El alcalde dijo que «la rama fascista» del Ayuntamiento, en alusiones al PP, difama la figura del revolucionario
Mientras un grupo de vecinos de Oleiros se manifestaba frente al monumento que hoy se inaugurará en la rotonda de Nirvana en honor a Ernesto Che Guevara, el hijo de este, Camilo Guevara, ofrecía ayer una conferencia sobre el mítico guerrillero y revolucionario. Durante una rueda de prensa previa a la charla, explicó que no entendía por qué se realizaban las protestas, ya que el monumento era para recordar a «un héroe» y que los que quieren negarle un tributo «son los mismos que intentan eliminar las utopías, los sueños y las esperanzas».
Preguntado si en alguna ocasión había presenciado alguna protesta similar, reconoció que sí: «Siempre aparecen enemigos al pensamiento del Che, lo he visto varias veces, pero no recuerdo que haya pasado en España», apostilló.
El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, también se refirió a la polémica surgida por el monumento al guerrillero y aseguró que el PP, «la rama fascista que tiene este Ayuntamiento», se dedicó en los últimos días «a crear un ambiente de incomodidad y difamación del Che y de mi persona». Aclaró que la pieza escultórica «no costó dinero», sino que fueron los trabajos y el material (106.000 euros, según el regidor, antes de impuestos). La pieza fue donada por artistas cubanos, «frente a los 80 millones que nos pedían artistas gallegos», recordó para anotar que cualquier otra obra de la comarca duplica o triplica este precio, y algunas «son unos adefesios». Citó, entre otros, el Millennium («el pirulí de Paco Vázquez, que costó 500 millones de pesetas y nadie se alporizó»), las figuras de Botero («que toda ciudad tiene una»), la de Lennon en Méndez Núñez («que nos la quisieron meter a nosotros») o la estatua de la Virgen del Carmen que se instalará junto al puerto coruñés («con 18 metros de altura, y no pasa nada»). García Seoane indicó que las razones principales para reivindicar la escultura del Che es que se trata de la figura más representativa a nivel mundial en cuanto a cooperación y que Oleiros «es un municipio solidario y con ideología». En cuanto a la polémica, añadió: «Si piensas que vas a herir susceptibilidades, no haces nada. Yo defiendo mi ideario. De toda formas, ¿qué hago yo que no sea polémico?», concluyó.
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31-12-2007
Las recientes revelaciones de la CIA, al abrir sus archivos de los últimos 25 años, permiten apreciar en toda su perversidad la íntima conexión existente entre terrorismo e imperialismo.
Muchas lecciones se desprenden de estas revelaciones. En primer lugar, que contrariamente a lo que sostienen ciertas buenas almas "progresistas" el terrorismo no fue un episodio aislado atribuible a personal subalterno que se "excedió" en la aplicación de las órdenes impartidas. Los documentos desclasificados demuestran inapelablemente que fue y sigue siendo una política de Estado del imperio, un instrumento más de un plan criminal diseñado por el gobierno de los Estados Unidos para aniquilar a sus adversarios. Esto exige, como lo ha probado hasta el cansancio Noam Chomsky, manipular a la opinión pública para controlarla por el temor: antes a la Unión Soviética y los "comunistas", después a los "terroristas", mañana vaya uno a saber quién (1). Pero es una política de Estado concebida, planificada, organizada, financiada y ejecutada por la Casa Blanca. Como en la Argentina, tampoco allá hubo "errores o excesos" sino la fría aplicación de un plan criminal.
Se demuestra, en segundo término, que el plan sistemático de exterminio que se aplicó en la Argentina y otros países del Cono Sur –el lúgubre Plan Cóndor– tuvo su origen en Estados Unidos. Allí encontró su fundamentación ideológica, sus protectores, la asistencia financiera necesaria y los recursos humanos y organizacionales requeridos para ejecutarlo. El gobierno de un país que se jacta de ser un supuesto "santuario de todas las libertades" fue quien adiestró a los carniceros que por años asolaron la región, monstruosas criaturas de las sucesivas encarnaciones del Dr. Jekyll que anida con harta frecuencia en la Casa Blanca. Entrenados y aleccionados en la Escuela de las Américas y en las distintas instalaciones del Comando Sur, sus atrocidades fueron estimuladas por sus instructores, cuyos mandantes fueron a su vez los mayores beneficiarios económicos de sus salvajadas.
En tercer lugar, los materiales de la CIA ratifican que a la hora de gestionar los negocios globales del imperio no hay mayores diferencias entre demócratas y republicanos. Sus diferencias, cuando las hay, se restringen a la política doméstica. Ambos partidos expresan los matices del "triángulo de hierro" que controla la vida política, económica y social de los Estados Unidos. Según el distinguido politólogo John Saxe-Fernández, el "triángulo" está constituido así: a) por la Casa Blanca y, especialmente, los departamentos de Defensa, Energía, Tesoro, Estado, la NASA, CIA y los múltiples aparatos de inteligencia ahora integrados en el gigantesco Departamento de Seguridad Nacional; b) las grandes corporaciones, sobre todo vinculadas a la producción para la defensa, la aeroespacial, el petróleo y el gas, incluyendo los grandes laboratorios, instituciones de investigación, las cámaras empresariales y algunos sindicatos; c) los comités clave del Congreso y, especialmente, por los de la Cámara de Representantes y del Senado en Energía y Recursos Naturales, Fuerzas Armadas y los diversos subcomités dedicados a los principales sectores de la vida económica (2). Recordar que la burocracia federal, la clase política y los intereses corporativos se mueven en una especie de "puerta giratoria" que los instalan sucesivamente en las alturas del aparato estatal y, al día siguiente, en el puente de mando de algunas de las más grandes transnacionales norteamericanas. El lubricante que facilita esta perpetua circulación entre los espacios cada vez más indiferenciados de lo público y lo privado son las espléndidas contribuciones que las diversas empresas y lobbies empresariales efectúan para financiar las campañas electorales de los "representantes del pueblo".
Cuarto, los documentos exhiben la permanente vigencia del doble discurso de Washington: defensa de la libertad y la democracia, de labios para afuera, pero apoyo incondicional a cualquier déspota que se preste a servir a los intereses de los Estados Unidos (3). Y si el tirano no existe se lo inventa. La continuidad de este doble discurso es asombrosa y se remonta a los albores mismos de la república norteamericana, cosa que fue percibida con su habitual lucidez por Simón Bolívar cuando dijera que "los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miseria a nombre de la libertad" (4).
