Efectivamente , el Estado Peruano es genocida de miles de peruanos durante la guerra interna : 1980-2000,  representados por sus gobiernos de turno : Belaunde , Garcia Perez y Fujimori. La mayoria de ellos asesinados corresponden a miles de campesinos . La CVR encubre todos los crimenes perpetrados por el Estado , sobretodo al mayor genocida de la historia republicana , me refiero al monstruo de Garcia Perez , hasta ahora sigue impune los crimenes del Comando Rodrigo Franco, decenas de dirigentes , estudiantes , obreros,etc. Asimismo la prensa mercenaria esta coludido con los apristas. En la actualidad los estudiantes de las universidades nacionales desconocen de ello y que otros dirigentes estan en los gremios estudiantiles por intereses personales y que otros tienen miedo del tema . No solamente es el genocidio de la Cantuta , Barrios Altos y el caso de Ernesto Castillo Paez. son  miles de casos que claman justicia por sus seres queridos que estan en la absoluta impunidad a lo ancho y largo del pais..

HASTA PRONTO

ATTE CARLOS

Todo esto muestra la hipocresía y el cinismo del estado peruano.La imagen que da ante elmundo, valiéndose de sus embajadores ante los organismos internacionales, y valiéndose de su prensa vendida y servil. es una imagen falsa, que traduce el empeño de maquillar su imagen genocida. ysupolítica de exterminio contra sus opositores políticos.

Mientras aplicó  su lucha anti-subversiva en las zonas  declaradas en "emergencia", el estado, por ley, dio carta blanca a los comandos político-militares para ser dueños absolutos de vidas: estos comandos, amparándose en el estado de emergencia, el toque de queda, amparándose en una prensa servil que era su apoyo incondicional, y que jamás los  condenaba, estos comandos de la fuerza armada, tenían potestad para ingresar a los hogares rompiendo las puertas, secuestrar, detener, y asesinar extra-judicialmente . Una vez asesinado el detenido, sus restos eran desaparecidos: los enterraban en fosas comunes, o los quemaban. Cuando sus familiares iban a los cuarteles a preguntar por sus seres queridos, no solamente eran negados, sino que ellos mismos corrían el riesgo de ser desaparecidos.

Ningún fiscal ni representante de los derechos humanos ni de la Cruz Rja podía acercarse a los cuarteles a  preguntar por algún detenido-desaparecido, porque corría el riesgo de ser también desaparecido.

La prensa, muy bien que se prestaba para encubrir y silenciar estas atrocidades cometidas por los militares, contra la población  civil, inerme e indefensa. Detenían a cualquiera, simplemente ante la sospecha de que fuera un colaborador de los grupos subversivos, o porque alguien lo había señalado, o simplemente por sus ideas adversas al gobierno.

En la década de los '80, había  en la ciudad de Huamanga,una madre a quien habían desaparecido a su hijo. Toda vez que oía decir que habían encontrado algunos cadáveres arrojados en algún lugar, ella  se constituía en el lugar, con la esperanza de hallar el cuerpo de su hijo. Así transcurrieron algunas semanas,hasta que una vez , habiendo oido que habían encontrado unos cuerpos en las afueras del cuartel "Los Cabitos" de la ciudad de Huamanga, ella se constituyó en ellugar con la esperanza de hallar el cuerpo de su hijo;  creyó reconocer entre los cadáveres al cuerpo de su hijo, y al asomarse, cuál fue su sorpresa, al encontrar que aun respiraba:  su cuerpo mostraba huellas de haber sido salvajemente torturado, estaba con las costillas rotas, pero aun respiraba. Esta abnegada madre, lo trasladó del lugar hacia el hospital por el servicio de emergencia. Pero como este estaba vigilado por los militares, y si lo descubrían lo ultimaban para evitar que denuncie, por esta razón, lo hizo pasar  en la condición de "occiso", y así, sacándolo a la morgue, lo sacaron del hospital, burlando la vigilancia de los militares. Este ciudadano, tal vez vive aún, y lo invito a que participe en este forum dando su testimonio personal.

Esta es la política de exterminio que siempre aplicó el estado peruano contra sus opositores, política genocida que siempre negó, ante los organismos internacionales.

