Tres años después de que José Luis Rodríguez Zapatero se comprometiera en la II Conferencia de Presidentes a conceder anticipos a las comunidades autónomas para mejorar el funcionamiento del sistema sanitario, el Gobierno ha dado marcha atrás y ha retirado las ayudas, lo que supone que las autonomías dejarán de percibir 3.000 millones de euros.

La reacción del Partido Popular no se ha hecho esperar y la secretaria ejecutiva de Política Social del partido y vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha comentado que esta decisión "asfixiará a la sanidad".

A su juicio, "este recorte representa un ataque a uno de los pilares más importantes del Estado del Bienestar, demuestra que el presidente no cumple su palabra y que las decisiones en el ámbito sanitario las toma el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, en lugar del ministro de Sanidad, Bernat Soria, al que el Ejecutivo ha ninguneado una vez más".

Según Pastor, es necesario que el Gobierno rectifique, que deje de tener en cuenta el padrón de 1999 para calcular las ayudas que concede a las comunidades y que Soria defienda con mayor vehemencia los intereses de la sanidad española, "pues a estas alturas no basta con crear grupos de trabajo para solucionar los problemas del SNS" (ver noticia).

Autonomías
La valoración de los dirigentes autonómicos ante este recorte ha ido en la misma línea que la del PP. Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, ha señalado que la retirada de los 350 millones de euros prometidos a la autonomía por Zapatero evita, entre otros progresos, que se aumente la dotación de infraestructuras en la región, "lo que supone la construcción, por ejemplo, de un centro del tamaño y las prestaciones que ofrece el Hospital La Fe, en Valencia".

La respuesta de la Junta de Extremadura no ha sido tan crítica, pues asumen que el recorte se debe a la caída de los ingresos públicos, aunque rechazan la negativa a conceder los anticipos por la reducción de fondos con los que contaba para el año próximo.

El anuncio del Gobierno no ha servido tampoco para mejorar las relaciones con la Comunidad de Madrid. Antonio Beteta, consejero de Economía y Hacienda de la región, ha señalado que el recorte implica dejar de asumir costes como la factura farmacéutica o responsabilizarse de una deuda que debían cubrir los 418 millones prometidos a la autonomía. Esta situación ha provocado que Madrid haya anunciado que va a recurrir a la Audiencia Nacional la negación del anticipo. Por su parte, Carlos Ocaña, secretario de Estado de Hacienda, ha justificado en unas declaraciones el recorte en la ayuda alegando la aplicación estricta de las leyes