A principios del siglo veinte, cuando consumada la victoria sobre España –que ya había sido derrotada por los patriotas cubanos en su larga guerra de liberación de 1868-1898–, Washington se lanza a la carrera imperial, la doctrina oficial instituida por Theodore Roosevelt en 1902 (presidente de los Estados Unidos entre 1901 y 1909) fue la política del gran garrote: "habla suavemente pero lleva un gran garrote". En 1903 el garrote auspicia, financia y apoya el separatismo de Panamá, entonces parte de Colombia: en pocos días reconoce la independencia de los secesionistas y negocia con el nuevo gobierno un tratado que le daría el control de la zona del canal durante 100 años. En ese mismo año Roosevelt invade y ocupa Cuba y establece la base de Guantánamo. A fines de 1904, en su discurso ante el Congreso de la Unión, enuncia el "Corolario Roosevelt": los Estados Unidos se reservan el derecho de intervenir en cualquier país en la medida en que sus intereses se vean afectados, palabras que resonarían con acordes más lúgubres en el discurso de George W. Bush del 2002 anunciando la "guerra infinita" contra el terrorismo. Menos de dos meses más tarde, en enero de 1905, las tropas norteamericanas invaden la República Dominicana y, en 1906, a Cuba.
Uno de sus sucesores, Woodrow Wilson, el supuesto "idealista", no le fue en zaga en su celo por defender la libertad y la democracia en esta parte del mundo. Invadió México en 1914 para forzar la dimisión de Victoriano Huerta, y una vez más entre 1916 y 1917 con el pretexto de capturar a Pancho Villa; hizo lo propio en Haití, en 1915, y en República Dominicana, donde sus tropas permanecieron ocho años, entre 1916 y 1924 con el objeto de "restablecer el orden", la misma excusa que hoy Bush utiliza para continuar con el saqueo de Irak. Episodios semejantes conmovieron a Centroamérica y el Caribe, la "tercera frontera" de los Estados Unidos, especialmente en Nicaragua, donde las fuerzas norteamericanas permanecieron por décadas hasta eliminar a Sandino e instaurar la dictadura de Anastasio Somoza. "Un hijo de puta –decía de él Franklin D. Roosevelt–, pero 'nuestro' hijo de puta."
Es digno de destacarse el desparpajo con que este doble discurso se instala ya sin tapujos durante los años de Ronald Reagan. La encargada de hacerlo fue su embajadora ante las Naciones Unidas, la politóloga Jeanne Kirkpatrick, una implacable crítica de la política de James Carter en materia de derechos humanos. Sus notas fueron luego reunidas en un libro –Dictadura y doble standards– de amplia repercusión internacional(5). Su argumento central es el siguiente: la política exterior de Carter comete un gigantesco error al abandonar a los amigos de los Estados Unidos y favorecer el accionar de sus enemigos. La política de derechos humanos, aplicada universalmente por la Casa Blanca, ha debilitado la posición de los Estados Unidos en el mundo. (Hay que recordar que precisamente en 1979 fueron derrocados dos gendarmes regionales de los Estados Unidos: el Irán del Sha, tumbado por la revolución islámica, y Somoza, derrocado por la lucha de los sandinistas.) La conclusión: Washington debe distinguir entre los regímenes que violan los derechos humanos para defender las perspectivas de la libertad y la democracia y quienes los atropellan para atacar a Washington. La política de la Casa Blanca debería establecer una clara diferenciación entre ambos procurando en el primer caso suavizar los excesos de los aliados en la seguridad de que ellos también son amantes de la libertad y la democracia (sólo que las circunstancias locales les impiden exteriorizar sus bondades) y aplicar un criterio radical e intransigente con sus irrecuperables enemigos.
De lo anterior se desprende claramente la enorme responsabilidad que le cabe a Estados Unidos en la promoción del terrorismo. Y también la futilidad del "combate contra el terrorismo" lanzado por George W. Bush, algo que carece por completo de credibilidad desde el momento en que quien la convoca es la cabeza del estado terrorista más poderoso del mundo, y el que mayores crímenes ha cometido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. La extensa obra de Noam Chomsky y tantos otros, documentando esta penosa realidad, nos exime de mayores argumentaciones. ¿Qué grado de seriedad y consistencia puede tener una propuesta como la planteada por la Casa Blanca a la vista de los antecedentes históricos y las realidades contemporáneas de la política exterior norteamericana? ¿Cómo ignorar la decisiva responsabilidad de los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos en la promoción a escala planetaria del terrorismo? ¿No lo legitimó acaso arrojando sendas bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, masacrando en total a unos 204.000 civiles inocentes y desarmados, casi 70 veces el número de víctimas provocado por el 11-S?
Pero esto no es todo. ¿Qué decir de los innumerables asesinatos políticos, preparados y perpetrados en los cinco continentes desde finales de la Segunda Guerra Mundial por la CIA, con el pretexto de "contener la expansión comunista"? ¿Y de los golpes de Estado contra nacientes democracias en la periferia, o de los planes de exterminio de disidentes y opositores, como el Plan Yakarta, que en pocos meses cobró medio millón de vidas en Indonesia a mediados de los años sesenta?(6) ¿O, más cerca de nosotros, las atrocidades sistemáticas fríamente aplicadas por el Plan Cóndor en el Cono Sur, causantes de torturas, desapariciones y muertes de decenas de miles de personas?(7) Un gobierno que inventa figuras monstruosas como Osama bin Laden y Saddam Hussein (este último convertido en un salvaje verdugo de su propio pueblo y de la minoría kurda con el visto bueno de Washington) y que luego se vuelven en su contra; que incurre en gravísimas violaciones a los derechos humanos en las cárceles de Abu Ghraib o en la base naval de Guantánamo; que humilla y ultraja a sus prisioneros musulmanes y ofende sus íntimas creencias religiosas como ni siquiera el propio régimen nazi se atrevió a hacer; que hace gala de su presunta "superioridad" racial y civilizatoria arrasando países enteros como Afganistán e Irak, acabando con sus tesoros culturales y provocando indecibles "daños colaterales" entre la población civil; que envía en vuelos ilegales a supuestos terroristas a países donde la tortura es legal para ser "eficazmente" interrogados por "expertos" estadounidenses; que mantiene hace medio siglo un inmoral y criminal bloqueo integral (económico, comercial, financiero, político e informático) contra Cuba; que con sus más de setecientas bases y misiones militares dispersas por todo el mundo –cifras oficiales del Pentágono– sostiene a punta de bayoneta un "orden mundial" que, según las Naciones Unidas, produce 100.000 muertes diarias –repito, 100.000 muertes diarias– a causa del hambre y de enfermedades curables; que aloja y protege en su territorio a terroristas confesos y juzgados como Orlando Bosch Avila, Luis Posada Carriles –culpables de la voladura en pleno vuelo, frente a las costas de Barbados, de una aeronave de Cubana de Aviación con 73 personas a bordo–, ¿puede un gobierno con este record en materia de derechos humanos ser reconocido como un sincero luchador en contra del terrorismo?
