La Unidad Militar de Emergencias es una fuerza militar controvertida
Los eufemismos y la ministra Chacón
Aseguraba Carme Chacón, ministra de Defensa española, no haber sido nunca partidaria de eufemismos o dobles lenguajes. Lo advertía al tiempo que se declaraba pacifista, “y los ejércitos del siglo XXI también lo son”, y agregaba que “éstos no son tiempos para el intervencionismo militar”, antes de acabar insistiendo en que la presencia militar española en el país asiático no tiene otro propósito que “defender la libertad”.
Tal parece, sin embargo, que la defensa de tan noble derecho no está siendo muy exitosa. Los propios informes militares españoles dan cuenta de que en Badghis, la provincia bajo tutela española, los insurgentes han multiplicado por diez, sólo en un año, el número de sus efectivos. “Hace un año, la insurgencia estaba a 100 kilómetros de la capital. Ahora, la tenemos en la puerta", explicaba un mando militar español destinado en esa región en declaraciones al periódico El Mundo.
Y ello, no obstante el esmero demostrado en la reconstrucción del país, la otra gran encomienda de las tropas españolas, a la que también se refería el militar español: “La mayoría es gente que no tiene donde caerse muerta y está dispuesta a luchar por unos pocos dólares. Por eso les hemos estado pagando por abrir zanjas y luego cerrarlas. El problema es que no puedes comprar a quienes han perdido un pariente a manos de tropas occidentales y aquí todo el mundo es familia”.
De que la población afgana pierda tantos parientes se ocupan, especialmente, las tropas estadounidenses, ya que, asegura la misma fuente, “mientras los españoles confían en ganarse poco a poco a la población, hacen la vista gorda con el narcotráfico y sonríen antes de preguntar, los estadounidenses desconfían de los nativos, ignoran su forma de vida y disparan ante la menor duda.”
En el distrito de Shindand, refiere el periódico, el mismo en el que murieron el 3 de noviembre dos soldados españoles, un bombardeo de EE UU mató en agosto a 96 civiles, incluidos 60 niños y 15 mujeres.
Y no ha sido el único desmán cometido por los pacíficos ejércitos occidentales, según la terminología de la ministra Chacón tan contraria al uso de eufemismos. El mismo periódico aportaba otro dato más en relación a las sosegadas artes que despliegan los pacificadores en Afganistán, y hasta se permitía hacerlo subrayando la escasa difusión que tuvo la noticia, como si semejante confesión absolviera su complicidad en el silenciado crimen: “Aunque no ha tenido tanta publicidad, el pasado 6 de noviembre, sólo tres días antes del atentado, un ataque aéreo de Estados Unidos mató a 13 insurgentes y a siete civiles en Ghormach, uno de los más conflictivos distritos de la provincia cuya reconstrucción corresponde a España”.
Nadie sabe cuantos parientes restan por morir y cuantas zanjas más habrán de ser abiertas y cerradas antes de que la pacificación reconstruya Afganistán pero ya la ministra, no lo dudo, debe estar investigando qué otros vocablos, que no parezcan eufemismos, caben para nombrar la desvergüenza. Koldo Campos Sagaseta
Koldo Campos Sagaseta
El alcalde puertorrealeño confirmó que ha sido citado a declarar a las 10,00 horas del próximo lunes. A su juicio, esto demuestra que el Código Penal español considera "inviolable" la figura del Rey y de la Corona y, por tanto, "punible todo lo que se diga de él que no sean flores y alabanzas".
Para Barroso, así "se denotan los déficit democráticos que tiene la Constitución, la libertad de expresión y el Código Penal en este país", que, según dijo, "permite que cualquiera insulte al representante de la voluntad popular, en este caso el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y no pasa absolutamente nada".
Sin embargo, "por lo visto no se puede calificar una práctica como es la práctica de la Monarquía", que es "un anacronismo franquista" y que, a su juicio, "tienen comportamientos absolutamente deplorables, amorales y exentos de toda ética", apostilló.
En este sentido, señaló que esta circunstancia es "desconocida por la mayor parte de la opinión pública de este país, que sólo bebe de las fuentes de las revistas rosas y el papel cuché", cuando "un número importante de publicaciones acreditan" lo que calificó como prácticas "absolutamente deleznables en el terreno económico y de la moral por parte de la Corona española".
"Por lo visto la libertad de expresión tiene el límite que impone el Código Penal en beneficio de la Monarquía, como salvaguarda de ésta y convirtiéndose en una especie de cordón sanitario" que, según aseguró, "impide que nadie pueda aproximarse siquiera a analizar prácticas que tan características son de los borbones y del Borbón éste en particular", en alusión a Juan Carlos I.
El dirigente de IU dijo no sentirse "para nada" arrepentido de sus declaraciones, sino que está "cada día más convencido" debido a la "reacción de la Fiscalía, que viene a confirmar que se protege al Rey y a su entorno".
