ácratas

La crisis económica mundial tiene remedio, pero no son las absurdas medidas que están tomando los gobiernos mundiales, que nos llevarán inexorablemente a una ruina universal de consecuencias terribles.

Y ese remedio se llaman democracia formal y auténtico libre mercado, aunque habrán de contemplarse necesariamente medidas paliativas para el caótico desorden al que nos ha arrastrado la clase financiera internacional, con su intolerable abuso por la ausencia de regulaciones en los movimientos de capitales de la nueva economía global.

Democracia implica el establecimiento de un control real sobre la clase política por parte del pueblo soberano. Por lo tanto, democracia es sufragio universal, independencia de poderes y garantismo absoluto de los derechos políticos ciudadanos. Y libre mercado es reconocer la libertad de empresa, pero también la improcedencia de otorgar subvenciones a las empresas que están en crisis. Si así se hubiera hecho con la banca, no habría contagiado ésta su crisis al sistema productivo. El único sostén al sistema financiero admisible dentro del libre mercado es tomar medidas para reparar el tejido productivo en aquellas partes que, una vez dañadas por los financieros desatinos, no tienen viabilidad económica. Por lo tanto, nunca se tomarán medidas de salvamento para la banca mediante fondos públicos, porque proceden de los impuestos, presentes y futuros, de los exhaustos ciudadanos. Y porque:

1) es una barbaridad económica que atenta contra las leyes del mercado.

2) premia a quienes han gestionado mal nuestro ahorro.

3) no tiene justificación ni desde posiciones ideológicas liberales ni socialistas. Muestra solo el desvergonzado ejercicio del poder de los financieros sobre la casta política, manirrota y endeudada con ellos a fondo perdido.

Todos los españoles sabemos que nuestros políticos no trabajan en pro de los intereses de la ciudadanía a la que dicen representar, sino de los de las castas sociales dominantes: banqueros, multinacionales, terratenientes, nobles, religiosos y mafias sectarias (masones y guerrilleros de cristos varios). Pero aunque la realidad actual es dramática o desesperada tiene aún solución. Aunque ya no basta con poner en marcha un paquete de medidas parciales, sino que todas las que siguen a continuación son imprescindibles y deben tomarse de consuno. Tales medidas son éstas:

Democracia formal

Instauración de la democracia formal, con independencia de los tres poderes del Estado como garantía de que todo su esfuerzo irá encaminado a la resolución de los problemas de la totalidad de los ciudadanos españoles. Y ello implica elecciones en urnas separadas para Legislativo, Ejecutivo y Judicial:

Para el Legislativo, cada cuatro años, en circunscripciones en las que sólo se elija a una persona y a doble vuelta. El sueldo del diputado será sufragado directamente por los electores de su circunscripción, expresando así que está a su servicio, y no al servicio del Estado. El diputado estará sometido al mandato imperativo de los electores de su distrito electoral (de unos 100.000 habitantes), a todos los cuales representa, tengan la ideología que tengan. Si el diputado se desvía del mandato de sus electores, será a denuncia depuesto por un tribunal especial y se convocarán nuevas elecciones en su circunscripción. Como cada diputado representa a su electorado de manera integral y absoluta, son innecesarios representantes para el ámbito autonómico. Los parlamentos autonómicos desaparecerán, aunque no la descentralización ejecutiva, bajo el imperio de la misma Ley para todos los españoles, elaborada y aprobada en el Parlamento unicameral español. El Parlamento no es parte del Estado, sino de la ciudadanía a la que representa y para la que trabaja elaborando sus leyes, las leyes del pueblo.

Para el Ejecutivo, elecciones en circunscripción única nacional a doble vuelta cada cinco años. El Ejecutivo sí es Estado, y tiene a su disposición toda la maquinaria del mismo para gestionar, pero no puede legislar de ninguna manera, ni siquiera mediante decretos de urgencia. La Ley siempre se hace en el Parlamento, especialmente los Presupuestos Generales del Estado. Se abandonará la viciada y corrupta práctica de que los redacte el Gobierno y, comprando apoyos parlamentarios, los haga aprobar por el Legislativo. Ningún miembro del Gobierno podrá ser diputado.

Para el Judicial, elecciones cada seis años y, por tratarse de carrera funcionarial, serán únicos electores los miembros de dicha carrera, desde los magistrados hasta el personal de la Administración de Justicia. Desaparecerá la figura del Fiscal General, porque nadie puede pertenecer simultáneamente a dos poderes del Estado. Por eso tampoco existirá el Ministerio de Justicia.

Ninguna de estas medidas se puede soslayar o es negociable. Porque todo lo anterior se llama democracia formal garantista, única manera de que el pueblo no sea estafado por sus representantes. Y existe en diversos países.