¿Por qué extrañarse, entonces, por la proliferación de réplicas terroristas al terrorismo de Estado propiciado por Washington? El terrorismo del sistema tiene un reverso inevitable: la resistencia de sus víctimas, a veces apelando también ellas al terrorismo. Acabar con este flagelo exige comenzar por desahuciar el doble standard moral instituido por la política exterior norteamericana y vergonzosamente aceptado por sus aliados. Esta hipocresía convertida en sistema sostiene que el terrorismo de Estado orquestado por los ricos y poderosos no es tal sino que se trata de "guerras humanitarias", "lucha contra el terrorismo" o "exportación de democracia", nobles iniciativas encaminadas a construir un mundo en donde florezcan la libertad y la democracia. En realidad, lo que la prensa imperial denuncia como terrorismo es el rostro invisible y oculto del terrorismo oficial, que se practica a diario con total impunidad y ante el silencio de los grandes medios que procuran incesantemente adormecer nuestras conciencias y fabricar un consenso de irremediable resignación agitando el espantajo del terrorismo.
Las revelaciones de los papeles de la CIA sobre la forma en que actúan diversos comandos terroristas en los Estados Unidos corroboran que ese país se ha convertido en un importantísimo –si no el principal– santuario de terroristas de todo el mundo. Recientes libros publicados por la periodista e investigadora argentina Stella Calloni (Los años del lobo y Operación Cóndor: pacto criminal) y el historiador cubano José Luis Méndez (Bajo las alas del Cóndor) aportan una evidencia inobjetable sobre la protección que Washington brinda a los diversos grupos de terroristas cubanos radicados en Miami que, por supuesto, deben ser nítidamente diferenciados de la emigración cubana radicada en esa ciudad y que en su abrumadora mayoría nada tiene que ver con los mafiosos.
Como ya se dijo, el Plan Cóndor fue una de sus manifestaciones: un proyecto sistemático de exterminio pergeñado por Richard Helms, cuando era director de la CIA, y su mano derecha David Atlee Phillips, quien fungía como jefe de la División del Hemisferio Occidental. La "mano de obra" para realizar las tareas sucias del plan fue mayoritaria, aunque no exclusivamente reclutada entre la mafia terrorista de Miami. Las operaciones abarcaban un amplio espectro de actividades: desde golpes de Estado hasta sabotajes, campañas periodísticas, extorsiones, asesinatos, atentados dinamiteros llegando inclusive, como en el caso de la Operación Irán-Contras a organizar una red de narcotráfico y contrabando de armas a cargo de dos asesores de muy alto nivel de la Casa Blanca: el teniente coronel Oliver North y Fawn Hall, una operación que, conviene recordarlo, persistió a lo largo de cinco años, y en la cual se involucraron agentes de la CIA, la mafia terrorista cubano-americana de Miami y narcotraficantes de diferentes países(8). La Operación Irán-Contras no fue la única de ese tipo planificada y ejecutada bajo las órdenes directas de uno de los más poderosos asesores del presidente de los Estados Unidos. En otra muestra de su celo por la lucha antiterrorista el propio North, un hombre de fluidos contactos con Jorge Mas Canosa, por entonces presidente de la Fundación Nacional Cubano Americana, se encargó, por ejemplo, de facilitar la fuga del terrorista de origen cubano Luis Posada Carriles de la cárcel venezolana donde estaba recluido por la voladura del avión de Cubana. No está de más recordar que cuando estalló el escándalo por la venta secreta de armas a Irán el presidente Ronald Reagan calificó a Oliver North como "un nuevo héroe americano". No hay palabras que califiquen semejante infamia.
Objeto preferente de atención del terrorismo de Estado promovido por la Casa Blanca con la complicidad de amplios sectores del Congreso, el Poder Judicial y la "prensa libre" de los Estados Unidos ha sido la Revolución Cubana. La larga historia de las operaciones terroristas perpetradas en contra del pueblo cubano cuenta en su apoyo con una documentación tan impresionante como inapelable en la identificación de las fuentes oficiales que promovieron (o, en su defecto, consintieron) la ejecución de las mismas. Su sola enumeración ocuparía un espacio similar al de este suplemento. Iniciada no bien se produjo el triunfo de la Revolución, la campaña terrorista en contra de Cuba no ha tenido un momento de sosiego y prosigue hasta nuestros días. Pero hay dos hitos importantísimos en fechas recientes que hablan con elocuencia de la persistencia de esta política de criminal agresión contra ese pueblo. Uno: la detención y confinamiento, en condiciones absolutamente inhumanas y vejatorias, de los cinco jóvenes cubanos que se infiltraron en las filas de los grupos de terroristas cubano-americanos para recoger información de inteligencia que permitiese desbaratar sus siniestros planes. Al ser descubiertos, el gobierno norteamericano se colocó inequívocamente del lado de los terroristas, procesó a quienes luchaban contra ellos acusándolos de "terroristas" y mediante juicios viciados de insanable nulidad, que son un verdadero escupitajo en el rostro del autoproclamado "imperio del derecho" del que se enorgullece la sociedad norteamericana, los luchadores en contra del terrorismo fueron recluidos en cárceles dispersas por todo el país y privados inclusive de recibir las visitas de sus madres, esposas e hijos, un derecho que no se le quita ni siquiera al más feroz de los criminales a la espera de su ejecución. El ensañamiento con "los cinco", como popularmente se los conoce y admira en el mundo entero, es una prueba irrefutable que demuestra de qué lado se encuentra realmente Washington en la "guerra contra el terrorismo".
