Según la propuesta del Ministerio, sin llegar a acuerdos sustanciales con la Conferencia Episcopal, la Religión en los colegios será de oferta obligatoria, libre elección por los alumnos y no será computable ni en selectividad ni para becas. Los alumnos que no elijan religión se les prestará «la debida atención educativa», sin aclarar este punto, que preocupa a los obispos. El Episcopado defiende la alternativa de equiparar estas clases con las demás asignaturas como contemplan los Acuerdos Iglesia-Estado. La verdad es que el Gobierno no sabe cómo quitarse de encima el «lastre» que les supone una asignatura que va contra los principios laicos que propugna para la sociedad. Educar a nuestros hijos según nuestras convicciones es un derecho constitucional. Que cada padre elija el tipo de educación que prefiera. Ningún gobierno tiene legitimidad para adoctrinar hacia su causa a los que no quieren. El Estado aconfesional lo garantiza, pues que se cumpla sin discriminaciones por motivos ideológicos o políticos.