Reparación del tejido financiero para restituir el libre mercado

Las inyecciones gubernamentales a las entidades privadas van a parar a manos privadas egoístas, para que los bancos paguen a su vez sus propias deudas. Eso constituye un delito de malversación de fondos públicos estatales, porque, siendo como son empresas privadas, deben responder solas ante sus impositores y sus acreedores externos mediante ampliaciones de capital o declararse en suspensión de pagos. Por lo tanto, ante la crisis financiera y económica mundial, el Parlamento Español, bien al margen de los intereses particulares de la casta financiera, no aprobará ayudas para salvar a la banca corrupta, malversadora e ineficiente; sino que, una vez sea este país un estado verdaderamente democrático y garantista, las cajas de ahorros, que son públicas, sin accionistas, serán tomadas por el Banco de España sin costo alguno, cesando a sus gestores; y se procederá desde esas sus muevas sucursales a sostener la economía productiva otorgando créditos a empresas y particulares con los ahorros de todos los españoles, para evitar así que la crisis bancaria arrastre a todo el tejido empresarial de la economía productiva a la ruina. Y tendrá liquidez ilimitada procedente de los impuestos de todos los españoles. Lo esperable es que todo particular, ante la disyuntiva de situar los ahorros en el Banco de Santander, por ejemplo, o en el Banco de España, prefiera poner sus ahorros en éste último. Si ello determina la acelerada caída bursátil de la banca privada, no es culpa del BdE ni de los españoles, sino de la mala gestión de los intereses privados de esas entidades. ¡Si nunca se socializaron sus beneficios, no deben socializarse sus pérdidas!

Con el fin de garantizar su comportamiento transparente, el Banco de España tendrá un Consejo de Control Ciudadano, con un consejero electo por cada 500.000 votantes (uno por cada cinco circunscripciones diputacionales) que responderá ante sus electores.

Otra vulneración de las leyes del libre mercado de la legislación española la constituye el abuso de ley de la banca sobre los hipotecados en beneficio de la primera, exigiendo garantías y responsabilidades por impago de deuda más allá de lo legítimo. La legislación hipotecaria será reformada en el sentido de que nadie responderá de su deuda más allá del bien real hipotecado, y nunca con el resto de su patrimonio o con sus ingresos futuros. El BdE tomará todos los inmuebles sujetos de embargo y los cederá al Ministerio de la Vivienda para que los ponga en valor, mediante cooperativas o viviendas protegidas, a precios de mercado real no especulativo. No importa que estemos hablando de 300.000 millones de euros, porque , tratándose del interés público, el sistema los sacará adelante con los impuestos de todos.

La legislación hacendística recuperará con toda urgencia el Impuesto de Patrimonio, aunque estarán exentos de tributación los patrimonios inferiores a un millón de euros. Para el resto, la imposición será progresiva, como es de justicia.

La verdadera democracia implicará la obsolescencia de ciertas funciones del Estado y la aparición de otras nuevas, que se dotarán reasignando el evidente exceso actual de funcionarios. La austeridad de la Administración es imprescindible para salir de la crisis. Las presidencias autonómicas serán delegaciones del Gobierno con plenos poderes, como los de los actuales presidentes. Pero se trata de descentralizar evitando las perrunas e insolidarias disputas del pastel presupuestario, que no sirve más que para dilapidarlo en gastos superfluos de ridículas embajadas o sistemas educativos deformantes del sentido de la solidaridad e integridad nacional.

De este modo, con todo este conjunto de medidas, la corrupción política y económica será imposible. El pueblo, que es el que lo paga todo con su esfuerzo, no la habrá de tolerar nunca más.

Y, por último, sólo nos queda blindarnos ante la opresión imperialista y el terrorismo bacteriológico orquestado por sus castas dominantes. Ante cualquier amenaza de pandemia que afecte a la nación, las empresas farmacéuticas productoras de específicos para la enfermedad serán nacionalizadas de inmediato, según una Ley Excepcional del Parlamento, y puestas bajo control estatal (y militar, si falta hace) durante todo el tiempo que dure la crisis sanitaria. Ningún especulador, ante una crisis sanitaria general, podrá beneficiarse a costa de la salud pública, de modo que no habrá rentas de ningún tipo para las multinacionales farmacéuticas implantadas en España o que distribuyan aquí sus productos.

Si estas medidas fueran adoptadas por todos los estados miembros de la Unión Europea, la democracia continental estaría garantizada, y el Parlamento Europeo adquiriría un nuevo sentido mucho más social y útil que el que ahora mismo tiene, que es funcionarial, corrupto y esclavo voluntario y manifiesto de los intereses imperialistas, multinacionales y financieros internacionales. Si dichos estados se opusieran a que España adoptase todo este paquete de medidas, se convocaría un referéndum para votar sobre la salida o permanencia de España en la Unión, lo que implicaría la alternativa de regresar a una moneda nacional. A pesar de las consecuencias de esa eventual salida de España de la Unión (cosa que estaría por ver), sería siempre preferible esa opción que la continuidad de este Estado monárquico cocotero, sin democracia, sin control ciudadano de la clase política, sin decencia, corrupto hasta la médula, en inminente ruina por su absoluta falta de viabilidad, y sometido a pandemias y castigos instigados por la peor clase de gentuza del mundo.

Sin estas medidas urgentes, España se declarará en suspensión de pagos siguiendo la estela de los Estados Unidos, que lo harán este próximo otoño. La democracia formal y garantista no es, por tanto, un lujo superfluo, sino un artículo de primera necesidad, básico para la supervivencia de esta nación; y retrasar su implementación tendrá consecuencias económicas, morales y políticas de gravísimas consecuencias e imposible recuperación.

Ahora es el momento. Lucha por la República Constitucional. Exígelo ya. Si esperas, serán generaciones enteras de tu familia las que paguen las consecuencias.

MESS

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