Por si lo anterior no fuera suficiente la protección oficial brindada desde las más altas esferas al terrorista confeso y juzgado, y luego escapado de prisión, Luis Posada Carriles, es otro indicio irrebatible que desnuda el "doble discurso" de Washington en su supuesta cruzada antiterrorista y la bajeza moral de una parte de la dirigencia política latinoamericana que consiente tales políticas. Este personaje participó en las principales operaciones terroristas de esa organización en América latina, entre ellas el Plan Cóndor(9). En 1985 se fuga de la cárcel venezolana en donde, desde 1976, estaba cumpliendo su condena (recuérdese que había adoptado la ciudadanía venezolana y que bajo el pseudónimo de Comisario Basilio se incorporó a los servicios de inteligencia venezolanos de la época, participando en múltiples secuestros y torturas, razón por la cual Caracas también solicita su extradición) junto con otro connotado terrorista: Orlando Bosch Avila, por el atentado contra el avión de Cubana(10). Se instala en El Salvador para colaborar activamente con el asesor presidencial de Reagan Oliver North (quien había arreglado todo lo necesario para facilitar su fuga) en la Operación Irán-Contras. Tiempo después, contrata mercenarios que colocan bombas en Cuba en los años 1997 y 1998. A comienzos del 2000 se dirige a Panamá junto con otros malhechores con el objeto de consumar el asesinato de Fidel Castro, invitado a participar en la Xº Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se reuniría en ese país el 17 y 18 de noviembre de 2000. Pero no bien el presidente cubano hubo llegado a Panamá convocó a una inesperada conferencia de prensa en donde denunció la conspiración que Posada Carriles y otros tres terroristas habían fraguado para hacer saltar por los aires el Paraninfo de la Universidad de Panamá el día en que Fidel había sido invitado a dialogar con los estudiantes y profesores. La minuciosa denuncia identificaba a los terroristas, sus contactos, sus escondrijos y los explosivos a ser utilizados. Simultáneamente, la policía panameña era informada de todo esto, lo que condujo a la inmediata detención de Posada Carriles y sus cómplices.
Los terroristas fueron sentenciados a una exigua condena por la Justicia panameña. Sin embargo, a mediados del 2004 mientras se sustanciaba un recurso ante la Corte de Apelaciones, Posadas Carriles y sus tres compinches: Gaspar Jiménez, Pedro Remón y Guillermo Novo Sampol, fueron favorecidos por un sorpresivo indulto decretado por la presidenta Mireya Moscoso a pocos días de finalizar su mandato. Sorpresivo para todos, menos para el embajador de los Estados Unidos en Panamá dado que la decisión le fue comunicada con la debida antelación y recibida con singular beneplácito por el representante del imperio. En la actualidad varios funcionarios de su gobierno están sujetos a indagación judicial por irregularidades cometidas en la liberación de los terroristas indultados. La señora Moscoso residió varios años en Miami –acompañando el exilio de su marido, el ex presidente Arnulfo Arias Madrid– y cultivó estrechas relaciones con algunos miembros de la mafia cubano-americana. No extraña que su "gesto humanitario" de indultar a los cuatro gangsters fuese generosamente recompensado por sus "amigos" de Miami: entre otras cosas le obsequiaron un automóvil de lujo Lincoln, modelo Town Crown 2005, valorado en 125.000 dólares.
Con la ayuda de la CIA y la mafia cubano-americana (en realidad ambas organizaciones han llegado a fusionarse a tal punto que en los hechos se convierten en una), Posadas decide regresar de inmediato a su seguro refugio en Miami. Lo hace vía Honduras y México, país desde el cual aborda en Isla Mujeres un barco camaronero, el "Santrina", que lo hace ingresar clandestinamente, pero con protección oficial, a los Estados Unidos a los pocos meses de haber abandonado Panamá. No es ocioso recordar que el "Santrina" es propiedad de uno de los más connotados anticastristas de Florida. La maniobra es detectada por la inteligencia cubana y desde ese mismo momento La Habana comienza a exigirle a Washington que diga dónde está Posada Carriles, cuándo y cómo fue que llegó al país, qué medios utilizó para llegar, quién lo recibió y con qué documentación. La respuesta durante casi un año fue el silencio, pero a mediados del 2005 las reiteradas denuncias de La Habana condujeron a la detención del terrorista. Lo notable del caso es que el gobierno de Estados Unidos no lo acusó por ninguno de los aberrantes crímenes impunes de este prófugo de la justicia internacional, sino por una escandalosa nimiedad: haber entrado ilegalmente al país, cometiendo una "infracción a las leyes migratorias de los Estados Unidos". La farsa pseudoprocesal que luego se montó finalizó ignominiosamente cuando el fiscal levantó todos sus cargos y, para eterno deshonor del sistema judicial estadounidense, el terrorista recuperó plenamente su libertad. Un verdadero escándalo, equivalente al que habría estallado si un país del Tercer Mundo hubiese capturado a Osama bin Laden y el gobierno en cuestión lo hubiera detenido unas pocas semanas acusándolo de haber ingresado ilegalmente al país y, al poco tiempo, retirado todos los cargos concediéndosele asilo, protección y ciudadanía. ¿Cómo hubiera reaccionado Washington?
La conclusión no puede sino ser ésta: la Casa Blanca es hoy por hoy la sede de una tenebrosa organización terrorista de alcance mundial. Sus tentáculos se extienden por los cinco continentes y cuenta con inmensos recursos para financiar sus tropelías: desde detener a "sospechosos" sin prueba alguna y privarlos del derecho a una asistencia legal, como ocurre en Guantánamo y Abu Ghraib hasta proteger a un terrorista probado y confeso como Posada Carriles y a toda la mafia cubano-norteamericana enquistada en Miami que aporta la mano de obra para las tareas más atroces y aberrantes que exige la dominación imperialista. En el medio quedan los secuestros y asesinatos selectivos de opositores: el traslado de prisioneros a países que legalizaron la tortura; el suministro de armas a grupos terroristas; las campañas desestabilizadoras de gobiernos democráticos y populares, cosa que hoy estamos viendo en Venezuela, Bolivia y Ecuador; la organización de golpes de Estado, como el perpetrado en el 2002 en Venezuela y, sin que esta enumeración sea completa, su involucramiento con el negocio de la droga y el tráfico de armas.