Finalmente, instó a las personas que "queremos un país de mayor riqueza democrática" a "intentar por todos los medios que se arroje luz sobre la absolutamente deplorable opacidad de que se beneficia la Corona" e intentar situar a la sociedad en "un sistema más democrático basado en que un hombre es un voto y no hay poder por delegación, porque el poder lo delegan los electores y no el rey o Franco, como en este caso hizo con Juan Carlos I".
El coronel del Ejército español, Amadeo Martínez Inglés, acusa a través de una carta que remite al Congreso de los Diputados, a Juan Carlos de Borbón de planificar y ejecutar el golpe de Estado del 23-F y de la muerte intencional de su hermano.
Reproducimos el texto íntegro del escrito remitido al Congreso de los diputados por Amadeo Martínez Inglés.
AL EXCMO SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE LAS CORTES ESPAÑOLAS
Don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, escritor e historiador militar, se dirige a VE y a la Cámara que preside con arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución española manifestándole lo siguiente:
Con fecha 23 de septiembre de 2005, y con arreglo a cuanto dispone el artículo 77.1 de la Constitución española, remití al presidente de esa Cámara en la legislatura anterior, señor Marín, un exhaustivo Informe (40 páginas) sobre los hechos acaecidos en España en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (popularmente conocidos como la “intentona involucionista del 23-F”) en el que, después de una larga investigación de más de veinte años, presentaba toda una serie de indicios racionales que apuntaban a que el rey Juan Carlos I fue el máximo responsable de su planificación, coordinación, preparación y ejecución. En consecuencia le solicitaba la creación de una Comisión de Investigación, conforme a lo que establece el artículo 76.1 de la Carta Magna, que, a pesar del tiempo transcurrido y con los máximos poderes, estudiara, investigara y analizara tan deleznable episodio de la reciente historia de España y depurara las responsabilidades (políticas e históricas, preferentemente) en las que pudo incurrir el monarca español.
En enero de 2006, cuatro meses después del envío del Informe sobre el 23-F al presidente del Congreso de los Diputados y visto que éste no parecía dispuesto a acusar recibo del mismo y, mucho menos, a estudiarlo o debatirlo en la Cámara que presidía (aunque me consta que dio traslado del escrito a los diferentes grupos parlamentarios) decidí enviar el prolijo documento al presidente del Senado, señor Rojo, al del Gobierno de la nación, señor Rodríguez Zapatero, y a cada uno de los presidentes de las más altas instituciones del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado…etc, etc. Ninguna de las autoridades a las que iba dirigido el, al parecer, “políticamente incorrecto” escrito (a excepción del presidente del Senado, quien acusó recibo a través de la Comisión de Peticiones de la Cámara) contestó al mismo.
Al no obtener ninguna respuesta, tanto del presidente Marín como de los presidentes de las más altas instituciones del Estado, año y medio después, con fecha 23 de febrero de 2007, presenté en el Congreso de los Diputados el mismo Informe solicitando de nuevo la creación de una Comisión que investigara el supuesto golpe de Estado del 23-F; visto, además, lo ocurrido en esa Cámara el día 23 de febrero del año anterior, fecha en que se cumplía el vigésimo quinto aniversario de tan desgraciado evento, al rechazar de plano algunos grupos parlamentarios la nota institucional que pretendía difundir el presidente y que, como venía siendo costumbre en los últimos años, señalaba al rey Juan Carlos como supremo y único “salvador de la democracia y las libertades del pueblo español” puestas en peligro por el golpista Tejero.
Como consecuencia de todo lo anterior y consciente de que el Congreso de los Diputados, con su señor presidente al frente, y el resto de autoridades a las que había dirigido el documento nunca se iban a molestar en acusar recibo del mismo (si sus señorías no quieren debatir tan espinoso asunto que lo haga la opinión pública, primero nacional y después internacional), he decidido publicar todas mis investigaciones sobre el rey Juan Carlos en forma de libro (“Juan Carlos I, el último Borbón”. Styria. Febrero 2008), un extenso trabajo sobre la vida del monarca español en el que analizo, después de muchos años de estudio y dedicación, no sólo el ya comentado asunto del 23-F sino algunas de las numerosas y graves irregularidades políticas, militares, familiares, económicas… que ha protagonizado, primero en su juventud y después a lo largo de sus treinta y dos años de reinado. Muchas de estas irregularidades son, obviamente, presuntos y graves delitos que no deben quedar escondidos, de ninguna de las maneras, bajo la alfombra de la historia. Como los que relaciono a continuación:
1º.- Un intento de golpe de Estado, ya que a estas alturas está fuera de toda duda que, en el otoño de 1980, dio el visto bueno a sus militares cortesanos (los generales Armada y Milans) para que planificaran, organizaran, coordinaran y ejecutaran una ilegal e inconstitucional maniobra político-militar-institucional (el ya comentado 23-F), de acuerdo con determinadas fuerzas políticas del arco parlamentario, con el fin de cambiar el Gobierno legítimo de la nación española y frenar con ello un golpe militar de la extrema derecha castrense. Maniobra que después sería abandonada por él mismo y sus compinches políticos ante la estrafalaria entrada del teniente coronel Tejero en el Congreso de los Diputados, poniendo así en serio peligro de guerra civil a este país.
