El rescate de Ingrid Betancourt, los tres contratistas norteamericanos y 11 soldados y policías colombianos secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, algunos durante más de diez años, imprimió una nueva dinámica al panorama del conflicto armado colombiano y agitó el debate político en el país, pues se avizoran cambios en el abanico de candidatos presidenciales con miras a las elecciones del 2010.

La “Operación Jaque”, que dejó en libertad a los secuestrados, considerados como el principal as con el que contaban las Farc para presionar al gobierno colombiano a un intercambio humanitario, que dejaría en libertad cerca de 45 políticos, militares y policías cautivos a cambio de 500 guerrilleros presos en las cárceles colombianas, desnudó la debilidad y las contradicciones que actualmente vive este grupo armado, y anotó un punto a favor del gobierno de Álvaro Uribe y su alabada por unos y cuestionada por otros, política de seguridad democrática.

Y es que la operación Jaque que combinó inteligencia militar colombiana, norteamericana e israelí, e hizo posible interceptar y suplantar las comunicaciones del grupo armado, logrando engañar a los comandantes del frente que tenía en su poder a los secuestrados, ha generado todo tipo de lecturas e interpretaciones que van desde la que celebra el éxito del gobierno colombiano y de las Fuerzas Armadas, calificándolo como un triunfo que evidencia el resquebrajamiento y próximo fin de la guerrilla; hasta las versiones que hablan del pago de 20 millones de dólares, a los dos carceleros de la guerrilla, como rescate; o de traición del compromiso revolucionario por parte de éstos, tal como calificó el secretariado de las Farc la acción de sus hombres.

Pero más allá de las conjeturas acerca de si fue rescate, fuga o traición, y pese al malestar y los cuestionamientos ocasionados por el uso indebido de chalecos con el símbolo de la Cruz Roja y de identificaciones falsas de algunas ONGs durante la operación, lo que fue admitido por el presidente Uribe, con el argumento peregrino de que uno de los militares que ejecutó la operación usó el chaleco por nerviosismo y casi sin pensarlo debido a la tensión del momento; lo cierto es que con la operación Jaque las Farc salieron debilitadas pues perdieron a los secuestrados más notables en el contexto internacional y con ellos la oportunidad de presionar un intercambio, demostrar carácter humanitario y tener así la oportunidad de lavar su deteriorada imagen.

También perdieron las Farc, porque fue una operación limpia, que combinó inteligencia, estrategia militar y cooperación en defensa, pues se sabe que los militares colombianos recibieron asesoría y apoyo de organismos de Estados Unidos e Israel, logrando infiltrar al grupo subversivo e interviniendo sus comunicaciones, sin ocasionar ninguna pérdida humana, lejos del frustrado rescate militar realizado en años anteriores y que costó la vida de un ex ministro y del que en su momento era el gobernador del departamento de Antioquia (Colombia).

Pero el grupo armado perdió especialmente porque pese a que tras el golpe, en los simpatizantes de las Farc han circulado diversas versiones afirmando que el rescate obedeció a que los gobiernos de Colombia y Francia pagaron 20 millones de dólares por la libertad de los secuestrados a los dos cabecillas guerrilleros (Gerardo Aguilar, alias “César” y Alexander Farfán, alias “Enrique Gafas”), lo que fue negado desde un primer momento por los gobiernos aludidos, de ser ciertas las versiones de pago de rescate, ayuda a la fuga o traición del compromiso revolucionario por parte de los mencionados guerrilleros, quedaría en evidencia que lo que comenzó como un secuestro político terminó en un delito de carácter económico, pero además dejaría en claro la poca convicción de los integrantes de la Farc, incluso los de mayor jerarquía, en su organización y en los objetivos de la misma.

Las Farc también perdieron en el ámbito internacional, donde con el tema del intercambio humanitario habían logrado una amplia interlocución y hasta apoyos decididos por parte de mandatarios como el venezolano Hugo Chávez, que siempre urgió al gobierno colombiano a flexibilizar su postura, concederle estatus de beligerancia y negociar con el grupo armado. Sin embargo hoy, con el rescate de los secuestrados por parte de las fuerzas militares, el tema del acuerdo humanitario ha quedado en un segundo plano, desplazando la preocupación y tristeza de los familiares de quienes siguen privados de la libertad y de los promotores de la vía humanitaria.