Por lo tanto, su proclamada "guerra contra el terrorismo" no es sino la ominosa encarnación del perverso Ministerio de la Verdad –concebido por George Orwell en su novela 1984– y en el cual la mentira, el engaño y el doble discurso eran convenientemente fabricados para manipular a la ciudadanía. Las contrapartes actuales del Ministerio de la Verdad: la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Pentágono o la CIA presentan a la "guerra infinita o preventiva" como la paz; la violación de los derechos humanos y la legalidad internacional como su más enérgica exaltación y el terrorismo de Estado como "guerra contra el terrorismo". Bajo estas condiciones, lo único que se puede predecir a ciencia cierta es que tendremos terrorismo para rato.
Publicado por Roig i Negre
Ahora la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Casa Blanca enfrentan investigaciones del Congreso sobre obstrucción de la justicia del asunto que se centra en la orden –que supuestamente iba en contra del consejo de abogados de la propia agencia, la Casa Blanca y legisladores– de destruir videograbaciones de interrogatorios que los agentes hicieron en 2002 a dos de los primeros tres integrantes de alto nivel de Al Qaeda, capturados después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Los comités de inteligencia de ambas cámaras del Congreso están iniciando sus averiguaciones.
Por su parte, la agencia y el Departamento de Justicia anunciaron una investigación conjunta de esos hechos. “Doy la bienvenida a esa investigación, la CIA cooperara plenamente”, dijo el director de la dependencia de inteligencia, Michael Hayden.
La destrucción de las grabaciones fue ordenada en noviembre de 2005 por José A. Rodríguez Junior, entonces jefe de operaciones clandestinas, para revertir la decisión de preservar el material grabado por consejo de los abogados del Poder Ejecutivo y también de los legisladores. En esas fechas el Congreso y los tribunales federales estaban ampliando sus investigaciones sobre métodos de interrogación y centros clandestinos de detención de la CIA.
Una de las preguntas más pertinentes ahora es si la CIA intentó eliminar pruebas de métodos denunciados como tortura, en particular el waterboarding, que provoca la sensación de ahogamiento lento. Por cierto, fue poco después que el Congreso aprobó una legislación que prohibía la tortura de los detenidos por Estados Unidos, incluso los que estaban bajo custodia de la CIA.
A su vez, justo en esas fechas la reportera Dana Priest, del Washington Post, publicó un reportaje en que revelaba que la CIA interrogaba a detenidos en prisiones secretas de hasta ocho naciones (Tailandia, países de Europa oriental y en Guantánamo). El Post recuerda que ese reportaje fue publicado un año después de que la revista The New Yorker, el programa 60 Minutos de CBS y el propio Post habían revelado fotos que provocaron el escándalo de Abu Ghraib.
O sea, la sospecha es que la CIA encubrió la evidencia de que se estaba empleando la tortura, que podrían haber serias consecuencias legales y políticas si los videos fueran revelados al publico a escala nacional e internacional, y que al emplear la justificación de proteger la identidad de sus agentes y las técnicas empleadas se tomó la decisión interna de destruirlos.
Las explicaciones iniciales de Hayden no lograron convencer a casi nadie en Washington, donde se van a iniciar una serie de averiguaciones para determinar la verdad sobre esas videograbaciones.
Silvestre Reyes, el diputado demócrata jefe del Comité de Inteligencia del Senado, y su contraparte republicana Peter Hoekstra, enviaron el pasado viernes una carta a la CIA declarando que “simplemente no es cierto” que la agencia notificó al comité de la destrucción de los videos, como había sugerido Hayden el jueves anterior.
Por su parte, los presidentes de la comisión nacional sobre el 11-S, establecida en 2004 por el presidente Bush para evaluar los hechos de ese atentado y la forma en que el gobierno respondió, expresaron al New York Times que posiblemente fueron engañados por la CIA cuando solicitaron todo el material relacionado con informaciones acerca de los detenidos.
“¿Obstruyeron nuestra averiguación? La respuesta es claramente sí. Si eso es un delito, otros tendrán que juzgar”, comentó Lee Hamilton, uno de los dos presidentes de esa comisión.
Mientras tanto, la Casa Blanca dice que está iniciando su propia averiguación y afirmó que Bush sólo fue informado esta semana de la destrucción de los videos, y que cooperara con cualquier investigación del Departamento de Justicia sobre el asunto.
Y todo esto apenas empieza.
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Etiquetas: C.I.A., E.E.U.U., Política
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Un comando del Ejercito Rebelde de Payasos se paseó el viernes durante más de media hora por las instalaciones de las Fuerzas Armadas españolas coreando cánticos de "fuera el ejército de Juvenalia" y "la guerra no es un juego".
Los payasos también lanzaban abrazos a los militares riéndose de su aspecto y ridiculizaban su mensaje "humanitario" de diversas formas. En un momento de la acción, un militar se dirigió a lxs payasos y les dijo "nosotros no hacemos la guerra, vamos en misión de paz", a lo que contestaron, "¿sí?, venga vamos a repartir paz: ¡pum, pum, pum!", disparando a la multitud de niños con la mano en forma de pistola. En otro momento lxs payasos intentaron colarse en una instalación y un militar les cortó el paso. "¿No podemos colarnos?", preguntaron. "No, eso tenéis que hablar con mi superior", contestó el militar. "Ah claro, que tú sólo obedeces órdenes, ¿verdad? ¡Entonces nunca podrás pensar por tí mismo!", rieron y continuaron marchando en formación militar en medio de la gente.
Varios guardias de seguridad vigilaron en todo momento al grupo de payasos, sin llegar a intervenir directamente.
"Reclutamiento alternativo"
La Haine habló con la "Capitana Piluka", que contó que la acción "ha consistido en un reclutamiento alternativo en las instalaciones de las FFAA en Juvenalia. Hemos ido pasando por las colas donde estaban los niños, contándoles que somos el ejército verdadero y las fuerzas armadas les están engañando. Les hemos puesto una nariz de payaso y hemos estado jugando con ellos. La acción también iba dirigida a los padres para que fueran conscientes de que detrás de esas instalaciones militares hay un intento de captar la conciencia de los niños, para que desde pequeños vean que el ejército es bueno, y mostrar una buena publicidad de cara a legitimar esta institución frente a los padres".
