bajo la forma de diplomacia del garrote-, han colaborado -con la fuerza que les daba el apoyo de Bush- el Partido Popular, y el sector más reaccionario, felipista, del PSOE.
El largo viaje del Cándido Zapatero, presidente del gobierno español, hasta entrar en la órbita solar de Bush y de sus guerras contra los pueblos, merece algunas explicaciones más detalladas.
Pero no sólo se trata de dependencias imperiales y órbitas solares: hay una nueva y poderosísima razón para el Gran Pacto Democrático de la oligarquía española. La Gran Crisis que se nos ha venido encima a velocidad de misil y que va a estallar como una Bomba.
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Las protestas contra el gobierno de Bachelet terminan con 50 heridos y 372 detenidos en Chile
30/08/2007| Actualizada a las 03:35h
Santiago de Chile. (Efe).- La protesta de hoy en Chile, convocada por organizaciones sindicales descontentas con la política neoliberal de la presidenta socialista Michelle Bachelet, y que dejó unos 50 heridos y 372 detenidos, fue evaluada de manera dispar por sus promotores y por las autoridades.
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Mangueras a presión y gases fueron usados en los disturbios / AP / Santiago Llanquin
Mientras el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, criticó la represión policial y consideró un éxito una jornada "limpia de nuestra parte", las autoridades señalaron que el país operó con "relativa normalidad".
Ambas partes omitieron, sin embargo, precisar el nivel de adhesión que tuvo la movilización, que hizo salir a las calles a millares de personas que se manifestaron en diversos puntos de Santiago y en algunas ciudades de provincia.
Los actos estuvieron desde las primeras horas de la mañana acompañados de incidentes, debido a la fuerte acción de la policía, que impidió el propósito de los manifestantes de marchar hacia el centro de Santiago y por la Alameda Bernardo ÒHiggins, la principal avenida de la capital chilena.
Al presentar su balance, Arturo Martínez llamó al Gobierno a analizar la violencia, a su juicio «inusitada», con que actuó la policía.
La presidenta Michelle Bachelet replicó que "en democracia y en mi gobierno, los trabajadores siempre podrán expresar pacíficamente sus demandas y defender sus derechos. Eso sí, hay un límite y yo quiero que todos lo entiendan muy bien", enfatizó la mandataria, durante la promulgación de una ley que mejora los salarios de un sector de empleados públicos.
La gobernadora de Santiago, Adriana Delpiano, aseguró a los periodistas que la capital chilena, de 6,2 millones de habitantes, "funcionó razonablemente bien, con algunos incidentes menores y una movilización que se focalizó en cuatro puntos".
Delpiano lamentó los incidentes, que atribuyó "a la insistencia de los manifestantes en marchar por la Alameda", marcha que fue prohibida previamente.
Para observadores y analistas, la jornada de hoy fue "una llamada de atención de la sociedad chilena de que efectivamente los temas de la desigualdad son reales", según señaló el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavía. Resolver la desigualdad pasa, a su juicio, por crear "un piso social donde están las políticas sociales, que benefician naturalmente a los que tienen menos ingresos y al mismo tiempo, una economía sana y competitiva que es capaz de ir generando progresivamente empleos de mayor calidad".
La jornada comenzó con una mañana agitada, cuando millares de manifestantes que salieron a las calles fueron reprimidos con fuerza por la policía, que detuvo en pocas horas a un centenar de personas. Los incidentes prosiguieron durante la tarde, con escaramuzas aisladas en el sector céntrico de Santiago.
A la protesta se adhirieron unos 20 gremios, entre ellos los profesores, médicos y trabajadores de la Salud, estudiantes y los empleados públicos, además de partidos de izquierda y las juventudes de la oficialista Concertación, coalición en el gobierno desde la restauración de la democracia en 1990.
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