CRISIS ECONÓMICA Y FINANCIERA
Según informaba la pasada semana Leigh Phillipis en www.euobserver.com, los 27 han aumentado el grado de vigilancia del riesgo de estallidos sociales en toda Europa debido a la crisis económica. Los últimos síntomas del malestar social han tenido lugar en Letonia, Lituania, Bulgaria y Grecia (y, fuera de la Unión, en Islandia), pero la UE teme que esos estallidos lleguen en cascada y amenacen la estabilidad de los gobiernos e incluso de la propia Unión.
02/02/2009 13:26:00
DONOSTIA-. Los enfrentamientos más fuertes han tenido lugar, hasta ahora, en Letonia, Lituania, Bulgaria y Grecia. Pero en estas últimas semanas aumentan las protestas en El Estado francés o Gran Bretaña, y comienzan a surgir en el Estado español o Alemania, por poner sólo varios ejemplos.
Y los estallidos empiezan a tener ya consecuencias políticas, por ejemplo, en Islandia, donde el primer ministro, el conservador Geir Haarde, anunciaba el día 23 la convocatoria de elecciones anticipadas, y tres días después caía su Gobierno. Aunque Islandia no es miembro de la UE –el debate, como siempre en tiempos de crisis, se ha reabierto ahora–, se trata del primer ejecutivo europeo que cae por la situación económica y financiera. El anuncio se produjo tras una semana de protestas populares contra el Gobierno por su actuación durante la crisis económica, que ha dejado el país al borde de la bancarrota. Los enfrentamientos han sido los más violentos en 50 años. La Policía utilizó sprays con pimienta y gases lacrimógenos contra los más de dos mil ciudadanos que protestaban ante la sede del Parlamento.
Lo ocurrido en Islandia llega tras una serie de revueltas antigubernamentales en Letonia, Lituania y Bulgaria, que siguieron, a su vez, a las que tuvieron lugar durante varios días seguidos en Grecia, donde los sindicatos y los estudiantes pusieron en jaque al Gobierno a finales de diciembre. Las turbulencias financieras ya se habían llevado antes por delante al Gobierno belga, aunque, en este caso, la situación política interna desde hace casi dos años tuvo mucho que ver.
En Francia, han sido los obreros del sector automovilístico –y, puntualmente, del ferrocarril– quienes han protagonizado las movilizaciones, pero a ellos vuelven a sumarse los estudiantes, con sus protestas contra las reformas de Nicolas Sarkozy. Ambos sectores son claves en el Estado francés: de hecho, el lobby universitario es muy potente –y más impredecible que el obrero– y muchos políticos proceden del movimiento estudiantil. Los portavoces de los sindicatos han recordado esta pasada semana lo ocurrido en Grecia para advertir de que las movilizaciones podrían ser cada vez más duras: "También en Francia hay una bomba social a punto de explotar".
La crisis económica y financiera preocupa a las autoridades europeas tanto como las consecuencias que puede tener en el ámbito social. Los funcionarios de la Unión Europea reconocen en privado que la preocupación es muy grande en Bruselas y que todos los estados miembros están adoptando nuevas medidas de control y seguimiento del descontento popular.
De hecho, los embajadores permanentes de los Veintisiete en Bruselas ya han tratado el tema en varias reuniones, y están compartiendo y actualizando constantemente datos e informaciones al respecto. El Consejo Europeo informal de primavera se centrará, previsiblemente, en esta cuestión. Estas mismas fuentes reconocen abiertamente que los 27 no saben cómo enfrentarse a la situación y, de momento, han solicitado más informes a sus respectivos servicios de inteligencia para saber si las revueltas marcan ya una tendencia o son, por el contrario, hechos aislados o dinámicas de oposición internas (en la jerga comunitaria, "manipulación por elementos de la oposición").
Ante las elecciones europeas de junio, el Partido Popular Europeo ha llegado a acusar al Partido Socialista Europeo de tratar de recuperar su hegemonía en la Cámara Europea utilizando la crisis como base de una campaña de "agitación y propaganda".
Las protestas han provocado, por ejmplo, una reunión de seguridad conjunta entre los gobiernos de Letonia y Lituania, tras los enfrentamientos del día 16 en Riga –26 manifestantes y 14 policías heridos, y 106 detenidos– y Vilnius. Un funcionario lituano reconocía el viernes en Bruselas que su Gobierno está recabando información de estallidos similares en Francia, Estonia y Alemania. Además, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia estarían también intercambiando información de forma intensiva al respecto. En Vilnius, en los últimos días han tenido lugar al menos once marchas convocadas por los sindicatos.Previsiones
El presidente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, predijo hace dos semanas en la BBC que la debacle económica causará sin duda un malestar creciente: "Puede ocurrir en cualquier lugar de Europa, y seguramente irá a peor en los próximos meses".