La Capitana Piluka valoró que la acción "ha sido positiva, quizá algunxs no han entendido el objetivo político, ya que no queríamos que la gente pensara que 'somos divertidos' y no era del todo fácil de entender. En cualquier caso creo que muchos se han dado cuenta de que no estábamos pagados por Juvenalia, tanto por las consignas que hemos cantado como por nuestra estética. Hemos podido acabar la acción saliendo por la puerta grande gritando "fuera el ejercito de Juvenalia", sin que hubiera altercados con el dispositivo de seguridad, y creo que eso se ha podido dar precisamente porque íbamos vestidos de payasos. En primer lugar, les ha pillado por sorpresa, no se lo esperaban y no sabían muy bien cómo reaccionar. En segundo lugar, teníamos a lxs niños de nuestra parte: desde que empezamos la acción hemos llevado siempre a 3 ó 4 niños detrás de nosotros acompañándonos. Hemos jugado al pañuelo con unos 10 miños, hemos hecho pasillos, corros.., e incluso hemos marchado con ellos en formación militar. A los guardias les da muy mala imagen ponerse violentos con los payasos, que somos un símbolo de bondad, y peor aún si los niños nos acompañaban como era el caso, por eso no han podido hacernos nada".
Objetivo: "Ridiculizar la autoridad en todos sus aspectos"
La Capitana Piluka subrayó a La Haine que en el futuro "pretendemos ir a las próximas manifestaciones, especialmente las que toquen el tema del antiimperialismo. Tenemos previsto también actuar contra las actividades de reclutamiento de los camiones militares, en plazas e institutos. Además, harems también acciones contra la policía en tanto que son representantes de la autoridad. El objetivo de la red internacional CIRCA (Clandestine Insurgent Rebel Clown Army) es ridiculizar la autoridad en todos sus aspectos. Así mismo, queremos actuar conjuntamente con otros colectivos, ya sea teatro de calle, asambleas animalistas y antimilitaristas. En otro plano más interno, tenemos el objetivo de reclutar a más payasos y hacer ver que hay otras formas de protesta que también son efectivas. Desde aquí hacemos un llamamiento a la creatividad y a la acción directa en Madrid".
Más información: http://circapayasos.soy.es/ circapayasos@yahoo.es
Fotos La Plataforma
05-12-2007
España fabrica y comercia con el armamento más cruel con la población civil de un país bombardeado. Dos empresas: Expal (pública) e Instalaza elaboran bombas de racimo capaces de provocar mutilaciones hasta 30 años después de haber sido lanzadas. El Gobierno no prohibe su elaboración, uso o almacenamiento a pesar de colaborar en Líbano en la limpieza de estos explosivos lanzados por el ejército israelí el pasado 2006.
La capacidad de destrucción de este tipo de bombas es salvaje y duradera. Estos artefactos causan mutilaciones en Camboya, sobre todo a niños, con una frecuencia de dos veces al día a pesar de que las bombas se lanzaron entre 1969 y 1973. EEUU trataba con estas bombas de detener los movimientos del Vietcong con el lanzamiento de estos explosivos del tamaño de una mano que aún permanecen ocultos en bosques y cultivos.
“Hemos tratado de advertir del peligro de estos artefactos por campañas de radio y televisión, pero los mensajes no llegan a la población”. Es el testimonio de Kike Figaredo, obispo español en Camboya desde hace 20 años. Acompañado de cuatro niños mutilados, el misionero expresó ayer el drama causado por las explosiones.
La esperanza permanece en la futura ley de armamento que obliga al Gobierno a firmar todas las iniciativas sobre la eliminación de estas bombas. El texto que regulará por ley el comercio de armas en España permanece en el Senado a la espera de su aprobación definitiva antes de final de año. Hasta entonces, Greenpeace ha lanzado una campaña para conseguir una moratoria en la fabricación, uso y almacenamiento de estas municiones. Bélgica prohibe desde febrero de 2006 la presencia de este material en su territorio.
El Ministerio de Industria asume la fabricación de este material y esgrime razones de defensa estatal para no renunciar, por el momento, a su uso. El miedo del Gobierno a romper la baraja lleva al país a la indefinición.
España renuncia a tomar la iniciativa mundial contra estas armas, pero respaldará a cualquier país que alce la voz contra ellas.
La mayoría de países fabricantes no aparece en la lista de países por donde ha pasado la lluvia de acero. Afganistán, Irak, Chechenia y los Balcanes son algunas de las zonas en conflicto donde las bombas de racimo mutilarán a los civiles en las próximas décadas.
PROCESO DE OSLO
El ejemplo de las minas antipersonas
> Ottawa 1999 FIN DE LAS MINAS ANTIPERSONAS 155 países firmaron un tratado para eliminar las minas.
> Oslo 2007 CONTRA BOMBAS DE RACIMO Declaración firmada por 46 países, entre ellos España, para un acuerdo contra estos explosivos.
> Viena 2007 SE SUMAN 36 PAÍSES DESDE OSLO El jueves, 84 países celebran una conferencia para avanzar lo acordado en Oslo.
El gobierno Zapatero y los jueces, mano a mano, detuvieron primero a Otegi y a Olano, luego encarcelaron a la Mesa Nacional de Batasuna y siguen sin parar con las detenciones. La idea de Zapatero es que, cuando lleguen las elecciones, todos los dirigentes abertzales que se hayan puesto a tiro estén en prisión y ANV y EHAK ilegalizadas. Al mismo tiempo, este mes de octubre Zapatero recibía a Ibarretxe, para decirle que ni se le pasara por la cabeza convocar cualquier consulta a la población y que sobre el derecho de los vascos a decidir sus destinos no había nada que hablar.
La detención de la dirección abertzale es la agresión más grave contra las libertades públicas desde la ilegalización de Batasuna y la respuesta de Zapatero a Ibarretxe es una afrenta a las aspiraciones democráticas de todo un pueblo. Sin embargo, exceptuando Euskal Herria y, a escala muy minoritaria Catalunya y Galicia, la respuesta social a estos atropellos ha sido prácticamente inexistente. La mayoría de la población trabajadora ha vivido estos hechos con indiferencia.
