La imaginación neoliberal

 Diego Taboada Varela

Rebelión

En su tiempo era el destino único en lo universal, la indisoluble unidad de la patria, el cristianismo como llave, puerta y antemural de la españolidad. Ahora el discurso se ha quedado obsoleto; ante la imposibilidad de echar mano del ejército para regenerar la "identidad" de España o liberarla del "fundamentalismo laico" que aboga por la separación real Iglesia-Estado, y el "separatismo" que aboga por abrir de nuevo el debate sobre la conveniencia de repensar el modelo territorial de estado, la extrema-derecha española, reconvertida en un infumable y atávico pastiche político que mezcla el neoliberal populismo de mercado, el asqueroso racismo identitario del nacional-catolicismo, el discurso estatólatra que oferta ante todo "seguridad" en un mundo en "crisis" -los derechos civiles y la igualdad, al parecer, no importan-, el rígido e inamovible constitucionalismo que, como no, necesita de su propia intelectualidad orgánica, tanto en la prensa escrita y en los medios de comunicación social, como en algunas universidades, para convencer al pueblo de la existencia de cierto "espíritu" santo de la transición, en la que la monarquía funcionó como elemento salvífico que la "liberó" (sic) de reactivar una nueva guerra civil -hasta tan absurdas conclusiones lleva una visión mecánica de la historia-, el discurso de la "crisis" de la familia nuclear cristiana y, por tanto, la necesidad de promocionar tal modelo como el único posible y deseable en el tejido social. Ante la imposibilidad de echar mano del ejército, digo, a la derecha cañí española ya no le queda más recurso que... !et voilá!, !la protesta in-cívica y la contra-comunicación! Quién lo iba a decir.

Allí donde se levantan voces -individuales o colectivas- que claman contra la necesidad de que el Estado regule y ponga freno al flujo descontrolado de capital financiero, que construye y destruye economías locales a velocidad de vértigo y precariza como nunca al ámbito del trabajo, el neo-populismo de mercado responde con su discurso libertario, que exige la salvaguarda de los "derechos individuales" de los grandes propietarios y accionistas que se mueven por las redes del mal llamado "orden" económico global. Allí donde se levantan voces que exigen la separación Iglesia-Estado, en una sociedad en la que decrece la influencia de la iglesia católica y deviene hacia un mayor pluralismo religioso, el pútrido racismo nacional-católico responde, con ayuda de ciertos sectores del establishment y sus portavoces mediáticos -y no sólo de la derecha neoliberal, sino del "centro" político que se sitúa en coordenadas social-liberales, en un reformismo que acepta, tanto discursivamente como de facto, las reglas de juego marcadas por la "libre" economía capitalista de mercado- con la táctica del victimismo rayano a la hipocresía más desvergonzado, situándose a sí misma como la sufridora de una supuesta "persecución" por parte del "fundamentalismo laico" que osa acabar, político-institucionalmente -y por lo tanto, socio-culturalmente- con sus injustificados privilegios educativos y económico-tributarios y su monopolio sobre la vida privada de las personas.

Allí donde se levantan voces contra la incansable propaganda del miedo al inmigrante o al chauvinista discurso que asocia la inmigración como causa real del aumento de los índices de delincuencia -las cárceles Españolas son las más concurridas de toda Europa-, la extrema derecha responde, por cuestiones de cálculo electoral -saben que el pueblo, a no ser sus 10 millones de votantes, si lo hacen, no se traga ya esa relación causal entre inmigración y delincuencia- con el hipócrita discurso de la "integración" y de la necesidad de "regulación" de los flujos migratorios, al mismo tiempo que permanecen en el más absoluto silencio cuando se desvela la realidad de una red de empresarios que, en el plano de la economía informal, contratan a los "sin papeles" y a los "ilegales" a los que luego se expulsa a su país de orígen. El "ilegal" es bienvenido, a efectos pragmático-económicos, en tanto en cuanto es mano de obra barata, y en tanto en cuanto no se establece en un país en donde se hace lo posible por preservar la esencia religiosa y cultural del cristianismo y la españolidad. Hablando en plata: Contribución momentánea a la riqueza "nacional", sí. Integración política y cultural real, no. Ésto podría atentar contra la "identidad". Aquí, en España, todavía no existe un ministerio de la identidad, como en Francia, y lo cierto es que no hace falta, ya tenemos a la conferencia episcopal para conservar nuestras esencias. En Francia, la "conservación de la identidad" es una función que ejerce gustosamente la administración, pues ya hace mucho tiempo que allí se ha puesto a la Iglesia en su sitio. Aquí, las esencias no se conservan a golpe de ley, sentimos más pasión por la teo-política, ya que nuestra autocomplaciente socialdemocracia se viste de gala de vez en cuando y manda a algún diputado a calmar los ataques de ansiedad de Benedicto 16 ante tanta explosión de laico libertinaje.

