La Junta frena en Mairena 1.241 nuevas viviendas por falta de infraestructuras

La Junta de Andalucía ha rechazado de manera contundente los planes del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe para aumentar la edificabilidad de varios sectores urbanizables de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en los que el Consistorio quería incorporar una reserva del 30 por ciento para viviendas protegidas sin provocar un importante perjuicio económico a las empresas constructoras, al considerar que no va acompañada de las dotaciones necesarias. El PGOU actual mairenero no contempla esta reserva del 30 por ciento porque fue aprobado apenas unos días antes de la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que exige esta medida.

El incremento de la edificabilidad de estos sectores supondrá un total de 1.241 viviendas más, un aumento del 40 por ciento respecto de lo que se recoge en el planeamiento urbanístico para estos sectores urbanizables correspondientes al segundo cuatrienio de aplicación del plan, que plantea originalmente 3.068 inmuebles. De esta forma, plantea en la modificación del PGOU –aprobada en pleno hace más de un año– aumentar las 32 viviendas por hectáreas que se proponen para estos sectores hasta las 40 viviendas por hectárea en la zona “residencial mixta” y hasta las 57 viviendas en la zona de “residencial protegido”. La justificación para aumentar el número de viviendas es paliar el impacto económico que supondría un aumento de las viviendas protegidas sobre las constructoras.
Sin embargo, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo –dependiente de la Consejería de Obras Públicas– ha decidido suspender la aprobación definitiva de esta modificación urbanística al detectar diversas carencias, prácticamente todas relacionadas con la ausencia de dotaciones que podrían solucionar las necesidades generadas por una población de casi 4.000 personas que llegarían con estas nuevas viviendas.
Así, en el informe elaborado por la Delegación Provincial de Obras Públicas, se considera que la intención del Ayuntamiento de incorporar esta reserva del 30 por ciento de vivienda protegida “no justifica el incremento residencial que paralelamente se propone, y que supone un aumento del número de viviendas del 40,45 por ciento, (...) contribuyendo a densificar aún más un área ya de por sí fuertemente densificada”. Asimismo, recuerda que el objetivo que plantea el Ayuntamiento –que la Junta “valora positivamente”– para conseguir esta reserva de suelo para vivienda protegida “puede ser alcanzado por el Ayuntamiento sin necesidad de incrementar la densidad residencial del segundo cuatrienio” y advierte que todos los planes parciales aprobados inicialmente con posterioridad al 20 de enero de 2007 deben incluir esta reserva, aunque el gobierno local opina lo contrario.
Al margen de estas dos consideraciones generales, la Consejería de Obras Públicas entra en más detalle al considerar que el “incremento importante de la edificabilidad residencial y el correspondiente aumento del techo poblacional” hacen obligatoria una serie de medidas compensatorias “que implementen o mejoren los sistemas generales de dotaciones o equipamientos en la proporción que suponga el aumento de población y de los nuevos servicios que demande”.
Nada de esto se cumple en el caso de la modificación del PGOU de Mairena del Aljarafe en el que, a juicio de la Junta de Andalucía, no se da una respuesta adecuada a las exigencias que establece la LOUA en materia de dotaciones y equipamientos. En concreto, la Administración autonómica considera necesario evaluar la incidencia de los casi 4.000 habitantes previstos “en los estándares de todos los sistemas de dotaciones e infraestructuras previstas por el plan vigente, así como la posible afección a la capacidad de la red viaria y a la movilidad general de la zona”. Es decir, que el Ayuntamiento quiso colocar a una población algo menor a la que actualmente tiene todo el municipio de Palomares (4.700 según el padrón de 2005) sin tener en cuenta el impacto que estos nuevos vecinos generarían sobre el municipio. La única medida que se acompaña en la modificación urbanística es la obligación de reservar en los planes parciales las área libres locales necesarias para mantener el estándar de 5,57 metros cuadrados por habitante que se recoge en el PGOU, aprobado en el año 2003.
Por otro lado, no es únicamente la Junta de Andalucía la que ha detectado problemas con el aumento del número de viviendas previstas por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Entre los informes que diversas entidades deben presentar en cada modificación urbanística destaca el de Sevillana Endesa, que concluye que “no existe infraestructura eléctrica para atender la demanda prevista” y recuerda que las nueva instalaciones tendrían que ser costeadas por los promotores de la zona. Aljarafesa, por su parte, considera que la infraestructura hidráulica sí permitiría atender la demanda generada por esta modificación.

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