2º.- La puesta en actividad, en 1983, de los batallones de la muerte o grupos de terroristas de Estado denominados GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) para hacer desaparecer (matar o secuestrar) miembros de ETA, saltándose a la torera todas las normas y leyes del Estado de derecho y usando las mismas tácticas y técnicas de los separatistas vascos. Grupos de asesinos a sueldo del Estado español que, con el conocimiento y la autorización del Jefe del Estado y comandante supremo de las FAS españolas, el rey Juan Carlos, serían organizados y dirigidos por los servicios secretos militares (CESID) nutriéndose de funcionarios militares y civiles españoles y mercenarios extranjeros.
3º.- Enriquecerse de una forma exagerada e ilegal hasta convertir a su familia en una de las más grandes fortunas de Europa y el mundo, recibiendo sospechosas donaciones y créditos personales desde el exterior y realizando substanciosos negocios aprovechándose de su omnímodo poder institucional y su inviolabilidad ante la ley. Lo que ha propiciado que en treinta años su fortuna se haya elevado, según prestigiosas publicaciones extranjeras (en España el mutismo en todo lo referente a la familia real es absoluto), a la importantísima suma de 1.790 millones de euros (300.000 millones de pesetas). Cifra ésta nunca desmentida por La Zarzuela.
4º.- Ejercer la corrupción continuada y generalizada, al recibir y aceptar como rey y jefe del Estado regalos y donaciones multimillonarias de empresarios y particulares (yates, coches, petrodólares para apoyar la reconquista de Kuwait…).
5º.- Desviar fondos reservados del Estado para pagar sus aventuras galantes y los chantajes de alguna de sus numerosas amantes, como el que tuvo que hacer frente a partir del año 1994 tras su larga relación amorosa de 15 años de duración con una bella vedette del espectáculo español. Que nos ha costado a los contribuyentes españoles más de 500 millones de pesetas, pagados con los fondos reservados del CESID, Presidencia del Gobierno y Ministerio del Interior.
6.- Un presunto asesinato (el simple homicidio ya fue aceptado en su día por él mismo y su familia) cometido en sus años mozos, ya que el 29 de marzo de 1956, con 18 años de edad y siendo un distinguido cadete de la Academia General Militar de Zaragoza, con seis meses de instrucción militar intensiva en su haber y otros seis de instrucción premilitar (experto por lo tanto en el uso y manejo de toda clase de armas portátiles del Ejército español) mató, estando sólo con él y en muy extrañas circunstancias que nunca han sido aclaradas, de un tiro en la cabeza procedente de su propia arma a su hermano Alfonso, de 14 años, el preferido de su padre, don Juan de Borbón. Quien, según muchos políticos del entorno de éste, iba a ser elegido por el conde de Barcelona para sucederle en sus derechos dinásticos a la corona de España ante el proceder de Juan Carlos, que ya en esas fechas manifestaba una irregular y perruna obediencia a Franco con vistas a acceder al trono saltándose a su propio padre.
En relación con este turbio asunto (que ha permanecido cincuenta años en el más absoluto de los secretos), el citado trabajo de investigación desmonta una tras otra todas las hipótesis tejidas en su día por la propia familia de Juan Carlos y el dictador Franco para hacer creer a los españoles que todo fue un desgraciado accidente. Supuesto accidente, que nunca fue investigado ni por la justicia portuguesa ni por la española, civil o militar, siendo el homicida en aquellas fechas un profesional de las Fuerzas Armadas españolas.
De todos estos presuntos delitos cometidos por el rey Juan Carlos I, que recoge el ya repetidas veces comentado trabajo de investigación, se presentan abundantes indicios de culpabilidad. De la mayoría de los cuales, por otra parte, han tenido constancia en los últimos años las elites mejor informadas de este país (políticos, periodistas, líderes sociales…) pero sin atreverse a denunciarlos y, mucho menos, a perseguirlos. El historiador militar que formula el presente escrito ha decidido ahora darles publicidad en forma de libro para conocimiento de todos los españoles. Libro que, por otra parte, pasados ya dos meses desde su publicación, no ha sido desmentido en ninguno de sus extremos ni por la propia Casa Real española ni por autoridad alguna. Hasta el momento también, tanto el Congreso como los demás poderes del Estado han “callado y otorgado”.
En vista de ello, constituidas ya las nuevas Cortes Generales salidas de la voluntad popular expresada el 9 de marzo pasado y comenzado con ello una nueva legislatura, me dirijo a VE como presidente del Congreso de los Diputados para, en virtud de lo que contempla el ya citado artículo 77.1 de la Carta Magna española, exigir la creación de la ya repetidas veces solicitada Comisión parlamentaria que proceda de inmediato a estudiar e investigar las ya muy claras responsabilidades del monarca español en los hechos comentados con anterioridad y que resumo de nuevo:
1º.- La llamada durante años “intentona involucionista del 23-F” y que en realidad no fue tal sino una chapucera maniobra borbónica de altos vuelos, al margen de la Constitución y de las leyes, para cambiar el Gobierno legítimo de la nación en provecho de la Corona.