Allí donde haya sectores políticos y culturales críticos o escèpticos con el Hegeliano "espíritu" absoluto de la transición -sólo hace falta ojear material audiovisual no oficial de esa etapa o leer libros como "Soberanos e intervenidos" (Joan Garcés) y "Las sombras del sistema constitucional Español" (Juan-Ramón Capella) para caer en la cuenta de la complejidad de tal proceso y de la superficialidad de los mitos de la "inmaculada" y "consensuada" (sic) transición Española en la que tanto "participó" (sic) el pueblo-, la derecha cañí responde con acusaciones de "insolidaridad" y "escepticismo" (muchas gracias, esto último nos halaga). Por lo visto, la "insolidaridad" consiste en relativizar o poner en duda las "verdades" históricas elevadas al rango de certeza absoluta por los escribas oficiales de la historia que tanto venden en nuestras librerías y tanto gustan a la soporífera intelectualidad de tertulianos y doxósofos que se toman el "five o'clock tea" con María Teresa Campos y en otros tantos programas por el estilo. Por si no fuera poco, y en búsqueda desesperada de algún símbolo con el que apelar emotivamente a la "unidad" frente al peligro de la "desfragmentación" del tejido social - obviamente, para diluir las energías críticas y el análisis. Condición previa para cualquier alternativa política seria, o para calmar nuestra latinísima y exasperante tendencia a caer en la dramática emotividad, inflada como siempre con el el discurso de la "ética" o la "moral"-, los portavoces mediáticos de la extrema derecha e incluso de la sensibilidad socio-liberal han dedicado continuos reportajes a la figura del rey y a la institución monárquica como "elemento cohesionador" de la nación, así como también han organizado actos rituales cara a la galería pública en los que la constitución aparecía como el tótem laico del que había que partir y que habría que proteger contra el tabú de la crítica. En realidad, a pesar de el discurso hegemónico sobre la "necesidad" de aceptar las consecuencias sociolaborales, económicas y ecológicas de la "modernidad" capitalista, en nuestra península sólo hace falta analizar fríamente ciertos comportamientos y rituales políticos para caer en la cuenta de que seguimos siendo una sociedad bastante totémica, tribal, incluso, en la que apelar a la capacidad de reflexión y análisis, o al esfuerzo por auto contenernos en nuestros juicios y debates, es poco menos que ser relegado al cajón del anacrónico romanticismo de los "utópicos" hombres de letras. 

 Así están las cosas: la extrema-derecha se ha apropiado de la máxima del Mayo Parisino, aquello de "La imaginación al poder". ¿Se han fijado ustedes de cuanto ha aguzado su imaginación dialéctica? Si este mundo le confunde, querido lector, tan solo ponga un discurso o un símbolo en su vida. En cuanto a la "verdad", las libertades, la igualdad y la justicia... ¡pamplinas! ¡de eso sólo hablan anacrónicos hombres de letras, hombre!

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El diario "El País" se hizo eco ayer en su edición digital del informe elaborado por el forense Juan Miguel Monge, que examinó a Mattin Sarasola en dependencias de la Guardia Civil, en Madrid.

Según se recoge en dicho informe, el joven de Lesaka presenta en la superficie corporal "las siguientes lesiones: hematoma orbitario derecho, equimosis (un tipo de hematoma) en pabellón auricular derecho y retroauricular. En brazo derecho presenta un hematoma circular de unos cuatro centímetros de diámetro. Erosión-contusión en área deltoidea de coloraciones violaceas-azuladas. En cara externa de hemitórax derecho y zona mamilar externa presenta un hematoma de color violáceo de unos once por seis centímetros de diámetro. En brazo izquierdo, cara externa, presenta una contusión de unos seis por cuatro centímetros de diámetro y cuatro puntos contusitos [de contusión] adyacentes de coloración violácea-azulada. En costado izquierdo presenta puntos contusivos con las mismas características cromáticas".

Según el diario madrileño, el forense examinó a Sarasola a las 9.25 en Madrid, "una hora después de que llegara procedente de la Comandancia de la Guardia Civil" de Donostia.

El forense afirma que el arrestado fue reconocido "ayer a la tarde", por el domingo día 6, pero el ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo el lunes que el examen del médico forense se produjo sobre las 3.20 del lunes, después de que Sarasola e Igor Portu fueran trasladados a Lesaka al registro de sus viviendas, donde familiares y amigos pudieron confirmar que su aspecto era bueno, aunque cansado.