La izquierda institucional tiene mucho que ver en la creación de este estado de opinión. Hace ya mucho que esa izquierda convirtió en patrimonio propio lo que en su momento habían sido ideas exclusivas de los herederos del franquismo. Ahora toda la clase política española comparte la misma fe. Éstos son sus argumentos.
El estado de derecho o “contra el terrorismo vale todo”
Frente al terrorismo, dicen oponer el Estado de derecho. Y con este argumento lo justifican todo. La doctrina Garzón, una aberración jurídica que se ha convertido en doctrina de Estado, establece que ETA ya no es ETA sino un extenso “complejo terrorista” que, por definición, agrupa a toda la izquierda abertzale; que los delitos dejan de ser individuales y que la presunción de inocencia desaparece. El último auto de Garzón roza el delirio cuando plantea que el comunicado en que Batasuna denuncia la detención de su Mesa Nacional es una prueba de su pertenencia a ETA, porque contiene una frase que dice: “que no piense el Gobierno del PSOE que con esto nos amedrentaremos”. También han metido en el mismo saco penal los atentados de ETA y la quema de cajeros: todo es terrorismo.
En nombre de la batalla antiterrorista, se cargan las libertades de prensa, expresión, asociación y manifestación. En el 2002 -con la oposición de la ciudadanía, ayuntamientos y parlamento vasco- ilegalizaron Batasuna, una organización que contaba con 934 cargos electos, 52 alcaldes y más de 200.000 votos y que congregaba a buena parte de la juventud y del activismo social vasco. Con los mismos argumentos, cerraron los periódicos Egin y Egunkaria.
Aunque las normas de Derecho en un régimen de democracia burguesa rechacen la existencia de tribunales especiales, el aparato judicial español tiene como ariete a la Audiencia Nacional, un tribunal especial dominado por los jueces más reaccionarios, que actúa como continuidad del tristemente célebre Tribunal de Orden Público (TOP) franquista.
Encarnizamiento con los presos de ETA
Ni Gobierno ni jueces reconocen a los presos de ETA el carácter de presos políticos, pero no dudan en tratarlos de una manera absolutamente distinta que a los presos comunes. La primera medida es su dispersión en prisiones lejos de su entorno familiar, en abierta contradicción con la ley general penitenciaria, que obliga al cumplimiento de las penas en el territorio al que pertenece el preso. La política penitenciaria es directamente usada como arma política.
El Tribunal Supremo se ha sacado de la manga la llamada “doctrina Parot” para impedir que los presos etarras que estaban a punto de acabar su condena, salieran a la calle. Les han alargado las penas convirtiéndolas, de hecho, en cadena perpetua. Para lograrlo, les han aplicado retroactivamente un Código Penal que no estaba vigente en el momento de cometerse los delitos, algo que su propia Constitución prohíbe expresamente. Mientras, el ex general Galindo, condenado a 75 años por el secuestro, tortura y asesinato de Lasa y Zabala, ha salido de la cárcel, “por razones de salud”, tras cinco años de pena. Vera, alto cargo del Ministerio del Interior de Felipe González, condenado como jefe de la organización terrorista GAL y por apropiación de fondos públicos, también está en la calle.
Una de las normas más elementales del Derecho es que a una persona no se le puede condenar dos veces por el mismo delito. Pues bien, el preso Henri Parot ha sido condenado por segunda vez por pertenencia a ETA, con 11 años más de prisión.
Si la violencia es del estado… entonces no hay problema
Esta clase política que hace bandera del antiterrorismo no le hace ascos al terrorismo de Estado. El PP nunca ha ocultado su pedigrí franquista. Ha apoyado incondicionalmente la política “antiterrorista” de Bush, el terrorismo de Estado de Israel, la brutalidad sanguinaria de Putin contra los chechenos o las prácticas terroristas del narcopresidente colombiano Uribe. La dirección del PSOE se llena la boca de democracia y derechos humanos, pero su política práctica no es muy diferente: en la Transición aceptó la impunidad de los criminales franquistas, a los que no se les tocó un pelo. Más tarde, organizó el GAL sin que nunca haya reconocido su culpa. Ahora apoya el cerco genocida de Israel contra Gaza; envía soldados a Afganistán como tropa auxiliar de los generales norteamericanos que ocupan el país; da apoyo político y vende armas a Uribe; y no dice ni una palabra del terrorismo de Estado de Putin en Chechenia.
Para la clase política la violencia, si la ejerce el Estado, ya no es violencia sino actuación en pro de la paz y el orden. Las detenciones y encarcelamientos arbitrarios, la represión salvaje de las manifestaciones, el secuestro o cierre de publicaciones son actos legítimos. Y cuando se les va la mano, como con el GAL, los jueces se encargan de poner las cosas en su sitio liberando a los responsables al cabo de un tiempo.
La arbitrariedad no se limita, por lo demás, a la izquierda abertzale. Jóvenes de distintos lugares del Estado han sido acusados de terrorismo por acciones callejeras. Independentistas catalanes han sido encausados por “injurias a la Corona” por quemar fotos del rey. Pero han ido más lejos todavía: a Cándido y Morala, luchadores obreros asturianos de Naval-Gijón, les han condenado a tres años de cárcel en base a la legislación antiterrorista, acusados de destrozar el cajetín de una cámara de tráfico. Es la primera vez desde la Transición que unos trabajadores eran encarcelados por su lucha sindical, con lo que representa de criminalización de la lucha obrera y de represión de derechos fundamentales. Los trabajadores del Prat de Iberia que ocuparon las pistas están encausados ¡por sedición! y amenazados de años de cárcel. Los empresarios, en cambio, disfrutan de impunidad para meter la mano en la caja, deslocalizar empresas, precarizar empleo o ir añadiendo muertos en accidentes laboral.
¿Defensa de la democracia o del régimen monárquico?
La clase política española rechaza las demandas vascas de autodeterminación en nombre de la democracia. Según Zapatero, un referéndum vasco, sería una imposición nacionalista pero, en cambio, es plenamente democrático que los vascos se sometan a una Constitución que rechazaron masivamente en su día (en el referéndum de 1978, sólo votó a favor el 30% de los electores). Una amplia mayoría de vascos (incluida una parte significativa de votantes socialistas) es partidaria de que la sociedad vasca decida su destino. Sin embargo, para Zapatero (y el PP) lo democrático es que el Gobierno, los tribunales y las Cortes españolas decidan por ellos.
