Envía esta noticia28-12-2007
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han dejado en evidencia al presidente colombiano, Álvaro Uribe, al obligarle a aceptar, bajo presión internacional, la operación de puesta en libertad de tres personas en manos de la guerrilla marxista y de su entrega al presidente de Venezuela y triunfal mediador en este proceso, Hugo Chávez. La operación ha sido finalmente anunciada para hoy.
La puesta en libertad de dos prisioneras y del hijo de una de ellas, anunciada para hoy, marcará un antes y un después en este dossier tras un impasse de cinco años en los que Uribe y las FARC se han atribuido la responsabilidad de los anteriores fracasos en las operaciones de intercambio.
Conocido por su ferocidad contras las FARC, Uribe se ve obligado a aceptar las condiciones, hechas públicas por Chávez, el mismo cuya mediación desautorizó oficialmente a finales del pasado noviembre.
«Uribe sale debilitado de esta historia. Ha quedado en evidencia que se ha dedicado a intentar entorpecer la actuación de Chávez cuando este último estaba en el buen camino», constata Fernando Giraldo, profesor de ciencia política en la Universidad de Cali.
Discreto segundo plano
El presidente colombiano se ha mantenido, quizás por ello, en un discreto segundo plano, dejando que su ministro de Exteriores, Fernando Araujo, fuera quien anunciara la «autorización de la misión humanitaria» de su homólogo venezolano.
«Las FARC han retado a Uribe y lo han logrado», asegura Giraldo, quien añade que «el camino aún es largo» antes de que se haga realidad el intercambio de prisioneros entre el Gobierno y la guerrilla, por el que esta última dejaría en libertad a un grupo de 45 prisioneros, entre los que se encuentra la política franco-colombiana Ingrid Betancourt. Advierte de que nada apunta a que Uribe ceda y acceda a la desmilitarización de territorio que las FARC exigen como condición al intercambio.
«Ni contigo ni sin tí», titulaba ayer el diario «El Tiempo» al analizar el mensaje de las FARC a Uribe. Certificaba asimismo que la guerrilla habría obtenido «la congelación de las acciones militares durante varias horas en una zona emblemática». Se refería a Villavicencio, teatro de enfrentamientos regulares situado en el centro del país y donde se prevé la liberación de los tres prisioneros.
«Las FARC han ganado porque han logrado imponer la mediación de Chávez y han logrado internacionar el conflicto colombiano», coincide el politólogo Vicente Torrijos, de Rosario.
Carlos José Herrera, experto en resolución de conflictos de la Universidad Javeriana de Bogotá, asegura que la anunciada liberación constituye «un punto de inflexión» y «abre la puerta a una nueva etapa» hacia un eventual acuerdo humanitario.
«Chávez y las FARC han jugado muy hábilmente con un gran consenso internacional que ha arrinconado a Uribe», añade. La guerrilla «no sólo ha logrado para sí un reconocimiento internacional sino que ha convertido al presidente venezolano en un interlocutor imprescindible».
El Gobierno de Venezuela ultimaba ayer los últimos detalles para la recogida de tres personas en poder de las FARC, operación que ha sido anunciada para hoy.
La fecha de hoy fue confirmada por el emisario brasileño para esta intervención, Marco Aurelio García.
Por su parte, el portavoz de Cruz Roja Internacional en Ginebra, Marcal Izard, confirmó que «hemos ofrecido nuestros buenos oficios como garantes neutrales de la liberación de los secuestrados y los dos gobiernos, colombiano y venezolano, nos han pedido participar en la operación». Los aviones venezolanos que se trasladarán al escenario de su puesta en libertad, en Villavicencio, llevarán el emblema del CICR.
Además de Brasil y el Estado francés, Argentina, Bolivia, Cuba y Ecuador actuan como facilitadores de este operativo.
En Villavicencio, a 100 kilómetros al sudeste de Bogotá, la Alcaldía decretó un plan de urgencia para tratar a los liberados de eventuales dolencias médicas.
Paralelamente, el Ejército puso en marcha un operativo de «seguridad» en torno al aeropuerto y en el conjunto de la región, una de cuyas localidades, La Uribe, fue el bastión del líder de las FARC, Manuel Marulanda.
Brasil y los golpes en Bolivia, Uruguay y Chile30 años después por Luiz Alberto Moniz Bandeira*
El profesor Luiz Alberto Moniz Bandeira cientista político de la Universidade de Brasília y autor de várias obras, entre ellos Brasil, Argentina e Estados Unidos (Da Tríplice Aliança ao Mercosul). de reciente edicion en portugues y de eminente salida en español por la Editorial Norma de Argentina. La ONDA digital,publica en exclusividad el capitulo dedicado al papel de Brasil en la dictadura uruguaya en los paises del cono sur. En el proceso de implantación de la dictadura uruguaya, Brasil, que influyera directa o indirectamente en este desenlace, envió al Ejército de Uruguay centenas de vehículos, tales como camiones y autos Volkswagen, en una operación del orden de U$S 815.000.
Aunque volviese a defender, desde el gobierno del general Costa y Silva (1967-1969), el principio de no intervención y el respeto a la soberanía de los pueblos, Brasil, cuyo régimen militar pasara a orientarse por el nacionalismo de derecha, no admitía, entre sus vecinos, experiencias de izquierda, que viniesen a estimular la llamada subversión y obstaculizar, externamente, la expansión de sus intereses económicos. La represión, que el gobierno del general Emilio Garratazú Médici (1961-1974) internamente intensificara contra toda y cualquier oposición al régimen militar, se proyectó, por consiguiente, sobre otros países de América del Sur, bajo la forma de intervenciones más o menos encubiertas, sin apelación a la justificación doctrinaria de las fronteras ideológicas. Bolivia, donde la convocatoria de la Asamblea Popular, a fines de 1970, pareciera a los militares brasileños una tentativa de formación de un soviet, recibió la primera estocada. La Casa Militar del presidente Garratazú Médici, bajo la jefatura del general João Batista Figueiredo, ofreció a los adversarios del gobierno del general Juan José Torres, a través del ex coronel Juan Ayoroa, dinero, armas, aviones y hasta mercenarios, así como permiso para instalar áreas de entrenamiento cerca de Campo Grande (Mato Grosso) y en otros lugares próximos a la frontera1.
Y el golpe de estado, deflagrado, finalmente, por el general Hugo Banzer, contó con un abierto apoyo logístico de Brasil, cuyos aviones militares, sin ocultar las insignias nacionales, descargaron fusiles, ametralladoras y municiones en Santa Cruz de la Sierra, mientras tropas del II Ejército, comandado por el general Humberto Melo, se estacionaban en Mato Grosso, prontas para intervenir en Bolivia (donde algunos destacamentos penetrarían), si fuese necesario2. Pocos meses después, diciembre de 1971, el Uruguay estuvo otra vez igualmente en la inminencia de sufrir la intervención militar de Brasil. Las tropas del III Ejército, con sede en Río Grande del Sur, se prepararon para invadirlo, ejecutando la Operación Treinta Horas (tiempo necesario para la ocupación de todo el Uruguay), lo que sólo no se concretó porque el general Liber Seregni, candidato del Frente Amplio (partido de izquierda y centro-izquierda), perdió las elecciones frente a los conservadores3.
Pero los servicios de inteligencia de Brasil continuaron allí, colaborando activamente en el combate a las organizaciones de izquierda. El delegado Sergio Fleury, de la División de Orden Política y Social de la Policía de San Pablo, ayudó a organizar el escuadrón de la muerte para liquidar a los tupamaros (militantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupac Amaru), que realizaban espectaculares operaciones de guerrilla urbana4. Y cuando los militares finalmente dieron, en 1973, el golpe de estado, ultimando el proceso de implantación de la dictadura, Brasil, que influyera directa o indirectamente en este desenlace, envió al Ejército de Uruguay centenas de vehículos, tales como camiones y autos Volkswagen, en una operación del orden de U$S 815.000, mientras que Argentina suministraba automóviles para la Policía, así como gasolina y querosene de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales5.
En la misma época, Brasil también colaboró con los EE.UU. en la preparación del golpe de estado contra el gobierno de Chile, cuyo presidente, Salvador Allende, intentaba la implantación del socialismo por la vía democrática y constitucional. Hubo evidencias de que oficiales brasileños de los servicios secretos, en conexión, posiblemente, con la CIA, participaron de la conspiración, tanto que el general Orlando Geisel, ministro de Guerra en el gobierno de Garratazú Médici, había avisado al embajador de Paraguay que tarde o temprano Chile caería “en manos de los militares”6. El propio embajador de los EE.UU. en Santiago, Edward Korry, afirmó que el “real apoyo técnico y psicológico” al coup d’Etat “vino del gobierno militar de Brasil”7. Y su sucesor, el embajador Nathaniel Davies, reveló que el embajador brasileño, Cândido de Câmara Canto, lo convidó para que conjuntamente planearan y coordinaran los esfuerzos tendientes a derribar el gobierno de Allende8.
Sin duda alguna, la complicidad de Brasil fue, en verdad, mucho mayor de lo que se transparentó. Además de recursos financieros, suministrados por empresarios de San Pablo, varios cargamentos de armas y municiones, entre 1972 y 1973, salieron del puerto de Santos, con destino a Valparaíso, en cajas de maquinaria agrícola y de otros productos, importados por la firma del Senador Pedro Ibáñez Ojeda, a fin de abastecer la organización derechista Patria y Libertad9. Y, con la caída del gobierno de Allende, el 11 de setiembre de 1973, Brasil reconoció inmediatamente la Junta Militar, dirigida por el general Augusto Pinochet. Varios aviones de la Fuerza Aérea Brasileña volaron a Santiago, transportando no sólo víveres y remedios, sino también asesores de la Policía Federal y oficiales de las Fuerzas Armadas, que participaron de interrogatorios y entrenaron a sus colegas chilenos en el arte de la tortura, mientras el embajador Câmara Canto coordinaba las medidas de apoyo a las nuevas autoridades del país10.
Enseguida del golpe de estado en Chile, con el conocimiento de la CIA, los servicios de inteligencia de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay pasaron a cooperar y, en 1975, instituyeron la Operación Cóndor, nombre en código dado al acuerdo para el emprendimiento de acciones conjuntas, tendiendo a coordinar la represión y eliminar los adversarios de los regímenes dictatoriales existentes en los países del Cono Sur. Pero el radio de acción de la operación Cóndor no se restringiría a América Latina. La tercera fase y la más secreta de la Operación Cóndor, según el documento desclasificado por el Defense Intelligence Agency (DIA), del Ejército norteamericano, consistió en formar equipos especiales de los países miembros a fin de que viajasen por todo el mundo y ejecutasen sanciones, que incluían hasta asesinatos, contra supuestos terroristas o que apoyasen sus organizaciones, o sea, contra adversarios políticos de los regímenes militares instalados en el Cono Sur. Si un adversario político o uno que apoyase la organización política adversa estuviese en Europa, un equipo especial de la Operación Cóndor sería enviado para localizarlo y vigilarlo. Cuando culminase la localización y la vigilancia, un segundo equipo de la Operación Cóndor sería enviado para aplicar una sanción efectiva contra aquel adversario. En teoría, un país proveería de documentación falsa al equipo de asesinos, formado por agentes de otro país.
