SENTENCIA DEL MACROPROCESO 18/98

La doctrina sobre "terrorismo" que intenta vender el Supremo no es homologable en Europa

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El Tribunal Supremo intenta hacer ver en la sentencia del 18/98 que su doctrina expansiva del delito de terrorismo es homologable en Europa, cuando los textos a los que recurre en ningún modo le avalan, según fuentes jurídicas.

JUICIO

Un juicio con la tortura como culpable

Eguneraketa: 19 min.

Hoy arranca en la Audiencia Nacional española el juicio que sentará en el banquillo de los imputados a doce alaveses y que se sustenta en declaraciones obtenidas bajo torturas. Estaba previsto que la vista comenzara a las 10.30, pero se ha retrasado.

• Iker Urbina abokatuari elkarrizketa Infozazpi Irratian

• AI sólo hace mención a un caso de tortura en Euskal Herria

PRESOS POLÍTICOS VASCOS

Secuestran y golpean

Ángel Juanes, nuevo presidente de la Audiencia Nacional

GARZÓN, HAS DADO MUCHOS BANDAZOS Y AHORA TE TOCA ENCABEZAR LA DESAPARICIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL (TOP)  Y CONDENAR A FRANCO Y SUS SECUACES CON PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTES A LOS PERJUDICADOS HEREDEROS DE(AZAÑA, NEGRIN ETC.) ESE ES DEBE SER TU CAMINO HACIA LA TERCERA REPÚBLICA

El Poder Judicial excluye la candidatura de Garzón a la presidencia de la Audiencia Nacional

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SI QUEREMOS SINDICATOS MILITARES NO VOTEMOS PP/PSOE EN ESTAS PRÓXIMAS ELECCIONES. A POR LA III REPÚBLICA YA!!!

OPINIÓN () Título: El Contrato Social  Autor: J.J. Rodríguez Fecha: 22/9/2007 20:15 “Si se investiga en que consiste precisamente el mayor bien de todos o sea el fin que debe perseguir todo sistema de legislación, se descubrirá que él se reduce a los objetos principales: la libertad y la igualdad”. “Nada es tan peligroso como la influencia de los intereses privados en los negocios públicos, pues hasta el abuso de las leyes por parte del gobierno es menos nocivo que la corrupción del legislador”.   (El Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau. 1.760)

.Nacional desestima un recurso contra los cursos de la escala de oficiales

La Audiencia Nacional ha denegado la solicitud de un grupo de militares de la Armada que pretendía la suspensión de la ejecución de la orden del Ministerio de Defensa que regula el curso de adaptación para la incorporación a la escala única de oficiales.

Así consta en un auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo que responde a un recurso interpuesto contra la orden del Ministerio de Defensa 54/2008, de 29 de mayo, por la que se regula el curso de adaptación para la incorporación a la Escala de Oficiales, y la instrucción 62/2008 de la Subsecretaría de Defensa, que aprueba los planes de Estudio para el citado curso.

Un grupo de militares de la Armada presentó un recurso pidiendo la suspensión de las resoluciones, basándose en que el curso va a ser único y perjudicaría a los oficiales que lo superen mientras se resuelve la demanda.

Alegaron también que no se habían publicado en el Boletín Oficial del Estado las citadas órdenes e instrucciones.

Ahora la Audiencia Nacional ha denegado esa medida cautelar solicitada por los militares y dice en su auto que no se aprecian perjuicios irreparables para los oficiales afectados.

Agrega que en el supuesto de una sentencia estimatoria se podrían dar perfectamente efectos universitarios al Curso de Adaptación con posterioridad a haberse celebrado el mismo.

La Audiencia precisa que la suspensión de las resoluciones recurridas implicaría 'graves perjuicios' para los intereses públicos y de terceros.

La integración de la Escala de Oficiales y la Superior de Oficiales en una única Escala es una cuestión incluida en la Ley de la Carrera Militar, que entró en vigor el 1 de enero de este año.

La integración de ambas escalas afecta a más de cinco mil mandos, que sin embargo no perderán su condición hasta el 30 de junio de 2009, fecha en la que desaparecen las actuales escalas.