2º.- La creación y organización de los autoproclamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), compuestos por determinados estamentos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército (de los que el monarca español tuvo conocimiento antes de que empezaran a actuar a través de documentos reservados del CESID) y que cometieron, con métodos expeditivos criminales, por lo menos veintiocho asesinatos de Estado y un secuestro.
3º.- El sorprendente y rápido enriquecimiento de su familia (en treinta años ha pasado de la indigencia más absoluta a disponer de una de las mayores fortunas de Europa, según informaciones de toda solvencia que no han sido desmentidas por La Zarzuela).
4º.- La aceptación continuada de regalos y donaciones por parte de particulares (yates, coches…) que lógicamente harían los interesados persiguiendo algo a cambio.
5º.- Los pagos con fondos reservados de Presidencia del Gobierno y de los ministerios de Defensa e Interior para enfrentar el chantaje de determinada vedette del espectáculo español, que disponía de comprometedores vídeos sexuales con el rey Juan Carlos.
6º.- La desgraciada muerte del infante D. Alfonso de Borbón en “Villa Giralda” (residencia de los condes de Barcelona en Estoril) el 29 de marzo de 1956 y que al hilo de los análisis incluidos en el trabajo de referencia dejan bastante claro que el supuesto accidente pudo ser en realidad un fratricidio premeditado. Mis estudios como militar y como experto en armas dejan muy pocas dudas al respecto. Como tal hecho nunca fue investigado por la justicia (ni portuguesa ni española) exijo, como historiador y ciudadano español, que se abra un proceso clarificador sobre el mismo, exhumando si es preciso los restos del infante que reposan en el Monasterio de El Escorial e interesando del ministerio de Defensa la documentación que pueda obrar sobre aquel homicidio en los archivos de la Academia General Militar de Zaragoza, con el fin de que expertos judiciales y técnicos en balística y teoría del tiro puedan hacer sus evaluaciones y aclarar definitivamente el misterio que encierra aquel luctuoso suceso de la historia de España. Y dejando abierto el camino para que los jueces establezcan las responsabilidades penales a las que todavía debiera enfrentarse Juan Carlos de Borbón, ya que en aquella época no estaba cubierto constitucionalmente por ningún manto de inviolabilidad o irresponsabilidad y sólo era un profesional del Ejército español (cadete de la Academia General Militar de Zaragoza), sujeto por lo tanto a las leyes penales castrenses.
Responsabilidades que podrían ser de carácter penal pero, con toda seguridad, históricas y políticas pues si se demostrara la culpabilidad del actual rey de España, habría que reescribir con toda urgencia la historia de este país.
Hasta aquí, señor presidente del Congreso de los Diputados, los presuntos delitos cometidos por el actual rey de España, tanto en su ya largo reinado como en sus años juveniles de caballero cadete en la Academia General Militar. Que este modesto historiador militar y coronel del Ejército no está dispuesto a que queden ocultos entre las bambalinas de la historia y sin su correspondiente condena, sea esta penal, moral o histórica. Por ello le reitero una vez más la solicitud de que todos estos hechos sean estudiados, investigados y analizados en profundidad, y cuanto antes, por una Comisión parlamentaria (auxiliada por los correspondientes expertos), ya que sin duda debe ser ese foro parlamentario, como suprema expresión de la soberanía popular, el que promueva inicialmente las acciones pertinentes, de tipo judicial o político, que permitan aclarar tan graves e importantes cuestiones. Que afectan al país en general y, sobre todo, a su historia pues no deja de ser un auténtico sarcasmo y una burla al pueblo español que ya figure en los libros de historia de este país como máximo salvador de la democracia y de las libertades de sus ciudadanos aquel que fue el primero en ponerlas en peligro autorizando el golpe de Estado del que, según la angelical teoría oficial, nos salvó a todos.
Ante esta Comisión debería comparecer el propio rey Juan Carlos (ya se pidió su presencia ante el Tribunal Militar de Campamento en el año 1982 para que contestara a las acusaciones de golpismo vertidas en su contra por algunos acusados y testigos en el golpe del 23-F) pues una cosa es que su persona sea, a día de hoy, constitucionalmente inviolable y no sujeta a responsabilidad y otra muy distinta el que no pueda y deba comparecer ante los legítimos representantes del pueblo para dar a conocer su versión sobre unos hechos gravísimos de la reciente historia de España en los que él ejerció el papel de protagonista absoluto.
