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EL MUNDO, 19 DE OCTUBRE DE 2007,FERNANDO LAZARO
MADRID.- Fue uno más en la manifestación que se celebró en la Plaza Mayor de Madrid el pasado 20 de enero. Jorge acompañó a los más de 3.000 guardias civiles que se concentraron para reivindicar mejoras laborales.
Jorge Bravo acudió aquella mañana de paisano, sin ningún emblema que permitiera identificar su condición de militar. Tampoco intervino ni se identificó como brigada del Ejército. No. Acudió en condición de presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), una asociación profesional que también defiende la mejora de las condiciones laborales de sus asociados, una entidad legal, cuyos estatutos están reconocidos por el Ministerio del Interior. Da igual todo. El brigada Bravo comenzó ayer a cumplir 40 días de arresto impuestos por el Ministerio de Defensa por participar en dicho acto. Le acusa de «ostentación de su condición de militar».
En concreto, el Ejército de Tierra ha ordenado su arresto y su ingreso en un centro disciplinario militar durante un mes y 10 días, en cumplimiento de un expediente disciplinario por falta grave, según informó la asociación.
El suboficial se encuentra ya arrestado en el centro disciplinario militar de Colmenar Viejo, la unidad en la que presta servicio como militar.
Según explicaron fuentes de la asociación, ninguno de los informes elaborados por los servicios de Asuntos Internos de la Guardia Civil, que acudieron para vigilar a los agentes congregados, hace mención alguna a que Bravo acudiera o mostrara durante su intervención o asistencia al acto su condición de militar.
Estas fuentes apuntaron que se está estudiando la posibilidad de presentar una denuncia contra el jefe del Estado Mayor del Ejército y contra el instructor del expediente disciplinario.
Se trata del segundo expediente disciplinario resuelto por el Ejército contra el brigada Bravo, después de que el pasado 26 de enero iniciara el cumplimiento de una sanción de un mes y un día de arresto en un centro disciplinario militar por las declaraciones que realizó en una rueda de prensa en marzo de 2006 sobre el accidente del helicóptero Cougar en Afganistán.
En aquella comparecencia ante los medios de comunicación, el suboficial pidió «más pulcritud» y «transparencia» para poder evitar accidentes como el registrado aquel 16 de agosto de 2005 en Afganistán y reclamó que la Constitución también sea aplicada a los militares.
El expediente disciplinario contra el brigada Jorge Bravo se suma a los expedientes abiertos por la Dirección General de la Guardia Civil contra 20 responsables de la AUGC por la manifestación.
El director general de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida, ya tiene sobre su mesa la mayoría de las propuestas de sanción hechas por el Cuerpo Jurídico Militar, siendo las más duras las dirigidas contra el secretario general de la Asociación, Joan Miquel Perpinyà, y la del conductor del acto, José Antonio Ramos, para los que se propone la expulsión del Cuerpo.
Mesquida debe ratificar o rectificar esas propuestas.
Desde que tuvo lugar la manifestación, que pedía al PSOE el cumplimiento de su programa electoral respecto a la Guardia Civil, han sido aprobadas, en el último tramo de la Legislatura, el Estatuto de Derechos y Deberes, que regula el asociacionismo, y el nuevo Régimen Disciplinario, que suprime los arrestos. En la sesión del Congreso en la que fueron aprobados los textos, los diputados, incluido el presidente del Gobierno, aplaudieron a los representantes de las asociaciones de la Guardia Civil, entre los que se encontraba el citado Perpinyà al que ahora se propone expulsar del Cuerpo.
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