La ministra de Defensa, Carme Chacón, anunció en el Senado el pasado 30 de septiembre una ampliación de las plantillas de oficiales del ciclo 2008-2009 para corregir posibles disfunciones en la integración de escalas.

Explicó que el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009 contiene una disposición por la que se autoriza al Gobierno a modificar las plantillas de oficiales del ciclo 2008-2009.

Esta ampliación permitirá unos ascensos que afectarán a un grupo de unos 300 oficiales superiores, principalmente de la Armada.

Los grupos parlamentarios del PP y CiU han presentado ante el Congreso una batería de preguntas al Gobierno sobre la creación de una única escala de oficiales, que propugna la Ley de Carrera Militar, ante la 'inquietud' surgida entre los militares.

PARA ACLARAR todo lo relacionado con el tráfico internacional de armas y explosivos, donde España lleva lo suyo, es necesario explicar lo que es el cártel de Pólvora y Explosivos Europeo. Dicho cártel lo comienza a organizar, en Suecia, Alfred Nobel en 1887 -inventor de la dinamita y del Premio Nobel-, con la empresa Bofors Nobelkrat. Posteriormente, va instalando fábricas en otros países, como la Nobel Explosives Company (NEC) en Gran Bretaña y en otros países. Con el tiempo, la composición del cártel ha variado y hoy en día lo componen, además, Unión de Explosivos de Río Tinto (ERT), capital español de banqueros, Snia-BPD, de Italia; Dyno Industrier, de Noruega; Fabrique Fedérale de Poudre, de Suiza; Kamira Dy, de Finlandia; Royal Ordenante, de Inglaterra; Bowas-Muduplan, de Austria; WNC-Nitrochemie, Alemania; Muiden-Cemie, Países Bajos; Gechem-PRB, Bélgica, y la Societé Nationale des Poudres et Explosives (SNPE), de Francia. El nombre oficial de este cártel es EASSP, Asociación Europea para el estudio de Problemas de Seguridad, con sede en SNPE, París, y fue creada el 6 de noviembre de 1975. España se adhirió a ella en 1984, con la Cía. Río Tinto y el Estado sueco se ha introducido también, con la Forenade Fabriksverken (FFV), empresa de Estado.

En Francia, en 1988, se publicó un interesantísimo libro, en Ediciones Gallimard, por dos periodistas de investigación, Walter de Bock y Jean-Charles Deniau, titulado, "Des armes pour l´Uran", donde se descubría todo el tráfico de armas y los negocios sucios que llevaban a cabo las empresas del cártel en los conflictos armados. Precisamente, los nombres de los puertos canarios de Tenerife y Las Palmas aparecen en casi todos los capítulos, con las implicaciones y colaboración de las autoridades coloniales y Juntas de Obras del Puerto canarios de la época, del PSOE, por cierto, al corriente de todo este nefasto tráfico. Precisamente, los autores, me dedicaron la obra expresamente desde Bruselas el 15.10.90, esperando que dicho libro nos ayude en nuestra lucha de liberación, para que los puertos canarios, cuando seamos libres en nuestra República Federal, no participen más en este negocio sucio como es el tráfico de armas, que el Sr. Olarte olvidó citar en la Cuarta Comisión.

Ya sabíamos los negocios de dicho tráfico con el régimen del apartheid en tiempos de la UCD de Adolfo Suárez y Martín Villa y las firmas y empresas, sobre todo del puerto de Las Palmas, que habían participado, pues nuestros militantes de dicho puerto y de la Isleta nos lo habían comunicado con pelos, nombres y señales, los cuales se encuentran en nuestros archivos, donde incluso se supo que se llegaron a falsificar los conocimientos de embarque de destinación final ("end user") de los buques que traficaban, e incluso se llegó a cambiar el nombre de algunos barcos cargados de armas y explosivos, con conocimiento de ello por los gobernantes civiles y Juntas de Obras del Puerto, empresas de fletes y algún despacho de abogados.