En Buenos Aires – donde había exiliados chilenos, uruguayos, bolivianos, brasileños y paraguayos – varios crímenes ocurrieron en el marco de la Operación Cóndor, aún antes de que ésta fuera formalmente concertada y oficializada. El general Carlos Prats, que sirviera al gobierno de Salvador Allende, fue asesinado en setiembre de 1974, en Buenos Aires. De acuerdo a las declaraciones realizadas en los EE.UU., la bomba fue colocada por el norteamericano Michael Townley, ex agente tanto de la DINA como de la CIA. Y, además de otros numerosos disidentes de los regímenes militares, también fueron asesinados en Buenos Aires, en mayo de 1976, dos parlamentarios uruguayos, el senador Zelmar Michelini y el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz; y el general Juan José Torres, ex presidente de Bolivia, en junio. Y el 21 de setiembre del mismo año, Orlando Letelier, ex embajador de Chile, y su secretaria, Ronni Moffit, fueron asesinados en plena capital de los EE.UU., en la tercera fase de la Operación Cóndor, en el ámbito en el que los EE.UU. facilitaron comunicaciones entre los jefes de los servicios de inteligencia de los países del Cono Sur, de acuerdo a lo revelado por el embajador de los EE.UU. en Paraguay, Robert E. White. El hecho de que el Pentágono estaba interesado en la Operación Cóndor, en 1976, era relevante para la red de comunicaciones que fue establecida y facilitada por los EE.UU. El general Alejandro Fretes Davalos, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Paraguay, informó al embajador norteamericano Robert White, que todos los jefes de los servicios de inteligencia de los países de América del Sur en la Operación Cóndor, se mantenían en contacto uno con el otro a través de las instalaciones de comunicación de los EE.UU. en la Zona del Canal de Panama Zone que cubrían toda América Latina. Estas instalaciones eran empleadas para coordinar las informaciones de inteligencia en los países del Cono Sur11.
Traducido para LA ONDA DIGITAL por Cristina Iriarte
* Luiz Alberto Moniz Bandeira Es cientista político, profesor titular (jubilado) de la Universidad de Brasília, es autor de várias obras, entre ellas A Reunificação da Alemanha: do ideal socialista ao socialismo global, De Marti a Fidel y del reciente libro titulado Conflicto e integración en América del Sur – Brasil, Argentina y EE.UU. (De la Triple Alianza al Mercosur 1870-2003) publicado por la Editora Revan (Río de Janeiro, 2003, 676 p.)
Otras notas del autor se pueden leer en:
http://www.uruguay.com/laonda/LaOnda/146/B2.htm
http://www.uruguay.com/laonda/LaOnda/147/B3.htm
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De El Economista, del 13 de noviembre de 2007, reproducimos el artículo del epígrafe, de Ramón TAMAMES, en la idea de que pueda ser interesante para los lectores:
A finales de octubre estuve unos días en Colombia, para asistir a una jornada de conmemoración sobre los cambios que se han producido en los últimos diez años en el grupo industrial y comercial de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), que hace una década se privatizó parcialmente, para dar entrada en su capital a Endesa. Desde aquel año, la compañía eléctrica más importante del país de los Tequendama, Jiménez de Quesada, Blas de Lezo, Santander y Gabriel García Márquez, no ha dejado de progresar en capacidades de generación y sistemas de distribución; tal como se puso de relieve en el simposio a que estoy refiriéndome.
Sus organizadores me pidieron que actuara de ponente sobre la teoría y la práctica de las privatizaciones en la UE y en España. Un tema dentro del cual expuse las metas de esa operativa: alcanzar economías de escala, optimizar la utilización de recursos, aumentar la eficiencia energética, suprimir monopolios abriéndolos a la competencia y en favor de los consumidores, disminuir el endeudamiento del sector público siguiendo criterios de Maastricht en relación con la Unión Monetaria, etc. Ponencia que preparé con la valiosa ayuda del Prof. Luis Gámir Casares, Catedrático de Política Económica de la UCM, que durante años fue Presidente del Consejo Consultivo de Privatizaciones.
Bogotá es una de las ciudades de Sudamérica que más aprecio, desde que por primera vez estuve allí en 1967, en un periplo iniciático por el subcontinente meridional de las Américas. Por entonces pude ver lo más interesante de la capital y sus aledaños, entre ellos Zipaquirá, la catedral de la sal, Puerto Girardot en la tierra caliente a orillas del río Magdalena. Luego, he vuelto varias veces a Santafé, habiendo tenido ocasión de visitar el Museo Botero en la antigua Casa de la Moneda virreinal española, donde el gran pintor colombiano ha acumulado no sólo magníficas piezas de su singular producción, sino también una parte muy notable de su importante pinacoteca privada. Como también disfruté de un largo paseo por el jardín botánico que lleva el nombre del gaditano Celestino de Mutis, quien en el siglo XVIII clasificó, y reflejó en hermosas expresiones gráficas gran parte de la flora de la Nueva Granada.
Con ocasión del mencionado convivium EEB/Endesa, pude departir con la gerente general de la compañía, Astrid Martínez Ortiz y con el representante de Endesa para Colombia, Lucio Rubio; personas clave para el desarrollo energético del país, que tiene un largo recorrido por delante, en función de sus ingentes reservas de carbón, petróleo, y gas. Y también, en el futuro, con las alternativas, de grandes potencialidades: eólica, solar, geotérmica, etanol y biodiesel, biomasa forestal, etc.
La fase más concurrida del encuentro EEB/Endesa, fue la intervención del Presidente de la República, Álvaro Uribe, quien dio un buen repaso a la política de desarrollo económico, en una exposición metódica, pausada, que fue ilustrando con detalles y cuantificaciones. Y sin necesidad del socorrido power point que ahora prolifera por doquier, esbozó un panorama de los aprovechamientos en curso, de las capacidades humanas y físicas de un país de 1,2 millones de Km2, 45 millones de habitantes, y que tras un largísimo periodo de violencia —nada menos que desde 1948 con el Bogotazo que siguió al asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán— ha transcurrido por toda clase de avatares que ahora evolucionan a un futuro mucho mejor.
“Uribe tiene el país que rige dentro de su cabeza”, pensé al escuchar al Presidente durante casi una hora, mientras explicaba sus proyectos de inversión, con plazos para realizarlos, resultados económicos y sociales previsibles, problemas a resolver, etc. No es extraño, pues, que su índice de popularidad alcance el 80 por 100 de la nación colombiana, y que haya manifestaciones exteriores muy notables sobre el crecimiento del país; como la de hace unos meses de BusinessWeek, al situar a Colombia en el punto máximo del boom de los países emergentes.
Al final de la intervención, el Presidente pidió a un pequeño grupo de los ponentes del encuentro, que hicieran sus comentarios. Y a observaciones mías, profundizó en los aspectos más notables de las privatizaciones, que en los cinco años de sus dos mandatos sucesivos han permitido reducir la deuda pública a menos de la mitad, a sólo un 34 por 100 del equivalente al PIB.
A lo largo de mi corta pero creo que intensa estadía en Bogotá, sentí vivamente las excelentes relaciones del país con España, la buena conexión de los colombianos con las empresas españolas que allí trabajan, entre ellas, Endesa, Repsol, Mapfre, Planeta (que tiene al frente a Francesc Solé, ya con todo el grupo del diario El Tiempo), sin olvidar el excelente Centro Reyes Católicos (con Juan Rivero de Rector), en lo que va siendo base de nuevas y grandes realizaciones de todo tipo.
Y al retornar a España, con Avianca, una inesperada escala, con el anuncio, en la dulce sonoridad de una azafata hablando el mejor español de las Américas: “Gracias, señores pasajeros, por aceptar la demora que vamos a tener a causa de nuestra escala en Barranquilla. Debido al apoyo que Vds. mismos van a prestar a la floricultura colombiana, que en esta temporada de finales de octubre y principios de noviembre, ve reforzada la demanda española de flores para el recuerdo de nuestros predecesores más queridos, tantas veces comunes”.
Ramón TAMAMES
Que no se apague la luz del canje Por: Iván Márquez/Integrante del Secretariado de las FARC-EP Iván Márquez de las FARC, el Presidente Hugo Chávez y la senadora Piedad Córdoba en MirafloresMISERABLE, muy miserable la actitud de Uribe al suspender la mediación humanitaria del Presidente Hugo Chávez y la senadora Piedad Córdoba, cuando era la única esperanza para lograr el canje de prisioneros en Colombia. Iván Márquez (FARC-EP para Kaos en la Red) [26.11.2007 18:37] - 112 lecturas - 6 comentarios
Al apagar la luz que se había encendido dejó su alma pintada, la locura de su cerril intransigencia y su indolente desprecio por el canje humanitario. Todos debemos sentir vergüenza frente al grosero desaire de Uribe contra un Presidente amigo, que lleva a Colombia metida en su corazón y siente profundo afecto por nuestro pueblo.
Cuando la batalla humanitaria de Chávez estaba a punto de arrojar los primeros resultados, un delirante Uribe la consideró amenaza para la soberanía de Colombia, para su política de seguridad inversionista, y un espacio para la diplomacia guerrillera, que al parecer mortifica hasta lo indecible su incontrovertible ego de führer tropical.
Un saludo deferente a un general no es ninguna amenaza a la soberanía como sí lo es la dependencia y la subordinación de toda la cúpula militar colombiana al Comando Sur del ejército de los Estados Unidos. Nada atenta más contra la nación que la colonial política de seguridad inversionista, que no democrática, porque está concebida sólo para reprimir al pueblo y favorecer las ganancias de las trasnacionales. Y por otra parte, quién dijo que una guerrilla bolivariana como las FARC se va a dejar amordazar por un gobierno cuestionado e ilegítimo, mafioso y paramilitar como el de Bogotá.
Ignoramos qué le hizo creer a Uribe que sería más eficaz el sinuoso como intrigante comisionado Restrepo que una intermediació n con toda la solvencia moral y el prestigio que caracterizan al Presidente Chávez y a la senadora Córdoba.
Pero para ser justos, y es deber reconocerlo, Restrepo y su jefe inmediato sí son buenos negociadores… pero con los narco paramilitares. Les aceptan todo. Por ellos son capaces de cualquier cosa, hasta de purificarlos como altruistas luchadores políticos, o socavar la autoridad institucional de la Corte Suprema de Justicia, como ya lo han hecho en reiteradas oportunidades.
