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Martes, 23-09-08
El PSOE impulsó en 2007 una ley de Derechos y Deberes de la Guardia Civil presionado por determinadas asociaciones del Instituto Armado y por la mala imagen ante la opinión pública que produjo la primera manifestación de militares uniformados. Ahora, los representantes de la Benemérita pretenden lógicamente negociar con el Gobierno la integración en las escalas de 3.300 oficiales, un asunto que preocupa seriamente a sus miembros a la vista del fracaso en el desarrollo de la ley de la Carrera Militar por parte del Ministerio de Defensa. El precedente es muy grave y sería mejor no incurrir otra vez en los mismos defectos. Sin embargo, el Ejecutivo no aprende ni quiere aprender de los errores del pasado. Después de crear los cauces representativos, el Ministerio del Interior intenta ahora eludir la negociación y utiliza tácticas dilatorias para no entrar en el debate. Las leyes están para ser cumplidas, aunque la opción adoptada en su momento fuera discutible. Pérez Rubalcaba debe dar instrucciones para que se pongan en marcha los órganos previstos y, sobre todo, para evitar situaciones de malestar justificadas en términos objetivos, al igual que sucede en las Fuerzas Armadas con la integración de las diferentes escalas. El Gobierno sólo piensa en el corto plazo, y luego parece sorprendido cuando alguien le recuerda que los problemas siguen ahí y no se resuelven solos.
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