Denuncias de torturas tras las últimas detenciones. Los familiares desmienten la versión de la Guardia Civil

Un tupido velo en forma de tribunal especial impide a familiares, a allegados y a toda Euskal Herria conocer cuál es el estado de los dos jóvenes de Lesaka detenidos el domingo por la Guardia Civil, y con la sombra de la tortura sobrevolando, una vez más, sobre dos ciudadanos vascos. Igor Portu sigue en la UCI, y nada se sabe de Sarasola.

"El Mundo" daba cuenta en su edición del martes de que Mattin Sarasola, cuya incomunicacióm amplió ayer el juez Fernando Grande-Marlaska, presentaba un estado «escandaloso» cuando fue trasladado a las instalaciones policiales de Madrid.

El diario, citando fuentes judiciales, aseguraba que el lesakarra arrestado junto a Igor Portu estaba «fuertemente contusionado», pero agregaba que fue llevado a Madrid «porque no revestía peligro para su estado de salud ya que las lesiones que sufría eran externas». Asimismo, indicaba que Sarasola «ha estado requiriendo del control puntual del forense asignado por la Audiencia Nacional».

Este rotativo no precisaba cuál fue el médico que examinó a Sarasola ni quién decretó la no hospitalización del paciente. Pero cabe destacar que el ministro del Interior español, Alfredo Perez Rubalcaba, en la comparecencia de urgencia realizada el lunes, utilizaba el plural a la hora de sostener tanto el transcurso de la detención como el propio traslado al hospital, utilizando frases textuales como: «entraron en el hospital, a las 3.55, por su propio pie y sin señas de desorientación», o «la utilización de la fuerza a la hora del arresto produjo lesiones de diversa consideración en los dos presuntos etarras».

Con el fin de confirmar este extremo GARA se puso en contacto tanto con la Clínica Forense del Juzgado de Donostia, así como con el propio Juzgado de Instrucción número 1, responsable del caso. El primero, aseguró que la información ofrecida en "El Mundo" no ha sido facilitada desde la clínica y rechazaron facilitar información alguna sobre la situación de los dos lesakarras. El Juzgado de Guardia, por su parte, hizo caso omiso a la petición de este medio para recabar datos sobre la investigación. De hecho, nada se sabe sobre el estado de ambos jóvenes.

A pesar de ello, el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, manifestó ayer que habrá una «total transparencia» en la investigación sobre lo sucedido tras las detenciones producidas el domingo. Una «transparencia» que brilla por su ausencia, como cada vez que se aplica el régimen de incomunicación a un detenido. En el caso de los vascos, siempre.

El mandatario español, en una entrevista a la Cadena Ser, expresó su «confianza plena» en la Guardia Civil, y calificó de «seriá y creíble» la versión del instituto militar español, conocida por boca de Rubalcaba.

Entre tanto, Igor Portu sigue hospitalizado en la UCI sin que trascienda información alguna de su estado actual, ya que el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo lo decretó «secreto de sumario». Cabe destacar la continua presencia de agentes de la Ertzaintza en las inmediaciones del centro.

Alargan la incomunicación

Sus allegados, por su parte, informaron que la única información obtenida ha sido gracias «a la labor de algunos médicos» del hospital donostiarra. En esta línea, el tío del joven, Francisco Portu, explicó en una comparecencia realizada en la capital navarra que los doctores de dicho centro les indicaron que «de no haber sido por que el instituto armado traslado rápidamente a Portu al hospital, hubiera sufrido consecuencias gravísimas y daños irreversibles».

Este dato no hace más que poner en entredicho la versión oficial trasladada por la Guardia Civil y hecha suya por el ministro del Interior Alfredo Perez Rubalcaba, que a su juicio pasaron más de dieciséis horas desde que se produjo la lesión hasta que le asistieran los médicos.

Asimismo, los allegados del lesakarra precisaron que «aunque Portu siga estando mal es posible que no tenga secuelas».

Mientras tanto, el juez del tribunal especial Fernando Grande Marlaska, según lo difundido por agencias españolas, atendió ayer la petición de prórroga de la incomunicación del joven de Lesaka solicitada por la Guardia Civil, por lo que su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional española se producirá a partir del viernes.

En el caso del otro detenido, Igor Portu, la agencia indicó que el juez esperará a que los médicos que le atienden en el Hospital Donostia autoricen su traslado a Madrid.

