|
Los problemas económicos y políticos de Obama y Zapatero
Sistema Digital
La aparición de los brotes verdes en la economía de EE.UU. y en la de España ha reavivado la llamada, por parte de gran número de voces liberales y conservadoras en ambos países, a la austeridad de gasto público incluyendo el gasto público social, a fin de reducir el déficit del estado. Esta llamada está encontrando una respuesta positiva por parte de la Administración Obama y del gobierno Zapatero, que han iniciado políticas públicas orientadas a reducir el gasto público, medidas que no sólo son erróneas desde el punto de vista económico, sino también (para los gobiernos Obama y Zapatero) desde el político. Tales políticas podrían suponer su derrota electoral en los próximos comicios.
Primero analicemos por qué tales políticas son un error económico. En contra de lo que claman voces ultraliberales, el crecimiento del déficit en las cuentas del estado a costa del aumento del gasto público, tanto en EE. UU. como en España, ha tenido un gran efecto estimulante de la economía en ambos países. Sólo un fundamentalismo liberal, como el que predomina en las derechas españolas, puede negar esta realidad evidente, y el hecho de que los brotes se hayan iniciado antes en EE.UU. que en Europa (y en España) se debe a que el estímulo en EE.UU. ha sido mucho mayor (un 5% del PIB) que en España (un 2% del PIB). Es más, la naturaleza del estímulo en EE.UU. ha estado más orientado hacia la inversión pública y creación de empleo que en España, donde tal estímulo se ha centrado más en la reducción de impuestos y ofrecimiento de ventajas fiscales para la creación de empleo (ver mi artículo “El insuficiente estímulo económico” en Público, 30.04.09). El componente más orientado hacia la creación de empleo en España han sido los 8.000 millones de euros a las autoridades locales (que el PP ridiculiza como empleo baladí “para aumentar las aceras de las calles”), una cantidad muy menor para estimular la economía en momento de profunda crisis.
Lo que tanto Obama y todavía más Zapatero debieran hacer es aprobar un segundo estímulo económico con el objeto de crear empleo en las áreas donde existen mayores déficits de empleo (por ejemplo, en los servicios públicos del estado del bienestar –sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, servicios sociales y otros-), tal como hizo Obama en el primer estímulo aprobado por el Congreso de EE. UU. Este déficit de empleo está especialmente acentuado en España, donde el porcentaje de la población que trabaja en tales servicios es sólo un 10%, cuando en el promedio de la UE-15 es ya un 15% y en Suecia es un 25%.
El que parezca que la economía se está recuperando se debe, en parte, a este estímulo. Reducirlo ahora implicaría un retroceso, tal como ocurrió en la situación más semejante a la hoy existente, es decir, durante la Gran Depresión. Cuando el Presidente Roosevelt comenzó su mandato, en 1933, el desempleo había alcanzado el 25%. A través de una enorme inversión pública, encaminada directamente a crear empleo (gran parte de la infraestructura física y social del país se estableció en aquella época, con el New Deal), el desempleo descendió a un 14% en el año 1936 (lo que le valió la mayor mayoría electoral conocida en la historia del Congreso de aquel país). Pero, bajo la enorme presión de las derechas y del mundo empresarial, que creían (tal como ahora) que la economía ya se había recuperado, el Presidente Roosevelt decidió reducir el déficit a base de reducir el gasto público y el aumento de los impuestos, lo cual creó un bajón enorme de la actividad económica en 1937-1938, forzándole a corregir su error y continuar el gasto expansivo que culminó con los preparativos de la II Guerra Mundial, que exigió un enorme crecimiento del gasto público y que resolvió la Gran Depresión.
El error político
El error político de reducir el déficit del estado reduciendo el gasto público radica en una realidad fácil de ver. Para las clases populares, la recuperación económica no se mide por los “brotes verdes”, es decir, por indicadores de actividad macroeconómica. Estos indicadores pueden estar mejorando y en cambio la situación de las clases populares se puede estar deteriorando. Lo que cuenta para las clases populares (clases trabajadoras y clases medias de rentas medias y bajas) es el empleo, las condiciones de trabajo y el salario. Y todos estos indicadores se recuperan mucho más tarde que los indicadores macroeconómicos. Y ahí está el error político de reducir ahora el déficit del estado. Aunque la economía se recupere, el mejoramiento a nivel de calle no será inmediato. Pasarán uno o dos años hasta que las bases electorales de los partidos gobernantes en ambos países noten un mejoramiento. Si se retrasa la recuperación económica –y se retrasará si el déficit se reduce- entonces se retrasará todavía más la recuperación laboral, con el consiguiente coste humano y político. La experiencia en ambos países es que para explicar el comportamiento electoral de las clases populares de un país la evolución del desempleo es más importante políticamente que su nivel. Si la situación laboral y social está mejorando, las clases populares votarán a los partidos gobernantes. Si se está deteriorando votarán a la oposición. La evidencia de ello es clara (ver John B. Judis, “Job One”, New Republic, Oct. 7, 2009). Se podría dar el caso de que la economía podría estar mejorando y las condiciones laborales y sociales podrían estar deteriorándose y con ello el gobierno responsable del mejoramiento económico podría ser castigado por lo segundo, que es lo más determinante para explicar el comportamiento de las clases populares, la base electoral de Obama y Zapatero.
De ahí que sea necesario y urgente que, no sólo se renueve el estímulo económico (a costa de mantener e incluso aumentar el déficit del estado), sino que se utilice tal estímulo para crear empleo, cubriéndose a la vez los enormes déficits existentes en los servicios públicos del estado del bienestar a ambos lados del Atlántico.
