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UBICACION GEOGRÁFICA, LIMITES Y DINAMICA GEOPOLITICA DE LA HUASTECA.
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aangelica
 
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  UBICACION GEOGRÁFICA, LIMITES Y DINAMICA GEOPOLITICA DE LA HUASTECA. 18/Noviembre/2007 - 03:24

UBICACION, LIMITES Y DINAMICA GEOPOLITICA DE LA HUASTECA

Existen diversos criterios para delimitar la región de la Huasteca. De acuerdo con la mayoría de las definiciones, abarca de manera fundamental porciones significativas de tres entidades federativas: el oriente de San Luis Potosí, el norte de Veracruz y el noreste del estado de Hidalgo; pudiendo variar, según los fines específicos de las concepciones regionales, el número de municipios. Algunos autores incluyen parte de Tamaulipas y una extensión pequeña de Puebla. Dado que el objetivo de este estudio son los pueblos y las relaciones indígenas de la Huasteca, se integra al municipio potosino de Tamasospo, en el que se concentran los pames, y los veracruzanos de Tempoal, Tantima, Huayacocotla y Amatlán, todos con menos de 30 por ciento de población que habla lengua indígena (PHLI), pero históricamente articulados a la zona indígena de la Huasteca por relaciones socioeconómicas y culturales. Véase mapa de poplación indígena estimada.

La zona de estudio comprende una extensión de 22 193 kilómetros cuadrados, pertenecientes a 50 municipios: San Luis Potosí (19), Hidalgo (8) y Veracruz (23). La región está poblada por nahuas, teenek o huastecos, otomíes, tepehuas, pames, totonacas, chichimecas y mestizos. Tradicionalmente, se divide en cuatro zonas: alta, media alta, media baja y baja.

 

Distribución de las zonas por estado
 
Zonas
Alta
Media alta
Media baja
Baja
Total
San Luis Potosí
Superficie (km2)  
1 780
2 683
6 468
10 931
Núm. de municipios  
4
9
6
19
Hidalgo
Superficie (km2)  
113
601
820
1 534
Núm. de municipios  
1
3
4
8
Veracruz
Superficie (km2)
562
850
816
7 500
9 728
Núm. de municipios
1
4
2
16
23
 
            Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI),
            Conteo de población y vivienda 1995.
La Huasteca ocupa la parte septentrional de Mesoamérica, conocida como Costa del Golfo del Altiplano Central. Se trata de una llanura de alrededor de 70 kilómetros de ancho que, al ir descendiendo, da lugar a pequeñas colinas. Limita al norte con el río Pánuco, al sur con el río Cazones y con la región conocida como el Totonacapan, al occidente con las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, que baja hacia la costa atravesada por numerosos ríos de la vertiente del Golfo de México, el cual constituye su límite por el oriente.

A pesar de la unidad geográfica e histórica que la conforma, la pertenencia a tres entidades federativas distintas define dinámicas sociales, económicas y políticas diferentes. En San Luis Potosí la Huasteca se considera la región con mayor potencial productivo del estado frente al árido altiplano del resto de su territorio. En Hidalgo se distingue, además de su potencial productivo, por las luchas agrarias que la caracterizaron en las dos últimas décadas. En Veracruz constituye una de las zonas con mayor grado de marginación, excluida de los grandes corredores económicos del estado.

Estas dinámicas se reflejan en condiciones económicas, productivas, organizativas, de infraestructura y acceso a servicios, que permiten diferenciar claramente la Huasteca potosina, una zona con mayor desarrollo y orientada en términos comerciales hacia el norte del país, frente a la hidalguense, que articula la identidad regional, y la veracruzana, con un mayor atraso. En función de los centros rectores que rigen la vida económica de las tres zonas, es ilustrativa la visión regional que ubica a Ciudad Valles, en San Luis, como "la puerta" de la Huasteca hacia el norte del país, a Huejutla como el "corazón" histórico y centro comercial de gran importancia para la población indígena y a Chicontepec como el "balcón" de la Huasteca alta veracruzana.

Las diversas políticas institucionales destinadas al sector rural indígena se traducen en la presencia de una multiplicidad de agencias institucionales de orden federal y estatal, con formas y estilos de gobierno que han instrumentados políticas de desarrollo diferentes y que han delimitado sus propios esquemas de regionalización para abordar la zona, lo cual ha contribuido a dificultar los procesos de planeación e inversión en la región.

La historia de la Huasteca está marcada por las constantes luchas de los indígenas por la conservación de sus espacios políticos y territoriales, expresadas en numerosos conflictos y rebeliones atenuadas o exaltadas con cierta periodicidad. Su proceso de poblamiento y la interacción entre territorio y población han definido el patrón de actividades agrícolas y no agrícolas de las localidades, las redes que las vinculan con el exterior y la situación agraria que prevalece.
 

Caracterización general de los pueblos indígenas de la Huasteca

La región, situada en la zona intertropical conocida como Costa del Golfo del Altiplano Central, se caracteriza por su configuración multiétnica, que define desde tiempos prehispánicos el perfil de la zona, y por la diversificación productiva, que revela un aprovechamiento adaptado a la heterogeneidad ambiental y a la utilización de los variados recursos naturales que posee. Su riqueza ecológica estriba en sus contrastes geográficos, marcados por la variabilidad de su topografía, climas y tipos de vegetación, sumados a la abundancia de sus recursos hidrográficos, si bien enfrenta graves problemas de deterioro y contaminación ambiental.

