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Ramón Sans
Hala Bedi Irratia
La ley orgánica 6/2002 de 27 de junio de partidos políticos, actualmente esta ley permite (por “contaminación”) negar a una persona sus derechos políticos sin juzgarla, (negar el derecho a convocar manifestaciones, a participar en las elecciones o a realizar ruedas de prensa…) por actos políticos LEGALES del pasado se considera que determinadas personas independentistas están “contaminadas”.
Sin mediar juicio condenatorio se les pueden negar derechos de ciudadanía, a personas que hasta el momento tenían el conocido certificado de antecedentes penales inmaculado y que “se convierten en delincuentes” cuando deciden participar en las elecciones.
¿Y cuál es la principal razón esgrimida para perseguir y llegar a encarcelar a estas personas?
EL SILENCIO, el “non comment” de los anglosajones, España exige lealtad, apoyo en su lucha contra el independentismo armado de ETA y quien no lo da no tiene los derechos de ciudadanía de los españoles. Así de sencillo, el estado español EXIGE condenas como condición para reconocer derechos.
VEAMOS LOS ANTECEDENTES DE ESTE TIPO DE LEYES
En 1935 los nazis proclamaron la ley sobre ciudadanía, que establecia dentro de un estado nazi lo que debían hacer los individuos para ser reconocidos como ciudadanos alemanes. En plena sintonía con Hitler en 1939, el regimen fascista de Franco estableció la ley de responsabilidades políticas por la cual las personas en función de la ideología y de un pasado político perdían derechos, perdían trabajos públicos, sufrían sanciones económicas, podían perder la nacionalidad española y eran condenados a muerte, por haber realizado actividades políticas legales durante la 2ª República. Esta justicia se aplicaba en los TRIBUNALES REGIONALES de RESPONSABILIDADES POLÍTICAS junto con una interpretación fascista de las leyes.
Quizás una de las sentencias más conocidas fue la del President de Catalunya, Sr. Companys, que después de ser entregado por la Gestapo a los fascistas por Irún, fue torturado en Madrid y asesinado tras un “juicio” en Barcelona en 1940. Sentencia secreta durante decadas que años después de la muerte del dictador, se solicitó fuera anulada desde instituciones catalanas y desde la propia familia, pero que el actual gobierno del PSOE se ha negado y mantiene la legalidad fascista de 1940 [fuentes 1, 2, 3, 4, 5]. El Partido popular está de acuerdo con esta actuación, y se negó a participar en el homenaje de 28 de agosto de 2000 en Irún (al final de este artículo de nodo 50.org se recoge el dato y os recomendamos esta entrevista con el Sr. Toni Strubell uno de los organizadores del homenaje).
De todo lo anterior cabe destacar que relatores de la ONU han criticado muy duramente a España, que Amnistía Internacional también se ha mostrado muy crítica con la Ley de Partidos, se han tomado en muchos casos medidas PREVENTIVAS sin haberse celebrado juicio alguno.
Todas las sentencias condenatorias realizadas en España son PROVISIONALES ya que están recurridas al tribunal de derechos humanos de Estrasburgo, pero a pesar de todo han sido ejecutadas de manera rigurosísima contra las personas y los bienes de los partidos políticos ilegalizados, algunos de los cuales lucharon contra los nazis y fueron condecorados por los aliados vencedores de la 2º guerra mundial A.N.V. (Acción Nacionalista Vasca).
De igual manera que en la Alemania Nazi ninguna voz se alzó contra lo que estaban haciendo contra los judios, lo que ha ocurrido en España o lo que la ultraderecha quiere que ocurra en Israel contra los palestinos, no ha motivado ningún movimiento solidario visible de repulsa.
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