Sin descartar eventualidades, no es promisorio el horizonte futuro. Uribe es el enemigo público número uno del canje humanitario. Atravesó como mulas muertas en el camino sus absurdos inamovibles. Extraditó guerrilleros a los Estados Unidos… Si no pudo con el canje, qué va a poder con la paz. Para que haya canje y haya paz requerimos de un nuevo gobierno verdaderamente democrático, fundado en la soberanía del pueblo y en la justicia social. Todos debemos trabajar por esa perspectiva.
Al Presidente Chávez y a Piedad Córdoba, mil gracias por esa dinámica arrolladora que desataron por el canje y la paz de Colombia; por habernos escuchado con respeto y sugerido caminos. Algo nos dice que su esfuerzo no será en vano. A los familiares y allegados de los prisioneros de las partes contendientes, nuestro llamado a persistir. Que no se apague la luz del canje. Encontraremos una salida.
Montañas de Colombia, noviembre 4 de 2007
LIMA, 30 nov (IPS) - El miedo ha regresado a centenares de peruanos que sufrieron prisión por falsas acusaciones de pertenecer a la organización maoísta Sendero Luminoso o al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) durante la guerra civil (1980-2000).
La incertidumbre se instaló cuando el presidente Alan García anunció que publicaría una lista con los nombres de 1.800 "terroristas liberados", para que la ciudadanía los identificara y denunciara en caso de que participaran en conspiraciones contra el Estado. García no diferenció entre los que cumplieron condena, los que fueron absueltos por falta de pruebas y los que recibieron indultos por haber sido sentenciados en juicios amañados. Para el jefe de Estado todos los que estuvieron alguna vez presos por el delito de terrorismo deben ser vigilados, pues estarían vinculados a las acciones armadas de las columnas remanentes de Sendero Luminoso, que operan en el valle de los ríos Apurímac y Ene, en el sureste, y en el valle del río Huallaga, en la selva amazónica. "Voy a entregar al país la lista de los 1.800 terroristas para que todos sepan exactamente vecinos de quién son y qué cosa está haciendo cada uno de los liberados. No podemos caer en la candidez de decir que se han transformado absolutamente y porque juraron sobre la Biblia ser demócratas, son realmente demócratas", manifestó García. "Muchos de estos liberados, que cometieron crímenes y asesinatos, están otra vez empujando sus planes siniestros y están movilizando, de alguna manera, a otros sectores", agregó. La frase "están movilizando a otros sectores" se refiere a las movilizaciones contra la política económica que ha convocado la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), ante lo cual reaccionó con rechazo el secretario general de la organización, Mario Huamán. La decisión de publicar el listado fue iniciativa de García después de que cinco policías fueron asesinados en dos acciones armadas el 1 y 13 de noviembre en los Andes del sureste. "Como si no hubiera bastado haber estado presos injustamente, ahora nos quieren perseguir acusándonos de terroristas", dijo a IPS Gladys Canales, quien pasó recluida ocho años en el penal de Santa Mónica debido a que un "terrorista arrepentido", colaborador de las autoridades, la acusó de facilitar su casa para reuniones de una célula senderista. En 1993, un tribunal militar anónimo la condenó a 20 años de prisión a partir de la simple sindicación de alguien a quien Gladys Canales jamás conoció, porque la identidad del acusador era un secreto. Ese tipo de prácticas eran frecuentes durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), actualmente preso y bajo proceso por crímenes de derechos humanos y corrupción. "Cuando me detuvieron, me vendaron los ojos y me llevaron a un calabozo donde me desnudaron, colgaron y torturaron para que me autoinculpara como militante de Sendero Luminoso", relató Canales, presidenta de la Coordinadora Nacional de Mujeres Afectadas por el Conflicto Armado Interno. "Yo no resistía el dolor y me desmayaba. Los torturadores se asustaron porque creyeron que me habían matado. Ocho meses después, me llevaron al tribunal militar que me condenó. En 2001, me indultaron tras revisar mi caso: no había ninguna prueba contra mi". Más de seis años después de haber recuperado su libertad, y cuando creía que la reconstrucción de su vida no encontraría tropiezos, el presidente García anunció que ventilará su identidad como "terrorista liberada". "De la cárcel salimos con cuadro asmático, con tuberculosis, con cuadros psiquiátricos severos y otras enfermedades. El Estado nos trató con violencia y ahora nos trata con indignidad", afirmó. "Yo estuve dos años y medio con tratamiento psicológico y también mi familia, porque luego de estar presa ocho años no podía insertarme a un hogar como si nada hubiera pasado", agregó. En realidad fueron 3.084 peruanos los acusados por terrorismo que salieron de prisión, según precisó el primer ministro Jorge del Castillo ante el Congreso legislativo, en donde respaldó la iniciativa del jefe de Estado y reclamó el apoyo de los legisladores. Del Castillo tampoco estableció diferencias: 878 acusados fueron absueltos, 574 cumplieron condena, a otros 174 se les compurgó la pena y 473 salieron con libertad condicional, entre otros tipos de situaciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado al Estado peruano que volviera a juzgar a todos los procesados y condenados por tribunales militares o jueces anónimos porque dichas instancias eral ilegales. El gobierno de Fujimori se negó a hacerlo. En 1998, el defensor del Pueblo (ombudsman) Jorge Santisteban presidió una comisión revisora de los casos de inocentes presos bajo acusación de terrorismo. Entre 1998 y 2000 fueron indultadas 502 personas, en el gobierno de transición de Valentín Paniagua (2000-2001) a 165 y en el de Alejandro Toledo (2001-2006) a 92. La mayoría de los indultados habían sido condenados con pruebas falsas, o por acusaciones de testigos secretos y ante tribunales militares anónimos o "sin rostro", instrumentos que Fujimori utilizaba para su propia "guerra contra el terrorismo". Diego García Sayán, ex ministro de Justicia del gobierno Paniagua y actual magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo a IPS que también se indultó a quienes cooperaron con la justicia proveyendo información. "Es peligroso usar de manera generalizada el término 'terroristas liberados'. Terrorista es alguien que ha sido condenado como tal y no una persona que estuvo presa bajo esa acusación y no se le probó el delito. Una gran mayoría de los que han salido libres no son sentenciados. Es una cacería de brujas", señaló García Sayán. Además, "la publicación de los nombres viola la Constitución. La ley impide que se trate como delincuentes a quienes han sido absueltos o han cumplido condena", agregó. También la actual defensora del Pueblo, Beatriz Merino, expresó su oposición a la publicación de una lista de "terroristas liberados", porque implicaría la estigmatización de personas absueltas o indultadas después que se comprobó que no había pruebas contra ellas o se demostró que los juicios en su contra habían sido fabricados. "Los que fueron absueltos por la justicia podrían iniciar acciones contra el Estado si se publican sus nombres porque la ley los ampara", advirtió. Según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entre 2003 y 2005 salieron en libertad 850 presos acusados de terrorismo, en su gran mayoría "porque no se pudo recopilar pruebas contra ellos o las investigaciones resultaron inadecuadas, y el Poder Judicial resolvió que salieran libres", explicó Merino. El presidente de la Asociación de Inocentes Liberados, Edgar Rivadeneyra, teme que la iniciativa presidencial los devuelva a los años de persecución y señalamiento. Esto "vulnera los derechos humanos de todas las personas", dijo a IPS. "Afectará sobre todo al inocente que demostró que lo acusaron injustamente y al condenado que pagó con la prisión su castigo y se encuentra rehaciendo su vida en todo el sentido de la palabra". Rivadeneyra también sufrió en carne propia la injusticia. En 1992 lo acusaron de pertenecer al MRTA. Un tribunal de jueces sin rostro lo condenó a 20 años de prisión. Tras casi 10 años, en 2001, fue indultado porque las pruebas en su contra habían sido fabricadas. "A muchos el gobierno de Fujimori nos presentó con trajes a rayas ante la prensa acusados de los peores crímenes. Después se demostró que éramos inocentes y nunca recibimos una disculpa", dijo Rivadeneyra. "Si se publica la lista, la asociación iniciará acciones legales contra el Estado aquí y en los foros internacionales, porque sería como una muerte civil para nosotros", sostuvo. (FIN/2007)
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El profesor norteamericano James Petras es uno de los intelectuales de la izquierda mundial que rechazan con más vehemencia el neoliberalismo y el imperialismo. Hace días visitó Galiza para pronunciar conferencias en Compostela y Vigo.