El particular modelo de desarrollo impuesto en las regiones del trópico y en especial en la Huasteca, con un uso del suelo en el que ha predominado la ganadería, la caña de azúcar, el cafeto, los cítricos y el boom de la explotación petrolera, sobre las áreas de cultivos básicos, ha tenido serias repercusiones en el acaparamiento de la tierra y en los conflictos agrarios derivados de ello, aunados al deterioro y a la degradación de los recursos naturales y a la desarticulación en gran medida de los sistemas productivos tradicionales caracterizados por la diversidad de formas de aprovechamiento de los recursos naturales. Estos problemas se han agravado por las políticas sectoriales emprendidas en los últimos años, que han implicado la desaparición de la protección comercial, el desmantelamiento de los aparatos estatales que intervenían en el sector, la reducción drástica del gasto público destinado al campo y la desaparición de precios de garantía para muchos productos.

La puesta en marcha de las nuevas políticas agrícolas ha acentuado las condiciones de exclusión y desigualdad que padecen amplios sectores de la población rural indígena en la región, propiciando una caída en la rentablilidad, dependencia alimentaria, marginación y pobreza, además de una fuerte diferenciación socioeconómica entre los productores rurales, pues solamente aquéllos con un mínimo de capacidad de inversión acceden a nuevas tecnologías y recursos.

En el marco de esta crisis, caracterizada por la reestructuración de la intervención del Estado y un nuevo esquema en la participación internacional, se han generado cambios notables en el plano organizativo, en especial en el sector de los pequeños productores y de las comunidades indígenas. La participación, movilización y construcción de nuevas formas participativas de los campesinos indígenas tiene sus raíces en los movimientos agrarios regionales surgidos en la década de 1970, que adquieren, a partir de los ochenta, una importancia singular en lo que respecta a la prioridad de las luchas campesinas en la apropiación de los procesos productivos.

A pesar de la difícil situación que enfrentan hoy día las organizaciones de pequeños productores y las comunidades, sujetas a los vaivenes del mercado internacional y dependientes de los cada vez más reducidos subsidios oficiales, han continuado trabajando y organizándose en torno a los procesos de producción y comercialización, además de emprender la búsqueda de estrategias de diversificación productiva y de conservación de sus recursos naturales, como lo ejemplifican el resurgimiento de diversos productos o la reorientación hacia la agricultura orgánica, a fin de planificar el desarrollo de su región con una concepción distinta.

La búsqueda de un modelo de desarrollo diferente no es mera retórica; evaluaciones oficiales y no oficiales dejan claro que las cuantiosas inversiones de programas como el Programa Integral de Desarrollo Rural-Coordinadora General del Plan Nacional para las Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (PIDER-COPLAMAR) (1976-1981), el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) (1990-1995), el Programa de Apoyo a Productores de Café (1990-1995) o el Programa de Apoyo al Campo (PROCAMPO) (1993-1995), "no han logrado en la actualidad minimizar el grado de hambre, la miseria y la marginación en que se debaten indígenas, mucho menos han logrado incrementar la producción y los rendimientos agropecuarios en la región" (Sámano Rentería y Jiménez J. 1998: 352). Esto es así porque dichos esfuerzos no combaten de manera decidida y frontal las raíces de la desigualdad social:
 

  • Persistencia de problemas agrarios y acaparamiento de tierras o medios de producción.
  • Acceso desigual a los recursos financieros y naturales.
  • Inequidad en la distribución de los excedentes del proceso productivo.
  • Exclusión de las comunidades en la toma de decisiones políticas y en los procesos de planeación.
  • Deterioro ambiental por políticas productivas o de aprovechamiento que no consideran las oportunidades de la biodiversidad, los conocimientos y el manejo de las comunidades, al estar orientadas por esquemas externos, impuestos por agencias multilaterales o burócratas con escaso o nulo conocimiento de las características socio-ambientales y políticas regionales.
Para replantear los actuales esquemas de desarrollo deben considerarse cuatro variables estratégicas:
  1. La población (su organización social y tecnología)
  2. La cuestión agraria
  3. La capacidad de sustentación ambiental
  4. Las exigencias impuestas desde el exterior (Ruvalcaba y Pérez Zevallos, 1996: 34).
Otro aspecto fundamental es la comprensión de las esferas del poder en las huastecas. Este se comparte y pelea entre las comunidades indias, los latifundistas ganaderos, los grandes comerciantes, los rancheros y los gremios de maestros y petroleros. Es aquí donde las negociaciones de la planeación deben centrar su esfuerzo, junto a las cuotas de poder de las dependencias federales y el partido en el poder, a fin de atenuar las diferencias y disminuir la enorme brecha entre las comunidades indias y el resto del espectro social.

Mientras persista el actual modelo no debe sorprender que, por ejemplo, 76 por ciento de la población económicamente activa (PEA) de la Huasteca hidalguense obtenga menos de un salario mínimo al día, o que sólo 5.6 de las comunidades indígenas cuente con agua entubada o 6.2 con saneamiento y se esté frente a un dramático resurgimiento de epidemias de dengue, cólera o paludismo, junto a una creciente tensión social, presencia militar y altos índices de inseguridad y, en algunos casos, ingobernabilidad.


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