El Sr. Eraso, director de Gamesa, dicen los citados periodistas, "va frecuentemente a Teherán en los años 82 y 83 para arrancar sustanciosos contratos. Para equivocar las pistas aún más, los certificados de destino final son "unos verdaderos-falsos" obtenidos de las embajadas de Libia y Siria en Madrid, con o sin conocimiento de sus gobiernos. La asociación española de fabricantes de armas reveló, al principio de 1987, que las comisiones entregadas a los intermediarios para obtener estos certificados habían llegado algunas veces al 25% del total de ciertas facturas. Oficialmente, el gobierno niega vender armas a Irán, pero poseemos la fotocopia que prueba lo contrario. Tenemos los papeles de bordo del "Elefteria K", buque panameño que el 18 de marzo de 1986 llegó a Santander, cuyo capitán era el Sr. Pamorcan. El barco decía que llevaba destino a Tartous, Siria, con 32 palets de mercancías, o sea, 18.610 kg., para Siria y 93 palets para Libia. Los documentos eran expedidos por Grupo Auxiliar Metalúrgico S.A., Gamera, Avda. Gasteiz nº 66, Vitoria. La sociedad encargada de las formalidades aduaneras en España es la Sea Spain de Bilbao, que representaba a la Islamic Republic of Irán Shipping Lines. En los archivos de estos periodistas dicen que tienen todos los documentos de los navíos que transportaron armas a Irán, provenientes de la empresa española Gamesa, y de la Empresa Nacional Santa Bárbara, de Toledo, así como de Río Tinto. En 1984, 1985 y 1986 pueden citar navíos como el "Atlas" y el "Trautenbels", que salió de Santander el 2 de octubre de 1985 y llegó a Bandar Abbas el 16 de agosto, llevando 2.000 toneladas de armamento y de granadas, misiles y obuses de 120 mm., enviados por Gamesa y haciendo escala en Las Palmas.

Después, nos enteramos por el libro citado de que el "Elefteria K" sale de Santander destino Estambul el 18 de marzo; Estambul el 30, Burgas en Bulgaria, el 5 de abril, y a Bandar Abbas, Irán, el 4 de junio. Entre Burgas e Irán, hizo escala en las Islas Canarias, lo que significa que dio la vuelta a toda África, antes de hacer escala en Las Palmas, cuando hubiera ganado tiempo cruzando por el Canal de Suez, "Poseemos un documento", afirman, "establecido por la Sociedad Flick Canarias, agente marítimo en Las Palmas y corresponsal de Sea Spain, relativo al suministro de gasoil y agua al citado buque. Este documento es muy claro y está dirigido a la sociedad Islamic Republic of Irán Shipping Lines, Teherán, lo que prueba el destino real del navío. Hemos verificado, además, los movimientos del navío durante dos meses y nunca estuvo ni en Tartous ni en Trípoli. En julio de 1987, cambió de nombre convirtiéndose en el "Andros".

Cita el libro de los periodistas de investigación, página 194, que "los puertos europeos especializados en el cargamento de armas y de municiones no son muy numerosos, Hamburgo (RFA), Zeebrugge (Bélgica), Cherbourgo (Francia), Talamote (Italia), Santander (España), Setúbal (Portugal) y Las Palmas (Canarias). La mayoría de los pequeños buques de estos transportes son daneses y sus marinos han confirmado que han visto cargar piezas de cañón, obuses del 105 y 155 mm., armas individuales y explosivos, perteneciendo a dos sociedades de conocidos traficantes de armas, Poulsen Chartering y Mortensen & Lange; buque conocido en Las Palmas, el "Else Cat". Los regímenes socialistas de Francia, Portugal y España fueron los que más se aprovecharon de la guerra, a pesar de los desmentidos de sus gobiernos, junto con las empresas suecas y alemanas.

Las empresas españolas de armas, con motivo de esta guerra, decidieron que en el sector del armamento lo mejor era agruparse; así nació IT, S.A. (Internacional Tecnología, S.A.). En junio de 1987, IT estaba presente en el Salón Internacional de Aviación de Le Bourget, donde exponía las bombas españolas que exportaba a Irak y que el general de Aviación, D. Federico Michavila, invitado de honor, proponía a los posibles compradores de Oriente Medio. Sin embargo, España había decretado en 1981 el embargo total sobre las exportaciones de armas hacia Irán o Irak.