Antón Álvarez: Usted viene denunciando desde hace tiempo que EEUU practica la tortura y que va a legislar para legalizar su aplicación contra aquellas personas acusadas de terrorismo. Hasta qué extremo puede llegar el Gobierno norteamericano?James Petras: No es ningún secreto que EEUU secuestró personas acusadas de terrorismo que no fueron juzgadas y que además fueron entregadas a países donde habitualmente se tortura. EEUU practica tortura en Iraq con el apoyo del anterior fiscal general, Alberto González. El presidente Bush justificó el uso de la tortura con el mismo lenguaje que emplea Israel, al hablar de utilizar métodos intensos de interrogatorios para salvar vidas norteamericanas, lo que no deja de ser un eufemismo.Tenemos fuerzas especiales que operan en todo el mundo y que se justifican como parte de la guerra internacional contra el terrorismo. No tienen obligación de ofrecer informes al Congreso y ni mucho menos a la sociedad. No sabemos cuantas personas mataron, raptaron o torturaron, pero sí sabemos que operan sin restricciones.El sistema norteamericano sigue funcionando como una democracia imperialista pero la legislación existente es la de un estado policial. En cualquier momento, el Ejecutivo puede suspender las pocas protecciones legales que todavía hay y encarcelar a los ciudadanos. Ahora practica estas medidas a muchos musulmanes, a muchos árabes. Gran cantidad de estas personas sufrió en EEUU detenciones, interrogatorios y registros domiciliarios sin que se le diese publicidad. Hubo juicios contra organizaciones caritativas musulmanas simplemente por el testimonio de agentes secretos de Israel. Estas medidas están tan alejadas de todas las normas constitucionales que, en algunas instancias, el poder judicial mismo suspendió alguna legislación. Sin embargo, lo básico es que el Gobierno sigue adelante y con apoyo del Partido Demócrata.Ahora no es necesaria ninguna orden judicial para controlar cualquier conversación telefónica. Tampoco existe límite legal alguno para los acusados de terroristas o colaboradores de estos. Estas medidas son tan elásticas que pueden afectar millones de personas críticas, pero de momento se aplican de manera selectiva.Tenemos una nueva organización de seguridad, la “Homeland Security”, con un presupuesto de 180.000 millones de dólares sólo para el control de los ciudadanos en EEUU. Este organismo está dirigido por un sionista fanático llamado Chertoff, que tiene antecedentes de persecuciones de árabes y musulmanes después del 11-S y que los encarceló sin ningún pretexto. El próximo fiscal general del Estado, que substituirá a Alberto González, va a ser otro sionista fanático que justificó las leyes represivas de Bush.Seguimos funcionando dentro de unos parámetros amenazantes. Algunos sectores de la población ya viven en un estado policial Otros quedamos fuera pero estamos amenazados con la aplicación de estas medidas. Algunos dicen que si en EEUU hay otro atentado, real o inventado, el Gobierno podría poner en práctica estas medidas policiales contra todos nosotros.Antón Álvarez: A que se refiere al hablar de otro atentado real o inventado? Existen dudas acerca de la autoría del 11-S?James Petras: Si. Hay muchos cuestionamientos sobre estos hechos, sobre cómo cayeron los edificios teniendo en cuenta la estructura de acero que existía. Otros cuestionamientos apuntan a la falta de anticipación del Gobierno o sobre la fiabilidad de las pruebas contra los terroristas. La premisa es que el Gobierno norteamericano permitió el ataque para aprovecharlo. Hay pruebas de que el Mosad fue cómplice. Existen pruebas policiales que indican que hubo israelíes que celebraron el atentado a poco de producirse y que fueron denunciados por los vecinos por el ruido que hacían. La policía los detuvo, pero el fiscal general recientemente nombrado fue el juez sionista que los liberó antes de ser juzgados.Antón Álvarez: En que se fundamenta el poder del lobby sionista al que constantemente hace mención? Cuándo se comenzó a gestar?James Petras: El poder del lobby sionista en EEUU es producto de una acumulación de fuerzas durante un período prolongado. No es algo insólito la influencia que adquirió, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial y con la fundación del Estado de Israel. También influyó el éxito económico de los judíos. Pasaron de sus orígenes pobres y de sus posturas progresistas en los años treinta a convertirse en clases medias y altas, además de asumir la defensa del Estado de Israel. Ya pocos son religiosos e Israel sirve como una religión secular. Ya no creen en la Torá ni en Moisés.El lobby sionista en EEUU recibió un gran impulso con la vitoria israelí en la guerra de 1967. Muchos sionistas norteamericanos fueron asentándose en áreas de gran influencia, en Hollywood, en la televisión, en los círculos académicos, en las finanzas, etc. El 24% de los hombres más ricos de EEUU son judíos-sionistas. Además, el Estado de Israel se lleva el 33% del presupuesto de ayuda exterior de los EEUU, más que toda África.En los últimos veinte años los sionistas penetraron en el Gobierno en puestos estratégicos. El Gobierno de Bush es ilustrativo. Tienen el control del segundo y tercer hombres del Pentágono, el arquitecto de la guerra de Iraq; del asesor principal del vicepresidente, el que escribió el discurso de Bush sobre el “Eje del Mal”. Otro destacado sionista es el asesor principal del Consejo Nacional de Seguridad sobre Oriente Medio. Hay más en otros ámbitos del Gobierno. No hay nada que inventar, están ahí, se dejan ver.El 60% del financiamiento del Partido Demócrata y el 30% del Partido Republicano proceden de fondos de sionistas de EEUU. El lobby condiciona la política de los partidos cara a Israel y establece una poderosa maquinaria de chantaje e intimidación contra aquellos candidatos que la desafíen.Los sionistas crearon conflictos en la cúpula militar estadounidense. Hay militares que no quieren subordinar los intereses imperialistas de EEUU a las ambiciones coloniales de Israel. Consideran que se pueden perder aliados potenciales de Estados Unidos en los países árabes. El lobby impone su poder sobre los militares norteamericanos.Otro debate es la guerra contra Irán. Todavía hay entre los militares muchas reservas para atacar ese país en este momento. Los protagonistas de esta posible guerra son los sionistas. La consigna que da el primer ministro de Israel es que hagan todos los esfuerzos para lograr sanciones de EEUU, actos unilaterales, ataques militares.No hay teoría de la conspiración. Los sionistas norteamericanos actúan públicamente. pero ellos no piensan en las consecuencias para EEUU ni para su pueblo. Sólo piensan en destruir otros países críticos con Israel, países que se oponen a la hegemonía israelí en Oriente Medio. Por eso los sionistas consideran que la guerra de Iraq es un éxito, a pesar de que para EEUU es un auténtico fracaso. Iraq ahora está destruido y desarticulado, por lo tanto, Israel perdió un adversario en su política de colonización.Movimiento obrero y derechos sociales en EEUUAntón Álvarez: Existe movimiento obrero organizado en EEUU? Cómo funcionan los sindicatos?James Petras: El sindicalismo en EEUU siempre fue poco democrático. No hay ningún dirigente sindical a nivel nacional que cobre menos de 300.000 dólares al año. Inclusive algunos de los peor pagados, los líderes de los sindicatos de limpiadores, ganan 400.000 dólares anuales. Los dirigentes del sindicato de peones de la construcción ganan casi 700.000 dólares. Además, tenemos una gran tradición de relaciones entre la mafia y los sindicatos, especialmente entre sindicatos de camioneros y portuarios, particularmente los de la Costa Atlántica.Tuvimos enormes estafas de fondos de pensiones manejados por los sindicatos. Existe por parte de los sindicatos estadounidenses la política de colaboración de clase y la tendencia a aceptar las reestructuraciones y las indemnizaciones por despidos. En los últimos cuarenta años el porcentaje de trabajadores sindicalizados en el sector privado pasó del 30% al 7%. Muchas grandes empresas no tienen presencia de sindicatos. En el sur, la Toyota o la Nissan tampoco tienen sindicatos. Esto se debe en parte a la desconfianza de los obreros cara a las organizaciones sindicales. Los trabajadores ven que pueden conseguir casi lo mismo, por ejemplo mejoras salariales, sin los sindicatos.Los sindicatos no se atreven a organizarse políticamente en EEUU. Financian en gran parte al Partido Demócrata, concrétamente en 50 millones de dólares al ano, pero no reciben a cambio nada substancial, como derogar leyes restrictivas. Lo que reciben los sindicalistas es protección de sus puestos. Entonces, quedamos ante una situación sindical en decadencia, con un sindicalismo muy debilitado y poco atractivo. Curiosamente, las encuestas muestran que más del 50% de los norteamericanos considera que la sindicación puede ser una buena idea.Por ejemplo, la cúpula del sindicato del automóvil firmó un contrato oneroso que divide los obreros por su antigüedad en la empresa, entre nuevos y viejos. Los primeros reciben un tercio del salario de los segundos. El sindicato, además, asume la responsabilidad del plan de salud de los trabajadores.Pero el sindicalismo de base no está muerto en EEUU. Hay muchos obreros con voluntad de luchar pero los canales existentes están bastante atrofiados. Hay lugares donde existen sindicatos progresistas, como alguno de los portuarios en San Francisco. Tenemos las asociaciones de inmigrantes que se lanzaron a la calle el año pasado contra las expulsiones masivas. Sin embargo, este fenómeno se produjo al margen de las cúpulas sindicales, que fueron las últimas en subirse al tren de las reivindicaciones de los inmigrantes.Antón Álvarez: Mencionaba antes los planes de salud. Como es la cobertura sanitaria existente en EEUU?James Petras: Existe el Plan Nacional de Salud para mayores de 65 años, que es amplio y no es nada malo. Aparte, hay un sistema público para las personas que viven en la pobreza extrema. Sin embargo, la gran mayoría de los ciudadanos que no viven en la extrema pobreza y que no son jubilados dependen de los planes de salud de las empresas. Y, si pierdes el trabajo, pierdes el plan de salud. Tenemos 50 millones de personas sin cobertura sanitaria. Hay otros 50 millones que tienen algún plan pero que tienen que pagar un mínimo de 3.000 dólares antes de comenzarlo, además de las cuotas cada vez más elevadas que deben desembolsar para mantenerlo.También hay personas que sólo tienen un seguro médico para enfermedades muy graves. Esto explica que las personas que carecen de cobertura sanitaria tienen las tasas más altas de mortalidad. Por ejemplo, se registran tres veces más casos de cáncer de mama entre las mujeres negras porque no se hacen las revisiones, pues son muy caras. Las empresas cada vez más dejan de pagar el plan de salud. Ahora los gestionan los sindicatos pero en muchas ocasiones tienen que costearlos los propios obreros.Antón Álvarez: Y que ocurre con la educación?James Petras: la enseñanza universitaria es la más cara del mundo. La matrícula anual en las universidades públicas oscila entre los 8.000 y los 9.000 dólares. en las privadas entre los 30.000 y los 40.000 dólares. Muchos estudiantes tienen deudas. Además, las escuelas técnicas también cobran en torno a los 3.000 dólares al año.La primaria y secundaria son gratuitas, pero en los estados con impuestos bajos, el sistema educativo público es malo. Entonces, las clases medias optan por mandar sus hijos a la privada, pese a que tienen que pagar 15.000 dólares. Por tanto, las escuelas públicas quedan reservadas para los negros y los hispanos.Situación de la izquierdaAntón Álvarez: La izquierda política está articulada en EEUU?James Petras: Tenemos un sector de la sociedad que no está organizado pero que es muy progresista, sobre todo en relación con la retirada de las tropas de Iraq. El 80% de la población quiere una cobertura universal de salud a nivel nacional. Pero no hay ningún liderazgo político capaz de implementar estas demandas. Ser elegido senador cuesta casi 40 millones de dólares; congresista 20 millones y 500 millones ser presidente de EEUU. Por tanto es imposible para los sectores críticos conseguir espacios en los medios de comunicación de masas. Los dos partidos los excluyen de los debates. Además, registrar un partido requiere mucho esfuerzo y luego hay que financiarlo.Las cúpulas del movimiento pacifista decidieron por las suyas poner a todos sus activistas a trabajar por los candidatos demócratas. Estos consiguieron mayoría en el Congreso, pero al final votaron a favor del presupuesto militar de Bush. EEUU es un país sin oposición política.Existen organizaciones sociales progresistas, partidarias de la paz y algunos concejales y alcaldes progresistas. Luego están los grupos de homosexuales, feministas, pacifistas, ecologistas, pero están muy fraccionados.Antón Álvarez: Y que hay del movimiento antiglobalización?James Petras: Está muerto desde Seattle. Tiene muchas siglas, sus activistas van las conferencias mundiales. Pero no representan a nadie en EEUU. No pueden sacar a nadie la calle. Andan por el mundo hablando en nombre de una masa que no existe. En EEUU, gran parte de la población es crítica con la globalización, pero más desde un punto de vista conservador y proteccionista que progresista.Antón Álvarez: Cuáles son, a su juicio, las esperanzas de la izquierda internacional?James Petras: En varios lugares del mundo el pueblo lucha, como en Iraq. Hay avances en América Latina con el presidente Chávez. También se va a producir una reactivación de movimientos populares en Brasil contra Lula. Hay grandes expectativas en Ecuador. En Colombia hay grandes movilizaciones de campesinos y obreros. También en Francia e Italia hay movimientos fuertes que van a paralizar a los neoliberales Sarkozy y Prodi. Lentamente, también en los países ex comunistas. En China hay más de 100.000 protestas masivas al año de obreros o campesinos. Pero cómo saber como evolucionará todo esto. No tengo ninguna fórmula mágica. antonalvarez@galizacig.net CIG-ComunicaciónTraducido por La Haine
Un general del Pentágono que regresara hoy en día a su puesto de trabajo tras 20 años de retiro se quedaría en gran medida sorprendido. Hace dos décadas que su país salió victorioso del orden comunista internacional tras cuarenta años de enfrentamiento político, cultural, económico y de servicios de inteligencia que derivó en innumerables conflictos, revoluciones y golpes en diversas zonas del globo, y durante los cuales su agencia había invertido toda su energía y recursos. Por eso, él se había marchado en los años dorados confiando en que los EEUU estaban más a salvo y más seguros ahora que se había superado lo que Ronald Reagan había apodado como “Imperio del Mal”. Su confianza se habría visto fortalecida por el hecho de que los últimos proyectos de ley sobre distribución de armas que el presidente había sometido al Congreso alcanzaban la suma de medio millón de billones en valor actual, lo que hizo que la destrozada economía soviética corriera a emprender otra carrera de armamento. Imaginen la sorpresa de ese general retirado, veinte años después de que su gobierno enterrara a ese enemigo en aras a la libertad y estilo estadounidense de vida, al ver que el presidente actual, para el año 2008, ha pedido al Congreso que apruebe en esta era de paz un presupuesto militar equivalente, en términos actuales, al volumen del presupuesto de 1987, es decir, alrededor de unos 505.000 millones de dólares.