“Los jerarcas de la Iglesia son absolutamente reaccionarios y nos están volviendo anticlericales” “Hay que negociar con ETA cuando deje las armas, como ocurrió con el IRA” “Al Gobierno de Zapatero le ha faltado radicalidad y más Bermejo”

 

El asesinato de Santiago Brouard

El martes 20 de noviembre, los GAL asesinan en su consulta pediátrica de Bilbao a Santiago Brouard, presidente del partido HASI y máximo dirigente de Herri Batasuna. Desde el primer día, las investigaciones apuntan a personas vinculadas a los servicios policiales españoles. Aparecen en la escena de la "guerra sucia" confidentes de la Policía conectados a otras acciones de los GAL.

Diario 16 dice en su editorial tras el asesinato: "Su muerte ha sucedido en unas circunstancias que habrían identificado a sus autores aunque estos no lo reivindicaran. Hace algun tiempo los GAL, los oscuros GAL, habían anunciado su siniestra Ley del Talión, consistente en realizar dos asesinatos por cada caído de sus filas a manos de los etarras. Días pasados fue asesinado en Behovia un ciudadano francés cuyas conexiones con los GAL se sospechaban ... Cuando se juega con la vida humana y el destino de un país, se ha llegado demasiado lejos ... El asesinato de Brouard más que una venganza parece una provocación ... El Ministerio del Interior tiene, además de la obligación profesional y política de detener a los autores, el deber moral de ser terminantemente eficaz. El GAL fue un riesgo anunciado...".

Nuestra investigación sigue centrada en mercenarios de tercer nivel. Publicamos en Diario 16 datos de los sumarios instruidos en Francia, en los que algunos de los autores de los asesinatos de los GAL confiesan que "trabajabamos para la Policía española". No hay más. No disponemos de nombres. Sólo algún apodo o alguna identidad falsa.

1985 es un año de intensa actividad de los GAL. Cometen numerosos atentados con un saldo de 11 muertos y decenas de heridos.

Fernando Reinlein y Carmen Gurruchaga reconstruyen en las páginas de Diario 16 la metodología de trabajo de los comandos de los GAL, cada uno de los atentados que han cometido y resumen la suma de indicios de los que ya disponíamos.

Una amplísima representación de la vida social, sindical y política de este país reclamó ayer la puesta en libertad sin ningún tipo de medida cautelar de los acusados en el sumario 18/98, que han sido condenados a un total de 525 años de condena, así como la abolición de la Audiencia Nacional española, «tribunal de excepción que no garantiza un juicio justo».

Maite Aristegi y Mariano Ferrer ejercieron de portavoces del centenar largo de caras conocidas que comparecieron ayer en Bilbo, y el veterano periodista valoró que «en esta sentencia se redefinen los límites de la libertad, de nuestra libertad». Por ello, hizo un llamamiento a la respuesta, «determinante» ante la «arbitrariedad» del tribunal. «No nos hagan cómplices de un tribunal arbitrario e injusto», exclamó, antes de concluir su exposición con una salva de aplausos de todos los presentes.

Ovación a Elkoro

Más de una hora antes, las decenas de personas que se agolpaban en el salón elegido para la comparecencia irrumpieron en una larga ovación cuando José Luis Elkoro entró en la estancia. El histórico militante abertzale ha sido condenado a 24 años de cárcel y al pago de una millonaria cuantía económica.

También estuvo presente en la rueda de prensa Mario Zubiaga, condenado a 9 años de cárcel y que fue igualmente saludado por los presentes, muchos de ellos compañeros suyos en la docencia universitaria.

Cada uno de los procesados se sentó a un lado de la mesa, y en medio, representantes de la práctica totalidad de los agentes de Euskal Herria. Entre muchos otros, secundaron la llamada de la plataforma 18/98+ el mahaikide Mikel Etxaburu; el ex presidente del PNV Xabier Arzalluz; la ex presidenta de EA Begoña Errazti; Kepa Bereziartua y Txarli González Lorente, presidente y secretario general de EAE-ANV, respectivamente; los parlamentarios de Ezker Abertzalea Nekane Erauskin, Julián Martínez y Kattalin de Madariaga; Oskar Matute, parlamentario de EB; Joxe Iriarte, Bikila, de Zutik; Jon Abril, vicecoordinador de Aralar; y Mertxe Colina, de Abertzaleen Batasuna.

Desde el ámbito sindical, estuvieron presentes Adolfo Muñoz, secretario general adjunto de ELA; Txutxi Ariznabarreta, responsable de comunicación de LAB; Jesús Uzkudun, de CCOO; Belén Arrondo, de STEE-EILAS; Paul Nicholson, por parte de EHNE; y Modesto García, de HIRU, entre otros.