* Presidente del CNC, brazo político de MPAIAC

La monarquía, como no puede ser de otra manera, se rodea de una numerosa colonia de cortesanos. Es esta  colonia  de cortesanos los que van arrebatando los derechos al pueblo. Se escandalizan los  políticos si se  critica cuál otro mortal a la monarquía. Llaman analfabetos constitucionales y otras lindeces parecidas a los que proponen (CON ACIERTO) que el JEFE DE LAS FAS SEA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO. Es acaso mucho pedir??? Si sólo fuese eso, la cosa podía quedar ahí. Pero no, estos monárquicos socialistas no se conforman con la crítica  DESTRUCTIVA sino que promueven leyes para ENCARCELAR a los CIUDADANOS que de alguna forman se atreven a cuestionar y discrepar abiertamente de  la monarquía. ¿Pero es que los sociatas son monárquicos?

EL PSOE con su actuación  está cuestionando al pueblo soberano.

La monarquía nos la impuso FRANCO y ya es hora de ir quitando los privilegios  que estan disfrutando los ganadores de la guerra civil. Ese es el papel que debería jugar el PSOE. Pero el PSOE es todo menos obrero y republicano.

EL PSOE Tiene o debe tener los días contados como fuerza mayoritaria dentro del estado. Por una sola cuestión:

 ¡¡¡HA ARREBATADO Y NINGUNEADO LA SOBERANIA AL PUEBLO!!!...

El verdadero soberano es el pueblo . aunque la constitución diga lo contrario. LA CONSTITUCIÓN ES UNA CARTA MAGNA A LA QUE SIGUIENDO DETERMINADO PROTOCOLO SE PUEDE Y DEBE CAMBIAR...¿ACASO EL PSOE NO LA QUIERE REFORMAR PARA ASEGURAR LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES REINABLES?

¡ESO SI QUE ES UN ANACRONISMO ! SE DEBE CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN PARA DAR PASO DIRECTAMENTE A LA III REPÚBLICA...ESE DEBE SER EL CAMINO....

DIAGONAL: ¿Cómo son los altos funcionarios de Justicia españoles?

ALFONS LÓPEZ TENA: Son peculiares. Son muy provincianos, muy cerrados, se creen su propia propaganda, esas cosas de que “España está de moda” o que “con el español se va a todas partes”. De los miembros del CGPJ ninguno habla inglés. Saben mandar –entre otras cosas porque llevan más de cinco años haciéndolo–, en el sentido de que la cultura del Estado la tienen muy dentro, pero en cambio no saben gobernar. No saben llegar a acuerdos porque va en contra de su propia cultura. Llegar a un acuerdo es el equivalente a lo que llaman ellos “bajarse los pantalones”. Les tengo cierto cariño, más que nada porque es una especie aislada de elite latinoamericana pero con unos ciertos delirios de grandeza, lo que les hace un poco entrañables. Como el acceso no es meritocrático, por decirlo así, sino muy de estar integrado en redes clientelares, familiares, de sectores religiosos –en la derecha específicamente–, hablamos de gente técnicamente poco competente.

D.: ¿Es dura la vida de un independentista en el CGPJ?

A.L.T.: Llevo ya más de cinco años, entre otras cosas por la prórroga que hay del actual CGPJ. Todas las tensiones, problemas, enfrentamientos y ataques fuertes fueron entre los años 2002 y 2003. Después de aquello ya ha quedado clara la posición de cada uno y te acostumbras. Es una situación de confrontación pero que también genera un punto que allí se remarca mucho. Como la cultura política española es muy agresiva, muy de bloques, concretamente de conservadores y progresistas, el planteamiento muy típicamente catalán de las explicaciones, la pedagogía, no se aprecia. Es aquello, que dicen ellos, de “poca hombría”. Unos planteamientos claros generan una situación de respeto, aunque muy agresiva por su cultura.