El presupuesto militar estadounidense equivale a la suma de todos los presupuestos militares del resto del mundo y es cinco veces mayor que los presupuestos militares conjuntos de los países que EEUU ha identificado como sus enemigos potenciales (según expone un artículo de Richard Betts, director del Instituto Saltzman de Estudios sobre la Paz y la Guerra, que apareció en el Chicago Sun-Times del 28 de octubre pasado).
Ahora bien, los escépticos pueden sostener que la comparación antes mencionada es injusta porque no tiene en cuenta la necesidad de costes excepcionales para subvencionar las actuales guerras en Iraq y Afganistán. A esto podría uno responder, en primer lugar, que Iraq y Afganistán no suponen ninguna “excepción”. En EEUU, a cualquier anciano de ochenta años de edad le resultaría difícil recordar un período de tiempo durante el cual su país no estuviera en guerra o haciendo preparativos para una guerra. A diferencia de los primeros ciento cincuenta años de la historia estadounidense, los últimos ochenta son un continuo historial de movimientos entre un conflicto o intervención militar a otro en el curso de lo que podría describirse como el acuciante despliegue del Imperio estadounidense que hoy contemplamos. En segundo lugar, las invasiones de Iraq y Afganistán se están financiando mediante presupuestos de gastos suplementarios fuera del presupuesto federal. Si al proyecto de presupuesto para defensa de 2008 se le añadieran los 142.000 millones de dólares ya canalizados hacia esas guerras, se llegaría a los 650.000 millones de dólares, lo que supone un 25% más que el presupuesto militar estadounidense para 1968, en el cenit de la guerra fría y la carrera armamentista, en el momento en el que los EEUU estaban implicados en la intervención militar más feroz de su historia: la guerra de Vietnam.
Desde luego, el presupuesto de defensa estadounidense está conformado por otros afanes además de la necesidad de financiar al ejército y las actuales guerras del país. Un incentivo poderoso es la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, especialmente en áreas que son intercambiables entre las industrias civil y militar, y las inversiones, sin las que las firmas estadounidenses más importantes no podrían mantenerse a flote en la lucha capitalista por la supervivencia. A pesar de la existencia o naturaleza de las amenazas percibidas para la seguridad nacional estadounidense, el presupuesto militar y la investigación tecnológica y el complejo productivo forman un pilar esencial de la economía imperial. Crean puestos de trabajo, desarrollan industrias civiles y, en sentido general, bombean vitalidad a toda la maquinaría. Es decir, contrariamente a las proclamas de los expertos en economía de libre mercado de que ese desarrollo industrial, científico y tecnológico avanza con rapidez sin la intervención del estado, es éste, de hecho, el que aporta todo el peso en la investigación, desarrollo y producción de infraestructuras. Ese es uno de los factores que le han aportado a EEUU una serie de ventajas, en muchas áreas, sobre otros países.
El presupuesto militar estadounidense no sólo se destina a financiar la investigación para desarrollar escudos de misiles antibalísticos, para combatir el shock psicológico y los síndromes de stress, sino también a impulsar la propaganda estatal y toda la maquinaria de los medios de comunicación. Con el desarrollo de la tecnología de mando cibernética, la investigación mediante la cibernética sofisticada ha recibido tan enorme porción de desembolsos para gastos de defensa, que ha hecho que las ciudades estadounidenses compitan unas con otras para albergar las bases y sedes de centros de investigación dedicados a proteger las redes de ordenadores y datos de las agencias y bancos gubernamentales, incluso los del Pentágono, frente a piratas informáticos y virus, que, según parece, van a convertirse en las próximas y más poderosas armas del “terrorismo global” contra Occidente. Como ocurre con todos los saltos tecnológicos importantes, las consecuencias de la inversión en la investigación y desarrollo cibernéticos supondrán, ciertamente, tanto beneficios como inconvenientes para las generaciones futuras.
Lo que nos preocupa ahora es que aunque esta dinámica económica no puede exactamente instrumentalizarse para incitar de forma activa a los EEUU hacia conflictos militares a través de los lobbys que representan a los miembros constituyentes del complejo militar-industrial e investigativo, sí sirve al menos para exacerbar las tensiones internacionales, magnificar las amenazas y trabajar en general para crear un clima que conduzca a actividades más rentables. Al igual que el establishment de los medios de comunicación y de la política sionista, también el establishment económico-militar estadounidense tiene sus propios representantes, periodistas, organizaciones y personal en Washington. Me atrevería a decir que hay alguna ley tácita que les dice que exageren la fortaleza del enemigo y que aviven las tensiones y que, cuando las cosas empiecen a entrar en una espiral incontrolable, presenten entonces los hechos como una forma de conspiración. En cualquier caso, no albergo duda alguna de que las declaraciones de Bush sobre la inminente capacidad de los misiles iraníes para alcanzar objetivos en los EEUU y el espectro de una tercera guerra mundial si Irán consigue la bomba nuclear, así como los comentarios de Rice de que Irán representa el mayor de los peligros para la seguridad nacional estadounidense, recorrerán un largo camino hasta satisfacer las ansias de inmensas asignaciones presupuestarias del establishment económico-militar estadounidense.
Todo lo cual nos lleva a otro mundo, a la otra cara del progreso: la escalada se produce por razones que se quieren presentar como “racionales”, en el sentido de que parecen presentar argumentos lógicos para justificar asignaciones militares o, quizás, para seguir avanzando en el control de las mayores reservas petrolíferas del mundo o para servir a los intereses de Israel. En realidad, sin embargo, esas racionalizaciones explotan ideas e imágenes estereotípicas que están lejos de ser racionales. Los estereotipos pueden existir ya de forma latente, pero se magnifican y canalizan decididamente a través de la prensa, del politiqueo populista, de las películas de factoría Hollywood y de otros medios hasta que llegan a conformar una cultura dominante. Es en esta constante movilización subliminal de las masas donde se localiza el otro impulso hacia el progreso tecnológico.
Con todo, uno no puede sino comentar la gran cantidad de mentiras deliberadas o mitos que sin querer se mantienen sobre los países y pueblos objeto de esas campañas. Son una serie de mentiras y mitos que se presentan para incrementar las tensiones, con un ojo puesto en el posible recurso a la fuerza, en particular contra aquellos países que se resisten a la hegemonía imperial y luchan por promocionarse ellos mismos como potencias dentro de sus áreas geográficas. A pesar de nuestra propia opinión respecto a esos países, seguramente hay algo perverso cuando repetimos las proclamas y estereotipos que la máquina de propaganda estadounidense produce. Después de todo, ¿por qué tendría que aceptar alguien del Tercer Mundo la premisa de que EEUU está capacitado para determinar quién puede o no puede poseer energía nuclear y quién puede, o no, suponer una amenaza si la posee? En primer lugar, EEUU es el único país que ha utilizado armas nucleares desde que se inventó la tecnología que las facilita; en segundo lugar, esas armas se utilizaron contra ciudades densamente pobladas; y en tercer lugar, esto ocurrió cuando se dispuso en solitario del monopolio sobre esa tecnología. Incluso después de que otros países se unieran al club nuclear, ese ejemplo ha permanecido como el único en la historia de la utilización de las armas nucleares. Ningún país socialista las usó nunca, ni siquiera en vísperas del colapso de ese orden. Ni tampoco ningún país islámico, ni la India, ni cualquier otro país. Sólo los EEUU se han colocado ese laurel.
Pero en lugar de alarmarnos frente a la audacia de estarse proclamando como juez único en asuntos de proliferación nuclear, y en lugar de horrorizarnos ante el monopolio de Israel en esta región, tanto en relación a la energía nuclear como a las armas nucleares, nos llenamos de sarcasmo para dirigirnos al “ingenuo” intento de Mohamed Al Baradei de mantener la autoridad de la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA), de la cual EEUU fue padre fundador. El laureado Premio Nóbel, a quien Occidente había aclamado virtualmente como héroe, cree que debería ser la AIEA quien determinara cómo inspeccionar la tecnología nuclear si se alcanza un acuerdo con Irán y cómo actuar si no se llega a dicho acuerdo. Esto parece perfectamente razonable. Pero los comentaristas políticos y los medios se han alineado inmediatamente con los antojos y caprichos nacidos de la arrogancia del poderío estadounidense. Es impactante comprobar cómo se ha asumido sin crítica alguna el discurso político estadounidense. Y ciertamente que es político; lo que significa que no es neutral y que se llegará a las conclusiones que EEUU quiere que todo el mundo endose.