Junto a ellos, Antton Lafont, presidente del Consejo Económico y Social (CES); los bertsolaris Unai Iturriaga e Igor Elortza; el cantante Enrique Villarreal, El Drogas; Mikel Luluaga, de Bai Euskal Herriari; Aitor Balda e Izaskun Guarrotxena, representantes de Elkartzen y Bilgune Feminista, respectivamente; profesores universitarios como Iñaki Antigüedad, Ramón Zallo y Francisco Letamendia, Ortzi... así, hasta desbordar por completo el aforo de la estancia.

La presencia de los medios fue también muy numerosa.

Una historia «larga y dolorosa»

Ferrer comenzó su alocución anticipando que iba a contar «una historia tan larga como dolorosa», para exponer a renglón seguido el recorrido del macroproceso 18/98, desde la primera operación policial en mayo de 1998, hasta el cierre de las diligencias, en 2003. «Cuando concluyeron las diligencias eran más de 250 las personas imputadas en una decena de sumarios, y a lo largo del camino habían quedado cerradas empresas, medios de comunicación clausurados, organizaciones políticas ilegalizadas y organismos populares de toda clase criminalizados», evocó.

Siguiendo con su exposición, el periodista apuntó que «detrás de esta vasta operación había una iluminación judicial y un impulso político». Iluminación, la del juez Baltasar Garzón, y el impulso político, el del Gobierno de José María Aznar, que «no tardaría en compartir con el PSOE». En este sentido, señaló que trataron de «volcar sobre el nacionalismo vasco en general la responsabilidad de la persistencia de ETA», y respecto a la izquierda abertzale, explicó que trataron de arrojarle «el estigma de su integración en ETA para ir sacandola de la legalidad por piezas» y «desestructurar al núcleo más activo y correoso del espacio civil independentista».

Para ello, prosiguió Ferrer, el Estado se valió de diferentes instrumentos. El primero, «la criminalización colectiva, el desarrollo de la tesis `todo es ETA' cuya culminación tenemos en la sentencia que nos ha traído aquí». El segundo instrumento sería «la construcción jurídica de un Estado de excepción sin declarar». «De excepción, porque en estos sumarios la excepción es la regla para permitir una persecución penal indiscriminada». Y, como tercer instrumento, citó «la orquestación mediática para adormecer conciencias y la opinión pública».

«Sienten este pueblo»

«A nuestra opinión, el resultado [de la sentencia] equivale al desmantelamiento del Estado de Derecho» sentenció el portavoz habitual de la plataforma 18/98+, y enumeró algunos de los principios que, en su literalidad, establece la Constitución española: «principio de legalidad; igualdad ante la ley; integridad física; libertad ideológica; seguridad jurídica, derecho al honor; inviolabilidad del domicilio; secreto de las comunicaciones; libertad de expresión, asociación y reunión; tutela judicial efectiva; derecho a presunción de inocencia». Derechos todos ellos, que «han sido conculcados en este sumario».

A continuación, realizó una breve pincelada del carácter de los procesados en este sumario, «un conjunto variopinto de personas de todo grupo de edad, género, actividad y manera de pensar». Señaló, a este respecto, que «para muchos son simplemente unos sospechosos que han sido juzgados y condenados» pero «para nosotros son mucho más que eso, son personas que sienten este pueblo que llamamos Euskal Herria, personas estimadas en su entorno, reconocidas en su trabajo por este país, personas comprometidas, con aspiraciones que plena o parcialmente comparte buena parte de esta sociedad, y cuya situación actual suscita un manifiesto y amplio apoyo que trasciende el propio espacio social de los imputados, como demuestra lo que vemos aquí».

Encausados que, como denunció Ferrer, «como forma de castigo anticipado han sufrido un auténtico calvario vital», vía crucis en forma de detenciones «con alarde mediático», incomunicación y «la violación de su integridad física y moral».

En este último punto se detuvo un momento para denunciar que «el tribunal se ha reído a su cara cuando han denunciado torturas».

«Han sido acusados sin pruebas, han sufrido prisión preventiva, han tenido que pagar fianzas desorbitadas para estar en libertad estos años, han tenido un coste económico increíble», insistió en su denuncia.

Una vista oral «caótica»

Para la plataforma 18/98, la vista oral del sumario ha sido «caótica», una «exhibición de indefensión, de desorden, de falta de profesionalidad, de desprecio a la ley procesal». «Si en vez de medir las palabras dijera lo que pensamos en realidad...» dejó en el aire a continuación.

Dicho esto, Ferrer aseguró que «hemos tenido envidia de la vista oral del 11-M». Detalló el modo el que el presidente del tribunal que juzgó los atentados de Madrid tuvo el máximo cuidado procesal «porque había una de