El próximo 31 de marzo la multinacional Tyco Electronics formalizará la venta de sus dos fábricas en España, una de ellas asentada en el vallisoletano Parque Tecnológico de Boecillo y la otra en Madrid, al grupo inversor estadounidense Denali Partners, LLC. Se da la circunstancia de que ese día acaba el compromiso de mantener los puestos de trabajo asumido por la compañía a cambio de sustanciosas subvenciones de la Junta, según informó ayer Jorge Félix Alonso, portavoz de Industria del PSOE en las Cortes.

El procurador socialista cifró en 25,1 millones de euros las ayudas directas e indirectas que ha recibido la planta de Boecillo desde el 31 de marzo el 2003, fecha en la que inició su actividad de fabricación de circuitos impresos, es decir, las placas sobre las que se montan los componentes de todos los aparatos electrónicos. Alonso explicó que de esa cantidad 16,7 millones los aportó el Ejecutivo autonómico, 15,6 de ellos a través de la línea de interés especial -que conlleva la obligación de conservar los empleos al menos tres años, plazo que justamente es el que acaba el viernes- y otros 1,1 para formación en nuevas tecnologías.

A esto añadió un ahorro de 2,7 millones en el precio del solar de 75.454 metros cuadrados sobre el que se construyó la planta, en virtud de un acuerdo con la firma pública Gesturcal. Según el dirigente de la oposición, esta «cambió las condiciones habituales de venta de suelo» y se lo transfirió a un precio de 24 euros el metro cuadrado en 1999, cuando por aquel entonces estaba a unos 60.

Todo esto la convierte en «la tercera empresa que más ayudas ha recibido de la Junta en toda historia», en palabras del secretario regional de Economía del PSOE, José Francisco Martín, que sentenció que «solo la han superado Renault, que es algo totalmente diferente, y Tecdis, la antigua Cristaloyd, que nació como empresa pública». Los 5,7 millones estantes los aportó el Gobierno central dentro de los llamados incentivos regionales, si bien en un principio tenía previsto concederle 11.

«Cuando el Estado hizo un recorte, sería por algo», manifestó Jorge Félix Alonso, que llamó la atención sobre el hecho de que en realidad las ayudas fueron solicitadas por Microser, propiedad de Manuel Rico, que se la vendió a Tyco Electronics antes de que iniciara su actividad. Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista pedirá que el consejero de Economía y Empleo de la Junta, Tomás Villanueva, comparezca en las Cortes para dar explicaciones, puesto que además era el titular de Industria en el momento en que se tramitaron las subvenciones.

Miedo a los despidos

Ante esta situación los empleados -un total de 270, la mayoría jóvenes- mostraron «incertidumbre» e «inquietud» por su futuro, dado que Denali no es una compañía del sector. «Aunque todavía no hay una intención clara, al ser un grupo financiero y no industrial tenemos más que claro que va a haber reestructuraciones», apuntó el presidente del comité de empresa, Roberto Cáceres. Por eso los representantes de la plantilla acordaron pedir una reunión, «a ser posible antes de finalizar este mes», con la directora general de Trabajo de la Junta, Charo Rodríguez. Roberto Cáceres y la secretaria del comité, Tania Vega, intentaron hacerle llegar su solicitud por escrito ayer por la tarde. No fue posible debido a que el registro abre por la mañana, por lo que lo intentarán de nuevo hoy.

Fuentes de la Consejería de Economía se limitaron a asegurar que el Ejecutivo de Castilla y León «tiene información y está vigilante y atento» al desarrollo de los acontecimientos, al tiempo que recordaron que «no se puede impedir que una empresa compre otra empresa». Por su parte, Tyco Electronics afirma en la comunicación remitida al comité que la venta «es la mejor opción para nuestros clientes, proveedores y empleados», y dice que estos últimos «continuarán trabajando en las mismas condiciones actuales».