Cualquiera que acepte el precedente de etiquetar de organización terrorista a la agencia gubernamental oficial de un país sin que esta etiqueta se le esté aplicando a ninguna otra agencia gubernamental en el mundo, ni siquiera a ciertas agencias israelíes que tienen una extensa historia de planificación y prácticas terroristas, caerá, al hacer cualquier categorización, en el sistema vinculante estadounidense de criterios imperantes frente a los que no hay nada que hacer con los estándares objetivos, pero sí mucho que hacer frente a la formulación de pretextos de Washington para hacer exactamente lo que le da la gana. Los argumentos de Washington convencen a muy pocos en el extranjero. Pero esto no le importa nada, ya que tiene capacidad y poder para hacer aplicar sus definiciones a la fuerza. Casi llegó a intervenir militarmente en Darfur sobre la base de la clasificación (y la del lobby sionista) que hizo definiendo la horrible violencia allí existente entre tribus agrícolas y nómadas como “genocidio árabe contra los africanos” –un conflicto que sucesivos gobiernos sudaneses han explotado de diferentes formas mediante sus cambiantes alianzas-.
Los opositores a la política estadounidense no llegarán a parte alguna tratando de convencer a los EEUU de los errores de sus definiciones. Su única oportunidad de éxito reside en su habilidad para persuadirles de que al poner en marcha sus definiciones en un determinado escenario, pondrán en riesgo sus intereses en otro. Esto es algo que no puede llevarse a cabo en una conferencia académica sobre terrorismo y sus definiciones. Defenderse del apogeo natural de una política de confrontación y de la movilización y guerra psicológica concomitantes requiere de una lucha sostenida. También supone un cierto tipo de conciencia. Hay diferencia entre adoptar una postura contra la guerra en Irán, mientras se critica a la vez la política iraní, y la postura contra la guerra en Iran mientras se culpa a Ahmadineyad por exponerse a la agresión estadounidense. La segunda posición es, actualmente, una forma elegantemente confusa de apoyar la guerra. Y se engrana muy bien con la posición estadounidense, la cual, oficialmente al menos, no defiende la guerra a toda costa sino que dice más bien que si Irán no acepta determinadas condiciones, será entonces responsable de las consecuencias.
Pocos países, incluido Israel, siguen en pie de guerra sin ofrecer justificaciones variadas. La diferencia en este caso es que algunas personas están coreando, en esta parte del mundo, las justificaciones de EEUU para ir a la guerra contra Irán. Imagino que, en parte, este eco de la posición estadounidense tiene sus orígenes en un curioso argumento que mantiene que EEUU es un país disparatado y que su presidente está majareta, y por eso otros gobiernos acertarían al hacer lo que él dice porque, si así no lo hacen, sus dirigentes serán responsables de las catástrofes que sobrevengan sobre sus propios países. De repente se espera que todos aquellos gobiernos del mundo que son habitualmente acusados de ser irracionales sean más racionales que la única superpotencia mundial y que el hombre que la dirige. Pero si la política exterior estadounidense es realmente tan irracional, este hecho debe ser seguramente una sólida razón para oponerse a ella, porque para lo único que sirve el argumento antes mencionado es para ayudar y amparar una forma de chantaje internacional.
Oponerse a la guerra, como se ha señalado antes, requiere una acción sostenida. No es momento para argumentos estériles sino para construir una coalición por la paz o un movimiento en contra de la guerra, que en algún lugar del mundo ha de estar ya tomando forma, aunque todavía no en esta región.
Enlace texto original en inglés:
http://weekly.ahram.org.eg/2007/870/op2.htm
Cabezonamente se empeñan las autoridades españolas en interpretar el problema vasco en clave de terrorismo. Según los distintos gobiernos -y presuntas oposiciones- de Madrid todo se resolvería en 24 horas si se metiese en la cárcel a los militantes de ETA y a todos los que comparten sus objetivos políticos o, si estos asumiesen su derrota y se convirtiesen a la democracia realmente existente. Las únicas soluciones según esta fórmula son alternativamente la prisión o la rendición. Para conseguir ese objetivo no se escatiman recursos: la densidad policial del País Vasco es una de las más altas de Europa, el empeño de los jueces españoles por encarcelar a mansalva a quien muestre simpatías independentistas y afirme que el problema vasco no es un problema penal sino estrictamente político, la suma atención que prestan los medios de comuniciación españoles a lo que ocurre en esa esquinita del Cantábrico, son muestra del empeño puesto por las autoridades en mantener a toda costa la unidad estatal.
El problema de esta estrategia es que resulta no accidental sino necesariamente contraproducente, pues para mantener una parte del territorio del Estado español en el seno de la madre patria, la patria se convierte en cruel madrastra que limita las libertades de vascos y españoles y se salta con ligereza los imperativos del Estado de derecho...eso sí en nombre del Estado de derecho. Debería haber bastado a las autoridades españolas la experiencia de los numerosos Estados de excepción y las penas de muerte impuestos por Franco. Podrían también reparar en el flaco argumento a favor de la adhesión a cualquier causa que suponen las detenciones masivas y la práctica de la tortura. Mala educación para la ciudadanía. Difícilmente podrán los vascos desear seguir siendo conciudadanos de los españoles cuando a estos tanto las izquierdas como las derechas españolas les inculcan un odio y un desprecio extremos hacia los vascos. Dentro del odio a los vascos se opera una distinción pareja a la que se aplica a los musulmanes: existen los vascos buenos y los vascos malos. Los vascos buenos son aquellos que aceptan el marco constitucional y no reclaman el derecho de autodeterminación -de romper con el capitalismo ni hablemos. Los vascos malos son los que consideran que existe un conflicto entre la mayoría de los ciudadanos de su país y España debido al hecho de que esta última les niega un derecho fundamental inscrito en letras mayúsculas en el derecho internacional: el derecho de autodeterminación. No vaya a pensarse que la España actual es un país tiránico y antidemocrático que se opone a este derecho, pues lo ha reconocido reiteradamente en los casos de Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Macedonia, Letonia, Lituania, Estonia, Bosnia y Herzegovina, Timor Oriental etc. Este derecho admite sólo excepciones cuando el interés político del Estado español, esto es de sus fuerzas sociales y políticas dominantes o de sus mentores extranjeros, está en juego. Así ni el Sahara occidental ni las nacionalidades del Estado español tienen reconocido tal derecho por las autoridades de Madrid. Euskal Herria tampoco.
Poco hace al caso en esta curiosa democracia que algo más del 60% de los vascos exijan que se les reconozca y permita ejercitar ese derecho o que la mayoría de los vascos no aprobara la constitución española que explícitamente lo niega. La democracia se rige por el principio de las mayorías y la única mayoría que vale en este caso, según los que mandan en Madrid o los que mandan a los que mandan en Madrid, es la del pueblo...español. El reconocimiento del principio de autodeterminación en media Europa es perfectamente compatible para ellos con su ignorancia de este mismo principio cuando se trata de su territorio nacional. Hay que tener una gran capacidad de encajar contradicciones para afirmar que Yugoslavia era una cárcel de pueblos bombardeable -por mucho que su constitución reconociese el derecho de autodeterminación y de secesión de las repúblicas constitutivas- mientras que la España actual, en la que un buen tercio de la ciudadania reclama en vano el derecho a decidir sobre su relación con España, es un paraíso democrático.
Para entender esto tal vez valga la pena recordar que hace treinta años el conjunto de fuerzas de la oposición al franquismo -PSOE incluido- era partidario de la autodeterminación. Hasta la mismísima ponencia de la constitución llegó la posibilidad de incluir este derecho en la ley fundamental española. Lo que ocurre es que la constitución no se hizo “en ausencia de violencia”. El ejército franquista estaba allí, dispuesto como siempre a defender la unidad de España e hizo saber a los padres de la constitución cuáles eran sus condiciones: unidad de España, mantenimiento del monarca designado por Franco como su sucesor e inscripción del capitalismo en la norma constitucional. Aceptando estos tres pequeños detalles podría haber democracia en España. Es lo que llama la mafia “una oferta que no podrás rechazar”.
La oferta, como se sabe, fue aceptada con gusto por las fuerzas mayoritarias de la izquierda española que aceptaron la protección a cambio de la obediencia siendo flexibles sobre sus principios con la fundada esperanza de obtener una más o menos generosa parcela de poder. Esa flexibilidad en la que destaca el inefable exsecretario general del PCE Santiago Carrillo Solares, condujo ulteriormente a los pactos de la Moncloa, al pacto del capó con Tejero y sus mandatarios, a la alquímica transformación de la oposición a la OTAN en entusiasmo por esta misma organización armada etc. La transición fue llevada buen puerto en la mayoría del Estado con una mezcla de represión -no olvidemos que este cambio “pacífico” se saldó con varias decenas de muertos- y de reparto de prebendas entre los recién llegados a la política oficial y los de siempre.
El País Vasco fue siempre la excepción. No pasaron ni la constitución, ni la OTAN, ni consiguió el régimen en ningún momento una mayoría social que renunciase a la autodeterminación. En el País Vasco hay un problema político y es que allí no se ha renunciado a la política en favor de una gestión más o menos autoritaria o liberal de la cotidianidad por parte del mercado y del Estado. Este problema político es particularmente peliagudo, porque no afecta sólo al País Vasco como fingen creer tanto ETA como el Estado, sino al conjunto del Estado español. Aceptar el principio de autodeterminación supondría una crisis gravísima para el régimen español. La monarquía, el pacto de hierro con los Estados Unidos, el estatuto particular del ejército como “garante” de la constitución, en suma, las piezas fundamentales del régimen se tambalearían. Por ese motivo el régimen español actual jamás aceptará una solución negociada del conflicto vasco, porque ese conflicto es el constante recuerdo de su inconsistencia como régimen democrático, la memoria de la falla que lo atraviesa, del vacío constitutivo que anida en su seno como trasunto de sus orígenes.
La admirable resistencia del País Vasco a la reforma del franquismo no tiene ninguna posibilidad real de convertirse en proceso constituyente de una nueva realidad democrática en Euskal Herria sin que se haya producido una ruptura democrática en España. El empeño de ETA en seguir el camino de la lucha armada es a este respecto perfectamente contraproducente. Una insurrección democrática y pacífica a favor de la paz, la democracia y la autodeterminación tendría en cambio bastantes posibilidades de obtener un eco importante entre los numerosos sectores de la población española que compartimos estos objetivos. Un País Vasco sumido en una dinámica indefinida de violencia es una garantía de la continuidad del régimen español, pues la violencia endémica puede ser, como se ha visto en Colombia o en Argelia un principio constitucional sólido. Por el contrario, un País Vasco rebelde empeñado en hacer respetar sus derechos de manera pacífica y que luchase con fuerzas españolas y de las demás nacionalidades por la apertura de un proceso constituyente en el conjunto del Estado español recuperaría la simpatía de amplios sectores de la población de este país y tendría posibilidades más reales de lograr su autodeterminación. En esto, por una vez hay que hacer caso al inefable Luis María Ansón cuando observaba que prefería la úlcera del terrorismo que duele pero no mata, al cáncer del separatismo que amenaza la existencia misma del Estado.