Envía esta noticia
Estados Unidos, rescate para los millonarios
El premio Nobel de economía, el estadounidense Joseph Stiglitz fue puntual en su precisión cuando declaró que Estados Unidos había derrochado el dinero en causas como el rescate multimillonario de los bancos, “en lugar de invertir los 700 000 millones de dólares en ayudar a los banqueros, pudo haber destinado parte de ese dinero en ayudar a los países en desarrollo.”
El famoso y muy discutido rescate otorgado por la Casa Blanca para salvar a bancos y empresas de la bancarrota por la crisis global que azota a la economía estadounidense ha beneficiado a ejecutivos de las firmas que aumentaron sus ya abultados capitales millonarios mientras en los 50 Estados de la nación la cifra de pobres se eleva a cerca de 40 millones de personas.
Tras nueve meses de investigación, un informe del fiscal general del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo denunció que el pasado año nueve bancos estadounidenses que recibieron ayuda del gobierno, pagaron más de 30 000 millones de dólares en bonificaciones a sus ejecutivos sin que se tuviera en cuenta sus desempeños profesionales.
En total el Departamento del Tesoro entregó a esos bancos de Wall Street, 125 000 millones de dólares del Programa de Rescate de Activos con Problemas (TARP por sus siglas en inglés).
Cuomo señaló que no existe un sentido o una racionalidad en la forma en que los bancos compensan y recompensa a sus empleados, pero la realidad es que el sistema ofrece ventajas a los millonarios para aumentar más aún sus capitales.
Uno de los primeros escándalos conocidos fue el de la aseguradora American Internacional Group (AIG) cuando a finales del 2008, luego de recibir un rescate del gobierno por 85 000 millones de dólares, sus ejecutivos se fueron de vacaciones a un exclusivo balneario de California y gastaron en una semana 440 000 millones de dólares.
La denuncia la formuló el congresista demócrata Henry Waxman al Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes quien agregó que pese al gobierno controlar el 79,9 % de AIG tras el préstamo, sus ejecutivos se fueron a St. Regis, en Monarch Beach, a derrochar el dinero mientras “el estadounidense promedio está sufriendo económicamente, pierde su trabajo, su casa y su seguro de salud. Me pregunto si esto tiene sentido.”
Ahora, en el informe de Coumo aparece el Citigroup que entregó compensaciones por un millón de dólares a 730 empleados y de 3 millones a otros 124 ejecutivos. Citigroup recibió 45 000 millones del TARP y según informe oficial perdió 18 700 millones durante el año. Después del rescate, una tercera parte de la propiedad pertenece al gobierno.
El Bank of America regaló en bonificaciones 3 300 millones a 172 empleados y a 28 ejecutivos los gratificó con más de 3 millones de dólares a cada uno. Este banco recibió un préstamo de 45 000 millones.
Otros bancos que entregaron bonificaciones y aparecen reflejados en el documento de Cuomo son el JP Morgan Chase, 8 690 millones; Goldman Sachs con 4 820 millones; Morgan Stanley, 4 470 millones; Wells fargo & Co. 977 millones; Bank of New York Mellon, 945 millones; State Street Corp, 469 millones.
Al analizar este despilfarro, el periodista Bob Herbert señaló en el The New York Times que en las últimas décadas se ha dado más dinero a los ricos y se han abandonado a los pobres, puesto una llave de estrangulamiento a la clase media y casi se ha llevado a la quiebra al gobierno federal, mientras a los bancos, grandes empresas y a los que están en la cima económica se les ha dado todo lo que han deseado y exigido.
Este episodio es tan lamentable que hasta un condicional del sistema capitalista norteamericano como lo es el director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn lo catalogó de escandaloso durante unas declaraciones al canal televisivo France 24.
Dominique criticó que no se haya podido todavía lograr imponer reglamentaciones para controlar las desmedidas bonificaciones mediante la cual un grupo de hombres y mujeres atraídos por ganar más dinero, “lleven al desastre al conjunto de la economía del planeta”.
En Estados Unidos la tasa de desempleo casi afecta al 16 % de la población si se combina con el subempleo, los pobres según un nuevo informe de la Academia Nacional de Ciencias se cifran en 47, 7 millones, los que carecen de seguro médico son 50 millones y unos 7,5 millones de núcleos familiares están en juicios hipotecarios.
Aunque el presidente Barack Obama ha criticado las compensaciones injustificadas y ha solicitado al Departamento del Tesoro tratar de regularlas, en la práctica el sistema capitalista impide controlarlas.
Si el gobierno interviene en algunos casos, alteraría las condiciones de contratos pre establecidos y se expondría a demandas judiciales que al final le darían la razón a los directivos bancarios y empresariales con el consecuente desgaste económico para el Estado. Además, perturbaría el funcionamiento de las poderosas entidades financieras.
Pero las compañías y bancos también utilizaron dinero de los rescates para comprar votos de influyentes congresistas y senadores.
El Centro para Políticas Responsables (CRP, por su sigla en inglés) que rastrea y estudia las donaciones políticas, afirmó en su informe que las compañías que recibieron ayuda del Gobierno, realizaron fuertes inversiones con fines políticos.
Según CRP, las compañías gastaron 77 millones de dólares en activistas de lobby el año pasado y otros 37 millones en contribuciones para las elecciones generales. Asimismo, 161 compañías aprobadas bajo el programa de TARP donaron 37,5 millones de dólares a candidatos federales, partidos y comités en el ciclo electoral entre 2007 y 2008. El 57 % de los donaciones quedó en manos de candidatos demócratas.
Como explicó Andrew Cuomo en su informe, “Cuando a los bancos les fue bien, se pagó bien a los empleados. Cuando a los bancos les fue mal, se les siguió pagando bien”.
El sistema está en crisis y sus directivos lo saben.
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Editado por: ARCADIO 1 (03/Noviembre/2009 - 20:03)
|