A esto se suma que las múltiples declaraciones realizadas por los liberados hablan de la crueldad de las Farc, de las humillaciones y sometimiento vividos durante el secuestro, de las numerosas violaciones a los derechos humanos que practica esta organización y está claro que explícita o implícitamente todos han aprobado la operación, agradeciendo la decisión del gobierno colombiano y reiterando que las Farc realizan prácticas terroristas.

En este sentido, y en declaraciones dadas a la revista colombiana Semana, Ingrid Betancourt afirmó rotundamente que las Farc “son una organización militar con un leve barniz político y un trasfondo de narcotráfico absoluto y de dinero fácil. Con una estructura piramidal en la que los jefes tienen prebendas. Donde ser jefe significa tener computador, GPS, celular, es decir, juguetes. Incluso la posibilidad de tener a las niñas más bonitas, que siempre quieren estar con los jefes. Mire, durante todos estos años, yo habría podido ser conquistada por las Farc porque yo comparto la idea de la justicia social y bueno, yo habría podido decir: "Esta es una oportunidad para Colombia". Pero no es esto lo que los mueve, sólo tienen un pequeño barniz ideológico en ese tipo de actuación. Y creo que si las Farc sienten que por las armas pueden tomar el poder, van a seguir”. Y aunque la ex candidata presidencial afirma decidida que es necesario hacer cambios políticos, económicos y sociales en el país para mejorar las condiciones de vida de la gente y buscar la igualdad de los colombianos, no ha dudado en afirmar que pese a que las Farc han recibido golpes fuertes, “es necesario mantener la presión militar”.

Y con esta postura tal vez se identifican los millones de colombianos que el pasado 20 de julio volvieron a manifestarse en todo el país y en el exterior, rechazando el accionar del grupo armado y pidiendo la liberación de los cientos de secuestrados que la guerrilla mantiene en su poder, porque hoy en Colombia prima un consenso que apunta a que las Farc han perdido cualquier viso de credibilidad y tanto seguidores como detractores del gobierno Uribe entienden que el camino que este grupo debe seguir es la renuncia al secuestro, el abandono de las armas y la búsqueda de una paz negociada.

Así, la analista y presidenta de la Fundación para la Libertad de Prensa, María Teresa Ronderos, ha señalado que las Farc “han creído que cualquier método de guerra es justificable para alcanzar los fines, como si no hubieran pasado cinco siglos de civilización humana, como si nada hubiéramos aprendido de los campos de concentración nazis, ni las campañas de exterminio estalinistas, ni se hubieran creado las Comisiones Internacionales de Derechos Humanos, ni la Corte Penal Internacional para juzgar los delitos intolerables. Las Farc perdieron toda noción de ética y obligaron, y aún lo hacen, a decenas de personas a vivir prisioneras, vigiladas las 24 horas, a dormir con pesadas cadenas al cuello, un trato ni siquiera aceptable para los animales (….) Le apostaron a un efectivo, pero ruin, chantaje, y perdieron. Su poder político basado en un acto inhumano y cruel se hizo polvo. Y su poder militar está débil”.

Quizá por esto los principales valedores de la negociación con este grupo armado han marcado distancias frente a sus acciones. Así, el pasado 8 de junio el presidente de Venezuela Hugo Chávez pidió a las Farc que liberaran a todos los secuestrados y dejaran las armas porque "la guerra de guerrillas pasó a la historia", de la misma manera, el mandatario de Ecuador, Rafael Correa afirmó que reconocía la legitimidad del gobierno colombiano, mientras que Fidel Castro también ha abogado para que las Farc abandonen el secuestro. Por su parte el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, con motivo del rescate de Betancourt le pidió a las Farc que cesaran su “combate absurdo y medieval” y dijo estar dispuesto a “acoger a todos los que acepten renunciar a la lucha armada y a tomar inocentes como rehenes”. Sin embargo, hay que anotar que el grupo armado aún cuenta con respaldos como el del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien ha asegurado que desea reunirse con los principales líderes de la organización guerrillera y ha desestimando la necesidad de autorización del gobierno colombiano.