En su opinión, los países con mayor riesgo de estallidos son Hungría, Letonia y Bulgaria –en estos y, en general, en todos los estados centroeuropeos, ya se están preguntando si son políticamente asumibles y tolerables las condiciones impuestas tanto por la propia Unión para la adhesión como por los planes de rescate europeos o internacionales–, pero también Francia y Gran Bretaña. "La situación es muy, muy seria", declaró Strauss-Kahn.
La mayoría de los analistas consideran que, si las previsiones de caída del empleo continúan a este ritmo, el descontento social puede pasar a ser explosivo después del verano, especialmente allí donde el paro está aumentando de forma más rápida, caso, por ejemplo, del Estado español. El descrédito de la clase financiera y política es enorme y eso está teniendo ya consecuencias en la UE. Y es muy posible que las elecciones al Parlamento Europeo de junio marquen otro punto de inflexión en ese progresivo alejamiento de la estructura comunitaria de sus ciudadanos.
Ante los acontecimientos de los últimos días, en los que ha quedado patente la falta de voluntad de las autoridades de cumplir con la obligación del Estado de investigar posibles crímenes contra la humanidad durante la Guerra Civil y el franquismo, tal y como establece la normativa internacional, Amnistía Internacional les insta a proteger los derechos de las víctimas sin más dilación.
Amnistía Internacional ha remitido al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el Manifiesto “Para pasar página, primero hay que leerla”, al que se han adherido en los últimos cinco días más de 40 juristas de prestigio internacional y abogados y académicos españoles, que pide al Estado español garantizar una investigación judicial efectiva e imparcial sobre las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y el Franquismo.
Las primeras 40 adhesiones de expertos juristas, a las que se sumarán más en los próximos días, incluyen a José Antonio Martín Pallín, miembro de la Comisión Internacional de Juristas y Magistrado Emérito del Tribunal Supremo; Hugo Omar Cañón, Fiscal General de Buenos Aires; Susana Villarán, ex integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Carlos Iván Degregori, miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú; y Roberto Garretón, ex abogado de la Vicaría de Solidaridad durante la dictadura de Pinochet; entre otros muchos (ver listado completo).
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Manifiesto de Amnistía Internacional
Para pasar página, primero hay que leerla
Los firmantes del presente manifiesto nos dirigimos a las autoridades y sociedad españolas, así como a la opinión pública internacional con ocasión de la investigación abierta por la Audiencia Nacional en relación a hechos delictivos ocurridos durante la Guerra Civil y el Franquismo que podrían constituir crímenes contra la humanidad.
Mantenemos que:
- España tiene el deber de poner fin a la prolongada injusticia de la que han sido objeto las víctimas de desaparición forzada y otros crímenes y sus familiares, llevando a cabo las investigaciones necesarias para dar con el paradero de los restos de estas personas, y esclarecer las circunstancias en que tan graves abusos se produjeron.
- Al llevar adelante esta tarea, España debe cumplir con las normas internacionales sobre la materia que su propio ordenamiento jurídico reconoce, y tal y como su práctica jurisprudencial refleja – de manera reiterada - al pronunciarse sobre las consecuencias legales de los crímenes contra la humanidad.
- De acuerdo con el Derecho Internacional, los crímenes contra la humanidad no son susceptibles de amnistía, indulto o prescripción. Las normas convencionales sobre la materia, adoptadas con posterioridad a los hechos que deben ser objeto de investigación, es sabido, han simplemente recogido una obligación que ya existía anteriormente como norma consuetudinaria.
- El Estado español no puede sustraerse a la obligación de investigar estos crímenes, y debe poner fin a la impunidad garantizando a las víctimas y a sus familiares su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral.
- No es posible que los Tribunales españoles – en base a sus obligaciones bajo el derecho internacional - hayan asumido su competencia para investigar y perseguir los crímenes más graves de derecho internacional cometidos en países como Chile y Argentina, en cuyas causas han sostenido que las leyes de amnistía así como cualquier otra medida análoga carecen de validez en España, y se abstengan de investigar crímenes similares cometidos en su propio país.
- En la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, no quedaban plasmados los estándares internacionales fijados en materia de desapariciones, exhumaciones y recuperación de cuerpos. No existe antecedente alguno en que un Estado haya trasladado a las familias de las víctimas las tareas, costos y responsabilidades de dichas acciones. Además, la propia ley en su Disposición Adicional Segunda, afirma claramente que: “Las previsiones contenidas en la presente ley son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España”.