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España revive el terror de Franco y Pinochet
¡Escuchanos España,desde Américate estamos mirando! por Carlos Moreno George Santayana(1863-1952), filosofo español naturalizado norteamericano, dijo hace ya mucho tiempo que "los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla." El gobierno español de turno confirma la veracidad de ese señalamiento. La reciente detención arbitraria y caprichosa de Carmen López Anguita, Josefa Alarcón Lapuente y Víctor Calcerrada Fornieles, todos militantes comunistas, por parte del estado español, es una manifestación clara del carácter progresivamente fascista del gobierno español. La detención de estos militantes carece de base legal o jurídica y fue realizada al margen del más mínimo procedimiento legal. La detención de estas tres personas por su posición política demuestra la incapacidad del estado español de tolerar cualquier disidencia de carácter revolucionario. El gobierno de Aznar no ha aprendido de las atrocidades de Francisco Franco(1939-1975) ni de los excesos de Felipe González(1982-1996) que llenaron las cárceles y los cementerios españoles con disidentes políticos cuyo único delito fue no compartir la política del estado español. Creo prudente recordarle al gobierno de Aznar que la detención arbitraria de disidentes políticos podría someterlo a posible consecuencias judiciales. Es posible que la impunidad que protegió a González no este disponible cuando el deje el poder y pueda ser sometido a un proceso penal por crimines cometidos durante su mandato. Es vergonzosa la actitud del gobierno español y es tiempo de que cese la persecución de disidentes revolucionarios. que sepa el gobierno español que desde este lado del atlántico estamos pendiente de lo que ocurre en la tierra de Miguel Hernández y García Lorca. Exigimos la libertad inmediata e incondicional de los detenidos y exigimos que el gobierno español actúe con apego a los procedimientos legales establecidos y cese su vertiginoso descenso hacia el fascismo. Carlos MorenoAbogado de Derechos HumanosNew York City
Todo aquel que denuncie la situación de los Comunistas españoles será sometido a proceso y de acuerdo a ese lema serán perseguidos como en los mejores tiempos de la dictadura de Franco y Pinochet. A nosotros nos tocó vivir este periodo y hoy nos negamos a ser cómplices de los que esta sucediendo a España. La Editorial Poetas Antiimperialistas de América no permitirá que eso suceda y defenderá a los comunistas perseguidos en España hasta que todos sean liberados incondicionalmente. De los siete secuestrados, seis cayeron en Madrid y uno en Valladolid. Son: Carmen López Ánguita Josefa Alarcón Lapuente Victorio Calcerrada Javier García Victoria Aníbal Saugar Rubio Juan Carlos Matas Arroyo María Eugenia Gimón Para mayor información solicitamos visitar el servicio informativo del valiente Partido Comunista de España r. www.antocha.org La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió el pasado 22 de octubre al juez Garzón que decretara la clausura de todas las sedes y locales vinculados al PCEr El Ministerio Público entiende que PCEr y Grapo son las dos ramas -política y militar- que conforman «una asociación criminal integral» que propugna la validez de la lucha armada como vía para la consecución de sus objetivos. La Fiscalía sostiene que el PCEr se ocupa del adoctrinamiento y de la formación ideológica de los Grapo. También asegura que es su brazo político. Una vez encarrilado el tema de la ilegalización de Batasuna como brazo político de ETA, el juez Baltasar Garzón decidió a aplicar la misma receta al Partido Comunista de España Reconstituido (PCEr) y los Grapo. Todo apunta a la intolerancia ideológica y la ilegalización de los comunistas es el primer paso a una escalada de secuestros y emprisionamiento de españoles y otros que se atrevan a defenderlos. Editorial Poetas Antiimperialistas de Américawww.poetas.comredaccion@poetas.com
Enero 1992: Misión de NNUU en EL SALVADOR (ONUSAL)
Se trata de una de las misiones más importantes desde el punto de vista de la participación española. Establecida al amparo de la Resolución 693 (1991) la misión, consecuencia de las conversaciones de paz, se basaba en el compromiso del Gobierno y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) de “respetar los derechos humanos, permitiendo a las Naciones Unidas su verificación”.
España aportó 5 de los 15 oficiales militares que formaron el grupo de asesores, los cuales se integraron en la misión con cometidos de enlace y seguridad.
En enero de 1992 y como consecuencia de la Resolución 729 (1992) el mandato de ONUSAL se amplió en tiempo y efectivos incorporándose 101 oficiales que, con los procedentes de ONUCA, totalizaron 130 observadores militares españoles en la División Militar de ONUSAL, al mando de un General de Brigada español, también procedente de ONUCA. La misión y la participación española en la misma finalizaron en mayo de 1995.
No hubo bajas españolas en esta operación.
Más información sobre la misión ONUSAL
Ante la necesidad de promover un cambio social, nace en El Salvador el movimiento guerrillero.
Como embrión del proceso, en 1970 se fundan las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) "Farabundo Martí", lideradas por antiguos dirigentes del Partido Comunista Salvadoreño.
Un año más tarde, en 1971, se crea el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), compuesto por militantes radicalizados de la Democracia Cristiana. Entre sus miembros fundadores más destacados figuró el poeta y revolucionario Roque Dalton.
Como respuesta de la reacción, en 1972 surge la facción paramilitar Unión Guerrera Blanca (UGB), cuyo actuar se centró en el secuestro y asesinato de colaboradores de la Guerrilla y personas, simplemente, sospechosas de tener ideas de izquierda.
No obstante, para 1974, los grupos guerrilleros llevan a cabo una serie de acciones que tienen connotación nacional e internacional, dirigidas fundamentalmente a la obtención de recursos logísticos para empeños mayores.
Divergencias entre los dirigentes del ERP hicieron que la organización se fragmentara y de su seno surgieran las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional (FARN).
Ante el auge de la guerrilla, el ejército se sumó a los grupos paramilitares en el aniquilamiento indiscriminado de personas consideradas como potenciales guerrilleros o sustento de los que se encontraban en armas.
Las compras de armamento por parte del ejército salvadoreño aumentaron. La Fuerza Aérea recibió, por ejemplo, un importante lote de 18 aviones "Super Mistere", suministrados por Israel.
En 1979, el triunfo sandinista en Nicaragua repercutió con fuerza en la situación interna de El Salvador. Ese año fue fundada una cuarta organización guerrillera: el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC).
Ante la necesidad de hacer un uso racional de los recursos con que disponían, las organizaciones insurgentes comenzaron un proceso de unificación, como resultado del cual, en octubre de 1980 fue fundado el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
A partir de ese momento, se produce un auge vertiginoso del movimiento guerrillero. Las columnas insurgentes llegaron a concentrar 1.500 efectivos y el ejército se replegó a sus cuarteles, para solo salir de ellos en inefectivas campañas de persecución.
Quedó evidente que los militares salvadoreños no estaban preparados para una guerra de contrainsurgencia. Habían recibido la formación propia de un ejército regular, basada en la guerra de posiciones y las maniobras con gran cantidad de efectivos.
Al término de seis meses de operaciones, el ejército había perdido 400 hombres, entre ellos 40 oficiales, sin lograr desalojar de sus posiciones al FMLN.
Ante esta situación, Estados Unidos aumenta considerablemente su ayuda militar al ejército salvadoreño, que suple su incapacidad con un emergente y continuado apoyo logístico.
Con el advenimiento de Ronald Reagan a la presidencia, en 1981, las cifras de asesores militares norteamericanos se elevó inmediatamente de 19 a 55, cantidad máxima que aprobó el congreso.
Una de las tareas prioritarias de los especialistas norteamericanos fue crear una fuerza élite, dotada de mayor movilidad. Así surgió en julio de 1981 el siniestro Batallón "Atlacatl", que obtuvo renombre por sus crímenes y desmanes.
Para tener una idea del nivel que adquirió la represión en el país baste señalar que, entre mayo de 1980 y enero de 1981, las fuerzas gubernamentales y los paramilitares dieron muerte a seis mil 408 personas, incluidos el arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero.
En agosto de 1987, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, rubricaron los "Acuerdos de Esquipulas" a tenor de los cuales se comprometieron a establecer un alto el fuego, amnistiar los presos políticos y no utilizar su territorio para agredir a estados vecinos.
Dichos acuerdos fueron rechazados por la guerrilla salvadoreña, al considerar insuficientes las garantías que para una eventual desmovilización de sus miembros ofrecía el gobierno del entonces presidente, José Napoleón Duarte.
A la vez que el conflicto continúa su curso, sustentado en la creciente ayuda militar que Estados Unidos ofrecía a las fuerzas gubernamentales, entre 1989 y 1991 se reanudan e interrumpen sucesivamente largas y difíciles negociaciones.
Finalmente, en septiembre de 1991, con la mediación de la ONU, el gobierno y la guerrilla acordaron un cese el fuego que sirvió como base para los Acuerdos de Paz, firmados en enero del siguiente año en la ciudad mexicana de Chapultepec.
Los Acuerdos de Paz establecieron el fin del enfrentamiento armado; el desarme de la guerrilla; la disolución de los cuerpos de seguridad, los Batallones de Reacción Rápida; así como la creación de una nueva Policía Nacional.
A partir de 1992, fue disminuyendo paulatinamente la cantidad de efectivos militares, reduciéndose de 56.000 en 1992 a 15.500 en el año 2002.
El Salvador en una nueva guerra
En estos momentos, El Salvador es el único país latinoamericano que mantiene tropas en Irak como parte de la coalición, encabezada por Estados Unidos, que ocupa esa nación árabe.
El presidente salvadoreño, Elías Antonio Sacas, anunció recientemente que enviará un sexto contingente de 380 soldados para reemplazar a un grupo similar que debe retornar al país a mediados de febrero.
Como ocurrió con los cinco grupos anteriores, está previsto que Estados Unidos proporcione los aviones para el traslado a Irak de los efectivos salvadoreños.
Los soldados salvadoreños que se encuentran actualmente en suelo iraquí, agrupados en el quinto contingente del Batallón Cuscatlán, se trasladarán de su actual base en la ciudad de Al Hilla, 165 kilómetros al sur de Bagdad, hacia Al Kut, cercana al río Tigris.
El Batallón Cuscatlán ha sufrido en Irak la muerte de dos soldados; uno en un ataque de manifestantes chiítas y otro en un accidente de carretera; así como una docena de heridos en diversas circunstancias.Fuente: lafogata.org
Nuevos datos sobre la murte de begoña garcia
Diecisiete años después de la ejecución extrajudicial de la cooperante vasca Begoña García Arandigoien en El Salvador, un periódico conservador ha recuperado la historia y publicado más detalles del caso. El coronel Almendariz, mando superior de la brigada que acabó con su vida, suena ahora como posible aspirante a la Presidencia. No asume que fue ejecutada, pero sí argumenta que «ya he pedido perdón».
