Dicen que con esa ley tal y como está redactada, los oficiales pueden, mediante un curso de adaptación, elevarse "a lo más alto de los escalafones, por encima de sus perspectivas de carrera".

Por el contrario, sus compañeros suboficiales que no accedieron por cualquier motivo al empleo de oficial, ven reducida su titulación a la de Formación Profesional Superior, cuando en 1974 tenían la de Grado Medio.

Denuncian que la ley prácticamente les impide pasar a oficial por promoción interna y sólo a modo de "premio de consolación" se les deja ocupar puestos de mando de oficial pero con empleo de suboficial, "lo que no deja de ser un agravio gratuito".

Proponen por ello como "solución inmediata, de urgencia", un Real Decreto Ley con un artículo único según el cual los suboficiales recibirían un curso de adaptación para recuperar u obtener una titulación equivalente a la de Grado Medio.

La disposición final que proponen fija la entrada en vigor de la modificación el 1 de julio de este año "aunque los cursos no se hayan iniciado".

(SERVIMEDIA) 19-FEB-2009 CLC/isp

El 20 de febrero de 1989, 57 jóvenes pusieron en marcha la campaña de insumisión promovida por el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), declarándose insumisos ante los gobiernos militares del Estado español. Se negaban a hacer la mili y la Prestación Social Sustitutoria (PSS) de 18 meses como alternativa al servicio militar obligatorio. 11 fueron detenidos e ingresados en diferentes prisiones militares.

Se trataba del inicio de lo que iba a ser la más exitosa campaña de desobediencia civil en el Estado español y en Europa. A lo largo de los 12 años que duró la lucha, 50.000 jóvenes se declararon insumisos y 1.670 acabaron en la cárcel por defender su derecho a no hacer la mili ni la PSS. La fortaleza de esta estrategia de desobediencia civil se basó en el desarrollo de un potente colchón social: por cada insumiso, cuatro personas de diversa condición social y laboral se autoinculpaban de cometer el mismo delito. Cada desobediente generaba la movilización de un grupo de apoyo y su entorno, mientras movimientos sociales, sindicatos y ONG se unían al boicot a la PSS. La red solidaria se extendió como una mancha de aceite: el virus de la insumisión infectó a todo el tejido social.

La insumisión es heredera de la objeción de conciencia de los años ‘80 y del trabajo de grupos de mujeres antimilitaristas. Aquellos objetores fueron amnistiados y quedaron libres de sus obligaciones militares. Sin embargo, varios de ellos creían que la mayor duración de la PSS penalizaba a los objetores y que se trataba de un trabajo esclavo que eliminaba puestos de trabajo. Para ellos, el objetivo debía ser la desaparición total del servicio militar. Con la renuncia a la amnistía, volvían a ser llamados a filas. Cuando esto ocurrió, se declararon insumisos.

El primer juicio militar contra insumisos se celebró el 16 de noviembre de 1989 y en ese año se produjeron las primeras condenas de cárcel que los insumisos cumplieron en cárceles militares. En 1991, los casos de insumisión al servicio militar pasaron a la jurisdicción civil. Si el Código Penal Militar fijaba la pena mínima para los insumisos a la mili en un año de prisión, el Código Civil establecía unas penas más altas para ambos tipos de insumisión: de dos años, cuatro meses y un día hasta seis años. En 1995 se aprueba un nuevo Código Penal que mantiene las condenas de cárcel.

Al año siguiente, el nuevo Gobierno de Aznar anuncia la profesionalización de las Fuerzas Armadas. El último reemplazo de la mili dejará los cuarteles en diciembre de 2001. Poco después, el Ejecutivo se ve forzado a reformar el Código Penal y el Código Penal Militar para eliminar los delitos relacionados con la insumisión: se produce una amnistía para cerca de 4.000 insumisos procesados y unos 20 insumisos en los cuarteles.

Tras aquellos ‘años dorados’, el movimiento antimilitarista sigue trabajando en la desmilitarización de la sociedad en frentes como las movilizaciones contra las guerras, la desobediencia al gasto militar, el desmantelamiento de las instalaciones militares y su reconversión a uso civil o las nuevas luchas contra la OTAN. Y lo hace en un contexto en el que la existencia de un Ejército ‘profesional’ intenta ser vendido y legitimado como una opción laboral más, como una ONG vestida de caqui, indica el movimiento. Parafraseando algo que los antimilitaristas decían no hace tanto tiempo: “Si acabar con la mili fue divertido, abolir los ejércitos será un fiestón”.

Diferentes estrategias

Aunque la opción más extendida fue la iniciada por el MOC, consistente en presentarse a los juicios e ingresar en prisión, asumiendo una línea noviolenta, hubo otras estrategias. Colectivos libertarios y autónomos como Los invisibles promovieron la “insumisión total”, en la que los reclutas eran juzgados en rebeldía. Los Mili KK y el grupo Kakitzak, uno de los más representativos de Euskal Herria, como los anteriores, evitaron inscribirse en la noviolencia, aunque todas sus acciones lo eran. En los últimos años, el MOC lanzó la campaña Insumisión en los Cuarteles.

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