D.: Usted fue víctima de una campaña mediática de acoso y derribo…

A.L.T.: Se hizo una campaña sobre el tema que lanzaron ABC, la COPE, Onda Cero, etc [por los planteamientos catalanistas]. Por un lado, aproximadamente el 10% de los votantes, globalmente, votan por partidos no españoles y pagan los impuestos al Estado español. Desde el momento en que su posición en el Estado español es forzada e incluye pagar impuestos, también tienen que estar representados. En este caso en un CGPJ donde hay 21 miembros debería haber dos más [representando a las otras nacionalidades], no uno. Por otro lado, [las ideas políticas de los miembros del CGPJ] no son un problema cuando se trata de uno de los vocales que fue fundador de la Fundación en Defensa de la Nación Española, que es la que presentó la querella contra Rubianes. Ni cuando otros están en el Foro de Ermua, o en el Opus Dei o en la Fundación Olof Palme, por hablar de sectores diferentes. A nadie le ha llamado especialmente la atención y es perfectamente legítimo. Cada uno defiende sus ideas de la manera que considera oportuna.

D.: ¿Cuál es la situación del CGPJ?

A.L.T.: Es de total paralización. Este CGPJ ha sido el primero en el que el PP ha tenido y sigue teniendo mayoría absoluta. Es la primera vez que un partido pasa de tener mayoría absoluta al hecho de que la renovación le haría perder esta mayoría porque no se corresponde con la composición parlamentaria actual. El PP ha podido bloquear la renovación porque es necesario su voto. Al igual que ha pasado en el Tribunal Constitucional. Yo lo tenía previsto desde hace tiempo aunque ha habido una cierta ingenuidad por la parte socialista, no del Consejo, porque allí nos tenemos muy vistos, pero sí por parte de López Aguilar o Bermejo. Pensaron que se podría llegar a un entendimiento en el que el PP perdiese su actual mayoría absoluta, cosa que no ha pasado ni pasará. Después de las elecciones ya veremos si hay, o no, renovación, pero la situación será la misma dado que siempre hace falta, tal como está montado el sistema, el voto del PSOE y del PP y no de cualquier otro. Con lo cual la capacidad de bloqueo puede ser indefinida. ¿Qué se puede hacer? Las fuerzas parlamentarias se están planteando que, si después de las elecciones el PP no está de acuerdo con renovar, se haga una reforma para limitar las funciones de los vocales y quitarles la retribución, lo que sería una buena medida. Al fin y al cabo todas estas propuestas son parches porque la elección de los vocales está fijada en la Constitución. Que sea necesario el voto del PSOE y el PP sale de la propia Constitución. No hay una solución factible. Sin cambio de Constitución se debería plantear muy a fondo la propia existencia del propio CGPJ, no sólo la cuestión de las mayorías para elegir.

En el caso de un gobierno del PSOE no creo que el PP esté dispuesto a renovar el Consejo sin que, como mínimo, se dicten las sentencias sobre el Estatuto de Cataluña o los matrimonio homosexuales, las leyes de violencia de género con la composición actual del Tribunal Constitucional. Es la condición sine qua non para renovar el CGPJ y el Constitucional. Ya veremos. Puede durar mucho. En cambio, si hay un Gobierno del PP se renovará con rapidez porque el PSOE no estará en disposición de bloquear. El PP tendrá un Consejo otra vez con mayoría propia de una manera directa o indirecta.

D.: ¿Cómo valora la situación del Tribunal Constitucional?

A.L.T.: En el sistema institucional español el Tribunal Constitucional es nombrado íntegramente por el PSOE o el PP, ya sea por la vía del Congreso, del Senado o del CGPJ, y no hay ninguna representación o intervención, a diferencia de Alemania o de Canadá, por parte de las Comunidades Autónomas. A partir de este momento el Tribunal Constitucional se convierte en un ariete más, como se ha visto en el último año cuando se han comenzado a ver interioridades y enfrentamientos internos en el proyecto nacionalista español. Proyecto que también tienen aquellos que han nombrado a los magistrados. No es un problema de independencia, es que ya saben a quién nombran. Cuando nombras a García Calvo, que fue jefe provincial del Movimiento [la Falange], sabes a quién estás nombrando. El Constitucional es una tercera cámara más en la que, en este caso, están representados exclusivamente el PSOE y el PP.