Y por último, señor presidente del Congreso de los Diputados, si tanto esa Cámara como los demás poderes del Estado optan, una vez más, por tomarse mis denuncias contra el rey Juan Carlos I a título de inventario, es decir, como si estuvieran formuladas contra el históricamente preclaro e insigne Alfonso X el Sabio en lugar de a menor gloria del, a todas luces, menos docto y ejemplar personaje que en estos momentos ocupa la Jefatura del Estado español a título de rey por deseo testicular del dictador Franco, este historiador militar (que le recuerdo, por si lo ha olvidado, fue encarcelado y separado abruptamente de su carrera por un ministro de Defensa de su partido, en 1990, por reivindicar, con conocimiento de causa, un Ejército profesional para España; aspiración que consiguió en 1996) se verá obligado moralmente a pedir amparo internacional en la instancia judicial o mediática que estime oportuna y conveniente, incluido si fuera preciso el Tribunal Penal Internacional. Porque no deja de ser un contrasentido y un esperpento jurídico que la Audiencia Nacional española, a través de su “juez estrella” Baltasar Garzón, se dedique a perseguir jefes de Estado extranjeros, presuntos genocidas, terroristas y responsables de crímenes de lesa humanidad, y no haya llamado siquiera a declarar al máximo responsable de los asesinatos de los GAL (crímenes de Estado que no prescriben ni deben contemplar en su enjuiciamiento inviolabilidad alguna): el rey Juan Carlos I. Quien recibió precisa y abundante información reservada del CESID en su momento (la famosa Acta Fundacional y otros documentos) sobre la preparación y pronta puesta en ejecución de la llamada “guerra sucia” contra ETA. Y no hizo nada por evitarla.
Y espero, señor presidente, que no tome estas mis últimas palabras como una amenaza (jamás me permitiría semejante libertad contra el máximo representante del pueblo soberano y tercera autoridad del Estado) sino como una respetuosa advertencia de un ciudadano español que ha dedicado toda su vida a la defensa de este país, que sólo ha recibido a cambio represiones y sinsabores y que, desde luego, como le enseñaron hace ya muchos años en una Academia Militar, no va a cejar en la lucha por sus ideales y convicciones.
España no puede tener ni un minuto más en la Jefatura del Estado a un hombre de pésima catadura moral, homicida confeso (que no ha pagado todavía por su delito), presunto asesino y también, en grado de presunción por el momento, golpista, malversador de fondos públicos y terrorista de Estado.
Le adjunto, señor presidente del Congreso, copia del Informe remitido en septiembre de 2005 y febrero de 2007 a su predecesor en el cargo.
Este escrito fue realizado en abril de este año y ha sido publicado en dieferntes medios de comunicación del Estado
SIN PERDER LOS PAPELES...PERO EL MUNDO SE PARECE EN LAS DISTINTAS DÉCADAS SE VAN CUMPLIENDO SIMILITUDES SOSPECHOSAS...
Debemos hacernos sentir y oir. EL MUNDO AL REVES: Solana y Moratinos llaman criminales a los serbios. Cuando la OTAN ha sembrado el terror en Yugoslavia (Kosovo)... Otros son héroes como el general fulgencio coll condecorados por haber tomado parte en el genocidio de Irak, cumpliendo eso si ordenes de Aznar, eso sí, y que éste las cumplia de Bush. Felipe González nos metió el terrorismo de estado en España para defender a los genocidas franquistas. Carrillo se bajo los pantalones y nos puso como Rey a Juan Carlos que sigue la línea de Franco. Sino como se entiende que el Tribunal Supremo condene las ideas de un pueblo como el vasco (ANV ES PROSCRITE E ILEGALIZADA)Que función cumple el congreso en materia legislativa y de derechos fundamentales...NINGUNA La EAUXCAE ESTIGMATIZA POR FRANQUISTA..QUE ALGUNOS DEFIENDEN, ES DE ENTENDER POR TENER EL CEREBRO LAVADO....EN FÍN EL MUNDO ES DE LOS FACHAS....EN ESPAÑA TAMBIÉN...
Haceros oir...
Por supuesto que defenderemos nuestros legítimos derechos.Lo hemos ido haciedo por etapas.De la mano de Sartorius empezamos después desde nuestras propias posiciones recorriendo Tribunales superiores,T.S,T.C,Defensores de pueblo,extrasburgo,diputados, senadores y por último desde posiciones políticas que nos escuchan.Por supuesto que seguiremos defendiendo nuestros derechos´La denuncia de esta web y otras es también una prueba más de nuestra determinación.
Aquí, nadie se la juega. Defienden unas ideas y tienen coherencia con ellas. Fulgencio Coll (JEME) defenderá cualquier cosa menos una tercera república. El resto de militares si defienden lo suyo.como en esta página se demuestra también sabrán defender una tercera república la suya, la de todos. Es la única forma de que se les haga JUSTICIA CON MAYÚSCULAS. COJONES TIENEN PARA ESO Y MÁS
JUEGATELA MILITAR..Y APUESTA POR LA TERCERA REPÚBLICA....TODOS SALDREMOS GANANDO Y ESPAÑA Y EL PUEBLOTE LO AGRADECERAN ....CONFRATERNIZA CON EL PUEBLO...NO LE DES LA ESPALDA...
