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José Luis Rodríguez Zapatero, el mismo presidente del Gobierno que en su primera legislatura puso todo su empeño en sacar adelante la Ley de la Memoria Histórica, defendió ayer que es preferible no hacer causa de asuntos como las calles dedicadas a los protagonistas del alzamiento militar contra la II República. «Los residuos que quedan (del franquismo) irán desapareciendo poco a poco; como es lógico, habrá gente con más disponibilidad a que eso suceda y otras con menos», alegó.
Mientras el jefe del Ejecutivo defendía el olvido, los portavoces de Esquerra Republicana e IU clamaban en el Congreso por todo lo contrario, por una profundización de la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica.
El comentario de Rodríguez Zapatero venía a cuento no sólo por el debate generado en torno a la decisión del juez Baltasar Garzón de abrir y después inhibirse en una causa general contra la dictadura, sino porque ayer se cumplieron 33 años de la muerte del general Francisco Franco.
El presidente, a quien se preguntó sobre el asunto en una rueda de prensa con el primer ministro de Túnez, Mohamed Ghannuchi, se enfrascó en un auténtico elogio del olvido y defendió que lo importante es que «la mayoría de los españoles ya ni nos acordamos de lo que era el 20-N». Y añadió: «Todo lo que sea que eso esté en el olvido más profundo de nuestra memoria colectiva es un dato positivo».
La firmeza de sus palabras supuso un jarro de agua fría para las mismas fuerzas de izquierdas que en su primer mandato le incitaron a poner en marcha una ley de reparación a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo y que después la criticaron por descafeinada. La Ley de la Memoria Histórica no sólo echó tierra sobre la posibilidad de exigir reparaciones jurídicas a los represaliados, sino que limita el papel de las Administración en la recuperación de familiares enterrados en fosas comunes al de mero facilitador.
Rodríguez Zapatero aseguró que el Gobierno va a cumplir con la ley, que establece que los poderes públicos deben colaborar en esta tarea. «Es nuestra responsabilidad y nuestra obligación», subrayó.
Cosa distinta es la eliminación de simbología dedicada a generales golpistas, tarea en la que dejó claro que no se implicará porque lo importante es que queda «poca, por no decir ninguna», añoranza del régimen franquista «después de comprobar lo bien que se vive en democracia».
Profundizar la ley
Ajenos a estos comentarios, los portavoces de ERC e IU, Joan Tardá y Gaspar Llamazares, lejos de sumarse a la teoría de no remover el pasado, exigieron al Gobierno una profundización de la Ley de Memoria Histórica.
El ex coordinador de IU instó al Gobierno a «crear una Fiscalía especializada en la atención a las víctimas del franquismo» ya que si el Ministerio Público juega en los tribunales de las comunidades autónomas el mismo papel que en la Audiencia Nacional, la localización y exhumación de fosas se convertirá «en una carrera de obstáculos». Este organismo, además de impulsar esta labor, debería, según Llamazares, exigir «la anulación» de los juicios del franquismo.
El dirigente de IU también abogó por la creación de una especie de 'comisión de la verdad', a semejanza de las que se han creado en distintos países latinoamericanos que han salido de periodos de dictadura militar, un organismo no judicial independiente del Gobierno que tendría como misión redactar un 'libro blanco' de la dictadura en el que se pondría «negro sobre blanco todos los abusos» del franquismo para que «impere la verdad».
Llamazares explicó que formula estas propuestas, pese a que sus posibilidades de fructificar son casi nulas, porque el Gobierno se ha mostrado «pasivo para desarrollar la ley (de Memoria) pero activo para obstaculizar la investigación» de los crímenes del franquismo.
El republicano Tardá defendió una proposición de ley que se debatirá el próximo martes en el Congreso, también con muy escasos visos de fructificar, para modificar «la vergonzante, vergonzosa e ignominiosa» ley.
En un largo catálogo de reivindicaciones, ERC aboga por declarar nulas todas las sentencias de los consejos de guerra de 1936 a 1939, las de los tribunales de orden público y demás instancias judiciales del franquismo; por reconocer a las organizaciones armadas antifranquistas, entre ellas el maquis, para que se conceda a sus miembros o descendientes una indemnización económica y una reparación social; y el pago de 135.000 euros a los familiares de todos los muertos por la represión franquista, porque en la actualidad este resarcimiento se abona sólo a los herederos de los fallecidos entre 1968 y 1977.
Tardá y Llamazares vaticinaron que si el Gobierno no atiende estos requerimientos, la batalla judicial se extenderá a todos los frentes. El portavoz republicano señaló que la revisión del franquismo llegará a los tribunales internacionales porque es la única dictadura en Europa que ha escapado al veredicto de la Justicia.
Llamazares compartió esa opinión y apuntó que sería «una vergüenza para la democracia española que quienes investiguen los crímenes del franquismo sean los tribunales internacionales».
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