D.: ¿Es independiente el poder judicial español?

A.L.T.: El Instituto Fraser, una fundación canadiense, realiza un informe internacional y cada año barema a los países del mundo según una serie de parámetros, casi todos ellos relacionados con la política económica. Dos de esos parámetros son la independencia y la imparcialidad judiciales. En el último informe, publicado en septiembre de 2007, la posición española en materia de independencia era la 64 y en materia de imparcialidad, la 46. Están por encima, no ya los habituales, sino también Botswana, Togo, Uganda, Nepal, Malasia. Algo llamativo. Además, se ha producido una bajada fuerte en los últimos años. En las encuestas que hace el CGPJ, los datos sobre la falta de confianza por parte de la gente en la independencia y la imparcialidad son también bastante llamativos. Mi percepción es que sí hay independencia, aunque esto no quita que de vez en cuando haya alguna maniobra por razones políticas. Creo que no hay imparcialidad. Hace unos años un responsable judicial dijo una frase redonda sobre la situación: “Entre los que hacen lo que se espera para ser nombrados y los que han sido nombrados para hacer lo que se espera, casi no hace falta dar instrucciones”. Yo no veo realmente un problema de independencia sino de imparcialidad. Es aquello que dijo Conde Pumpido refiriéndose a los que “se envuelven en una toga para hacer política de trinchera”. Esto ocurre sobre todo en la alta judicatura: la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, la Sala Civil Penal del País Vasco. Todo esto provoca que la judicatura española no genere confianza ni dentro ni fuera de España.

D.: ¿Y en lo que respecta a las cuestiones nacionales?

A.L.T.: La división entre los jueces es ideológica, conservadores y progresistas, pero muy españolistas los unos y los otros. Son más agresivos en el sector conservador pero también hay elementos militantes en el sector progresista. Te encuentras con unos jueces que son directamente militantes y contrarios a cualquier planteamiento que no sea el del españolismo más excluyente. Votaré sí en el referéndum por la independencia, y además trabajo para llevarlo a la práctica. Desde el momento en que no hay en la Unión Europea y en el contexto de la globalización dependencia del mercado y de la moneda españoles, entonces la independencia es factible y posible. Una minoría en un Estado al servicio de una mayoría contraria no puede tirar adelante, tiene que crear un Estado propio. Nuestra propuesta es decir a la gente que tiene la capacidad de decisión y que elija.

Muchos de los defectos que tiene la democracia española, el sectarismo en las instituciones por ejemplo, sirven para mantener una situación de dominio de una mayoría contra minorías nacionales. En el caso de que esto no existiera podríamos tener una democracia mucho más normal y avanzada. Todo el ejercicio peligroso que se ha hecho de forzar los conceptos jurídicos, de cara a las cuestiones relacionadas con el terrorismo y la violencia en el País Vasco no sería necesario en el caso de que no hubiese una situación de tensión nacional.

Los meses transcurridos desde el último Encuentro Estatal, han permitido constatar un incremento del movimiento republicano . La participación en las numerosas manifestaciones y actos que se han celebrado a lo largo y ancho del estado ha sido muy importante, destacando las convocatorias celebradas en Madrid (Abril y Diciembre) y en Alicante (Abril), que han reunido a varios miles de ciudadanos.

El crecimiento del movimiento unitario por la III República es incuestionable. Crece también la inquina antidemocrática de las instituciones contra el movimiento popular, amparada por una justicia de doble rasero que permite el libre e impune actuar de fuerzas fascistas que está conociendo una escalada sin precedentes en los últimos años y que se ha saldado con el escandaloso asesinato del joven antifascista Carlos Palomino por parte de un militar miembro de la organización de ultraderecha Democracia Nacional. Al mismo tiempo, jueces e instituciones se desentienden o se muestran comprensivos frente a los poderes económicos y políticos, mientras reprime con saña el ejercicio de derechos democráticos elementales como el de huelga, o el de expresión, de quienes no aceptan ser súbditos y espectadores pasivos de la permanente degradación democrática del régimen.