Pero si es obvio. En el juicio que se le está siguiendo a Fujimori, los genocidas que se presentan como testigos, nadie quiere comprometer a sus cabecillas gubernamentales. A las claras está la reciprocidad de favores. Fujimori les dio amnistía. El estado peruano jamás se mostró receptivo ni imparcial al momento de acoger las denuncias de desapariciones efectuadas por los militares, y presentadas  por los familiares. Cuando un fiscal  o periodista imparcial se acercaba al lugar de los genocidios, era corrido a balazos. Cuando algún fiscal pretendía investigar los genocidios cometidos por los militares o policías, era amenazado de muerte. La ley le había quitado toda jurisdicción al Ministerio Público, y solamente eran los militares los amos de horca y cuchillo, los dueños de la vida de los ciudadanos. Nadie podía ni siquiera acercarse a un cuartel a preguntar por  la suerte de un familiar desaparecido, porque también a él lo desaparecían. Así sucedió por ejemplo, con los hijos del profesor ayacuchano Mansilla, y con el periodista  ayacuchano Julca. Nadie podía atreverse a denunciar las matanzas cometidas por los esbirros del estado peruano, porque todos los medios de prensa estaban vendidos al estado.  Todos estos medios de prensa serviles y vendidos, ocultaban las matanzas cometidas por militares contra civiles desarmados.(Ahí tenemos el caso de los Winter, los Crusillat, los Shultz...por las prebendas que recibían del estado peruano). El único medio de prensa que  denunciaba estos genocidios era "El diario"; y bien sabemos cómo terminó: el estado lo intervino, destruyó sus instalaciones, y asesinó a sus directivos, tales como Janet Talavera. Cuando alguna denuncia por matanzas  ejecutadas por las "fuerzas del orden", llegaba al Congreso, la comisión de fiscalización era la encargada de archivarla. Ahí campeaba por ejemplo, la congresista fujimorista Martha Chávez . Cuando algún policía cometía algún crimen, el estado peruano lo destacaba a otra zona, a fin de que no se lo investigue; así sucedió con el asesino del estudiante sanmarquino Pozo Barrientos, asesinado en el frontis de la Facultad de Medicina de San Fernando.  Los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, eran puestos en la mira por el estado, como sospechosos de ser "terroristas".

Inclusive, este  estado genocida, tuvo la insolencia de renunciar al pacto de San José de Costa Rica, a fin de que nadie le impidiera seguir cometiendo sus genocidios contra la población civil.

Estos asesinos se presentan ante la comunidad internacional como mansas palomas. Dude usted de la historia oficial, del Perú oficial,, de esa imagen maquillada que estos asesinos presentan  de este país de barbarie, ante la comunidad internacional. Averigüe usted  por sus propios medios,el Perú profundo. Averigüe qué es lo que realmente sucedió

Por si esto fuera poco, Fujimori los amnistió a todos los militares y policías genocidas. Si algunos fueron sentenciados, lo fueron por tribunales militares, que han hecho un espíritu de cuerpo, entre hienas genocidas. Los crímenes cometidos contra civiles desarmados, no pueden ser ser ventilados por tribunales militares, pues no se trata de simples casos de indisciplina o insubordinación, sino de crímenes cometidos con alevosía, premeditación y ventaja, con el agravante de que son cometidos por fuerzas del orden.Si algunos  de estos genocidas están  "presos", están en sus cuarteles ,mejor que en sus casas. Eso no es prisión. Esa "prisión" que les han dado, es solamente para darles impunidad: es para que se diga más tarde: ya cumplieron su condena, y es cosa juzgada.

Véalos usted a estos genocidas cómo se presentan a testificar en el juicio a su cabecilla: no parece que estuvieran presos: muy bien vestidos.

Obviamente, no quieren decir la verdad, porque tienen que proteger a su cabecilla. Ellos, son parte del estado peruano: un estado  con un sello de clase, y que  desata la barbarie para combatir a sus enemigos de clase, en defensa de  su sistema: su dorada "democracia": el sistema que preserva  los privilegios de la cúpula gobernante.