Fuera simbología franquista de CarabanchelEl miércoles 16 de julio, decenas de carabancheleros fueron tapando las placas del Paseo Muñoz Grandes con rótulos de la Avenida de la IIIª República
El miércoles 16 de julio, decenas de carabancheleros realizaron una acción de denuncia de la permanencia de símbolos franquistas en las calles de Madrid. (ver fotos)
En concreto fueron tapando las placas del Paseo Muñoz Grandes con rótulos de la Avenida de la IIIª República.
Al mismo tiempo repartieron el comunicado adjunto:
FUERA SIMBOLOGÍA FRANQUISTA DE CARABANCHEL
72 años después del alzamiento fascista contra la legalidad democrática de la II Republica, y 3 décadas después de recuperar las libertades formales, todavía quedan numerosos símbolos de la dictadura franquista en las calles de nuestro país.
En Carabanchel persisten más de 20 placas dedicadas a falangistas, militares, alcaldes, etc. que durante la Guerra Civil y la Dictadura se destacaron por participar en la represión y asesinato de miles de personas que defendían la libertad y la justicia social. Y quedan también otras muchas placas de vivienda con los símbolos fascistas.
Algunas de estas calles de Carabanchel, que ensalzan a personas que no se lo merecen, son las siguientes:
Alfredo Aleix: concejal de Carabanchel contrario a la República y simpatizante de las ideas fascistas.
Álvarez Abellán: Teniente alcalde de Carabanchel
Antonio Corpas, Eduardo Rivas, Enrique Moyano, José Montes, Juan Pérez Almeida: Miembros de Falange Española
Miguel García de la Herrán: Redactor de la declaración del estado de guerra emitido en Sevilla el 10-02-1932. Comandante Militar de Sevilla. Partidario de Franco, en 1936 actuó a las órdenes del General Sanjurjo.
Padre Oltra: Religioso franciscano, asesor de la Hermandad de Excombatientes
Calle del Tercio: Homenaje a la Legión Española. Tercio de voluntarios fundado por Millán Astray, del que Franco fue primer lugarteniente.
Agustín Muñoz Grandes: Mandó la División Azul (división de voluntarios que intervino en el frente ruso junto a las tropas de Hitler). Secretario General del Movimiento y del ejército franquista. Capitán General de Madrid, Vicepresidente del gobierno (1962/1967) y Consejero del Reino. Esta calle se asignó en 1926, sustituyendo a la carretera y paseo del Hospital Militar, procedente de la anexión de Carabanchel a Madrid en 1948
Por una ... Avenida de la III República
Ateneo Republicano de CarabanchelAgrupación PCM-CarabanchelUJC / Colectivo Dolores Ibarruri
[Madrid] Acabemos con los restos del fascismo y el franquismo en nuestras callesDiversos colectivos llevan a Sol las placas franquistas retiradas de las calles. Comunicado y galería fotográfica de la rueda de prensa celebrada en la Puerta del Sol de Madrid.
Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid: Galería Fotográfica
Tal día como hoy, hace 72 años, una parte del ejército, dirigido por mandos golpistas con el general Franco a la cabeza, se sublevó contra el régimen democrático y legitimo de la II República Española. Dicha sublevación dio paso a una cruel guerra civil, y la implantación de un régimen fascista en España, aun más cruel todavía.
La ilegitimidad de aquel levantamiento y el régimen posterior de terror que se implantó, quedó patente ante los ojos del mundo entero desde su imposición, y así fue declarado y condenado por diversas Resoluciones de Las Naciones Unidas, por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y en la exposición de motivos de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, mal llamada de la memoria histórica, entre otras.
El pueblo español sufrió 40 años de represión sanguinaria en la que fueron asesinados cientos de miles de defensores de la libertad y la justicia social, y, tres décadas después de recuperar las libertades formales, este pueblo sigue sufriendo la humillación de ver como existen todavía centenares de calles, plazas y monumentos dedicados a quienes dirigieron y ejecutaron tan despiadada represión y exterminio.
Muchos países que han sufrido dictaduras, entre ellos países de nuestro entorno han realizado el proceso de restaurar la memoria de quienes fueron perseguidos injustamente, y de colocar ante la Historia y la Justicia a quienes fueron responsables directos de la masacre. En España todavía queda mucho por hacer, y consideramos ignominioso que los asesinos sigan gozando de un respeto y homenaje oficial que no se merecen.
Por este motivo, colectivos de diversas procedencias y lugares de la geografía española hemos decidido pasar a la acción ante la pasividad de unas autoridades que no están a la altura de su cargo político ni administrativo, entre otras razones por el manifiesto incumplimiento de la citada Ley 52/2007, de 26 de diciembre, en cuanto a la retirada de simbología fascista—franquista de nuestras calles y demás espacios públicos. Prueba de ello son los hechos hoy denunciados en Madrid.
Hemos elegido este lugar porque fue también símbolo de la represión, en cuyos calabozos de la antigua D.G.S se torturo y asesino a miles de opositores al régimen. Aquí debe colocarse una placa conmemorativa de todas las víctimas inocentes de aquel régimen sanguinario.