La monarquía ha sufrido un serio desgaste, al quedar en evidencia su carácter profundamente reaccionario. Muchas de las conquistas democráticas alcanzadas por el movimiento popular se ven continuamente limitadas, en un proceso permanente que se ha visto acelerado tras la campaña desarrollada por la derecha más extrema, encabezada por el PP, con el apoyo de la jerarquía eclesiástica y los medios de comunicación próximos a ellos. Cualquier medida o propuesta encaminada a avanzar la democracia, cada vez más limitada por el régimen monárquico, se ha encontrado con la respuesta furibunda de estos sectores. La Iglesia católica mantiene unas prebendas intolerables en un estado de derecho, la escuela, la enseñanza, la sanidad públicas y los servicios públicos en general, cada vez están más amenazadas por políticas privatizadoras, el derecho de los ciudadanos a vivir según sus criterios propios se encuentra amenazado por un clima que fomenta la superstición, el individualismo y la degradación cultural. Por otra parte, como declarábamos en el manifiesto leído el pasado 6 de Diciembre en la Puerta del Sol de Madrid ante miles de manifestantes, los datos demuestran hasta que punto el crecimiento económico de estos últimos años no ha hecho sino aumentar la polarización social: España es el único país de la OCDE en el que los salarios reales han descendido (un 0,4%) entre 1997 y 2005; aumenta el paro y se mantiene la precariedad laboral por encima del 30% de los contratos; cada año mueren más de mil trabajadores en accidentes, ante la impunidad empresarial y la pasividad de los juzgados, que se han cebado sin embargo en decenas de sindicalistas a los que se ha abierto procesos penales por participar en piquetes informativos, con solicitudes de más de tres años de prisión.

El precio de la vivienda ha alcanzado techo creando un inmenso problema social agravado por el aumento de tipos de interés, lo que impide ya a miles de personas, jóvenes en su mayoría, hacer frente a las hipotecas; todo ello mientras los grandes grupos especulativos de la construcción han puesto el dinero robado a espuertas a los ciudadanos a buen recaudo, invirtiendo en negocios como la energía o los servicios públicos. Esto sucede cuando todo apunta a que en los próximos meses la economía entrará en un periodo de profunda crisis, agravada por el peso que en ella tiene la construcción, el turismo y otros servicios no ligados a la producción y por la debilidad de la industria. Las movilizaciones convocadas en todos el Estado por el derecho a la vivienda el próximo 1 de marzo, ampliadas a la lucha contra la carestía de la vida y contra la precariedad, que conectan con el sentimiento popular de rechazo a que la crisis que se avecina, tras años de beneficios económicos empresariales insultantes, recaiga sobre una clase obrera mayoritariamente precaria e inmigrante, deben ser apoyadas por el movimiento republicano que muestra la única alternativa política a un régimen monárquico al servicio de las clases dominantes.

.En otro orden de cosas,el VII Encuentro Estatal Republicano denuncia cualquier actitud represiva del estado, asi como, la falta de solución politica a las reivindicaciones nacionales de los pueblos del estado español. Exigimos la derogación de toda la legislación antiterrorista y, muy particularmente, de la Ley de Partidos Políticos, incompatible con los más mínimos criterios democráticos. Expresamos toda nuestra solidaridad a quienes son injustamente perseguidos, torturados y encarcelados. Tenemos la convicción de que el imprescindible ejercicio soberano del Derecho de Autodeterminación solo será posible en un nuevo marco político democrático, lo que es un elemento más de la necesaria impugnación de la Constitución de 1978 y de nuestra lucha por la III República. Los próximos meses serán muy importantes. No basta ya con reconocer los síntomas, es cada vez más necesario, y así lo entienden miles de ciudadanos, poner en marcha un proceso de profunda renovación, dirigido a la superación de la monarquía continuista.

Para situar las necesidades de los ciudadanos, de la mayoría trabajadora, en el centro de la acción política hay que romper con un régimen en el que el control político de una ínfima minoría oligárquica es cada vez más asfixiante.