Gari MUJIKA
El 10 de setiembre de 1990, en el departamento salvadoreño de Santa Ana, la médico de Gares Begoña García Arandigoien resultaba herida de bala durante un enfrentamiento entre una patrulla de las Fuerzas Armadas de El Salvador y una columna de la guerrilla Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). La versión oficial fue que la brigadista vasca murió a consecuencia del cruce de disparos entre ambos. La realidad, en cambio, distaba mucho de eso. Begoña García fue herida, pero capturada viva por los militares salvadoreños. Después, fue ejecutada con un tiro en la nuca, además de recibir otros cinco disparos en el cuerpo y sufrir roturas del fémur y los dos brazos. La joven formaba parte del personal sanitario de aquella columna guerrillera que fue acribillada a tiros en los cafetales de las faldas del volcán Santa Ana.
Han transcurrido 17 años desde que Begoña García Arandigoien, que entonces tenía 24, perdiera la vida a manos del Ejército salvadoreño. Ahora, casi dos décadas más tarde, han aflorado más datos sobre la ejecución. Se ha conocido la versión de quienes flanquearon la columna guerrillera y cómo transcurrieron los siguientes días desde el prisma de los militares salvadoreños. Al descubrirse que se trataba de una cooperante extranjera, la repercusión internacional puso en el ojo del huracán a la cúpula que dirigía con mano de hierro la república salvadoreña; un régimen que sesgó la vida de miles de personas, entre ellas la del arzobispo Oscar Arnaulfo Romero o las de seis jesuitas, encabezados por Ignacio Ellacuría, en 1989.
La guerra intestina que azotó El Salvador entre enero de 1980 y julio de 1991 desembocó en un proceso de conciliación que llevó a decretar la amnistía general en 1993, por el que se «perdonaron» miles de delitos de lesa humanidad. La Comisión de la Verdad que se formó en 1993, con la participación de la ONU, puso negro sobre blanco el saldo de 75.000 personas muertas, 8.000 desaparecidas y millares de heridos y lisiados.
«Fue ejecutada extrajudicialmente»
La Comisión destinó un apartado especial a la ejecución extrajudicial de la joven navarra: «caso García-Arandigoyen». Y concluyó lo siguiente: Por un lado, que Begoña «fue ejecutada extrajudicialmente por efectivos de la cuarta compañía BIC PIPIL de la Segunda Brigada de Infantería bajo el mando inmediato del teniente Roberto Salvador Hernández y el mando superior del teniente coronel del Ejército, José Antonio Almendáriz Rivas, Ejecutivo de la Segunda Brigada». Y, por otro lado, que «dichos oficiales encubrieron el hecho» con la colaboración de la tercera comandancia de la Policía Nacional, así como los peritos y las autoridades judiciales que reconocieron el cuerpo sin vida.
El coronel, ahora retirado, José Antonio Almendáriz es hoy día diputado del conservador Partido de Conciliación Nacional (PCN) y la principal punta de lanza de la formación de cara a las próximas contiendas electorales, entre las que destacan las presidenciales de la República salvadoreña.
Se elucubra con que puede aspirar al cargo. Y ése ha sido la detonante para que el rotativo digital conservador ``La Prensa Digital'' haya publicado un extenso reportaje sobre el fatal desenlace de la joven vasca que llegó a El Salvador para ejercer como personal sanitario. Almendáriz, que gracias al decreto de 1993 sigue con inmunidad sobre su responsabilidad en crimenes de guerra, defendió desde el principio contra viento y marea la versión oficial de que García Arandigoien falleció en un cruce de disparos, pero finalmente, hace un par de años, declaró lo siguiente: «Yo, personalmente, he pedido perdón infinidad de veces en público por lo que cometí en mi odio. Hoy soy cristiano y sé que en vez de humillarme, eso me ha granjeado un mayor perdón de Dios. Siento que me he quitado un gran peso de encima porque he pedido perdón, pero también he perdonado a quienes asesinaron de 50 balazos a mi padre».
La médica vasca, que había cursado la carrera de Medicina en la Universidad de Navarra, llevaba años cooperando en la Cruz Roja de carreteras y estaba trabajando como médica interina en el quirófano de un hospital de Iruñea. Rondaba el año 1988 cuando decidió abandonar este modo de vida y cogió un avión en Bilbo rumbo a Managua, la capital de Nicaragua. Fue allí cuando conoció a un guerrillero del ERP del FMLN que estaba en condición de exiliado. Rafael Velásques, a su vez, tuvo conocimiento de que la vecina de Gares -aunque nacida en Alicante el 11 de marzo de 1966 tras el exilio al que se vieron forzados sus padres debido a la persecución franquista- era una joven brigadista de Askapena. «Española, ¿verdad?», le preguntó de forma directa Velásques en su primer encuentro con Begoña García. «Vasca», espetó ella de forma tajante.
La médico de una columna guerrillera
Era octubre, cuando llegó a Managua, y tenía intención de permanecer tres o seis meses. Pero, tal y como señalaba a sus padres en una carta, se sentiría «culpable de abandonarles», a los nicaragüenses, si volvía a Euskal Herria. Finalmente se comprometió a regresar para las navidades de 1990.
Un año después de que llegara a Nicaragua, «Alba» entró en El Salvador. Así era como la conocían los salvadoreños. Era el 20 de septiembre de 1989. Aunque indicó a los de la aduana el lugar en el que se iba a hospedar, Begoña García Arandigoien se dirigió directamente a la zona controlada por el Ejército Revolucionario del Pueblo del FMLN. Allí pasó a formar parte de una columna guerrillera como médica.
Un guerrillero llamado Hércules, según recoge el citado medio, compartió con ella los últimos momentos de su vida. Aquél 10 de setiembre era un lunes. La columna guerrillera se adentró en unos cafetales, en la ladera del volcán Santa Ana. Tuvieron conocimiento de que un grupo del Ejército había acampado cerca la noche anterior. Dada la escasa protección que ofrecen los cafetales, la cuadrilla guerrillera debía andar casi en cuclillas para no superar el 1,5 metros de altura. Fue la misma brigadista vasca la que, sobre las 14.00, alertó al mando guerrillero de ruidos que creía haber oído. Acto seguido, el silbido de los continuos disparos se apoderó de la quebrada en la que estaban apostados los guerrilleros. Después del tartamudeo de las metralletas solo se escuchó un grito; un proyectil había alcanzado a la brigadista de Gares.
Nada más se supo de Begoña García... hasta dos días después. No era, además, la única del grupo que seguía desaparecida tras la huida forzada por los disparos del Ejército. La radio Venceremos, emisora del FMLN, informó de que «Begoña García, compañera internacionalista de origen vasca, fue asesinada salvajemente por el Ejército en un hospital de campaña en el cantón La Montañita, del departamento de Santa Ana, el pasado 10 de septiembre...». A la misma hora y a miles de kilómetros de distancia, desde Euskal Herria, un amigo íntimo de Begoña sintonizaba la misma emisora. Peio sabía que el día 11 o 12 de setiembre, a lo sumo, Begoña estaría en Santana, localidad en la que iba a trabajar en protección civil. Fuera de la selva; y fuera, en parte, del conflicto directo.
El 21 de setiembre, el embajador español en El Salvador aterrizaba en Barajas junto a los restos mortales de la médica navarra. El embajador entregó a Peio varias fotografías que la embajada tomó al cadáver después de desenterrarlo de la fosa en la que permaneció al menos cuatro días. El día siguiente, el cuerpo sin vida de la cooperante navarra llegaba al Hospital de Navarra para efectuarle una autopsia. Begoña García recibió seis disparos; una de ellas en la nuca. El sepelio, multitudinario, se llevó a cabo al día siguiente en Gares, en el que el día 22 fue designado como jornada de recuerdo de la joven médica. La autopsia se sumó a los expedientes judiciales abiertos en Iruñea; el juez ordenó un examen más exhaustivo. Un mes más tarde se supo que el orificio de la nuca fue por un disparo realizado «a corta distancia», exactamente a dos centímetros. A mediados de noviembre la Embajada española mandó una carta de protesta a la cancillería salvadoreña; incluía la autopsia realizada en Iruñea, que contradecía frontalmente la versión oficial.
«De todo logra sobreponerse uno...»
El reportaje publicado hace una semana en el señalado diario digital de El Salvador narra cómo el teniente Roberto Salvador Hernández organizó un grupo de militares para verificar una información sobre un mitin que habría celebrado el ERP días antes en las inmediaciones de Santa Ana. Relata cómo dieron con los guerrilleros, cogidos in fraganti, y dispararon directamente.
El Ejército envió un equipo militar para verificar las consecuencias del enfrentamiento. Acudieron un técnico del laboratorio criminalístico y también un fotógrafo. El relato afirma que encontraron dos cadáveres de dos mujeres en el patio de la finca militar del Ejército. No hubo ningún reconocimiento judicial y enterraron los cuerpos. Dos días después el cónsul de la Embajada española acudió a negociar la exhumación de los cadáveres. El encargado fue el ejecutivo de la brigada, José Antonio Almendáriz, ahora diputado. Se abrieron investigaciones que no llegaron a nada. Un año después la Comisión de la Verdad concluía que la brigadista había sido ejecutada.
«De todo logra sobreponerse una persona, incluso del miedo». Parece ser que ésa fue la última frase que la joven médica empleó en Nicaragua, horas antes de entrar en El Salvador, para responder al guerrillero exiliado que le advirtió sobre los riesgos de la guerra.
OCTUBRE DE 1988
Después de terminar los estudios de Medicina y cuando estaba ejerciendo en el Hospital de Nafarroa, Begoña García decide irse a Nicaragua como cooperante.
setiembre de 1989
Abandona Managua y se dirige a El Salvador. Una vez allí, comienza desde un principio a ejercer como doctora para una columna de la guerrilla ERP del FMLN.
10 setiembre 1990
Begoña García Arandigoien resulta herida por los disparos del Ejército salvadoreño en una emboscada contra la cuadrilla guerrillera en la que ejercía como médico.
12 de setiembre
La radio Venceremos, de la guerrilla del FMLN informa de que la brigadista vasca fue ejecutada por los militares salvadoreños horas después de su captura.
22 de setiembre
Llegan a Iruñea los restos mortales de la joven médica. Al día siguiente, Begoña García es enterrada en Gares, donde oficializan ese día para recordar a la brigadista.
noviembre
Una autopsia revela que recibió seis disparos y que tenía rotos el fémur y los dos brazos. Tenía un disparo realizado a dos centímetros de distancia en la nuca.
