Amnistía Internacional cree que los derechos de las víctimas del franquismo siguen sin garantizarse
Para Amnistía Internacional (AI), el Proyecto de Ley de la Memoria Histórica "ha mejorado" tras su paso esta semana por la Comisión Constitucional del Congreso, pero "sigue estando muy alejada del derecho internacional y, por tanto, no salda la deuda pendiente del Estado con todas las víctimas que padecieron graves violaciones de derechos humanos", según
afirma en un comunicado La organización resalta especialmente las víctimas de
torturas,
ejecuciones extrajudiciales y
desapariciones forzadas, "que el texto deja al marjen de las indemnizaciones económicas y de las limitadas vías para acceder a la justicia".
"La Ley será un
tímido paso adelante en la larga batalla contra el olvido de las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil, pero sin verdad y sin justicia la deuda no quedará saldada", ha señalado Esteban Beltrán, director de AI en España.
Por otra parte, el estudio menciona también el alto grado de páginas webs suspendidas, con tan sólo 13 de 35 por encima del aprobado.
La ong celebra la desaparición de mecanismos de impunidad existentes en el borrador del proyecto de Ley, que garantizaban la impunidad de presuntos autores de crímenes, pero considera que los derechos de las víctimas siguen sin garantizarse pues los avances del nuevo texto "son en gran medida meras declaraciones de intenciones o disposiciones ambiguas, cuya efectividad deberá demostrarse en la aplicación de la Ley. A día de hoy, tienen poco significado en términos de justicia material e individualizada", en opinión de Beltrán.
Por otra parte, el estudio menciona también el alto grado de páginas webs suspendidas, con tan sólo 13 de 35 por encima del aprobado.
Amnistía se lamenta de que no se haya recogido su principal recomendación, la de poner en marcha "una
comisión nacional de investigación sobre las violaciones de derechos humanos cometidas bajo el régimen franquista para conseguir establecer la verdad sobre la represión".
Sobre el derecho a la justicia, la ong entiende que la declaración de 'ilegitimidad' de determinados tribunales y de las condenas y sanciones dictadas por motivos ideológicos, políticos o de creencia religiosa, "carece de valor jurídico", según el
derecho internacional, y no garantiza "un
recurso idóneo y eficaz para la obtención de la nulidad de esas sentencias".
Ante estas deficiencias, Amnistía Internacional hace un llamamiento a todas las Admnistraciones para que "con independencia de las negociaciones políticas, las disposiciones de esta ley sean interpretadas y se apliquen conforme a lo que señala el derecho internacional".