En las últimas elecciones en Navarra, Zapatero y la dirección del PSOE mostraron hasta dónde llega su amor a la democracia, cuando –por cálculos electorales- entregaron a la derecha franquista del PP/UPN el gobierno foral que ésta había perdido en las urnas. La indignación de la mayoría de los navarros y la voluntad de sus propios afiliados no contaban frente a la “alta política”.
La clase política española sólo admite un único referéndum en Euskal Herria: aquel que esté convocado por el Gobierno de Madrid y que tenga como único objetivo ratificar un texto estatutario previamente aprobado por las Cortes españolas y que reconozca la soberanía española sobre el País Vasco. Todo intento de convocar referéndum por parte del Gobierno Vasco será impedido por las buenas o por las malas. Si el Gobierno Vasco se mantuviera en sus trece, la Autonomía sería suspendida y se impondría un estado de excepción.
Esto es lo que dice la Constitución monárquica, que Zapatero (y la derecha franquista) presenta como la encarnación suprema de la democracia. Pero esta Constitución se levantó sobre el rechazo del derecho de autodeterminación, la continuidad de los aparatos estatales franquistas y de los privilegios de la Iglesia, la impunidad de los crímenes de la dictadura y la preservación de los grandes intereses económicos que ésta resguardaba. El broche de oro fue la aceptación de la Monarquía restaurada por Franco, reconociéndole la jefatura suprema del Ejército y exculpándole de cualquier responsabilidad por sus actos.
Pero no hay democracia de verdad que no se apoye en el respeto al derecho de autodeterminación de los pueblos, que es la condición para una unión libre entre éstos. No hay que olvidar aquella gran enseñanza de Marx: “un pueblo que oprime a otro no puede ser libre”.
El PSOE presenta a los que defienden este derecho democrático como nacionalistas o como extremistas. Pero nos oculta que en la época de la lucha contra la dictadura, él mismo defendió ese derecho, que luego traicionó al pactar la Transición con los franquistas. Su congreso de Suresnes, en 1974, se manifestó a favor del “pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de las nacionalidades” y por “una República federal de las nacionalidades que integran el Estado español”. También se manifestó públicamente por la unidad de Navarra y Vascongadas. Ha llovido mucho desde entonces.
La violencia de ETA
El Gobierno argumenta que no hay nada que hacer mientras se mantenga la violencia de ETA. Para Zapatero, el terrorismo de ETA no es el reflejo de un grave problema político que viene de lejos, sino la gran excusa para hacer frente a las aspiraciones de soberanía de los vascos. Sin embargo, una de las primeras obligaciones de cualquier gobierno democrático es iniciar la negociación con ETA y con la representación política de los vascos. Una negociación que parta, en primer lugar, de aceptar desde el principio que el Estado asumirá pacíficamente la decisión que tomen libremente los vascos con respecto a sus relaciones con España. Y en segundo lugar, que ponga en marcha las conversaciones para el desarme de ETA a cambio del fin de la represión y de la liberación de sus presos. La fracasada negociación de Zapatero fue una parodia de negociación, que se acompañó de más represión en lugar de medidas de distensión y no buscó otra cosa que la rendición política de la izquierda abertzale.
Siempre nos hemos manifestado con la mayor dureza política contra los métodos de terrorismo individual de ETA. Con ocasión de los coches bomba indiscriminados y de los atentados contra concejales del PSOE y del PP, declaramos que habían servido para "entregar la iniciativa a la derecha más retrógrada, facilitar la sumisión de la izquierda institucional, ofrecer coartadas represivas para tapar el problema vasco y aislar la lucha de su pueblo". Criticamos abiertamente su ideología militarista, que otorga la última palabra a la acción armada y convierte la acción de masas en pieza secundaria y subordinada. De la misma manera, nos hemos expresado frente a su concepción de que la conquista de la libertad nacional vasca es una partida entre los vascos (y más particularmente su vanguardia armada) y el Estado español, desplazando del escenario a la clase trabajadora del resto del Estado.
Sin embargo, una crítica tan categórica no nos impide reconocer que sus militantes encarcelados son presos políticos que han asumido un compromiso extremo con la causa vasca y que la propia continuidad de ETA descansa, en último término, en la existencia de una mayoría de vascos que reclama su derecho a decidir como pueblo. De la misma forma, es de pura justicia hacer frente común con la izquierda abertzale para exigir, frente al sadismo penitenciario oficial, el acercamiento de los presos y el tercer grado o la excarcelación para los enfermos graves. Ni más ni menos que lo que hacen con los presos comunes.
El nacionalismo español
Si traemos a la memoria los años de la lucha contra la dictadura, recordaremos la gran simpatía con la que los trabajadores españoles acogían la movilización de vascos y catalanes, que entendían como parte de su misma lucha contra el franquismo. Ahora, sin embargo, no es raro escuchar en ambientes populares comentarios despectivos sobre vascos, catalanes o gallegos.
La ideología españolista viene de antiguo y tiene como origen la incapacidad histórica del capitalismo español para constituir una nación unificada. La unidad del Estado no se basó en la fortaleza de la burguesía española, sino en la fuerza del Ejército y en el papel de la Monarquía. La represión política y cultural de las nacionalidades ha sido una constante de la historia española, que alcanzó su cima bajo el franquismo, que pretendió “resolver” el problema mediante los métodos más brutales del fascismo. El nacionalismo español hunde sus raíces en esta negra tradición.
Y como todo nacionalismo dominante, el español no se reconoce a sí mismo como tal nacionalismo. Los nacionalistas son los otros. La unidad forzada de España es algo “natural”, lo mismo que la supremacía del castellano. Aunque curiosamente, los mismos portavoces de la unidad forzada de España, luego no tienen inconveniente en defender la desintegración de Irak, la independencia de Montenegro o en apoyar el separatismo reaccionario de la burguesía cruceña en Bolivia.
Una de las grandes obligaciones de todo defensor de la causa de la democracia, y más aún de la causa del socialismo, es combatir el nacionalismo español que envenena las relaciones entre los pueblos y provoca la división entre los trabajadores.