Exigimos a las autoridades competentes el cumplimiento de sus obligaciones al respecto, y manifestamos nuestro compromiso por seguir promoviendo la restauración de la dignidad democrática para nuestro pueblo, máxima que no se puede conseguir sin Justicia, Verdad y Reparación.
- Ateneo Republicano de Carabanchel.- Colectivo Republicano Tercer Milenio.- Federación Estatal de Foros por la Memoria- Partido Comunista de España/Leganés- Unidad Cívica por la República- V de Vivienda de Leganés.
Madrid 17 de julio de 2008
¡¡¡ COMO SE ATREVE DEFENSA A SEMEJANTE ABERRACIÓN!!! CAM,BIAR LA LEY... OTRA VEZ... ¿PARA QUÉ? SI HA SIDO EL MINISDEF (JEME) EL QUE HA SACADO LA LEY DE LA CARRERA MILITARE TAL COMO LA TENEMOS: ES DECIR CONTRA LOS SUBOFICIALES. SACÓ LA LEY DE LA CARRERA MILITAR DE FORMA INTERESADA Y SERVIL PARA ACABAR DE ARRINCONAR A LA EAUXCAE Y DE PASO PONER LA PUNTILLA A LOS SUBOFICIALES QUE ESTÁN EN ACTIVO. ¿POR QUÉ AHORA ESTE CAMBIO DE RUMBO?... NO ESTARAN LOS DE SANGRE AZUL MIRANDO SUTILMENTE DE NUEVO SUS INTERESES Y PONIENDO A LOS SUBOFICIALES DE TAPADERA ¿ACASO NO LLEVAN DÉCADAS PRACTICANDO EL ATROPELLO CONTRA LOS SUBOFICIALES Y OFICIALES PROCEDENTES DE SUBOFICIAL?...
¡¡¡AQUÍ HAY GATO ENCERRADO!!!
NO NOS SORPRENDE ERA DE ESPERAR YA QUE LOS TCOL QUIEREN LA INDEMNIZACIÓN MILLONARIA Y QUE LES PROMETIÓ EL JEME
INDEMNIZACIÓN QUE EL JEME ACONSEJO NEGAR POR LA DICHA LEY A LA EAUXCAE... SE LE NEGÓ SU DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN POR LA D A 10 DE LA LCM... QUE EL SENADO RATIFICÓ Y MANTUVO LOS FRAUDES DE LA DT 11 2B DE LA LEY 17/99 CREADA A INSTANCIAS DEL PP...
VIVIR PARA VER!!!
En el seno de las Fuerzas Armadas, el enfrentamiento democracia-fascismo se manifestaba de múltiples formas, hasta llegar a niveles de organización de reaccionarios y demócratas en la llamada Unión Militar Española (UME), de signo reaccionario, y en la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA), de signo democrático.
La UME, creada en 1932, organizadora de la sublevación de Sanjurjo el 10 de agosto del mismo año, era utilizada por los generales como instrumento preparatorio de la sublevación militar. El gran desarrollo de la UME se produjo a partir de 1934-35, cuando Gil Robles era ministro del Ejército y nombró a Franco jefe del Estado Mayor Central.
En realidad, la UME era una verdadera organización polítida de los cuadros de mando del Ejército, el partido político de los generales, que actuaba en el seno de las Fuerzas Armadas con verdadera impunidad, ya que en las guarniciones, en las comandancias militares y capitanías generales, en los Estados Mayores y escuelas militares, disponíasn, en la mayoría de los casos, de los puesto clave, incluidos los máximos. Cuando no era así, ignoraban a sus jefes jerárquicos, a los que hacían el vacío, engañaban y se aprestaban a inmolar. No en balde se inspiraban en la frase de Mola: "No admitimos neutrales", con la que se fraguaba el premeditado, frío y cruel asesinato de los jefes y oficiales no comprometidos con el alzamiento militar.
Pero la UME era también un apéndice del nazismo en España. Las susodichas cincuenta secciones del partido nazi, creadas durante el bienio negro, se confundían con ella. La sección local de Barcelona se movilizó el 18 de julio, pero la derrota de los sublevados la dispersó y sus jefes se dieron a la fuga. En los demás lugares de España se incorporaron a la sublevación.
En el mes de marzo de 1936, la UME lanzó dos circulares, en las que alentaba a sus afiliados, después del intento fracasado de golpe de Estado de febrero, para el golpe del 19 de abril, que tampoco se pudo dar.
La actividad conspiradora de la UME se completaba con la realización de atentados contra los militares leales después de las elecciones de febrero. La UME confeccionó listas en todas las guarniciones para asesinar a militares republicanos. En Madrid fue gravemente herido el comandante Jiménez Canito; en Barcelona, atentaron con bombas de reglamento "Laffite" contra el coronel Moracho.
Para contrarrestar a la UME, a finales de 1934, un grupo de oficiales de signo genérico republicano se reunió en Madrid, en la casa del capitán médico Palacio. Los llevaba allí la voluntad de hacer frente a la política de fastistización del Ejército de la República.