España está en estos momentos en el punto de mira de la comunidad internacional que espera que por fin cumpla con las obligación de investigar los hechos de su historia reciente que podrían ser constitutivos de crímenes contra la humanidad y garantizar, con todos los medios a su alcance, de la manera más completa posible y sin dilación, los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación.
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Amnistía Internacional Sección Española, en adel
El Viernes 23 de Marzo comienza, un año más, el Curso de introducción al Marxismo de la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM). El propósito de éste curso abierto, que es también foro de debate y discusión de las ideas marxistas y anticapitalistas, ha sido y sigue siendo el de ser un lugar de encuentro y aprendizaje, además de espacio de creación, donde las teorías y prácticas de la historia de los movimientos emancipadores se confrontan con la actualidad del mundo del trabajo y de la cultura.
Desde la aparición en el panorama político y cultural español de la FIM, ésta ha jugado un importante rol de creación y análisis. En el marco de sus cursos, publicaciones y seminarios, que se vienen impartiendo desde los años de su fundación, han estado presentes todos los rincones de la historia cultural española y universal; la filosofía, la sociología, la historia, la literatura, el cine, o la economía.
El curso, de acceso libre, constará de dos bloques. En el primero los ponentes invitados trazarán un cuadro general introductorio a conceptos y problemáticas que están en el núcleo del pensamiento crítico, y se enmarcan en la historia del marxismo como práctica y programa de investigación.
En el segundo bloque, se dará un repaso a diferentes personalidades y movimientos políticos que han marcado el desarrollo del pensamiento revolucionario y emancipador a lo largo del último siglo, desde la perspectiva de la permanente construcción de un programa para el socialismo del siglo XXI.
Todas las actividades se realizarán en el local de la FIM , Calle Alameda nº 5, 2º Izq., a las 19 horas.
PROGRAMA DEL CICLO “ Emancipación y marxismo en el siglo XXI”
Primer módulo. Conceptos fundamentales
Capital y trabajo
Diego Guerrero, Profesor Titular de Economía Aplicada de la UCM.
Viernes 23 de enero.
www.fim.org.es
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"Luchó por la democracia y las libertades y no murió en vano"
Está el caso relacionado con el servicio de inteligencia de Granados?
El sábado 30 de enero de 1999 llegaba a los quioscos de Euskal Herria el primer número de este diario. Han transcurrido ya diez años y, para conmemorar este aniversario, GARA ha organizado una serie de actos que arrancarán mañana con un sugerente formato, un fórum abierto y participativo con el que exponemos ante el público nuestra forma de entender el periodismo. El director de GARA, Josu Juaristi, será el encargado de presentar y moderar el fórum, a las 12.00 en el Kursaal de Donostia.
El personaje entrevistado es de sobra conocido. Arnaldo Otegi se ha convertido en un referente político de nuestro país, más allá de su labor como dirigente de la izquierda abertzale y más allá de nuestras fronteras, como se puso de manifiesto durante el último proceso de negociación. Las posiciones, análisis y expectativas de la izquierda abertzale en torno a la actualidad y al conflicto político serán sin duda el eje de la entrevista, que tendrá lugar en la sala Ganbara (con aforo para 600 personas) y que será conducida por Iñaki Iriondo y dos relevantes periodistas internacionales que conocen de primera mano Euskal Herria: Carmen Lira y Giuliana Sgrena.
La decisión de GARA de organizar este fórum llega en un momento de interés político e informativo evidente, con Arnaldo Otegi y la izquierda abertzale como uno de sus claros protagonistas.
Actualmente es la directora del periódico mexicano «La Jornada», con el que GARA mantiene un convenio de colaboración desde 2002. Fue corresponsal de guerra en El Salvador y Nicaragua, y corresponsal internacional en Washington (EEUU) y China. Por el desempeño de esa labor ha sido objeto de numerosos reconocimientos; el más reciente, el tributado en 2008 por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos de México, que le otorgó su distinción «por su labor democrática». Durante su visita a Euskal Herria en setiembre de 1999, Lira tuvo ocasión de ser testigo del surgimiento de Udalbiltza, la primera institución nacional.