SE AGITA EL PANORAMA POLÍTICO

La liberación de los secuestrados de las Farc, modificó el escenario político colombiano, donde ya se barajan candidaturas de cara a la elección presidencial del año 2010. En este escenario, es innegable que el presidente Álvaro Uribe salió fortalecido con el rescate y que la operación “Jaque” le dio aire al gobierno cuando más lo necesitaba, pues en el ámbito interno Uribe afrontaba momentos difíciles por las denuncias por clientelismo, al comprobarse el pago de prebendas del gobierno a varios congresistas para aprobar la modificación de la Constitución, que posibilitó el segundo mandato del presidente, y por el abierto enfrentamiento entre el mandatario y la Corte Suprema de Justicia que objetó varias iniciativas del gobierno referentes la Ley de Justicia y Paz que permitió la desmovilización de grupos paramilitares.

Pero además, Uribe afrontaba el cuestionamiento y la descalificación de diferentes sectores internacionales que presionaban por la realización del acuerdo humanitario con las Farc, lo que ocasionó diferentes impasses diplomáticos, que involucraron especialmente a los mandatarios de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Francia, y en el ámbito nacional lidiaba con diversas manifestaciones de rechazo de familiares de las víctimas, ONGs y promotores del acuerdo humanitario, por su negativa a ceder a las condiciones exigidas por las Farc, a fin de posibilitar dicho acuerdo.

Con la liberación de los secuestrados el presidente colombiano se anotó un importante punto a favor y hoy disfruta de índices de popularidad que, según las más recientes encuestas, superan el 90% de aceptación entre los colombianos; también obtuvo el reconocimiento del éxito de la acción militar por parte de los sectores que le han cuestionado incansablemente y paralelo a esto, la Corte Constitucional desestimó la revisión de la reforma a la Constitución y, por tanto, la revisión de la legitimidad de su segundo mandato.

Sin embargo, también es innegable que el éxito de la operación Jaque está siendo utilizado políticamente por los seguidores del mandatario, empeñados en modificar nuevamente la Carta Magna de los colombianos, a fin de posibilitarle al presidente un tercer período de gobierno, lo que es mirado con recelo y ha generado malestar en diferentes sectores nacionales, así como entre analistas políticos, catedráticos y críticos del presidente, quienes ven un posible tercer mandato como un riesgo para la democracia colombiana, por el privilegio al caudillismo, la falta de alternancia política y la concentración de poder en la figura presidencial.

En este sentido, el analista y ex director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Ramiro Bejarano Guzmán, no ha dudado en afirmar que “después de este indiscutible éxito de liberar a 15 personas sin un solo disparo ¿debemos reelegir otra vez a Uribe? Los colombianos, en su mayoría con los espíritus inflamados, creen en esa solución. Yo sigo pensando que no, porque esa aventura desbarataría institucionalmente al país”.

A su vez, la analista política Cecilia Orozco Tascón llama la atención acerca de que “salvo honrosas excepciones, Colombia, embrujada por el carisma personal del Presidente, ha permitido que éste elimine el principio de la separación de los poderes y por eso ya no disimula su decisión de someter a las buenas o a las malas a la rama judicial”.

Y aunque la maquinaria arrolladora del “uribismo” avanza en la recogida de firmas de ciudadanos, que promuevan un referendo que conduzca a una nueva reforma constitucional y por ende abra el camino a la segunda reelección, el mandatario colombiano guarda silencio y aún no ha confirmado ni desestimado su intención de otro período de gobierno.

Pero tal vez el cambio más importante que trajo la liberación de los rehenes al panorama político colombiano fue el regreso de Ingrid Betancourt a la arena política, y es que si bien en Europa siempre se ha hecho énfasis en su nacionalidad francesa (adquirida gracias a su primer matrimonio), se debe tener en cuenta que Betancourt, además de ser colombiana, ha desarrollado toda su carrera política en este país, donde fue una destacada senadora y candidata presidencial, y Colombia es el escenario natural para su ejercicio político.

