El escándalo provocado en la izquierda estatal por la decisión del Tribunal Supremo de vetar la candidatura de Iniciativa Internacional-Solidaridad entre los Pueblos (II-SP) va en aumento mientras el Constitucional delibera sobre su recurso (ayer lo admitió a trámite y dio a las partes 24 horas para opinar). La decisión se debe tomar antes de que acabe mañana.
Ayer, el Gobierno del PSOE -impulsor de la impugnación- mantuvo silencio sobre las alegaciones presentadas por esta coalición de formaciones de ámbito estatal, pero formaciones como Nafarroa Bai o IUN encontraron más argumentos para defender su derecho a concurrir. Especialmente significativo resulta el caso de IUN. Los medios destacaron el lunes que su portavoz parlamentario, Ion Erro, avalaba el veto del Supremo al argumentar que «un requisito añadido en un Estado democrático es condenar la violencia». Sin embargo, posteriormente esta formación ha hecho pública una nota en la que rechaza la Ley de Partidos y apunta que «no podemos compartir las ilegalizaciones; son negativas para la credibilidad de nuestro sistema e instituciones democráticas».
El debate está siendo intenso en esta formación. Después de que el cabeza de lista para las europeas, Willy Meyer, se aferrara al latiguillo habitual de «respeto al Estado de Derecho» ante el dictamen del Supremo, ayer se conoció que militantes y votantes de IU -entre los que sobresale su ex líder Julio Anguita- han suscrito un contunden- te escrito de denuncia.
En él se apunta que «esta decisión es un atropello a las libertades democráticas escudado en la Ley de Partidos. Ningún integrante de esa lista tiene un proceso penal abierto por ningún delito; al contrario, muchos de ellos, y el especial el dramaturgo Alfonso Sastre, que la encabeza, es para nosotros un ejemplo de dignidad y coherencia intelectual». Piden además a IU que denuncie «con toda contundencia» esa acción político-judicial «bien mediante decisión del órgano correspondiente o pronunciamiento de su coordinador general».
En calidad de portavoz de Nafarroa Bai, Maiorga Ramírez se preguntó «hasta dónde llegará la insensatez del Gobierno español» y alertó de que «el ridículo democrático de la aplicación de la Ley de Partidos que puede arbitrar el TC sitúa al Estado español a la retaguardia de Europa». Ramírez recalcó que esta coalición «incluso ha tenido que explicitar la condena del uso de la violencia en un Estado democrático». En el recurso de II-SP se expresa «un claro rechazo y condena del uso de la violencia para la obtención de objetivos políticos en el marco de un Estado democrático».
Samir Amin y Eduardo Vírgala
Una de las iniciativas puestas en marcha en defensa de II-SP es una recogida de firmas que manifiesta «nuestra indignación y nuestra alarma ante el gravísimo atentado contra las libertades democráticas y contra la presunción de inocencia». Está circulando ya en el ámbito internacional y cuenta con el apoyo, entre ellos, del economista egipcio Samir Amin.
La tesis que se va imponiendo en medios como El País' es que no hay pruebas para vetar esta candidatura. Así se dejaba caer ayer en un editorial, y también en el artículo de opinión de Eduardo Vírgala Foruria, catedrático de Derecho Constitucional de la UPV y coautor del libro «La ilegalización de partidos políticos en las democracias occidentales», que defiende la Ley de Partidos.