Los interrogantes que traían los reunidos eran: ¿Por dónde empezar? ¿Qué organización crear? ¿Qué fines debía tener la organización?
Decidieron crear la Unión Militar Antifascista (UMA). Como fines de la organización fijaron: contrarrestar la actividad de la UME; prestar ayuda de todo género a los compañeros presos; unir a los militares republicanos para que los gobernantes tuvieran un instrumento contra la reacción.
Además, acordaron publicar un manifiesto, que allí mismo redactó el teniente coronel Carratalá, dirigido "a todos los compañeros antifascistas, sin distinción de ideas políticas", basándose en que "cada militar, cualquiera que sea el partido al que pertenezca, debe trabajar en el seno de una organización militar, como defensor de la República en peligro, contra el fascismo amenazante".
(…) Vencido el año 1935, se fusionaron la Unión Militar Antifascista, de iniciativa comunista, y la Unión Militar Republicana, de iniciativa socialista, respondiendo al impulso unitario que se desarrollaba en todo el país, lo que dio origen a la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA). (…)
El nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército en una imagen de archivo. (Foto: Carlos Miralles)
PALMA.- El nombramiento por el Consejo de Ministros del general Fulgencio Coll, hasta ahora jefe de la Unidad Militar de Emergencias, como nuevo Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) supone el encumbramiento de un militar mallorquín que en la historia actual ha sido solo superado por el general Weyler, así como el colofón de oro a una carrera ejemplar.
Fulgencio Coll Bucher ha cumplido el día de su nombramiento, los 60 años. Su vida profesional ha sido un honroso desfile militar. Infante, experto en Operaciones Especiales, paracaidista, profesor, conocedor tanto de los campos de batalla como de los sistemas de organización y gestión internacional de la Defensa, ha estado en los principales escenarios bélicos de nuestro tiempo.
Sus misiones en conflictos como Mozambique o Kosovo, donde las tropas españolas fueron destinadas a salvaguardar la paz y la libertad en los peores momentos, tuvieron su clímax de entrega y sacrificio cuando el último Gobierno de José María Aznar le ordenó comandar el contingente español en la guerra de Irak. El general Coll vivió tanto los primeros momentos de la ocupación y democratización del país, en constante pugna con los grupos terroristas, como los meses de la retirada ordenada por Zapatero, que, pese a representar el sentir de muchos españoles, supusieron graves riesgos para el trabajo de los militares.
El general Coll representa en estos momentos uno de los eslabones más honrosos de una saga de militares mallorquines, de una familia en la que además figuran importantes políticos de la historia reciente, desde alcaldes, alguno de los cuales lo fue en el siglo XIX, a procuradores en Cortes y gobernadores civiles. Casado con una hija de la familia García-Ruiz. Su padre, el general de Infantería Fulgencio Coll de San Simón, fue presidente de la última Diputación Provincial, antes de la conversión de estos organismos en Consells Insulars. Antes, el general Coll de San Simón, fue gobernador civil de Bilbao en los años 70.
El abuelo del nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), el también militar de carrera, coronel de Infantería Juan Coll Fuster, fue alcalde de la ciudad de Palma entre los años 1945 y 1952. Cuenta entre otros antepasados ilustres con los también alcaldes de la capital balear Juan Coll Crespí (1856) y el conde de San Simón (1846). La casa del abuelo del general Coll Bucher se encuentra en el centro más rancio de la ciudad de Palma. Es el inmueble ubicado entre la Plaza de Cort y la calle Palau Reial, frente al Ayuntamiento y al Consell de Mallorca. Antes, por parte de su abuela, ha residido en otra casa noble mallorquina, en la calle San Jaime 7.
Nacido el 18 de julio de 1948 en Palma de Mallorca, Fulgencio Coll, que ingresó en el Ejército de Tierra en 1966, estuvo destinado en los estados mayores de la Defensa y del Ejército y ejerció el mando del Regimiento Asturias número 31. Fue nombrado jefe de la División Mecanizada Brunete el 30 de octubre de 2004, tras acceder al empleo de general de división el día previo. Experto en guerra urbana, el general Coll estuvo al mando en Irak de la Brigada Multinacional Plus Ultra II, destacada en las bases de Nayaf y Nasiriya, que integró a 1.300 efectivos españoles, junto a otros 1.200 soldados iberoamericanos, desde diciembre de 2003 hasta su repliegue, en mayo de 2004, tras la orden de retirada dada por Rodríguez Zapatero cuando llegó al poder.
El 30 de abril de 2004, un día después de que el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, presidiera la disolución de la Brigada Plus Ultra II, desplegada en Irak, el general Coll, al mando de dicha unidad, fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Posteriormente ha sido el primer jefe de la Unidad Militar de Emergencias, creada por el primer Gobierno Zapatero con el objeto de potenciar las misiones humanitarias y de salvaguardia de la población civil y el medio ambiente en el territorio español. Su nombramiento como JEME supone el reconocimiento de Zapatero a su gestión al frente de esta unidad.