Esto lo tienen claro posibles competidores, como el ex alcalde de Bogotá y precandidato presidencial Luis Eduardo Garzón, quien con el desparpajo y la sinceridad que lo caracterizan, pocos días después de la liberación aseguró que con el regreso de Ingrid perdían los demás aspirantes a la primera magistratura, pues ella no estaba acostumbrada a jugar en ligas inferiores. Y es que, aunque Betancourt ha manifestado que de momento no tiene claro su futuro político y que su prioridad es la familia, nadie descarta que en el futuro juegue un papel protagónico en la política colombiana, más cuando desde el día de la liberación ha sentado postura frente a la situación del país, la labor del gobierno, el conflicto armado, las Farc, las claves para la construcción de la paz, y se ha declarado dispuesta a seguir luchando por las personas que siguen secuestradas.

Pero además, está claro que Betancourt en este momento goza de una enorme popularidad, tiene fuerte presencia mediática y una amplia interlocución internacional, y siendo la mujer inteligente, valiente y sagaz que ha demostrado ser, seguramente no dejará pasar esta valiosa oportunidad.

Y como muestra del reconocimiento del que actualmente goza la ex rehén, hay lecturas como la de la consultora e investigadora en resolución de conflictos, Natalia Springer, quien asegura que en Colombia “el panorama hoy es optimista: tenemos a una Ingrid Betancourt valiente, dispuesta a convertirse en el puente que necesitábamos para pensar en grandes acuerdos políticos que cierren brechas y alienten la reconciliación. Llegó justo a tiempo, un día después de que se inició la presidencia francesa de la Unión Europea, con un mensaje claro que borra de tajo la animadversión creada por el tema del intercambio humanitario, supera los odios y sitúa a Colombia en otro lugar del mapa, uno más realista, uno que reconoce el sufrimiento y los grandes sacrificios que estamos haciendo por superar la violencia y el conflicto que parece haber marcado el sino de nuestra historia”.

Pero en medio de una realidad rápidamente cambiante, donde hay muchas preguntas abiertas entorno a si las Farc reiniciarán una escalada violenta, con el ánimo de re-posicionarse militarmente en el país; si serán extraditados a Estados Unidos los dos comandantes guerrilleros detenidos durante la operación Jaque, y las consecuencias que esta acción generaría; si habrá nuevos golpes militares a la guerrilla; si las Farc renunciarán definitivamente al secuestro y harán nuevas liberaciones de rehenes en forma unilateral; si el gobierno colombiano continuará su ofensiva diplomática en Europa buscando cortar los apoyos con que cuenta el grupo armado o acerca de qué papel cumpliría el Comité Internacional de la Cruz Roja en posibles liberaciones futuras, después de que su imagen fuera utilizada para el engaño a las Farc; hoy en Colombia está, cada vez más claro, que más allá de las acciones militares, la solución del conflicto armado pasa necesariamente por la justicia social y que tarde o temprano habrá una salida negociada al mismo.

Por eso, mientras en una reciente comunicación firmada por los comandantes guerrilleros Rodrigo Granda y Jesús Santrich, se insiste en que las Farc no depondrán las armas “mientras no se acabe con las profundas causas sociales que la engendraron”, estudiosos del conflicto armado como Camilo González Posso, presidente de Indepaz afirman que “en la nueva situación que se ha abierto cabría construir primero un pacto de paz con la sociedad y esto significa un cambio de perspectiva frente a la idea de la paz como resultado de la derrota de las Farc o de una negociación de reformas con la guerrilla. El nuevo reto es pensar la paz como construcción de democracia y de equidad social desde ahora y como vía para asfixiar y derrotar las violencias que han azotado a la población civil en el campo y la ciudad”.

En este mismo sentido, la investigadora Claudia López afirma que “Colombia debe mejorar su política de ocupación territorial, desarrollo rural, urbano, social y económico, no por concesión a las Farc sino como condición indispensable para cumplir los mandatos constitucionales de equidad social, democracia y garantía de los derechos humanos de los colombianos. Ese logro no lo obtendrán las armas sino la política. Recuperar el canal de la política en vez de desafiar el de la justicia y la Constitución es la decisión que corresponde al presidente Uribe para cumplir su papel con la paz”.

Soraya Carvajal Barona
Periodista colombiana, MA en Relaciones Internacionales