Actualmente, a diferencia de lo que ocurría años atras, la labor del interventor del ente local ha perdido consistencia y fuerza en beneficio de la labor del político de turno y esto se ha reflejado en que a la hora de fiscalizar un gasto el informe que emite el interventor es preceptivo pero no vinculante, es decir, el político simplemente tiene que consultar pero no tiene porque obeceder el criterio del interventor. Esto se me antoja altamente peligroso para la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento, ya que no podemos olvidar que el cargo político es un cargo "elegido" que no tiene porqué saber ni poco ni mucho de contabilidad ni de leyes; sin embargo, el interventor es un cargo técnico que ha tenido que estudiar mucho, sacar una carrera y después una oposición y debería tenerse más en cuenta su labor.

Veáse como ejemplo el reciente caso de corrupción en Marbella, donde el interventor de dicho municipio envíaba reiterados informes negativos acerca de los desmesurados gastos que estaba teniendo dicho Ayuntamiento, los cuales, no sólo fueron desoidos, sino que nadie reparó en ellos.