Esta escritora y periodista italiana -trabaja para el diario italiano «Il Manifesto» y el semanal alemán «Die Zeit»- pasó a ser protagonista de la noticia cuando, el 4 de febrero de 2005, fue secuestrada por una organización yihadista en Bagdad, mientras realizaba un reportaje sobre la invasión del país árabe. Cuando ya había sido liberada y era trasladada al aeropuerto bagdadí, soldados de EEUU dispararon sobre el coche en el que viajaba, falleciendo el agente de los servicios secretos italianos que le acompañaba. Giuliana Sgrena resultó herida. Esta corresponsal de guerra pasó por Euskal Herria para presentar el libro en el que recoge su propia valoración de aquellos hechos, titulado «Fuego amigo». En aquella ocasión fue entrevistada por este diario (GARA, 15/06/2006).
Acompañará a ambas periodistas nuestro corresponsal político Iñaki Iriondo, quien acercará la entrevista a algunos de los asuntos de mayor actualidad en Euskal Herria. Iriondo es coautor, junto a Ramón Sola, del libro «Mañana, Euskal Herria» (Baigorri, 2005), entrevista en profundidad con Otegi en la que se analiza el devenir del conflicto político. Acaba de publicar, además, el libro «Ibarretxe, entre el poder y el querer».
Ignorado por las instituciones y los medios de comunicación burgueses, pero muy presente en la lucha de clases, el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) celebra este 15 de Enero su 25 Aniversario.
Los días 13, 14 y 15 de Enero de 1.984 miles de comunistas de los distintos pueblos y naciones dieron el paso de iniciar la recuperación de la organización revolucionaria de vanguardia del proletariado español. Fue un Congreso que supo romper la tendencia liquidacionista que el eurocomunismo había impuesto en las filas del comunismo español y abría las vías para recuperar futuros escenarios de lucha revolucionaria en España. Tras años de desconcierto entre la militancia comunista por la traición que supuso la aceptación por el PCE de la llamada Transición, se formó el Partido que, en torno a la defensa del marxismo – leninismo, supo defender los principios que son nuestra esencia como comunistas españoles: República, Internacionalismo y Socialismo.
Han sido años muy difíciles, en el que el capitalismo ha impuesto su hegemonía mundial con un alto grado de violencia y en el que, desde la soledad de tener que explicar lo evidente, supimos nutrirnos de nuestra ideología para seguir interviniendo política y socialmente. En la lucha de clases y en la solidaridad con los países que han seguido construyendo el Socialismo y con los pueblos que luchan contra el imperialismo y por su liberación, nuestro Partido ha ido creciendo como una organización con cada día más capacidad de intervención política, mayor capacidad ideológica y más alto grado de organicidad leninista.
Ésta es la realidad que hoy nos permite afirmar que el PCPE y el conjunto de su militancia, en un escenario internacional de la lucha distinto y más favorable, está en disposición de librar con éxito, desde el desarrollo de su proyecto inasimilable por el sistema, la batalla que situará en el terreno de la lucha de clases el combate contra el capitalismo en crisis. La oligarquía española y sus gestores socialdemócratas y reformistas sólo conciben en el escenario de la Unión Europea la hipotética superación de la crisis capitalista. Nosotros y nosotras sabemos que sólo la adopción de una serie de medidas orientadas a satisfacer los intereses y necesidades de la mayoría social y estratégicamente orientadas a la construcción del Socialismo, serán capaces de cambiar la realidad de represión y recorte de libertades y derechos que padecemos.
Porque sabemos que nos observan, no sólo, la clase obrera, los sectores populares y la juventud de los pueblos y naciones de España, sino también el conjunto de Partidos hermanos con los que avanzamos, cada día más, en el proceso de levantar el necesario referente internacional de los y las comunistas, afrontaremos con decisión todos los retos que lucha revolucionaria nos situará en el futuro.
¡VIVA EL MARXISMO – LENINISMO!
El documento judicial responde también a aquellos que reclaman olvido, explicando la numerosa legislación internacional al respecto y pone como ejemplo de su aplicación a la Alemania nazi. Baltasar Garzón acusa de genocidio y crímenes contra la humanidad a los responsables del golpe de estado “contra el gobierno legítimo”, basándose en miles de casos reportados, y denuncia que nunca fueron investigados por la Justicia. Desde el respeto a las víctimas de ambos bandos, recuerda la Causa General abierta tras la Guerra Civil que analizó, pueblo por pueblo, lo ocurrido desde 1931 y desplegó toda la acción del Estado para resarcir a las víctimas del “terror rojo”.
A diferencia de la voluntad de los gobiernos y poderes públicos republicanos, que no practicaron ni incitaron a la violencia, los golpistas aplicaron un plan preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de la violencia: “La Junta Suprema Militar de Defensa de España, como primer acuerdo dispone: Serán pasados por las armas, en trámite de juicio sumarísimo cuántos se opongan al triunfo del expresado Movimiento Salvador de España”; “Cualquiera que sea, abierta o secretamente, defensor del Frente Popular debe ser fusilado” ordenó el general Mola y, a través de la radio, apostilló otro líder del golpe, Queipo del Llano: “faculto a todos los ciudadanos a que, cuando se tropiecen a uno de esos sujetos, lo callen de un tiro. O me lo traigan a mi, que yo se lo pegaré”.
No se trató sólo de una Guerra Civil, sino de un programa de exterminio, ordenado por los dirigentes franquistas, con una masiva ocultación de cadáveres y el robo de miles de niños, peculiaridades también practicadas por las dictaduras militares de Chile, Uruguay y Argentina. Mientras la GESTAPO supervisaba los experimentos de Vallejo Nájera (psiquiátra jefe del franquismo) para demostrar la superioridad de la raza hispánica sobre la raza de los rojos y la “debilidad mental de las hembras que las predispone al marxismo”, la Iglesia católica colaboraba con la Acción Social de la Falange para entregar niños, arrebatados a sus padres y madres encarcelados, a familias adictas al régimen que los pretendiesen.
A pesar de la gravedad de los hechos y de la incuestionable trascendencia de las pruebas aportadas, el sistema judicial español (que en 30 años de nueva Constitución no ha movido un dedo al respecto) ha desactivado la iniciativa por considerar los delitos “comunes” y reconocer como válida una preconstitucional Ley de Amnistía (1977). La Asamblea General de Naciones Unidas estableció en 2005 que “una reparación adecuada tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos”, instando a la verificación de los hechos, a la búsqueda de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas y “a una declaración oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella”.
Llama la atención que, en otro auto, Garzón haya ilegalizado ANV, cuyos militantes fueron víctimas de aquellos hechos (entre otros argumentos, bajo el pretexto y pese a la coacción de no condenar la violencia) olvidando que fuerzas políticas como UPN y PP avalan, justifican y se niegan a reconocer como tal el golpe de estado franquista contra la legalidad republicana. Franco lleva más de 30 años mal enterrado y la democracia heredada necesita para defender su seguridad, lo que dice muy poco a favor de su solvencia, de casi 200 mil guardia-jurados, 150 mil policías nacionales y guardias civiles más mossos, ertzaintzas, policías forales, municipales y al ejército español, capitaneado por sus “valientes legionarios”.
Y de aquellos barros, estos lodos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU publicó el pasado mes de octubre un informe muy crítico contra el Estado español, mostrando una especial preocupación por el mantenimiento de la tortura e instando a “suprimir definitivamente el régimen de incomunicación”, a recortar los plazos de prisión preventiva y censurando la extensión del término terrorismo. El gobierno español niega la mayor y, aunque dice tener preparado un Plan de Derechos Humanos, no aplica ninguna de las recomendaciones internacionales. El juez Garzón ha tomado declaración a decenas de personas con evidentes muestras de malos tratos y tortura sin denunciarlo.
Quienes vivimos en Euskal Herria y, por desgracia, nos ha tocado de cerca esta situación, no tenemos ninguna duda de que los jueces de la Audiencia Nacional son plenamente conscientes de que los malos tratos y la tortura se aplican de forma sistemática contra vascos sospechosos. Tan es así, que el magistrado ha elaborado un protocolo bautizado con su propio nombre “protocolo Garzón”, para intentar paliar la inexistencia de garantías jurídicas contra la tortura pues, como dicen algunos juristas, “los derechos humanos valen lo que valen sus garantías”.
Organizaciones vascas que trabajan para la erradicación de esta lacra estiman en 7000 los ciudadanos de este país torturados en los últimos 30 años, con 5 muertos en los años 1981 (Arregi), 1982 (Muruetagoiena), 1985 (Zabalza) y 1993 (Iantzi y Kalparsoro). Un estado que tortura no se puede denominar democrático. Confiemos en que la ejemplar lucha de quienes desean un cambio real hacia la democracia se afiance y en ese sentido sería un buen síntoma que este auto del juez Garzón recuperara su potencialidad y resolviera una condena oficial contra el franquismo. A partir de ese reconocimiento se podrían poner en marcha los mecanismos de resolución de conflictos, que toda democracia articula para solucionar los enquistados, a través del diálogo y la negociación. Porque de esa manera, y de ninguna otra, se cumplirá aquella poética premonición de Bobby Sands (preso del IRA muerto en prisión): “nuestra venganza será la sonrisa de nuestros hijos”.
Patxi Zamora Aznar
